LA SENDA DE LA COHERENCIA, LA CREDIBILIDAD Y EL PROGRESO SOCIAL

LA SENDA DE LA COHERENCIA, LA CREDIBILIDAD Y EL PROGRESO SOCIAL

saracibar140916

De vuelta de las vacaciones nos hemos topado con la dura realidad: la situación política continúa igual de complicada que antes del verano. El obligado debate de investidura después del 26-J, celebrado en los primeros días del presente mes, tampoco ha servido para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y, en consecuencia, ha abierto un nuevo periodo de dos meses para intentar formalizar de nuevo un Gobierno que tenga plenas facultades constitucionales, antes de tener que celebrar unas nuevas elecciones generales a finales del presente año, que es la baza que pretenderá jugar el PP si, finalmente, le resulta imposible pactar la abstención del PSOE.

Lo más lamentable y, desde luego, lo más censurable de la situación política, a lo largo del mes de agosto, han sido las presiones de todo tipo sufridas por Pedro Sánchez- para que facilitara la investidura de Rajoy -de los poderes fácticos: políticos, económicos y mediáticos (de manera especial y relevante, lo que resulta intolerable, de un periódico como El País considerado hasta ahora como independiente y progresista), además de ex responsables gubernamentales del PSOE y personas relevantes dentro el partido, así como de algunos barones con responsabilidad en organizaciones territoriales de la formación socialista. A pesar de estas amenazas y presiones, Sánchez, en contra de lo pronosticado por la mayoría de los politólogos, mantuvo bien el tipo y defendió contra viento y marea la resolución del Comité Federal y, en coherencia con ello, se negó en redondo a votar la investidura de Rajoy -tal como exigen la mayoría de los afiliados- y reafirmó de nuevo su disposición a liderar la oposición de acuerdo con la relación de fuerzas que le otorgan sus 85 diputados. En defensa de esa decisión no dudó en recordar los múltiples casos de corrupción (los últimos escándalos de los casos Soria, Rita y Matas han causado bochorno y colmado la paciencia de los ciudadanos), la financiación ilegal del PP, las brutales políticas de ajuste y el abuso manifiesto de su mayoría absoluta, que han generado profundas desigualdades y aumentado la pobreza y la exclusión social.

Por eso, después del fallido debate de investidura, el PP debe reflexionar sobre el rechazo que generan sus políticas y sus métodos de gobierno y no empecinarse obsesivamente en echar la culpa de todos los males al PSOE. Del mismo modo debe aceptar, con todas las consecuencias, que el PSOE, en estos momentos, es la única alternativa política al PP, tal como hizo el PSOE con el PP, en su primer intento de investidura (en base al acuerdo con Ciudadanos), después de las elecciones del 20-D.

Por otra parte, Rajoy debe reconocer los estragos causados por sus políticas de marcado carácter neoliberal, muy alejadas del discurso triunfalista del pasado debate de investidura contestado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios y por todos los sindicatos. Según UGT, Rajoy nada dijo de los 12 millones de personas que viven en riesgo de pobreza (3 millones de ellas en pobreza severa y 2 millones afectadas por la pobreza infantil). Tampoco dijo nada sobre el aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos y de las familias con todos sus miembros en paro. No se dignó mencionar que uno de cada cinco españoles en edad de trabajar está desempleado y que uno de cada dos jóvenes también lo está, que el paro de larga duración es cada vez mayor (el 58% de los desempleados llevan más de un año en paro y el 42% más de dos años) y que cada vez hay más desempleados sin ningún tipo de protección (hoy más de la mitad de los parados no tienen ninguna cobertura económica).

Rajoy volvió a defender su reforma laboral olvidando que ha generado más precariedad, más temporalidad y una fuerte devaluación salarial (también de los despidos y del SMI), además de romper el difícil equilibrio de la relación de fuerzas entre sindicatos y empresarios y dinamitado la negociación colectiva; a lo que hay que añadir los destrozos causados en los servicios públicos (sanidad y educación), en la protección social (pensiones, dependencia y desempleo) y en la fiscalidad (progresividad y lucha contra el fraude fiscal).

Por eso, ante el manifiesto fracaso de Mariano Rajoy, es comprensible, en las actuales circunstancias, que todo el arco parlamentario exija al PSOE una alternativa que evite la celebración de unas nuevas elecciones generales, lo que significa reconocer que la solución de los problemas actuales pasa en buena medida por el PSOE, sobre todo cuando, además, ha recuperado la centralidad en el tablero político. Esta lógica se está viendo frenada por la convocatoria de las elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia (25 de septiembre), porque pueden modificar, aunque sea levemente, la relación de fuerzas entre los partidos mayoritarios. En esta corta etapa será difícil que el PSOE y los demás partidos políticos tomen una decisión definitiva, al margen de las conversaciones que se están manteniendo entre ellos. En todo caso, si el PSOE quiere evitar unas nuevas elecciones generales y mantiene por coherencia su rechazo a Rajoy, no tiene otra salida que explorar las posibilidades de formar un Gobierno de coalición con Unidos Podemos (o un Gobierno, cuando menos, con alguna presencia de Unidos Podemos) que le dote de 156 diputados (con 85 diputados no se puede gobernar, sobre todo si tenemos en cuenta que el PP en la oposición tendría 138 diputados) y ofrezca relaciones privilegiadas a Ciudadanos en la próxima legislatura, en busca de la abstención de esta formación política, en un hipotético (y nuevo) debate de investidura, dada la incompatibilidad manifestada entre Ciudadanos y Podemos. Esta alternativa sumaría 13,6 millones de votos frente a los 7,9 millones de Rajoy.

Los partidos nacionalistas, ante esta propuesta, tienen la posibilidad de votar en contra o abstenerse. Sin embargo, lo harán con la certeza de que el Gobierno, encabezado por el PSOE, abrirá conversaciones con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para abordar, con renovada voluntad política, el problema catalán e intentar llegar a acuerdos que pongan fin al actual conflicto (dentro del marco constitucional: reforma de la Constitución y Estado Federal); un conflicto que ha adquirido límites intolerables en los últimos años por el radicalismo extremo de las fuerzas independentistas y la torpeza ramplona y persistente del Gobierno de Rajoy.

Desde luego, estamos hablando de un Gobierno de emergencia, encabezado por Pedro Sánchez (una concesión importante de Unidos Podemos), cuyo denominador común sería evitar, en definitiva, que gobierne la derecha y que tengamos que repetir las elecciones generales. Estos simples y poderosos argumentos requieren una fuerte lealtad política y el abandono de la lucha por la hegemonía en el seno de la izquierda (asumir la hegemonía compartida, aunque sea de manera temporal). Este hipotético Gobierno no necesitaría, de entrada, grandes acuerdos programáticos, puesto que éstos se deberían alcanzar en el ejercicio de gobierno a lo largo de la legislatura, con el compromiso de que si eso no fuera así el presidente del Gobierno debería someterse a un voto de confianza en la cámara o convocar nuevas elecciones… En todo caso, un acuerdo de mínimos -con un marcado y prioritario componente social-, debería contemplar sin ningún tipo de maximalismos ocho grandes apartados: la UE (control del déficit, pago de la deuda pública y protagonismo de España en la toma de decisiones); el desempleo (Plan de Choque de Inversión, cambio de modelo productivo, políticas activas de empleo, oficinas públicas de empleo y nuevos yacimientos de empleo); la protección social (pensiones, desempleo, dependencia y renta mínima garantizada); la legislación laboral ((temporalidad, negociación colectiva y SMI); los servicios públicos (sanidad y educación); la política fiscal (impuesto de sociedades, fraude fiscal y progresividad); la regeneración democrática (lucha a fondo contra la corrupción); y el debate territorial (Cataluña).

Las dificultades de esta Propuesta están a la vista de todos y, por lo tanto, puede ser legítimamente contestada, incluso en el seno del PSOE. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el PSOE debe abrir el debate sobre esta posibilidad -que sería muy bien valorado por la ciudadanía-, al margen de los resultados, descartando otras alternativas escoradas hacia la derecha, que no resultarían beneficiosas para la mayoría de los ciudadanos, ni coherentes con la historia del PSOE y mucho menos con un partido de izquierdas decidido a recorrer el camino que conduzca a la recuperación de la coherencia y de la credibilidad perdida, lo que exige de antemano claridad de ideas, evitar contradicciones y enredos, así como una fuerte unidad interna y, por lo tanto, respeto a las decisiones que aprueben los órganos de dirección del partido. Por su parte, Unidos Podemos, en estas circunstancias, tiene la oportunidad de matricularse como un partido serio y respetable en el seno de la izquierda y, como consecuencia, de corregir sus errores y acallar las voces críticas (muy mal fundamentadas) de sus no pocos enemigos. En este sentido, el Comité Federal del PSOE y los órganos responsables de Unidos Podemos deberían velar para que, finalmente, y si fuera necesario, los militantes de ambas formaciones políticas se pronunciaran sobre esta propuesta en sendas consultas expresamente convocadas para ello.

A pesar de las críticas que recibirá esta propuesta, no estamos proponiendo una alternativa radical y desconocida y mucho menos bolivariana como algunos señalan. Para los olvidadizos no estará de más recordar la experiencia de Gobierno de izquierdas que se está llevando a cabo en Portugal y los varios ejemplos (moderadamente positivos) que se están produciendo en varias CCAA y Ayuntamientos (entre ellos Barcelona y Madrid) de nuestro país, donde están involucrados de alguna manera el PSOE, Podemos y Ciudadanos.

En todo caso, en la búsqueda de opciones alternativas al PP (de cambio y progresistas), debe participar de manera mucho más activa y destacada la sociedad civil: las fuerzas progresistas, los sindicatos y las diversas organizaciones sociales, encaminadas todas ellas a apoyar esta iniciativa política y a reactivar la participación y la movilización de los ciudadanos. Todo sea porque Rajoy y el PP no vuelvan a La Moncloa y seamos capaces entre todos de superar una negra y dura experiencia, que ha resultado (y sigue resultando) verdaderamente dramática para los más afectados por la crisis.