LECCIONES DEL AÑO PASADO

El final de cada año es un tiempo de recopilación. Una de las convenciones de la noche de San Silvestre es que hay que hacer reválida de los 365 días anteriores. Y, ¿qué lecciones hemos aprendido de 2018?

Hemos aprendido que para obtener la legitimidad en el cargo de gobernante ha de pertenecerse al partido que haya obtenido el mayor número de votos en las últimas elecciones celebradas, aunque en dichas elecciones no se tratara de elegir gobernantes sino, simplemente, representantes. En caso contrario, el gobernante será tildado de «no haber pasado por las urnas» y, por tanto, será ilegítimo.

Derivada de esa regla, hemos aprendido, precisamente, que el término ilegítimo deja de tener el significado que le da el DRAE de «conforme a las leyes», ya que, aunque se pueda ser gobernante sin que se haya alterado ninguna ley, ello no obsta para que se pueda proclamar, sin rubor, dicha ilegitimidad.

La regla anterior tiene, como todas, una excepción aparente: si se trata del ámbito territorial de Andalucía, la cosa parece distinta, porque los que proclaman la ilegitimidad son los mismos que antes la negaban, y viceversa. Pero es solo una falsa apariencia: los ilegitimadores son los que han obtenido el mayor número de votos y, los legitimistas, son aquellos que logran, mediante pactos entre partidos, reunir un mayor número de representantes para investir al gobernante.

También hemos aprendido que la cualidad de ilegítimo no solo pueden obtenerla algunos gobernantes sino, también, los representantes electos, aunque hayan sido admitidos por la Junta Electoral correspondiente, obtenidos los votos necesarios, proclamados por esa misma Junta Electoral y publicados sus nombres en el boletín oficial. En este caso, la ilegitimidad será la del ejercicio de su representación, siempre que pertenezcan a un partido populista o independentista.

Nuevamente aparece la excepción andaluza, donde se incorpora un nuevo requisito para obtener dicha ilegitimidad: siendo de extrema derecha también se puede ser ilegítimo y el resultado de una decisión que cuente con su voto también lo será.

Hemos asistido a la confirmación de una metamorfosis: la transformación de un mito en constructo. Se trata de la República Catalana. Dicha idea se ha consolidado de tal manera que, incluso, ha dado lugar a la creación de Comités para su defensa, es decir a grupos de personas dispuestas a protegerla de cualquier riesgo que pudiera impedir su supervivencia. Los métodos empleados para ello recuerdan a los de los seguidores de Cirilo de Alejandría en los tiempos en que acabaron con Hipatia.

Y, realmente, hay pruebas fehacientes de la necesidad de esa defensa. Hasta a un mosso de escuadra, al que no se le deben suponer profundos estudios de politología, se le ha oído decir a uno de los seguidores de los nuevos líderes religiosos eso de «La república no existe, idiota«. Por mucho menos que eso, Hipatia murió como murió.

Lo que queda pendiente para el siguiente curso es lo del asunto de los límites entre los derechos individuales y colectivos de la sociedad española ya que, al menos en dos casos, parece haber controversia. Uno es el tema catalán en el que desde distintos frentes se arrogan la legitimidad de la legitimidad, valga la redundancia. Por una parte, unos exhiben su deseo de no recibir normas administrativas que procedan de más allá del rio Ebro y lo justifican, precisamente, por coincidir en ese deseo con un número de paisanos que dicen ser suficiente para obtener esa legitimidad. Pura tautología.

Pero, por otra parte, esas mismas personas son parte del mismo colectivo que los del otro lado del Ebro, llamado España y reconocido por lo que se llama la comunidad internacional. En virtud de ello es, precisamente, por lo que deben cumplir unas normas comunes llamadas Constitución Española entre las cuales hay una numerada, y conocida con la cifra 155, que regula la autoridad final de los asuntos públicos en Cataluña. Pues bien, aquí radica otra controversia y es sobre en qué momento debe utilizarse ese famoso 155, lo que divide a muchos políticos entre los que lo consideran como la continuación de la política por otros medios y los que creen que debería ser como el pan nuestro de cada día. Este tema queda pendiente para 2019, por lo menos.

El otro asunto es el de los restos de Franco. En la actualidad reposan en un recinto propiedad del Estado Español y subvencionado con fondos públicos. Además, el Congreso de los Diputados, sede, como es sabido, de la soberanía nacional, decidió en su día que esos restos dejaran de reposar allí. Pues bien, siguen reposando allí. La razón es la confluencia de otros derechos, personales de la familia y eclesiásticos, de la Iglesia Católica, que por la naturaleza de los propios restos y del recinto chocan con los derechos del Estado Español. Por eso no es fácil responder a la pregunta de ¿Quién manda aquí? Y, como debe contestarse conforme al estado de derecho, su respuesta se está demorando. Porque, además, alguna de las alternativas responde al concepto de ser peor el remedio que la enfermedad, lo que dificulta la solución. Esperemos también que la tenga en este próximo 2019.

Que, por cierto, y en lo demás, se lo deseo muy feliz a ustedes.