LAICIDAD

simancas130617

Durante estos días de julio unos cuantos progresistas osados nos hemos atrevido a debatir, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a algo distinto a cómo aquellos que perdimos las elecciones hemos de asumir la responsabilidad que el ganador no asume para que este país tenga gobierno y evite las terceras elecciones. Mil disculpas por el atrevimiento.

Nuestro tema ha sido la laicidad. Tradicionalmente se han señalado a un conjunto de problemas endémicos como causas más o menos permanentes del atraso secular en nuestro país. Se habló siempre del déficit educativo, de la anómala preeminencia del estamento militar, de las tensiones nacionalistas periféricas, y de la influencia extraordinaria de la confesionalidad católica en el espacio público.

Como balance de estos 37 años de democracia, puede asegurarse que los dos primeros problemas citados están en vías de solución, que el tercero lejos de solucionarse se ha agravado, y que el cuarto sigue figurando en buena medida entre las llamadas asignaturas pendientes de España. Tal juicio se sostiene fácilmente a la luz, por ejemplo, de los conflictos políticos y sociales que ocasionó la respuesta de la jerarquía católica a las legislaciones socialistas sobre el aborto, la educación para la ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes. Esa democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no religiosas, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la organización del espacio público compartido, es decir, que la política y el Estado son radicalmente independientes de cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es lo que llamamos laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y el Estado. La laicidad implica separación absoluta entre Estado y religión, neutralidad religiosa del Estado, y cooperación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales.

¿Podemos considerar al Estado español hoy como un Estado completamente laico? En primer lugar hay que reconocer aquí, como en tantos otros aspectos, los avances prudentes que logró el constituyente en la Transición Democrática. Con el artículo 16 de la Constitución de 1978 pasamos de un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, que garantiza la libertad religiosa, pero que mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y, por consiguiente, a establecer relaciones de colaboración con “la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Hemos de hablar, por tanto, de una laicidad imperfecta. Se ha avanzado mucho, sobre la letra de la ley y en el día a día de nuestra sociedad, pero queda mucho por avanzar en el propósito de un Estado plenamente laico. En primer lugar en la reforma constitucional de ese artículo 16 que no requiere alusión directa a confesión alguna.

En segundo lugar en la denuncia de los acuerdos negociados por el Estado español con el Estado vaticano con carácter previo a la promulgación de la Carta Magna aconfesional, y que establece condiciones y privilegios para la Iglesia católica que nos son compatibles con el objetivo legítimo de la laicidad.

En tercer lugar está pendiente una auténtica ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que asegure tanto la no discriminación del creyente y del no creyente, como la separación estricta entre la decisión pública y la fe religiosa. En cuarto lugar una enseñanza laica que incorpore el conocimiento sobre el hecho religioso, pero que relegue el adoctrinamiento fuera del curriculum y del horario escolar.

En quinto lugar un avance definitivo en la autofinanciación de las confesiones religiosas, sin privilegio fiscal alguno. Además, hay que establecer protocolos civiles para ceremoniales, espacios y símbolos públicos que aún hoy mantienen una relación con ciertas confesiones que resulta inadecuada para un Estado aconfesional.

¿Hay que hacerlo? Sí. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y con los representantes sociales de colectivos confesionales y no confesionales.

Puede que estos asuntos parezcan insólitos y peregrinos para quienes se sienten absorbidos por la rabiosa actualidad de las desventuras de Rajoy para seguir gobernando, pero resulta que algunos de estos asuntos sin resolver durante siglos han supuesto un lastre muy pesado en nuestro desarrollo colectivo.

Y quizás, entre campaña y campaña, entre encuesta y encuesta, entre investidura e investidura, merezca la pena pensar en lo importante. Aunque solo sea para variar.