LA SOCIALDEMOCRACIA ANTE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL

LA SOCIALDEMOCRACIA ANTE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL

El libre comercio es uno de los temas más controvertidos para la izquierda internacional, dado que al menos las fuerzas post-comunistas, los verdes y algunos sindicatos se oponen con rotundidad a los acuerdos comerciales (salvo que la contraparte sea, por ejemplo, China).

La socialdemocracia por su parte mantiene una postura más matizada al respecto, lo que por otro lado puede ser tomado como una indefinición, percepción que hay que combatir.

El ideal del libre comercio se identifica con la tradición del liberalismo económico y político, la cual ha influido, al menos parcialmente, en la socialdemocracia.

Desde el punto de vista económico, el libre comercio se considera positivo porque favorece la especialización, permite el acceso a bienes de producción y consumo más baratos, lo que redunda en beneficio de los consumidores, quienes la gran mayoría son trabajadores, y por tanto el sector de referencia de las fuerzas políticas socialdemócratas.

Desde el punto de vista político, la teoría clásica liberal de las relaciones internacionales ha considerado el libre comercio como un factor de acercamiento entre los pueblos, en la creencia de que la creación de estrechos lazos comerciales hacía inviable la guerra (la I Guerra Mundial desmintió esta teoría). Es cierto, eso sí, que el comercio genera vínculos adicionales en el terreno de las ideas y la cultura.

En cualquier caso, una izquierda que se considera internacionalista difícilmente podría estar en contra, con carácter general, de todo acuerdo comercial, global o regional, en la medida en que efectivamente son beneficiosos para la mayoría social y suponen un factor de acercamiento entre las naciones.

Dicho esto, es cierto que los acuerdos comerciales generan ganadores y perdedores, y que no todos los sectores saldrán beneficiados por la eliminación de barreras arancelarias y reglamentarias, por ser menos competitivos en calidad o precio que los productos importados.

Con carácter general no saldrá perdiendo el conjunto de la clase trabajadora, pero sí determinadas industrias.

Ahora bien, esta incapacidad para competir en el mercado mundial no va a depender necesariamente de factores tecnológicos o por la pérdida del carácter de industria protegida por barreras comerciales, sino de variables relacionadas con la protección social, los salarios y el medio ambiente.

Así, los productos importados de los países asiáticos basan su competitividad en una mano de obra muy barata, y la ausencia de costosas regulaciones laborales y ambientales que son la norma en el mundo atlántico.

En tales casos, es preciso introducir limitaciones a los acuerdos comerciales para impedir el dumping social y ambiental, de modo que se pueda competir en igualdad de condiciones. En este sentido, es importante recordar que las reglas de la Organización Mundial del Comercio permiten aplicar impuestos en frontera por razones ambientales, por ejemplo a aquellos países que no cumplan con el acuerdo internacional para reducir las emisiones de C02.

Ahora bien, también hay que ser realistas, los salarios en China no van a equipararse de la noche a la mañana a los de Alemania, al tiempo que un arancel que equilibrara en su totalidad las relaciones comerciales con China, haría que el coste de un teléfono inteligente para el consumidor occidental costara no menos de 2.000 euros.

Por tanto, más allá de la política de protección comercial, es preciso seguir apoyando la agenda de la Organización Internacional del Trabajo respecto del Trabajo Decente, de modo que el cumplimiento de sus convenios sea universal y efectivo, al tiempo que se extiende progresivamente la protección social mínima por todos los países.

Asimismo, es fundamental desarrollar una política compensatoria para que aquellos sectores afectados negativamente por la liberalización comercial puedan reorientarse hacia actividades de mayor valor añadido, y en casos de cese de la actividad industrial, los trabajadores deben recibir una renta compensatoria y recualificación profesional.

Por último, es necesario tener en cuenta que los aranceles (impuestos en frontera) y las restricciones cuantitativas a la importación han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, al tiempo que se han mantenido o aumentado las barreras regulatorias, es decir, aquellas normas que deben seguir los procesos de producción por razones de seguridad, sanitarias, etc.

De hecho, la propuesta Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (conocida por sus siglas en inglés, TTIP) tiene como principal objetivo la eliminación de estas barreras reglamentarias, ya que las de tipo arancelario han prácticamente desaparecido entre los Estados Unidos y Europa.

Este tipo de tratados comerciales merecen dos consideraciones importantes.

En primer lugar, aquellos acuerdos comerciales entre países o bloques que se encuentran en un estadio de desarrollo comparable causan menores alteraciones en los sectores industriales respectivos, ya que la competencia no se basa en costes sino en la diferenciación de producto. De ahí la menor necesidad de aplicar impuestos en frontera.

En segundo lugar, la eliminación de barreras normativas supone aplicar un principio de reconocimiento mutuo a las normativas de producción respectivas, de modo que un automóvil fabricado en Europa no deba cumplir dos regulaciones para poder ser vendido tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Esta solución es desde luego práctica, pero requiere que las regulaciones sean comparables, si bien esto no es suficiente, ya que las normas no son estáticas.

Es decir, al momento de suscribirse un acuerdo comercial, las normas de producción pueden ser más o menos equivalentes, pero con el tiempo la del país “A” puede evolucionar hacia una mayor exigencia mientras que en el país “B” permanecer sin cambios.

Por tanto, lo que se pone de relieve es que el comercio internacional requiere de un marco político que lo regule, por lo que los acuerdos comerciales deben estructurarse más bien como mercados comunes en los que las normas se elaboran conjuntamente mediante instancias parlamentarias, y mediante un tribunal público que resuelva las diferencias en la interpretación del Tratado entre los Estados participantes, y entre empresas y Estados (en lugar de los criticados mecanismos de arbitraje privados).

Así, la Organización Mundial del Comercio, y los grandes acuerdos comerciales, debieran dotarse de cámaras parlamentarias responsables de aprobar el reconocimiento normativo y de elaborar estándares comunes. Solo de esta manera el principio de reconocimiento mutuo dispondrá de la suficiente legitimación democrática.

En conclusión, desde una perspectiva de izquierda internacionalista y moderna, la globalización comercial es positiva política y económicamente, siempre que se regule adecuadamente, se limite el dumping social y ambiental y se favorezca la participación de la ciudadanía, a través del mecanismo parlamentario, en la aprobación y gestión de los acuerdos comerciales.