LAS GUERRAS DEL AGUA

Desde 2014 amplios espacios del territorio español, se ven sometidos a una nueva sequía periódica que continúa por el momento en varias de las zonas de su territorio. Se reproducen procesos que ya fueron graves en la de 2004-2008 o en la de 1993-1996 sin que se haya aprendido mucho de lo que debería ser un enfoque que ya en 2004 llevó a la necesidad de una nueva política y planificación hídrica, recogida claramente en el Programa AGUA, pero que en 2008, con el inicio de un nuevo periodo de lluvias normales, se olvidaron y tras el cambio de Gobierno en 2011 se trasformaron en la política “habitual” en un Ministerio cada vez más de agricultura y secundaria y subordinadamente de medio ambiente.

El último cambio de Gobierno ha vuelto a significar un soplo de esperanza a que se produzca una radical corrección de los principios de la planificación y gestión realizada en estos últimos diez años volviendo a los principios aplicados desde 2004 a 2008, y en ese sentido hay que valorar las declaraciones del actual Secretario de Estado de Medio Ambiente.

Partiendo de este hecho, en éste y en los próximos artículos vamos a realizar un repaso a la situación actual y a su previsible evolución, salvo que se adopten realmente cambios radicales en la planificación y gestión del agua, lo que no es fácil ni política ni socialmente.

Algunos principios básicos.

El agua es dominio público y es un recurso natural insustituible para la propia existencia de la persona y de la naturaleza. Sin agua es imposible la vida, por lo que una primera función de las administraciones públicas es asegurar el derecho al agua, es decir, el derecho al abastecimiento humano con agua de calidad, resolviendo, en su caso, la problemática de la denominada “pobreza hídrica” (incapacidad económica de acceder a los recursos hídricos básicos) en aquellos casos en los que la misma se produzca.

Desde el punto de vista de los consumos familiares el problema de abastecimiento en España es un problema relativamente residual y puntual. Al precio al que se paga el agua en las ciudades se pueden cubrir todos los costes productivos asociados al ciclo urbano del agua, y donde las aportaciones naturales no son suficientes, obtener recursos de procesos como la desalinización o desalobración, como sucede en la actualidad en los archipiélagos, o en el sur y este español.

En la práctica, el aspecto más grave del problema hidrológico en España es el ecológico, y viene asociado a la extensión de los procesos de desertificación, muy directamente ligados a la salinización del suelo y al incremento del riesgo de incendios, a la contaminación de las masas de agua, y a los problemas de sobreexplotación de las aguas subterráneas, fundamentalmente por el regadío. Y no se puede olvidar que, por debajo de determinadas disponibilidades hídricas es imposible que la naturaleza pueda mantener su equilibrio ambiental, con lo que tanto ésta, como el propio ser humano peligran a largo plazo. De ello se deriva una segunda obligación de los poderes públicos: mantener los caudales que garanticen la sostenibilidad del patrimonio territorial y natural de las correspondientes cuencas hídricas, asegurando los servicios ambientales que de los mismos se derivan.

En este sentido, un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (julio de 2018) reconocía que tan solo el 40% de los ríos, acuíferos y humedales europeos están en buen estado[1]. En España, como se aprecia en la Figura siguiente, similar porcentaje de los ríos y acuíferos están en mal estado, tras más de 17 años desde que se aprobó la Directiva Marco del Agua (DMA-2000), quedando claro que en España no se ha asumido un compromiso firme para aplicar adecuadamente esta normativa clave para proteger nuestras masas de agua.

Fuente: https://www.eea.europa.eu/es/highlights/las-aguas-europeas-estan-cada#tab-data-visualisations

 

Asegurados el abastecimiento y la satisfacción de las necesidades hídricas ecológicas, una tercera consideración se deriva del hecho de que el agua es también un input/recurso productivo necesario para la actividad económica, lo que implica que las administraciones públicas deben asegurar las condiciones para que pueda disponerse y utilizarse de una manera eficaz y eficiente. Esto, en una sociedad de mercado, debería implicar promover una política y gestión del agua en las que los instrumentos de ese mercado tengan un rol fundamental, convenientemente complementados con la internalización de los efectos externos asociados a los distintos usos y actividades productivas ligadas al agua.

Desde esta triple perspectiva (social, ambiental y productiva) el análisis de los recursos hídricos, su regulación y su gestión, así como sus consecuencias, deben enfocarse atendiendo a la importancia y los efectos de la nueva dinámica generada por el cambio climático, así como por la definición de las regulaciones, planes y políticas públicas, nacionales y de la Unión Europea, buscando asegurar una sostenibilidad ambiental y un desarrollo territorial equilibrado corrigiendo una planificación y gestión subordinada a intereses territoriales y sectoriales específicos.

En este marco, las competencias de actuación de las distintas Comunidades Autónomas deben encuadrarse en el marco definido por los planes de las demarcaciones hidrográficas y por los planes de sequía y de prevención de inundaciones. En ellos se establecen los posibles Escenarios de adaptación a los resultados de nuevas pautas de precipitaciones, asignaciones y capacidad de regulación, interactuando necesariamente con los nuevos Escenarios de una política agrícola, ambiental y territorial de competencia de cada Comunidad Autónoma que, conjuntamente, deben establecer las necesarias garantías de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos establecidos a nivel comunitario, estatal y autonómico para el recurso hídrico como dominio público.

Sin embargo, los Planes de Cuenca, de Sequía y la Política Estatal de Regadío no siempre han venido demostrado la adecuación deseable a los intereses del conjunto de la población ni a la sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial, con medidas para la satisfacción de previsiones de demandas a veces realizadas desde una perspectiva excesivamente sectorial, que beneficia a territorios concretos y a la perpetuación y reproducción de un modelo de desarrollo territorial que dista de ser el óptimo, tal y como apreciaremos a lo largo de los siguientes artículos.

En ese sentido, en relación con la problemática hídrica y el territorio, los documentos, compromisos y recomendaciones internacionales vigentes en la actualidad señalan la importancia de atender, enfocar, propiciar soluciones y gestionar adecuadamente desde la ordenación territorial aspectos fundamentales como:

  • Reconocer el valor socioeconómico de la conservación y uso sostenible de los recursos hídricos, teniendo en cuenta este valor en la toma de decisiones con incidencia sobre los mismos, tal y como recoge la UE en sus Estrategia de incidencia ambiental y, en particular en la Directiva Marco del Agua (DMA).
  • Optimizar el ciclo integrado del agua con consumo consuntivo final mínimo, aseguramiento de los caudales ecológicos, y con mínimo ciclo de carbono en la inversión y mantenimiento de las infraestructuras y servicios, a la vez que se resuelve el problema de la pobreza hídrica.
  • Incremento de la resiliencia territorial y urbana ante riesgos y catástrofes asociadas a la problemática hídrica, ante los retos adicionales que implica el cambio climático previsible.
  • Aprovechar las potencialidades de la actual revolución científico-tecnológica y de los sistemas “inteligentes” para el logro de los anteriores objetivos.

Las dificultades para que esto sea así lo iremos considerando en los siguientes artículos centrándonos en los territorios en los que los problemas son más graves.

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[1] https://www.eea.europa.eu/es/highlights/las-aguas-europeas-estan-cada#tab-data-visualisations