LAS REVELACIONES DEL MAGISTRADO VIDAL

El País ha dado a conocer las conferencias y charlas que el Magistrado (sancionado pero no expulsado) y Senador de Esquerra, Santiago Vidal, ha ido impartiendo por toda Cataluña. La negación rotunda del Gobierno catalán a los datos proporcionados por el Magistrado, el duro editorial de La Vanguardia del 28 de enero, el silencio del Vicepresidente Junqueras y, finalmente, la forzada dimisión del mismo Vidal como Senador, no nos pueden hacer olvidar que estamos ante un asunto muy grave. Tan grave, como decía Isabel García Pagan en La Vanguardia del mismo 28 de enero, como las revelaciones sobre el patrimonio de Jordi Pujol depositado fuera de España. Conviene por ello examinar el grado de verosimilitud de lo que ha contado El País y, en caso de que efectivamente resulte verosímil, la calificación jurídica de las diversas actuaciones atribuidas al Gobierno catalán.

En resumen, lo que contaba el Magistrado Vidal en sus charlas era:

  • Que el Gobierno catalán ha obtenido la información tributaria de todos los ciudadanos de Cataluña, información de la que sólo puede disponer la Agencia Tributaria.
  • Que alguien (¿el mismo Vidal?) tiene fichados a todos los Magistrados y Jueces de Cataluña según sus afinidades políticas y hasta se especula acerca de cuántos abandonarían la Comunidad Autónoma si ésta declarara la independencia.
  • Que hay muchos (once o doce) Estados de la Unión Europea que reconocerían a Cataluña como Estado después de celebrar un referéndum.
  • Que hay un Estado que proporcionaría un empréstito a la Cataluña independiente (la Federación Rusa niega ser el Estado prestamista).
  • Que se ha acordado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte la inmediata colaboración de la Cataluña independiente.
  • Que hay un Estado (¿Israel?) que colabora con el Gobierno catalán para descubrir eventuales colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia entre los mossos de escuadra.
  • Que en el proyecto de ley de Presupuestos (ese que hoy está al albur de los caprichos revolucionarios de la CUP) hay partidas camufladas para costear el referéndum de independencia.

No debemos olvidar, además, como recordaba el editorial de El País del 28 de enero, que el ex Presidente Mas se vanaglorió de la astucia, del escamoteo y del engaño al “Estado” y que los partidos independentistas afirman haber redactado en secreto un proyecto de ley de “desconexión jurídica” que presentarán por sorpresa en el Parlamento autonómico.

¿Qué grado de verosimilitud tienen las revelaciones de Vidal, revelaciones que, por otra parte, han escuchado los asistentes a sus conferencias y charlas? Podemos manejar cuatro hipótesis:

En primer lugar, que se trata, total o parcialmente, de planes pensados por los estrategas independentistas, planes que les gustaría llevar a la práctica cuando sea posible aunque no lo hayan intentado todavía.

En segundo lugar, que son planes que, sin acuerdo político del Gobierno catalán, han preparado uno o varios Consejeros de ese Gobierno, como pueden ser el Vicepresidente Junqueras respecto a los datos fiscales o el Consejero Romeva respecto al reconocimiento de la independencia catalana por parte de algunos Estados de la Unión. Para asegurar más la reserva, quizá no lo sepan todos los Consejeros ni el Presidente de la Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, que se trata de planes aprobados y ejecutados en secreto por acuerdo de todo el Gobierno catalán, con pleno conocimiento del Presidente Puigdemont.

En cuarto lugar, que todo es una fantasía del ex Senador que ha querido adobar sus prédicas independentistas con mentiras que animaran a los entregados oyentes. Así lo ha afirmado el Gobierno catalán, aunque el máximo dirigente del partido de Santiago Vidal, Junqueras, ha guardado silencio.

Mi impresión es que no es una mentira de Santiago Vidal. Creo que son planes pensados por el Gobierno (o algunos de sus miembros) y por los partidos secesionistas que están en diverso grado de realización. El hecho de que Santiago Vidal tenga incontinencia verbal, es decir, que sea un bocazas, no debe hacernos creer que sea un mentiroso. Más bien un imprudente, ejemplo frecuente en la vida política, que daña más que beneficia a los intereses de su partido o de su opción política. Sólo un bocazas y un imprudente se habría dejado sancionar por un escrito privado, como le ha ocurrido con el proyecto de Constitución catalana que redactó y dio posteriormente publicidad.

¿La Consejería de Hacienda que dirige Junqueras ha logrado hacerse con los datos fiscales de los catalanes? No es imposible que los tenga o, al menos, que lo haya intentado, pues los secesionistas consideran que la Hacienda es una estructura de Estado y han pensado saltarse la Hacienda estatal a través de la conexión Generalidad–Diputaciones provinciales. ¿Existen las fichas sobre la orientación política de los miembros del Poder Judicial? Probablemente y hasta pueden estar en posesión de Santiago Vidal. ¿Es posible que la Consejería que dirige Romeva haya apalabrado el reconocimiento del Estado catalán con algún Estado europeo? Si leemos las intervenciones públicas de Romeva (la última, en la sala cedida por el Parlamento europeo) no parece imposible: en la Unión Europea hay siete Estados nacidos de la secesión (tres bálticos, dos de la antigua Yugoslavia y dos de la antigua Checoslovaquia), países todos (salvo la República Checa y la moderna Eslovenia), susceptibles de ser comprados por Cataluña, de la misma manera que Taiwan compraba reconocimientos diplomáticos en las pequeñas Repúblicas centroamericanas. Tampoco es inverosímil que la Generalidad haya contratado a Israel para espiar a los mossos de escuadra, pues al crearse este cuerpo policial el Gobierno de Pujol prefirió acudir a Israel para que le proporcionara ayuda en su formación.

Más inverosímil parece el apoyo financiero de Rusia y el acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque no es imposible que Romeva, que conoce bien Bruselas, haya hecho alguna exploración.

Con estas especulaciones podemos aproximarnos a la calificación jurídica de las acciones que nos ha contado Santiago Vidal.

La obtención de la información tributaria de todos los ciudadanos de Cataluña puede incurrir en el delito tipificado en el artículo 198 del Código Penal que castiga a las autoridades y funcionarios que, prevaliéndose de su cargo, accedieran o facilitaran el acceso a un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad establecidas. Además de un posible delito, ese fichero de opiniones políticas de los miembros de la carrera judicial infringe también la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Sería interesante saber si el Vicepresidente Junqueras o sus colaboradores directos han tenido algo que ver en esa hipotética operación de captación de información.

El fichaje de los Magistrados y Jueces catalanes vulnera el artículo 197.2 del Código Penal que pena la utilización de datos reservados (y las opiniones políticas son un dato reservado por el artículo 16.2 de la Constitución). Además de un posible delito, ese fichero de opiniones políticas de los miembros de la carrera judicial infringe también la referida Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Habría que indagar quién ha elaborado la lista que el Magistrado Vidal alardea conocer.

La negociación con Estados o con organizaciones internacionales para obtener el reconocimiento del Estado independiente de Cataluña o para financiar los primeros pasos de la independencia, incurre en el tipo penal descrito en el artículo 582 del Código: quienes mantuvieran inteligencia o relación con Gobiernos extranjeros para perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España. Será interesante saber si el Consejero Romeva ha planteado ese reconocimiento o esa financiación a algún Gobierno extranjero o a alguna organización internacional.

En los casos de solicitar la colaboración de un Gobierno extranjero para descubrir colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia la infracción puede venir de la Ley que regula este Centro, de la misma manera que camuflar partidas presupuestarias para un referéndum ilegal vendría a conculcar otra vez las Sentencias del Tribunal Constitucional.

Se comprende la farisaica reacción del Gobierno catalán (¡se juega en este local! como dirían en Casablanca), pero el tema es lo suficientemente grave como para que sea necesaria una investigación del Ministerio Fiscal. Muchos creemos que el compromiso de los independentistas por mantenerse dentro de la legalidad es mentira, pero a lo mejor ahora es posible demostrarlo.