LA INVISIBLE BRECHA TERRITORIAL EN ESPAÑA

LA INVISIBLE BRECHA TERRITORIAL EN ESPAÑA

Es creciente la preocupación por el aumento de la desigualdad en España, especialmente por encontrarnos en un contexto de recuperación de la actividad económica, con avances del producto interior bruto (PIB) del 3,1% en el tercer trimestre de 2017.

Un reciente informe publicado por la Comisión Europea –Draft Joint Employment Report 2018– alerta sobre el hecho de que en España no se hayan restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la crisis. Según dicho informe, España está a la cola en calidad de su bienestar social. La Comisión califica de crítica la situación de España en dos aspectos claves para el bienestar social de sus ciudadanos: el nivel de desigualdad económica y el abandono temprano de los estudios. El informe añade que en España persisten grandes desigualdades de ingresos, a menudo ligadas a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a la formación, la protección social y, a la precariedad del mercado laboral.

Además, la Comisión pone bajo vigilancia a España y recrimina al Gobierno por el escaso impacto de sus políticas sociales a la hora de reducir la pobreza. En España las transferencias sociales -sin contar en ellas las pensiones- apenas rebajan un 25% de la pobreza monetaria, mientras que en los países nórdicos dicha corrección es de un 50%.

Aunque comparto el análisis y los resultados hay elementos que echo en falta en el informe y que también son importantes a la hora de medir la desigualdad en España. Me refiero a la brecha territorial, que lejos de corregirse se está acrecentando. Y para contextualizar la situación en la que se encuentran las regiones españolas voy a utilizar como indicador el PIB per cápita, que mide la riqueza de un territorio. Según los datos de la Contabilidad Regional de España que publica el INE, Madrid se sitúa a la cabeza con 32.815 euros por habitante en 2016, mientras Extremadura figura en la cola con 16.558 euros. Esto supone que la renta per cápita en Madrid duplica la de Extremadura.

Lo preocupante de estos resultados no es tanto que haya distintos niveles de renta, puesto que son diferencias que han venido existiendo, lo realmente preocupante es que está aumentando la desigualdad territorial, tendencia contraria a lo que debería estar ocurriendo. Según los datos correspondientes al periodo 2000-2016, el mayor nivel de desigualdad entre ambas comunidades se alcanzó en 2001, y desde entonces se ha venido produciendo una convergencia sostenida en el tiempo, tendencia que cambió a partir de 2011. Desde entonces y, especialmente a partir de 2014 están creciendo las desigualdades territoriales en España.

Una brecha que es muy visible cuando analizamos el conjunto de las Comunidades Autónomas (CCAA) ya que, en la última década, deja ganadores y perdedores. La mayoría de CCAA en 2017 han empeorado su posición, y especialmente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias, donde todavía no se han recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis económica. Por el contrario, País Vasco, Madrid y Galicia ya tienen niveles de renta per cápita superiores a los que tenían en 2007.

Este análisis confirma que existe una creciente brecha territorial en España, y no solo una brecha económica, social y laboral. Es necesario visibilizar esta realidad para que los poderes públicos adopten medidas correctoras. Sin un análisis adecuado es imposible actuar de manera correcta. La dotación insuficiente de recursos procedentes de los fondos estructurales (FEDER y FSE) y los fondos de cohesión que provienen de Europa hace necesario y urgente que desde el Gobierno de España se desarrollen políticas para corregir la brecha territorial.

Uno de los instrumentos que existen para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales es el Fondo de Compensación Interterritorial, que está contemplado en la Constitución Española. El artículo 158.2 establece que “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.” En 1980 se creó el Fondo de Compensación Territorial (FCT), un fondo que ha ido adaptándose y del que actualmente se benefician las regiones más desfavorecidas -Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Islas Canarias, Ceuta y Melilla-. A partir del nuevo sistema de financiación autonómica en 2001, el FCI se desglosa en dos fondos: Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos se destinan a financiar gastos de inversión que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario. A pesar de su relevancia, los recursos que se destinan son cada vez menores. Según los últimos datos disponibles desde 2015 se han congelado los fondos y en la actualidad se destinan un 81% menos de recursos que en 2010.

Es necesario recuperar este instrumento con una dotación suficiente para poder incidir en la corrección de las desigualdades territoriales. Es debe ser uno de los elementos que se debe incorporar al debate sobre el nuevo modelo de financiación autonomía. Un modelo que debería haberse reformado en 2014. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no ha avanzado nada al respecto y ello a pesar del compromiso adquirido hace un año por el Ejecutivo en la Conferencia de Presidentes.

El Gobierno está eludiendo su responsabilidad de presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación sobre la que los legítimos representantes de las Comunidades Autónomas en el Seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el conjunto de las fuerzas políticas puedan reflexionar y establecer sus propias posiciones, negociar y pactar un nuevo modelo que no puede esperar más. Las Comunidades Autónomas no pueden seguir estando sujetas a recortes permanentes en las políticas que concentran la mayor parte de su presupuesto y que son el centro del Estado de Bienestar, minando la cohesión social y territorial.

Es urgente abordar el problema de la brecha territorial en España para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía con independencia de dónde viva. Mi pretensión con este artículo es situar en el debate público un tema de tanta transcendía.