LAS CARTAS ESTÁN REPARTIDAS. EMPIEZA EL JUEGO

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Anécdotas aparte, en un país donde la anécdota es categoría que todo lo empaña, la sesión inaugural de las nuevas Cortes supone el primer e imprescindible paso en el intento de formar Gobierno. Patxi López, tras un discurso irreprochable que augura buen talante para administrar los equilibrios parlamentarios, ya ha puesto en manos del Rey los elementos necesarios para iniciar el trámite de consultas. A Mariano Rajoy le corresponde el primer intento de lograr una mayoría suficiente. A tenor de las impresiones más extendidas, será un empeño inútil salvo sorpresas surgidas de maniobras paralelas a los escenarios visibles y consecuentes con las dificultades insuperables para constituir una alternativa que evite el indeseado horizonte de una nueva convocatoria electoral. El mismo esquema es lógico aplicarlo al proceso que corresponderá protagonizar a Pedro Sánchez, una vez consumado el turno del actual presidente del Gobierno.

Si nos atenemos a la literalidad de las declaraciones formuladas por los principales líderes políticos la distancia entre las posiciones es insalvable y el tono de las expresiones utilizadas para fijar las respectivas posiciones no favorece en absoluto un clima de entendimientos. La formación de un Gobierno progresista o de izquierdas pilotado por el PSOE no se ha beneficiado precisamente con el desarrollo dialéctico de las últimas horas, en las que Podemos ha utilizado el lenguaje más duro para expresar su irritación por no haber conseguido sus grupos parlamentarios en el Congreso y quedar excluidos de la Mesa del Senado. El respaldo, numéricamente escaso -dos diputados- pero simbólicamente significativo de IU a la candidatura de Bescansa frente a la de Patxi López, apoyada por Ciudadanos con la retirada estratégica del PP, ha pasado ya a formar parte del argumentario en un país en el que los trazos gruesos diluyen la finura de cualquier diseño.

La reclamación, para unos, maximalista, para otros, esencial, de incorporar a cualquier negociación con Podemos la admisión de celebrar un referéndum en Cataluña presupone una barrera insalvable, marcada así por los órganos competentes del Partido Socialista. La contrapartida, frente a la posición inmovilista de Rajoy, es poner en marcha una profunda reforma Constitucional y no cerrar las puertas al dialogo con el nuevo Gobierno de Carles Puigdemont, a pesar de sus solemnes proclamaciones independentistas. La buena voluntad y la racionalidad de esta apuesta, que conllevaría avanzar en la idea de un Estado Federal, tropieza sin embargo con la imposibilidad de llevarla a cabo con la actual composición de las Cámaras legislativas donde el PP cuenta con los escaños suficientes para bloquear cualquier iniciativa de ese calado, según se encargan de recordar últimamente los dirigentes populares, a la par que exhiben su mayoría absoluta en el Senado, que ha recuperado protagonismo justo cuando más se cuestionaba su propia existencia.

Ya dijimos algunos, al conocer los resultados del 20-D, que nos encontrábamos en un laberinto de ingobernabilidad que haría imprescindible anteponer los intereses de los españoles en su conjunto, el sentido de Estado o menos pomposamente el “sentido de lo común”, a las legitimas aspiraciones partidistas o personales que deberían pasar a un segundo plano, incluso por un criterio de rentabilidad egoísta. Porque los ciudadanos son capaces de valorar y distinguir entre el trigo y la paja. Entre la palabrería y los hechos. Entre la frivolidad y la coherencia.

El juego no ha hecho más que empezar. Asistiremos a sorpresas. A movimientos tácticos y cartas sacadas de la bocamanga en el último minuto. En esta partida el riesgo mayor es que a lo que se aspire no sea a ganar, sino a que “el otro” quede marcado como responsable de dar un puñetazo en la mesa y hacer saltar los naipes y las fichas. Los españoles no podemos ser espectadores pasivos de ese juego en el que las apuestas -pérdidas o ganancias- no corren a cargo de los que manejan los fondos. No somos los mirones que asisten al espectáculo, sino los dueños de una soberanía que hemos delegado para que la administren convenientemente y nos den cuenta de su uso abiertamente. Por si hay que volver a las urnas y considerar de nuevo el voto.