LAS CUENTAS INTERVENIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

No seré yo quien defienda que las administraciones “se salten la legalidad” e incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero me permitirán que, detrás de las cuentas intervenidas del Ayuntamiento de Madrid, vea muy mala intención por parte de Montoro y su equipo.

Cataluña está eclipsando cualquier otro problema nacional. Y son muchos los que se acumulan encima de la mesa: paro, recorte, desigualdad, y los bancos que no piensan devolver el dinero de los ciudadanos (¿por qué será que algunos pensábamos que nos tomarían el pelo con el beneplácito del Gobierno del PP?).

Pero tengo la impresión de que, además de ocultarnos la realidad porque no nos da tiempo a preocuparnos de ella, está sirviendo también de pantalla para que, de forma agazapada, el gobierno haga de las suyas, con poca transparencia y mala intención.

Lo siento mucho pero no me creo que sea casual la medida que ha tomado Montoro de intervenir las cuentas. Parece haberle cogido gusto a esto de aplicar el 155.

En primer lugar, es una medida sin precedentes. Nunca antes se había realizado, por lo que requiere mucha prudencia para tomar una decisión así. Y dudo que sea la prudencia lo que ha guiado la acción del Ministerio de Hacienda.

En segundo lugar, es cierto que Madrid no cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Como muchos otros ayuntamientos. ¿Acaso piensa intervenirlos todos y anular la autonomía municipal?

En tercer lugar, si algo ha caracterizado el gobierno de Manuela Carmena ha sido reducir la deuda de Madrid, que ella heredó de la mala gestión, el despilfarro, los aires de grandeza y los despropósitos de los anteriores alcaldes, que casualmente pertenecen al partido de Montoro, al PP, ese partido que está esquilmando ahora mismo los ahorros de la seguridad social, poniendo en peligro las pensiones, recortando educación y sanidad, al tiempo que han generado la bancarrota en Comunidades Autonómas como Madrid y Valencia, que las han dejado completamente arrasadas. Y nunca, nunca, el Gobierno del PP se preocupó por tales desmanes, despropósitos y corrupciones.

En cuarto lugar, la gestión de Carmena en Madrid ha sido reducir la deuda en más de 2.000 millones de euros (no parece una cantidad desdeñable), una cantidad muy superior a lo que presupuestó el anterior equipo del PP de Ana Botella, que representa una reducción del 40% de la deuda heredada. Además, cierra el ejercicio con un superávit de 1.000 millones.

En quinto lugar, la medida tomada por Montoro puede suponer frenar todas las intervenciones municipales en infraestructura para este ejercicio. ¿Es acaso lo que pretende el Gobierno del PP de cara a unas siguientes elecciones? ¿No es acaso una forma de “maniatar” a un gobierno municipal? Siempre he defendido que no se hicieran barbaridades presupuestarias, pero no parece que la medida de Montoro ante un ayuntamiento que está actuando con mucho equilibrio y eficacia presupuestaria, teniendo en cuenta lo que ha heredado, sea racional.

En sexto lugar, quien ha ejecutado la orden, siendo tan “escrupuloso” con la legalidad presupuestaria es, ni más ni menos, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, cuyo currículum es haber sido alcalde de Jaén y dejarlo en situación de “quiebra técnica”. Suele ser habitual que el PP “premie” con buenos puestos a sus gestores más ineficaces (e inmorales) y que además estos actúen sin ningún tipo de rubor, ni siquiera de vergüenza por los actos cometidos anteriormente. Aquí se aplicaría perfectamente el refrán de que “el zorro es quien cuida del gallinero”.

Lamentándolo mucho no creo que la medida tomada por el Ministerio de Hacienda sea escrupulosa. Todo lo contrario. Hay una clara intencionalidad política, está realizada por gestores que deberían mantenerse fuera de la Administración y lejos de las cuentas públicas después de los desmanes cometidos, y supone un grave atentado contra la Administración municipal.

No existe suficiente credibilidad, ni confianza, ni independencia, por parte del Ministerio de Hacienda ni del Gobierno del PP para que esta medida resulte inocente, oportuna, y carente de mala intención.