LAS GUERRAS DEL AGUA y 4. Cambio climático y sequías en España

Las conclusiones más destacadas del trabajo del IPCC, publicado el 8 de octubre y presentadas en el artículo anterior, hacían referencia principalmente al grave riesgo de superar los 2ºC de calentamiento global, y al fuerte endurecimiento de las consecuencias, respecto a investigaciones anteriores, de los cada vez más probables niveles de calentamiento superiores a 1,5ºC. Destacaba igualmente que el sur de Europa, y en particular España, que estaba registrando un calentamiento casi 0,5ºC superior a la media, tenían riesgos más negativamente significativos a medio y largo plazo. Y se remarcaba su objetivo fundamental de hacer un llamamiento inequívoco a la acción para evitar que a partir del nivel de calentamiento ya producido (un grado centígrado sobre el nivel preindustrial) se produzca un aumento de 1,5ºC ya entre 2030 y 2052 con consecuencias muy graves y, en algunos aspectos irreversibles.

Atendiendo a esa demanda de acción, hay que destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética –en tiempo y forma tras la desastrosa gestión del Gobierno del partido popular anterior, en la elaboración y propuesta de esta Ley exigida por la Unión Europea- en el que hay que reseñar, a los efectos de este artículo, su Art.20: “Consideración del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica”, en el que se destacan los siguientes aspectos:

  1. La planificación y gestión hidrológica, en coherencia con las demás políticas, deberá considerar los riesgos derivados del cambio climático a partir de la información disponible, incluyendo:

a) Riesgos derivados de los previsibles cambios en los regímenes hidrológicos y los recursos de acuíferos, relacionados a su vez con cambios en factores como las temperaturas, las precipitaciones o la acumulación de la nieve.

b) Riesgos derivados de los cambios en frecuencia e intensidad de extremos climáticos, en relación con la ocurrencia de episodios de avenidas y sequías.

c) Riesgos derivados del incremento de la temperatura del agua.

d) Riesgos derivados del ascenso del nivel del mar.

2. Con objeto de abordar los riesgos citados, la planificación y gestión hidrológica deberá:

a) Identificar los riesgos derivados del cambio climático en relación con su impacto sobre las necesidades de agua para regadío y sobre la evolución de las tipologías de las masas de agua superficial y subterránea y sus condiciones de referencia.

b) Incluir criterios de adaptación y aumento de la resiliencia frente al cambio climático para la identificación, evaluación y selección de las medidas, incluidas las soluciones basadas en la naturaleza.

c) Realizar el seguimiento de los impactos asociados al cambio del clima para ajustar los programas de medidas en función de los avances en el conocimiento.

d) Identificar las fuentes de financiación necesarias para abordar los riesgos del apartado primero.

e) Anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los ecosistemas, y contemplando en los planes hidrológicos medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. El análisis previsto en este apartado tomará en especial consideración los fenómenos climáticos extremos, desde la probabilidad de su ocurrencia, su intensidad e impacto.

Para abordar las acciones que en este apartado considera el Ministerio para la Transición Ecológica, hay que recordar que este Ministerio es el competente en materias ambientales (Secretaría de Estado de Medio Ambiente) y, consecuentemente, en materia de aguas, costas o biodiversidad. Y que en España, el último trabajo integrado publicado sobre las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático asociado respecto a sus consecuencias sobre las sequías e inundaciones fue realizado por el CEDEX, en 2017, a instancia del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, como soporte para la realización de la Planificación Hidrológica y adaptación de los correspondientes Planes de Sequía y Planes de Inundación de las Demarcaciones Hidrográficas españolas.

Continuaba así las labores iniciadas con el trabajo de 2010, exigido tras la Instrucción de Planificación Hidrológica de 2007 promovida entonces desde la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, donde se recogía, de manera estimativa, una reducción de aportaciones del 8% como consecuencia del señalado cambio climático, en base a lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional de 2010.

Cada Demarcación hidrográfica tenía la obligación de señalar en su Plan Hidrológico las consecuencias y Medidas que correspondían ante la situación esperable, si bien en su inmensa mayoría el aspecto fue considerado como de trámite, y se ajustó estrictamente a lo establecido en la señalada Instrucción de 2007, cuando no se modificó u obvió, de manera arbitraria dicha cifra a la baja o, excepcionalmente al alza, cuando el tema se consideró grave y había sido objeto de investigaciones adicionales en la Demarcación correspondiente (caso del Júcar y del Ebro en las cuencas intercomunitarias)[1].

La mayoría de las investigaciones realizadas posteriormente han ido mostrando una preocupante caída en las aportaciones en todas las Demarcaciones con valores muy variables, que iban desde cerca del 40% en el Segura o en el Alto Guadiana, a valores del orden del 20% en Ebro y Cuencas Internas de Cataluña, con una media total de reducción superior al 14% entre los periodos 1996/2006 y 1940/1996[2]. O la tesis doctoral citada por Olcina, J. (2017)[3] de Roberto Serrano, de cuyas conclusiones destaca: “la tendencia de descenso registrada en la precipitación anual, entre 1971 y 2012, estimada en 12 mm/década para el conjunto de España; el cambio en el reparto estacional de las lluvias con tendencias negativas en invierno y positivas en otoño; o la localización de nuevos focos pluviométricos, que se sabían lluviosos pero no tanto, y que resultan poco conocidos hasta la fecha por la cuantía anual media de lluvias que reciben (Sª de Gredos >3.000 mm anuales), así como la significativa disminución de lluvias registrada en la mitad oriental peninsular”.

En todo caso, en relación con el cambio climático y los riesgos climáticos, existen comunidades autónomas con buenas prácticas en este ámbito, particularmente Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra o, en la actualidad Baleares, pero en la generalidad de planes hidrológicos, tanto del Primer como del Segundo Ciclo de planificación, se observan serias carencias porque en muchos casos se han limitado a aplicar los porcentajes de reducción contenidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica para el cálculo de los recursos disponibles en 2027, sin que en la mayoría de las ocasiones se ofrezcan datos actualizados acerca de los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua.

No obstante, desde esa perspectiva son muy valorables los estudios llevados a cabo por el CEDEX y la Agencia Española de Meteorología respecto a la previsible reducción de los recursos hídricos disponibles, cuyo resumen se presenta en el gráfico siguiente, incorporando lo establecido en la señalada Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) que recogía los porcentajes dados en el Libro Blanco del Agua en España (LBAE) para el año 2030, adoptados –salvo casos puntuales ya citados- para considerar el efecto del cambio climático en el horizonte de planificación 2027 en las cuencas intercomunitarias. En el Cuadro siguiente se comparan los resultados del informe de CEDEX 2017, respecto al de 2010 y a las propuestas del IPH/LBAE:

Como es lógico los resultados dependen de las hipótesis de partida (concentración de CO2 equivalente en la atmósfera y calentamiento global simulado) y del modelo utilizado para la proyección, pero ninguno cuestiona que hay que afrontar una situación de reducción de los recursos hídricos disponibles, ni que esta reducción va a ser mayor en los archipiélagos y en el sureste y centro de España.

En este marco, los planes hidrológicos de demarcación de tercera generación han de aprobarse en 2021, considerando los Escenarios resultantes para 2027 y 2039. Y para ellos, las conclusiones aplicables al día de hoy a la relación entre planificación y gestión hidrológica y cambio climático serían claras y vienen siendo destacadas desde ámbitos científicos desde hace años, encontrando, sin embargo, serias reticencias e inercias entre los técnicos y algunos responsables de estas políticas en España, para los que la inversión en nuevas obras públicas son el interés dominante, quedando las políticas de planificación directora de la gestión relegadas a un segundo nivel; y para los que las sequías se convierten en situaciones ideales para la ejecución de esas inversiones en obras públicas por la vía de “urgencia”, sin los controles y evaluaciones que debe implicar cualquier actuación pública.

Afortunadamente el anteriormente citado artículo 20 del anteproyecto de la nueva ley resume la imperiosa necesidad de que el cambio climático se incorpore a la política de aguas como un elemento intrínsecamente constituyente de la misma. No obstante, habría que remarcar en mayor medida la necesidad de que tanto la planificación como la gestión se adapten a una situación de menores aportaciones hídricas y de mayores exigencias de conservación de unos ecosistemas que en España ya han venido estando sometidos a muy fuertes niveles de estrés, cuestionando la viabilidad de los servicios fundamentales que proporcionan. Tal es el caso de algunos tramos de ríos, lagos o masas de agua subterráneas (sobre las que el conocimiento de su situación real dista de ser óptimo) en los que las alteraciones climáticas pueden llevarles a estados de desequilibrio ecosistémico irreversible.

Y si el mantenimiento de los ecosistemas y sus servicios es fundamental, no lo es menos el resolver las insuficiencias y las periódicas deficiencias en el suministro de agua potable debidas a sequías estructurales, a la contaminación de las fuentes de captación o al agotamiento de las mismas, factores sobre los que el cambio climático no va a actuar de forma precisamente positiva, por lo que la prevención del deterioro y protección de las zonas de captación, almacenamiento, tratamiento y transporte hasta el consumidor de las aguas potables, será fundamental.

En directa relación con estos aspectos hay que señalar que la “sequía” debe entenderse como una situación de escasez motivada por un descenso de las precipitaciones de duración e intensidad inusual. Y no debería confundirse con la aridez o escasez habitual y natural de determinados territorios, o con la escasez producida por un exceso de demanda de actividades productivas respecto a la disponibilidad de aportaciones media normalizada en ciclos hidrológicos repetitivos, que es lo que se viene haciendo en la planificación y gestión hidráulica en España.

Estos ciclos, con sus años de aportaciones elevadas y de aportaciones mermadas (que ahora se consideran sequías y se combaten con medidas especiales y urgentes) son conocidos y previsibles en las cuencas españolas, por lo que tanto su previsión como su gestión deben estar integradas en la planificación de los recursos hídricos a medio-largo plazo, con estrategias territoriales y socioeconómicas que aumenten la resiliencia y reduzcan la vulnerabilidad económica, social y ambiental de esas fases del ciclo desde una perspectiva conjunta e integrada de la totalidad del mismo.

Por último, dos importantes problemas de la planificación y gestión hídrica en España, muy directamente ligados al tratamiento de las “sequías” hasta la actualidad, han sido, por un lado, la incorrecta internalización de costes y beneficios derivados de los servicios de los ecosistemas, de la contaminación hídrica o del coste de oportunidad del uso o almacenamiento (centrales hidroeléctricas) del agua; y, por otro, la inexistencia de una adecuada participación de las partes interesadas y del público en general en la planificación y gestión del ciclo del agua, tal como prevé la DMA en su artículo 14, ya que dicha participación debe asegurar una política del agua no sesgada por el poder de lobbies (fundamentalmente de regantes e hidroeléctricos) y al servicio del conjunto de la sociedad y de un desarrollo ambientalmente sostenible.

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[1] La reducción prevista de aportaciones como consecuencia del cambio climático aparece en los Planes de Primer Ciclo, de mayor a menor, definida en los siguientes porcentajes: Júcar (12%), Segura y Guadiana (11%), Guadalquivir, Guadalete‐Barbate Tinto‐Odiel‐Piedras, y Cuenca Mediterránea Andaluza (8%), Tajo (7%), Duero (6%), Islas Baleares (entre el 5,3% de Mallorca y el 6,1% de Ibiza y Formentera) Ebro (5%), Cuencas Internas del País Vasco y Cuencas Internas de Cataluña (5%), Miño‐Sil (3%), Cantábrico y Galicia Costa (2%), y Canarias con reducción no considerada o variable entre islas.

[2] Martín Barajas, S., et alt. (2016).- “Consecuencias del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en España, tras la firma del Acuerdo de París”, Ecologistas en Acción, Madrid.

[3] Olcina, J. (2017).- “6. Investigación en aspectos regionales de los efectos futuros del cambio climático sobre la conservación de las masas de agua”. En “Informe OPPA 2017. Retos de la planificación y gestión del agua en España”. Francesc La Roca y Julia Martínez (coordinadores). Pág. 39 a 60.