LO URGENTE ES LA INVESTIDURA, LO MÁS IMPORTANTE LA GOBERNABILIDAD

LO URGENTE ES LA INVESTIDURA, LO MÁS IMPORTANTE LA GOBERNABILIDAD

Los ciudadanos están perplejos por lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo desde las últimas elecciones en relación con las conversaciones para investir a alcaldes y presidentes de gobierno de las Comunidades Autónomas y del Estado. Los bloques de derecha y de izquierda (antagónicos) se han mostrado, salvo honrosas excepciones, intransigentes ante las posibles transferencias de apoyos para finalizar los procesos de investidura. Por eso, las concesiones efectuadas, en la gran mayoría de las ocasiones, sólo se han producido en el interior de los bloques en litigio.

Las derechas están pretendiendo justificar los acuerdos, en los que ha participado de manera muy activa y directa VOX. Eso explica que se siga intentando blanquear a VOX, por todos los medios a su alcance, para lo que no se ha dudado en equiparar a esta formación política con otros partidos políticos, incluso con Unidas Podemos (UP), lo que no deja de ser un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Además de resultar intolerable y desorbitada la comparación de un partido ultra conservador- con fuertes reminiscencias franquistas-, con un partido de izquierdas, si se quiere con un discurso heterodoxo; pero, en todo caso, tolerante y firme defensor de las libertades, la igualdad y el marco constitucional.

Por otra parte, la dura pugna dentro del bloque de derechas ha terminado por radicalizar la estrategia de Ciudadanos, lo que ha significado el abandono del espacio liberal del centro político en su pugna por alcanzar la hegemonía a costa del PP, a pesar de la radical oposición de relevantes responsables enfrentados a la actitud incomprensible de Albert Rivera. Por eso, a nadie debe extrañar que se hayan producido abandonos sonados de dirigentes de Ciudadanos, puesto que este partido ha terminado por asumir, de mala manera, la participación de VOX  en los procesos de investidura y el voto favorable hacia los candidatos del PP. Incluso,  a pesar de que el PP (con graves casos de corrupción pendientes) haya perdido las elecciones y el PSOE haya sido el partido ganador en la mayoría de las ocasiones, lo que pone también de manifiesto, una vez más, las contradicciones del PP al aceptar investir al candidato del partido perdedor (“coalición de perdedores”) y no al que ha ganado las elecciones como ha venido defendiendo en los últimos años.

En todo caso, loa acuerdos alcanzados dentro del bloque de derechas son genéricos, ideológicos, de escaso contenido social y faltos de alternativas para resolver los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, de los que más sufren las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid es sumamente ilustrativo: las derechas están tratando de destruir materialmente los avances de la era “Carmena” sin soluciones factibles y de futuro para los ciudadanos, como lo demuestra la pretensión de abandonar la lucha contra la contaminación y el cambio climático eliminando irresponsablemente la operación en marcha “Madrid Central”, aunque sea a costa del derecho a la salud de los madrileños y del consenso internacional alcanzado en esta materia.

El bloque de izquierdas tampoco está exento de problemas. La pretensión de Unidas Podemos de formar parte del gobierno Sánchez ha chocado con la rotunda negativa del PSOE y ello está creando serias incertidumbres, retrasos en el proceso de investidura e, incluso, amagos de convocar unas nuevas elecciones generales. Sin negar la legitimidad de esta petición ni la importancia de participar en el gobierno, lo más importante y urgente en estos momentos es alcanzar un acuerdo programático de gobierno que deje suficientemente claro lo que se pretende hacer en los próximos cuatro años: ¿gobernar para qué? Por eso, en este contexto político, las tácticas y los continuos llamamientos del PSOE a los partidos de la derecha (PP y Ciudadanos) para que se abstengan y, por lo tanto, faciliten la investidura no parece que tengan mucho recorrido y deben ser abandonados lo antes posible por su escaso sentido político. Estos llamamientos sólo se explican como instrumentos de presión mediática; en este caso basados en diversas encuestas que confirman el triunfo del PSOE en el supuesto de que se celebrasen nuevas elecciones, incluso con más ventaja sobre UP.

Sin embargo, lo que no se está valorando suficientemente es el hartazgo que se puede producir en la ciudadanía ante una nueva convocatoria electoral y su potencial influencia en el aumento de la abstención que, desde nuestra modesta experiencia, puede perjudicar seriamente a la movilización de las fuerzas de izquierda. En todo caso, es muy poco prudente pensar que el PSOE vaya a mejorar sustancialmente su relación de fuerzas con el bloque de derechas y menos que obtenga mayoría absoluta en una nueva confrontación electoral.

Por todo ello, en la actual coyuntura política, lo más razonable y posible es buscar un acuerdo con UP que diseñe una política que tenga en cuenta a las personas y que sea capaz de generar ilusión y esperanza en los jóvenes (además de trabajo con derechos y un proyecto de vida); seguridad en las personas mayores (sostenibilidad de las pensiones y dependencia); empleo con derechos y salarios dignos  para los trabajadores; y un reparto más justo y equitativo de la riqueza capaz de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos (educación, sanidad, prestaciones sociales…). En este sentido, la publicación de la lista de morosos del ministerio de Hacienda (algo más de 4.000 empresas y ciudadanos adeudan al Tesoro Público la escandalosa cifra de más de 14.000 millones de euros) pone de manifiesto la necesidad de abordar con urgencia este grave problema, al margen de atacar el considerable fraude fiscal, la intolerable economía sumergida y el incremento de los ingresos fiscales de los que más tienen.

Todo ello además de reafirmar el compromiso político en defensa de las libertades, la igualdad y la tolerancia en todos los ámbitos de la sociedad, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos y la regulación de los flujos migratorios, que siempre debe estar acompañada de la integración social de los inmigrantes y de la cooperación con los países de donde provienen.

El riesgo que acompaña a esta política es muy escaso en las actuales circunstancias y las ventajas resultan evidentes. En todo caso, no se debe prejuzgar que UP vaya a actuar de mala fe; simplemente porque un hecho de esta naturaleza significaría un auténtico e inexplicable suicidio político. Tampoco hay razones objetivas para pensar que defenderá exclusivamente intereses de partido, a pesar de los reiterados e intolerables juicios de intenciones de algunos medios de comunicación de marcado carácter ideológico. Por lo tanto, se debe asumir que UP está dispuesto a ser leal al PSOE y, como consecuencia, que renuncia a ejercer una radical oposición al gobierno en el parlamento; lo contrario sólo daría réditos políticos al bloque de derechas. En todo caso, no debemos olvidar que el presidente del gobierno tiene potestad política para denunciar el acuerdo, disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones ante cualquier eventualidad política: deslealtad e incumplimiento flagrante de lo acordado.

Por otra parte, un acuerdo de estas características resulta imprescindible para superar las incertidumbres y dar a conocer a todos (también a los poderes fácticos) el proyecto político que se pretende aplicar en los próximos años: instituciones de la UE, sector financiero, poder mediático, grandes empresas multinacionales, sindicatos, organizaciones empresariales, universidad… Además, es un requisito y una referencia obligada para alcanzar los apoyos que faltan para la próxima investidura, sin que ello signifique que se vayan hacer concesiones inasumibles, para la gran mayoría de los ciudadanos, en relación con la defensa de la Constitución, la Unidad del Estado y, en concreto, con el combate dialéctico en relación con los independentistas catalanes.

Por último, debemos recordar que la investidura de Pedro Sánchez necesita, por lo menos, la abstención de algunos partidos nacionalistas e independentistas y que ello, en la actual coyuntura política, resulta posible y compatible con el actual interés de los mencionados partidos: evitar una nueva confrontación electoral. Por eso, y en coherencia con ello, los independentistas están considerando la opción de abstenerse sin conocer la sentencia del Procés y al margen de sus postulados secesionistas.

Con esta hipótesis de trabajo no es descartable que Pedro Sánchez pueda ser finalmente investido en segunda vuelta, en base a la responsabilidad de las fuerzas progresistas en el parlamento. Sin embargo, lo que no podrá hacer el nuevo gobierno, con 123 diputados (y la actual relación de fuerzas), es desarrollar una política de izquierdas a lo largo de esta legislatura basada en el desarrollo de las ideas socialdemócratas (principalmente en torno a los PGE) sin que, de alguna manera, participe y colabore activamente UP. Al margen de que la estabilidad política exige, sin lugar a dudas, un acuerdo programático de legislatura, independientemente del lugar que ocupen los dirigentes políticos en el desarrollo del mismo.

No se dispone de mucho tiempo para ello. Por eso, el PSOE debe trabajar a fondo para asumir su responsabilidad, superar su deliberada pasividad y acelerar la superación de la actual parálisis política, a lo que debe contribuir en buena medida el reciente documento de intenciones presentado por el PSOE: “España avanza”. En estos momentos es lo mínimo que se puede exigir a la clase política y lo que espera con gran ilusión la ciudadanía. En todo caso, una nueva convocatoria electoral resultaría para muchos un fracaso incomprensible y contraproducente para el conjunto del país y el buen funcionamiento de nuestra propia democracia. Por eso, el rápido acuerdo conseguido recientemente para repartir el poder en la UE, a pesar de sus deficiencias y de que no contenta a todos, es una buena noticia y un ejemplo a tener en cuenta.