LAS DIFICULTADES POLÍTICAS Y CONCEPTUALES DE UNA POLÍTICA DE LA MEMORIA HISTÓRICA

El debate político originado por el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se reforma la llamada “Ley de Memoria Histórica” (es decir, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura) es un debate de gran complejidad porque incide, no sobre intereses sociales y económicos, sino sobre convicciones íntimas (con frecuencia, cuasi-religiosas), sobre experiencias personales y, con frecuencia, sobre la memoria familiar. No es un problema específico de España sino de todos los países que han vivido guerras civiles o enfrentamientos políticos revulsivos. Todavía lo sufre con cierta fuerza un país como Estados Unidos, también lo sufre Francia con gran intensidad por la posición de los franceses ante la ocupación alemana y ante la Resistencia como se ve en los interesantes trabajos de la joven socióloga francesa Sarah Gensburger, el último de los cuáles, en colaboración con Sandrine Lefranc es À quoi servent les politiques de mémoire (París, 2017). Y no se ha librado del debate Italia, donde hay sectores nostálgicos a los que duele la ejecución de Mussolini y la lucha de los partisanos. Paradójicamente, uno de los países que mejor ha resuelto los problemas de la Memoria es Alemania, gracias en parte a la política de desnazificación de las Potencias occidentales de ocupación y en parte a la tremenda magnitud destructiva de la política del III Reich.

Además, a veces, los problemas políticos de la Memoria no surgen de una guerra civil sino de un hecho que hoy consideramos oprobioso como es el debate de la esclavitud en Francia. Es, en todo caso, un debate de una complejidad sutil, muy distinto del debate sobre la implantación o la derogación de medidas sociales igualitarias, por poner un ejemplo, y se aproxima más, por su carga emocional, a los debates sobre la identidad nacionalista.

Primero. Si en Francia, en Estados Unidos o hasta en Italia todavía colean problemas sobre la Memoria histórica, ¿cómo no los va a haber en España? Recordemos que, a diferencia de estos países, el bando que provocó la guerra civil fue el vencedor de ésta, mantuvo su poder durante cuarenta años y el dictador murió siendo todavía Jefe del Estado. No se suicidó vencido, como Hitler, ni fue ejecutado por los guerrilleros demócratas, como Mussolini. La persistencia de la dictadura durante cuarenta años (con la inevitable creación de una conciencia colectiva identificada con el régimen) y la forma en que hizo la transición a la democracia (incluyendo que el anterior Jefe del Estado accedió al Trono por designación del dictador), es la primera causa de que en 2018 todavía se debata sobre el entierro del dictador.

Segundo. La segunda causa de la dimensión conflictiva que todavía tiene la política de Memoria es la actitud de la derecha española ante la Segunda República y la Guerra Civil. Que Casado o Rivera sean reticentes a cambiar la sepultura del dictador sólo es entendible si recordamos que el Partido Popular nació de la decisión de un grupo de Ministros de Franco, el primero de los cuáles, el más conspicuo, fue Manuel Fraga Iribarne. Fraga Iribarne era más franquista que demócrata, pero era un franquista inteligente que, a diferencia de algunos de sus compañeros de Alianza Popular, entendió que el tiempo de la dictadura había acabado y llegaba la democracia. Por eso, a diferencia de la Democracia Cristina alemana e italiana (que en ambos casos eran antifascistas), el principal partido conservador tiene origen franquista. Aunque la gran fuerza que la derecha tiene en España no permite pensar que los millones de electores del Partido Popular o de Ciudadanos sean franquistas nostálgicos, sí que hay una franja de electores, de cierta densidad, de ideología bifronte, que son demócratas en cuanto al sistema político vigente pero franquistas en relación al pasado histórico. Aquí, la responsabilidad de los dirigentes del Partido Popular es muy elevada por no haber querido hacer el esfuerzo pedagógico de dar una visión histórica democrática a sus militantes y electores. Llegados a este punto, me parece pertinente hacer una digresión de carácter histórico.

A partir de 1917, tras la revolución rusa, Alfonso XIII inició una deriva autoritaria que le llevó a ofrecer un programa político antidemocrátrico, expresado sobre todo en el discurso que pronunció el 23 de marzo de 19121 en el Círculo de la Amistad de Córdoba, que prefiguró el golpe de Estado de 1923. A partir de entonces, muchos conservadores y no pocos liberales fueron distanciándose de la democracia liberal de la Restauración y al proclamarse la República entraron en guerra con el régimen democrático incitando a la salida golpista del 10 de agosto de 1932 y, al fracasar éste, conectaron con Mussolini para organizar otro golpe, como ha explicado Ángel Viñas. Desde entonces, una gran parte de la derecha española se hace autoritaria, niega la legitimidad de la Segunda República y organiza el golpe de Estado de julio de 1936. Una parte pequeña de esa derecha se distanció de Franco cuando vio que no iba a restaurar la Monarquía pero, en su gran parte, la derecha española (incluyendo a los liberales) se hizo franquista. Eso es lo que el Partido Popular (y ahora, Ciudadanos), no ha sido capaz de superar: siguen negando legitimidad a la Segunda República, consideran necesario el golpe de Estado y se identifican con el franquismo (véase Javier García Fernández: “La derecha española ante la Guerra Civil y la Dictadura”, Temas para el debate, núm. 186, mayo, 2010, págs. 14-16).

El problema no es que dentro de la derecha haya nostálgicos de la dictadura sino que, por lo general, todo el aparato ideológico de la derecha sigue alineado con el bando rebelde de la Guerra Civil y con la dictadura. Esa es la posición permanente de ABC, que no puede distanciarse de su antigua posición beligerante y golpista entre 1931 y 1936 pero también se sitúan en esa posición los jóvenes historiadores revisionistas (Álvarez Tardío, del Rey Reguillo, Ranzato, Julius Rey) que, considerándose demócratas. compiten en sectarismo y en deformaciones históricas con Arrarás [véase el interesante trabajo de Ricardo Robledo: “El giro ideológico en la historia contemporánea española: ‘Tanto o más culpables fueron las izquierdas’”, en Carlos Forcadell, Ignacio Peiró y Mercedes Yusta (eds.): El pasado en construcción. Revisión de la historia y revisionismos históricos en la historiografía contemporánea, Zaragoza, 2015, págs. 303-338]. Y al lado de los discípulos de Payne, hay medios de comunicación que mantienen encendida la hoguera como, por ejemplo, el director de La Actualidad Económica, Miguel Ángel Belloso, que en el número del pasado 3 de septiembre publicaba un artículo cuyo título explica su contenido: “Apuntes liberales. ¡Dejad en paz a Franco, sectarios!”. Por no asumir la legitimidad democrática de la Segunda República, por no condenar el golpe de Estado ni la dictadura, el Partido Popular y ahora Ciudadanos engarzan históricamente con Renovación Española y con Acción Española y ni siquiera con la CEDA.

En conclusión sobre esta segunda causa, mientras la derecha, antigua o nueva, no se recicle ideológicamente, admita la legitimidad de la Segunda República, condene el golpe de Estado y repudie la dictadura (nada de lo cual ha hecho todavía el Partido Popular), las políticas de Memoria histórica se encontrarán con un dique del que se cuelga la derecha por oportunismo.

Tercero. La tercera causa que hace complejas las políticas de Memoria histórica en España es el sustrato sociológico de la Guerra Civil. Si en junio de 1956 el Comité Central del Partido Comunista de España aprobó la declaración Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español es porque partía de una premisa, a saber, que tras la Guerra Civil hubo vencidos (los republicanos), vencedores (la oligarquía franquista) y vencedores-vencidos que vencieron la Guerra (por convicción o por estar en territorio rebelde) pero no se beneficiaron de la victoria y posiblemente (convicciones políticas o religiosas aparte) hubieran vivido mejor si los golpistas no se alzan el 17 de julio. Esa masa de personas que luchó en el bando rebelde con más o menos convicción y que incluso se identificó con el franquismo durante los cuarenta años es un grupo social cada vez más reducido, pero no puede ser tratado como si todos fueran Girón de Velasco, Arrese o Arburúa. Merecen respeto personal por las convicciones políticas que les llevaron  a sumarse a la rebelión (además de los rebeldes por razones geográficas) salvo los que se lucraron de la corrupción o participaron en la represión de demócratas y, frente a la actitud infantil de Podemos, tienen derecho a fraternizar con los combatientes republicanos y a contar su experiencia en los medios de comunicación, como explicó muy bien el editorial “Soldados de La guerra” de El País de 8 de septiembre pasado. Pero este dato sociológico incita a ser particularmente cuidadosos en las políticas de Memoria histórica pues la reconciliación que los comunistas propusieron en 1956, hoy sigue siendo válida.

Cuarto. La cuarta y última causa que dificulta la implementación de políticas de Memoria histórica trae causa de la anterior. La represión extrema era consustancial para los planes de los rebeldes, como se ve en las directrices que dio el General Mola, pero no debemos olvidar la durísima represión practicada en la zona republicana donde, tras hundirse el aparato del Estado, bandas incontroladas, pero también servicios de seguridad, persiguieron no sólo a los cómplices de la rebelión sino a otras muchas personas. En la zona republicana se persiguió por razones sociales e ideológicas y bastaba ser un  empresario acomodado, una persona religiosa o un militante de un partido conservador (aunque no hubiera participado ni sabido nada del golpe de Estado) para conducirle a la cárcel o a la muerte. Es verdad que los responsables del hundimiento del aparato del Estado fueron los rebeldes, es verdad que en la mayoría de los casos las víctimas de los republicanos recibieron homenajes al acabar la guerra (aunque no siempre hubo víctimas de la represión republicana de los que se desconoce sus tumbas) pero una política de Memoria histórica ha de mostrar su respeto a estas víctimas que, en miles de casos, fueron ejecutados por ser propietarias de una empresa o de un comercio o por acudir diariamente a misa.

Es verdad que las obras de conspicuos revisionistas, como Julius Ruiz (El terror rojo, Madrid, 2012), dificultan la reivindicación de las víctimas de la represión republicana pues son trabajos sectarios que olvidan a las víctimas del bando rebelde y que tienen como trasfondo el justificar el golpe de Estado. Pero el Estado ha de lanzar un mensaje de piedad hacia estas víctimas de la guerra.

A modo de conclusión general, tanto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, como el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, que reforma aquella, se inspiran en la filosofía que señalo, de respeto a los combatientes de ambos bandos, de piedad hacia las víctimas de los dos lados pero su aplicación práctica no deja de ser compleja y exige un esfuerzo político u administrativo muy elevado. Por eso me ha parecido útil recapitular el contexto político y social y los obstáculos que encontrará el Gobierno ante la política de Memoria histórica.