LA MULTA A ESPAÑA POR INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT PÚBLICO

LA MULTA A ESPAÑA POR INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT PÚBLICO

domenec270716

El Tratado de Maastricht sacralizó como principal objetivo de la política económica europea el mantenimiento del déficit público por debajo del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), con relativa independencia del ciclo económico, lo que ha sido revisado con posterioridad.

En cambio, otros objetivos más importantes que la estabilidad presupuestaria como el pleno empleo o el trabajo digno, han quedado tradicionalmente en un segundo plano en la agenda comunitaria, lo que explica la incompleta Europa Social y el descontento creciente entre un sector amplio de la clase trabajadora con el proceso de integración, aun cuando en países como el nuestro por ahora se ignoren los cantos de sirena de la ultraderecha nacionalista y del populismo supuestamente de izquierda pero en general profundamente euroescéptico.

El límite máximo de gasto público financiado con déficit y acordado en Maastricht era el precio a pagar para tener la moneda única, al tiempo que no se fusionaban o coordinaban estrechamente las políticas fiscales de los Estados miembros.

Ahora bien, al menos desde una perspectiva socialdemócrata, y aunque desde luego los déficit públicos excesivos y continuados son insostenibles, es preciso reconocer que este objetivo de política económica, sin duda importante, debe ser compatible con políticas de estímulo al crecimiento en las fases recesivas, y sobre todo la velocidad de ajuste debe ser adecuadamente acompasada con la recuperación de la economía. Solamente a partir de la Comisión Europea elegida en 2014 se ha revisado la aplicación en esta línea del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Sin embargo, la errática política fiscal del Partido Popular ha puesto a España en el punto de mira de la Comisión, pudiendo ser el primer Estado miembro de la Unión Europea en ser sancionado por incumplir de manera reiterada y continuada el objetivo de déficit público, pero no por estar en recesión, sino por lo contrario, por bajar los impuestos en año electoral y con una economía que crece al 3 por ciento.

Así que en puridad, y siendo las reglas las que son, si bien el Consejo puede dejar sin efecto la sanción pecuniaria que imponga la Comisión, y que podría llevar aparejada además la suspensión de los fondos estructurales y de cohesión, el Gobierno de España ha incumplido por sus propias decisiones y no por circunstancias ajenas a su control sus compromisos de control del déficit público con las instituciones comunitarias, al aplicar de manera injustificada una política pro-cíclica.

Según afirma el Comisario Pierre Moscovici, en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado socialista español Jonás Fernández, solamente la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas costó al erario público menos 4.000 millones de euros[1].

Ahora bien, cabe cuestionar también el mecanismo de las sanciones incluido en el tratado de Maastricht, que si bien es necesario en cualquier ordenamiento jurídico para asegurar la credibilidad de las normas, al mismo tiempo hace que los ciudadanos paguen los platos rotos por culpa de la incompetencia del gobierno de turno, máxime cuando en España, con un alto paro y una pobreza creciente, se necesita como el agua cualquier financiación europea que ayude a generar puestos de trabajo.

Por otro lado, la imposición de la multa y/o la congelación de los fondos comunitarios, sería políticamente muy inoportuna, pues reforzaría la imagen que promueven nacionalistas y eurófobos de que lo único que le interesa a la Unión Europea es cumplir a toda costa con las políticas de ajuste fiscal a ultranza e imponer disciplina, mientras que el crecimiento económico de la Eurozona está muy por debajo del nivel potencial y el Banco Central Europeo no acaba de lograr llevar la tasa de inflación al entorno del 2 por ciento anual.

La Comisión, en cambio, podría ocupar sus esfuerzos en presentar una iniciativa política de alto calado que relance el proceso de integración en clave federal, tras el resultado del referéndum británico del 23 de junio de 2016.

[1]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-003746+0+DOC+XML+V0//ES&language=es