LA NECESIDAD DE GOBIERNOS PROGRESISTAS

Hace algo más de un mes iniciaba un viaje a México que me ha permitido reflexionar sobre aspectos normalmente objeto de esta sección de Políticas de la Tierra que me parecen particularmente oportunos cara a lo que puede ser el futuro del planeta. Aspecto particularmente relevante ante la proximidad de elecciones generales, regionales y locales en las que, lo primero a destacar, es la calidad y seriedad respecto a la problemática y retos de la sociedad actual, de los Programas políticos presentados por el PSOE y Podemos (Unidas Podemos), aunque la viabilidad de muchas de sus propuestas en el marco político previsible sea cuestionable. No obstante, es positivo ver la posibilidad de compaginar muchas de sus propuestas, en los aspectos básicos de sostenibilidad para el Planeta o de mantenimiento y defensa de la sociedad del bienestar, con las de partidos con representación parlamentaria como Compromís, PNV o, en aspectos no independentistas, ERC.

Volviendo al viaje y a su relación con las elecciones españolas, las primeras cuestiones a considerar estarían ligadas a la propia Ciudad de México (CDMX), una mega-región funcional urbana (RFU), en los términos en que suelen considerarse espacios supramunicipales de amplia extensión en todos los sentidos (población, actividad, superficie afectada, etc.) que hace que la RFU de Madrid les parezca provinciana a profesionales y científicos mexicanos. Y no deja de ser coherente porque CDMX presenta barrios de una modernidad y calidad que superan a la del Madrid más multinacional; porque en la actualidad acoge a un mínimo de 22 millones de habitantes (del orden de la mitad de toda la población española) estando formada por 76 entidades (16 de la CDMX, 1 del estado de Hidalgo y el resto perteneciente al Estado de México) y siendo la tercera ciudad más grande del mundo, tras Tokio y Delhi, aunque sólo cobija del orden del 17% de la población del país (https://population.un.org/wup/Download/).

Pero junto al lujo, la modernidad y la extrema riqueza de una élite clara y perfectamente definida tanto en el mundo legal (Slim y sus propiedades, por ejemplo) o en el del narcotráfico (el “chapo” Guzmán, por ejemplo, y sus historias de corrupción y poder) nos encontramos con un territorio de desigualdades crecientes, de insatisfacción generalizada en jóvenes y capas medias, y de graves problemas de seguridad en amplias zonas de un territorio ocupado por desarrollos informales periféricos (adecentados paisajísticamente con pinturas de colores para la visita del Papa) surgidos ante la imposibilidad de acceso a la vivienda en una RFU de más de 7.000 km2 generada con un crecimiento urbano desordenado y con una gran población inmigrante o de crecimiento propio demandante de nuevas viviendas, que reside en laderas en las que no disponen de acceso al agua ni de saneamiento y depuración, y donde la electricidad se obtiene con enganches ilegales a las redes de distribución.

En palabras de los profesionales del urbanismo local, el conjunto de la RFU de CDMX presenta una mala distribución de los usos del suelo en el interior, una mala adecuación entre lugares de trabajo y residencia, y una pésima organización espacial del equipamiento requerido para satisfacer las necesidades de la mayoría de su población. Las consecuencias son una movilidad obligada que lleva a que un porcentaje muy alto de la población tenga que emplear más de una hora en el trayecto domicilio-trabajo; a un uso del vehículo privado para estos desplazamientos que genera congestión, consumo energético, contaminación y grave afección a la población residente, con una generalización de los costes sociales, ambientales y económicos para una gran mayoría de esa población.

Haber ignorado desde el Estado Federal y desde el Estado de México y la CDMX la planificación territorial y urbana previa y haber dejado al mercado inmobiliario y a la anarquía apropiarse del territorio para satisfacer las necesidades de alojamiento de más de cinco millones de personas en los inicios del siglo XXI, explican gran parte de los problemas; pero, sobre todo, explican las dificultades para buscar solución a problemas muy graves una vez se consolidan sobre el terreno procesos inadecuados y de altos costes socioeconómicos y ambientales. La encuesta Origen-Destino de 2018, que recoge datos sobre la movilidad de la población, muestra que el 84% de la población de 6 años y más en la CDMX y del 78% en los municipios conurbados con ella, realiza más de un viaje a la semana con una duración promedio de dos horas y media.

México es un país con una pirámide de población muy joven, con alta tasa de fecundidad y un crecimiento demográfico previsible que le llevará a más de 164 millones de habitantes para 2050, con un crecimiento demográfico total del orden del 20% en los próximos 30 años. Su estructura territorial y urbana y el Modelo de desarrollo imperante en el país hacen difícilmente viable que puedan corregir su creciente contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, o encontrar soluciones acomodaticias a los riesgos de creciente desigualdad y malestar en el país. Ha cambiado el Gobierno y el actual Presidente pretende una política más progresista en la disminución de desigualdades, en la lucha contra el incremento del malestar, y en la lucha contra la corrupción en el país, pero la posición de una gran parte de la población –incluidos muchos de los que le votaron- es escéptica. ¿Son realmente viables cambios estructurales en países como México, o son suficientes cambios en los países desarrollados para frenar el proceso de deterioro global socioeconómico y ambiental difícilmente reversible en amplios ámbitos latinoamericanos, africanos y asiáticos, que tiene muchos visos de agravarse a corto y medio plazo?

El Global Environment Outlook 6 (GEO6) publicado en marzo de 2019 para la COP de desarrollo sostenible celebrada en Nairobi, muestra, según se aprecia en el Cuadro siguiente, que si bien desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más directamente ligados al bienestar de las personas las tendencias pueden considerarse positivas (aunque es muy poco probable que se consigan los citados ODS para el 2030) desde la perspectiva de los recursos naturales y de los Objetivos ambientales la previsión es mayoritariamente muy negativa, salvo en la contaminación urbana en la que se fía que medidas como la expansión del vehículo eléctrico pueda incidir en su mejora.

En este indudable marco negativo en el ámbito internacional, el PSOE ha optado en su Programa para las elecciones generales de 2019 por una referencia frecuente a los ODS (se incluyen como listado en el Anexo) y a la Agenda 2030, lo que sólo puede valorarse positivamente, al igual que sucede con las referencias de Unidas Podemos, Compromís, o del PNV, siendo el tema mucho menos frecuente y evidente en el resto de los partidos con representación en el Parlamento.

No obstante, hay aspectos con un tratamiento que podría considerarse insuficiente, lo que ya ha podido apreciarse en las insuficiencias de la última ley de alquileres aprobada (Real Decreto-ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda) que, en el programa se describe como un primer paso para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos en situación de vulnerabilidad, en el que indudablemente se encuentra la juventud, y con la que el Gobierno se señala que pretendía dotar de mayor seguridad al inquilino, incentivar la vivienda en alquiler, tanto pública como privada, y promover la creación de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda.

Unidas Podemos da un peso mucho más significativo a las medidas sobre vivienda y alquiler (propuestas 187 a 195) radicalizando las actuaciones para asegurar el derecho a una vivienda digna, con medidas de fuerte incidencia sobre la propiedad y la rentabilidad de las inversiones de los arrendadores.

En una situación intermedia muy valorable hay que reseñar las actuaciones del PNV en coalición con el PSOE en el Gobierno Vasco, que deberían haber servido y servir en un futuro de referencia para una verdadera política de materialización viable del derecho a una vivienda digna para todos los españoles, como señala nuestra Constitución, en una situación actual, y con unas tendencias sostenidas, desde 2013, que no se pueden olvidar, a la formación de un nuevo proceso especulativo; como tampoco se puede olvidar la reiteración de procesos especulativos en el sector que nos han llevado a sucesivas crisis (1979, 1996, 2008) no precisamente positivas para la historia española.

Destaquemos por ahora sólo algunos aspectos básicos a tener en cuenta, ya que este tema, muy presente en la evolución del malestar de una parte significativa de la sociedad española, con particular incidencia en los jóvenes, debe ser un tema prioritario para las elecciones regionales y locales, dada la distribución de competencias existentes en España, por lo que será objeto de tratamiento más detallado en un próximo artículo. Los aspectos a destacar serían:

  1. No existe un mercado de la vivienda ni del alquiler, sino tantos mercados como territorios/ciudades/barrios homogéneos se puedan definir desde su caracterización socioeconómica y ambiental, y desde la propia tipología de vivienda existente y ofrecida.
  2. Aunque existe una cierta interrelación entre esos diversos y diferenciados mercados en los procesos especulativos, lo cierto es que su funcionamiento es relativamente autónomo, porque también lo es la demanda y oferta que les caracteriza.
  3. Las políticas para situaciones estructurales y dinámicas diferenciadas no pueden ser homogéneas, lo que avala el hecho de que las competencias en la regulación de estas políticas estén lo más próximas posibles al ciudadano (nivel local y/o autonómico), siempre y cuando el municipio disponga de los medios técnicos y de la capacidad de gestión y de financiación que permitan garantizar, con los seguros y responsabilidades penales personales si es menester, evitar situaciones como las históricamente sufridas de insolvencia, similares a la ahora acaecida en Alcorcón con su Empresa Municipal de la Vivienda en concurso de acreedores.
  4. En una situación como la actual no es coherente promover pisos sociales para la venta ni vender la propiedad del suelo público -que en todo caso debería considerarse como dominio público en los términos y condiciones establecidas por la Constitución española- y sólo cederse en usufructo para un periodo determinado para vivienda social en alquiler tasado en precio y condiciones de uso. E igual condicionante debería regir para las viviendas de protección pública sobre suelo público, cuya calificación y restricciones de precios y potenciales usuarios/compradores deberían mantenerse a perpetuidad.
  5. El alquiler de una vivienda social o de protección bajo ningún concepto debe implicar un esfuerzo para el arrendatario superior al que supondría la adquisición de dicha vivienda a través del correspondiente crédito hipotecario para la localización y características de la misma.
  6. Toda nueva promoción privada de vivienda debería llevar asociada una exigencia de que al menos un 40% de las viviendas se destinen a vivienda protegida en alquiler.
  7. Las viviendas vacías que no se correspondan con segundas residencias en uso y no estén asociadas a licencias de alquiler turístico, deberían tener una fiscalidad que empujara su salida al mercado de venta o alquiler.
  8. Las burbujas especulativas en la vivienda libre deben combatirse desde las políticas públicas de ofertas de viviendas protegidas en alquiler y desde la fiscalización de las plusvalías obtenidas en los citados procesos especulativos, pero no tratando de controlar las transacciones o los precios de venta con normativas cuya aplicación y control ha fracasado reiteradamente.

Los meses de Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto una vuelta de la socialdemocracia y de la recuperación de políticas básicas del Estado de Bienestar (igualdad de género, poder adquisitivo de las pensiones, asistencia social a los parados de larga duración, etc.) que han paliado, en parte, el fuerte deterioro producido desde 2008 hasta la actualidad en las formas de vida y empobrecimiento de la clase media y de los jóvenes sometidos a salarios decrecientes y a una precariedad laboral creciente. Pero queda mucho por hacer y por revertir si se quiere evitar que la sociedad del malestar nos remita a dinámicas ya vividas en contextos y situaciones muy diferentes, con políticas autoritarias, racistas y xenófobas tras la crisis del 29 del siglo pasado.