LAS FALACIAS DE UNA INVESTIDURA

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La sesión de investidura del Presidente del Gobierno ha dado lugar a la difusión de algunas falacias como si se trataran de verdades fuera de toda controversia. Tanto en las intervenciones del candidato Rajoy como en la prensa conservadora (especialmente ABC) se descubre un discurso centrado en un único argumento: si fracasa esta u otras sesiones de investidura y hay que acudir a nuevas elecciones, la responsabilidad sólo es del PSOE. Aunque el sentido común que tanto invoca Rajoy nos dice que el responsable de que no se forme Gobierno siempre es el partido que aspira a formarlo pero no logra los escaños o los apoyos necesarios para conseguirlo, vamos a recordar los rasgos constitucionales del sistema parlamentario que rige en España para poder comprender aún mejor lo falaz de este discurso de Rajoy y de la prensa de derechas.

El sistema parlamentario se caracteriza porque el Gobierno necesita la confianza del Parlamento. El Derecho comparado y el Derecho histórico español nos muestran que la forma de obtener y de retirar la confianza parlamentaria presenta muchas variedades. Puede obtenerse tras el nombramiento del Gobierno, como ocurre en Italia, o tras la votación de investidura, como acontece en España. La confianza la puede otorgar y denegar una sola Cámara, como pasa en España o en el Reino Unido o puede corresponder indistintamente a las dos Cámaras, que es el caso todavía de Italia (por pocos meses, si prospera la reforma constitucional propuesta por el Presidente del Consejo de Ministros Renzi). En cuanto a la forma de obtener la investidura, ésta puede otorgarse al Presidente, como en España, o a todo el Gobierno, como prevé la Constitución griega. Y en las formas de retirar la confianza también hay diversas modalidades sobre las que no vamos a hablar.

Conforme al artículo 99 de la Constitución, España se rige por un sistema parlamentario que determina que el candidato propuesto por el Rey al Congreso de los Diputados ha de obtener la mayoría absoluta de los votos del Congreso (ciento setenta y seis) en primera votación y mayoría simple (más votos afirmativos que negativos) en una segunda votación celebrada cuarenta y ochos horas después de la primera. Por consiguiente, la Constitución impone una carga a todo candidato que es la de contar, al menos, con una cantidad de votos positivos superior a la de los eventuales votos negativos. Es decir, el candidato que desee ser elegido Presidente del Gobierno en España tiene que haber obtenido en las elecciones un mínimo de ciento setenta y seis escaños o, en caso contrario, ha de negociar el apoyo de algunos Grupos Parlamentarios o Diputados individuales en cantidad suficiente para tener más votos positivos que negativos. OBTENER SUFICIENTES VOTOS PARA ALCANZAR LA INVESTIDURA ES UNA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, ÚNICA, DEL CANDIDATO QUE CONCURRE ANTE EL CONGRESO. NO PUEDE DESPLAZARSE ESA RESPONSABILIDAD A OTROS PARTIDOS PORQUE EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO NADIE ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR GRATIS SUS VOTOS A UN EVENTUAL CANDIDATO.

 Sin embargo, desde hace muchas semanas tanto Rajoy como la prensa conservadora responsabilizan al PSOE y a su Secretario General de bloquear la investidura del peor Presidente de la democracia. La justificación de desplazar esta responsabilidad fuera del propio partido conservador es que, como dice el Partido Popular desde el 20 de diciembre de 2015, este partido es el ganador de las elecciones. Eso es, de entrada, incierto. Gana las elecciones quien forma Gobierno, no quien obtiene más escaños. Si Rajoy obtiene la investidura, habrá ganado las elecciones, si no, será simplemente el partido que más Diputados ha logrado, lo que es muy distinto.

Precisamente porque el Partido Popular no es aún el vencedor de las elecciones del 20 de junio, si Rajoy no tiene votos suficientes es, simplemente, porque no ha podido o no ha querido obtenerlos. Es cierto que ahora Rajoy aduce que incluso ha ofrecido al PSOE constituir un Gobierno de coalición pero, como todo lo que emana del Presidente en funciones, con desgana, sin convicción. Rajoy hace política pasiva, desplazando a terceros las decisiones que sólo a él le corresponden. Llama la atención que desde el 20 de junio Rajoy haya estado sesteando, sin dedicarse en serio a buscar los apoyos parlamentarios que necesitaba. Incluso cuando fue propuesto como candidato por el Rey persistió la duda de si llegaría a presentarse en el Congreso. Rajoy, que confesó en una entrevista que hacer debates electorales le fastidiaba, ha hecho el esfuerzo mínimo para obtener los apoyos del único partido que le puede apoyar holgadamente, que es el PSOE.

Eso en cuanto a las formas. Si vemos el contenido de lo que ofrece el candidato Rajoy, ocurre lo mismo. Los 150 compromisos para mejorar España, que es el título del acuerdo Partido Popular–Ciudadanos, son, simplemente, un programa de derechas que Ciudadanos ha suscrito no se sabe bien si por ingenuidad o por convicción conservadora. No se ha destacado lo suficiente que en el acuerdo de las dos derechas, el Partido Popular ha colado sus viejos fantasmas, como la elección directa del Alcalde (herida abierta que le sangra a la derecha desde 1979) o la elección judicial de la mayoría de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial (ésta sangra desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985). Este Rajoy no pierde ocasión: al amparo de que las ideas constitucionales y de regeneración democrática de Ciudadanos tienen la solidez y la originalidad de una charla de café, les ha colado las propuestas que ha concebido la derecha para DOMINAR LOS AYUNTAMIENTOS Y EL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA. No hablemos de la idea tan original de subvencionar con fondos públicos los bajos salarios que pagan algunos empresarios. Con esas propuestas, ¿cómo espera el Partido Popular que las apoye el PSOE?

Por otra parte, tampoco parece la mejor manera de convencer al PSOE la fijación de la fecha del debate para acabar votando el día de Navidad. Ese acto ya descalifica a Rajoy. Conscientemente quiere castigar a todos los electores y especialmente a unas miles de personas (Vocales de las Mesas Electorales, funcionarios del Poder Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, trabajadores de los medios de comunicación) y los castiga señalando con el dedo al PSOE como si fuera el responsable. Cuando en la sesión del 31 de agosto Rajoy se defendió de esa acusación presentada por Pedro Sánchez, volvió a incurrir en el cinismo al señalar que otra fecha posterior de investidura nos hubiera llevado a las urnas el día de Año Nuevo o a celebrar la campaña electoral durante las fiestas. Pero, taimadamente, Rajoy no dijo que una sesión de investidura iniciada el 23 de agosto nos hubiera llevado a una elección el 18 de diciembre, como en 2015. Ese hecho, vuelvo a decirlo, descalifica a Rajoy para presidir el Gobierno de España.

Basta, pues, de acusaciones al PSOE y a su Secretario General. Por vagancia, por táctica o por desidia, Rajoy no ha querido ofrecer una negociación al PSOE, aunque diga lo contrario no sabemos cómo hubiera reaccionado este partido, pero el Partido Popular no se ha molestado en dar un primer paso previo a toda negociación, que es dar a conocer al eventual negociador como va a pagar el voto (o la abstención) que se pide y que sin duda ha de ser muy costosa pero no imposible.