LO UNICO CIERTO: NO HABRÁ GOBIERNO DEL PP

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La más evidente rentabilidad del acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos es hacer visible la soledad del Partido Popular y su incapacidad para sumar a su causa a una sola de las formaciones parlamentarias, incluidas aquellas que, como Coalición Canaria, se mueven en el espacio del centro-derecha. Por descontado, se pierden en los recovecos de la historia aquellos tiempos en los que los nacionalismos moderados –ahora reforzados en su ideario soberanista- no hacían ascos a colaborar con aquel Aznar que hablaba catalán en la intimidad. Sus programas socioeconómicos, más avanzados socialmente los del PNV que los de los herederos de Convergencia, han pasado a un segundo plano ante las demandas de negociar con el futuro gobierno del Estado un nuevo marco de relaciones que se concreta en la aceptación del llamado “derecho a decidir” a través de un referéndum que se ha convertido en la barrera insalvable para cualquier negociación.

Aquellos que en principio aparecieron como una “marca blanca” del PP, nuevos rostros de una derecha sin los fardos de la corrupción a sus espaldas, pero fieles a las lecciones aprendidas en la FAES, y, por tanto, socios naturales de la formación liderada por Mariano Rajoy para componer una mayoría suficiente, han analizado la insuficiencia aritmética de la suma y han valorado la posibilidad de remarcar su propia personalidad, ganar prestigio como un elemento de centralidad, moderación y espíritu dialogante, echando la semilla para la posible cosecha electoral que ya casi nadie descarta. Los constantes casos de corrupción que se desvelan día a día en el entorno cada vez más próximo de Rajoy, así como su falta de credibilidad y firmeza para corregirlos, abonan las tierras que cultiva Ciudadanos al tiempo que en las filas del propio Partido Popular se escuchan ya voces, algunas con lenguaje tan rotundo como un dirigente vasco, que exigen acciones inmediatas y sólo se contienen públicamente -no en privado- en la petición de que se produzca un urgente relevo en la cúpula de la calle Génova.

A día de hoy, mejor sería decir a esta hora, dado lo cambiante del panorama político, el acuerdo solemnizado por Pedro Sánchez y Albert Rivera no garantiza la investidura del líder socialista, su primer objetivo, pero puede no resultar absolutamente inútil. Ha servido, al menos, para clarificar posiciones, trabajar en documentos concretos e intentar hacer partícipe a la ciudadanía de un debate sobre propuestas que afectan a sus problemas reales. Digo “intentar”, muy conscientemente, porque no es eso lo que se observa en el seno de la sociedad española, sino un bombardeo de declaraciones más centradas en la descalificación del adversario y en la crítica del propio proceso negociador que en el análisis de los documentos. Ta vez la explicación sea demasiado sencilla: ¿Para qué perder el tiempo en valorar los detalles si no se podrá formar un gobierno que ponga en práctica un programa?

En esas estamos, todavía, desde un 20-D que se antoja cada vez más lejano, y en vísperas inminentes de una sesión de investidura que viene precedida por una polémica sobre la aplicación del calendario. El ingrediente de la sorpresa -avalado por la experiencia catalana- no es absolutamente descartable. Las presiones de geometría variable para forzar voluntades hacia una abstención que abra el camino a un gobierno de corto recorrido se manifiestan ya en forma de documentos de los empresarios, encuestas teledirigidas y advertencias editoriales interconectadas. Su capacidad de convicción -pese a su fuerza cierta- tropieza sin embargo con la insalvable dificultad de imponerse a la ambiciones que están en juego y a las dificultades internas de algunos de los principales protagonistas para asegurar la cohesión en sus filas ante la eventualidad de una nueva campaña electoral. Que es en lo que piensan casi todos aunque lo nieguen con aspavientos.

En todo caso, este artículo será uno más de los que se han equivocado en su análisis durante estos dos meses. Y ojala sea así. Menos en el título.