LA INEFICACIA DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LOS INCENDIOS

Cuando termino este artículo se confirma la muerte de, al menos, cuarenta personas por los incendios registrados en Galicia y Portugal. La simultaneidad de una sequía previsible –por la periodicidad de las sequías en la península ibérica- que tiende a alcanzar dimensiones crecientes por el calentamiento global, junto al imprevisible –pero probablemente cada vez más frecuente- paso de un huracán –Ophelia- relativamente cercano al occidente peninsular han creado las condiciones ideales para que se produzca el trinomio característico de incendios difíciles de dominar: menos de 30% de humedad junto a más de 30ºC y velocidades de más de 30 km/h. Lo que unido al preocupante abandono de un medio rural despoblado y envejecido, y a la disolución de las brigadas contraincendios tras el verano, con su curiosa simultaneidad con la aparición de nuevos incendios, han propiciado un fenómeno que cada vez será más frecuente en nuestro país, en Portugal, Grecia e Italia, si no se toman las medidas de adaptación al calentamiento global –y a su corolario de cambio climático- necesarias.

Dejando aparte factores como los comportamientos antropológicos existentes en los distintos territorios –de los que el noroeste de España es particular referente- hay que destacar que en el presente siglo se han adoptado una gran cantidad de medidas positivas para prevenir y combatir los incendios forestales, y muy particularmente desde la legislatura iniciada en 2004, bajo el gobierno del PSOE, cuando se aprueba la Ley 10/2006, de 28 de abril, de Montes, modificada en 2015 por el gobierno del PP no precisamente en un sentido positivo, como comentamos en esta misma sección, al modificar, entre otros aspectos, la obligación de que después de un incendio el terreno afectado permanezca 30 años sin cambio de uso forestal; o cuando, en 2007, se crea una Fiscalía Especial contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala, con el objetivo de combatir el alto porcentaje de incendios provocados por distintas causas, ya que más del 60% del total son incendios provocados y en un 80% de los mismos hay intervención humana; se crea, en 2006, la Unidad Militar de Emergencia, cuya utilidad ha quedado claramente demostrada; y se incrementan muy sensiblemente la coordinación interadministrativa y los medios y los presupuestos para la prevención y lucha contra los incendios, a la vez que se establece la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad, con objeto de reforzar su función preventiva; y, por último, se refuerzan los presupuestos asociados a los espacios protegidos, al desarrollo rural y a la biodiversidad.

Y aunque trece años después se puede decir que los resultados de estas medidas han sido muy positivos, necesariamente han de considerarse insuficientes ante los nuevos riesgos asociados al calentamiento global/cambio climático perceptibles año a año, y a la evolución de los usos del suelo en nuestro medio rural -anualmente los incendios afectan a del orden del cinco por mil de una superficie forestal española (del orden del 40% del total de España) que es creciente a medida que las superficies de cultivo, y sobre todo las dedicadas a pasto, sufren reducciones muy significativas por el abandono de la agricultura, por los procesos de intensificación de la ganadería, y por el ritmo decreciente de esta actividad en el medio rural español. La consecuencia principal de estas evoluciones es el incremento del riesgo de producción de grandes incendios forestales (GIF), que deberían ser la principal preocupación de cara al futuro, junto a los riesgos de las contrarreformas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy, y de las reducciones presupuestarias producidas desde 2009 como consecuencia de la crisis económica.

INCIDENCIA Y EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL/CAMBIO CLIMÁTICO LOCAL

Si septiembre y diciembre de 2015 pasarán a la Historia como referentes de actuaciones de Naciones Unidas con implicaciones positivas –Agenda 2030 y COP21 de Paris sobre Cambio Climático- para la comprensión de muchos de los cambios que previsiblemente se producirán en los próximos años, no cabe duda de que también lo hará noviembre de 2016, con la elección de Donald Trump como presidente de EEUU, su defensa de “América primero”, y su retirada de los compromisos ambientales asumidos por su predecesor respecto a la ralentización en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el segundo generador mundial de las mismas.

Aunque el Plan de Obama “Clean Power Plan” que pretendía reducir las emisiones de carbono de las plantas energéticas en un 32% para 2030 respecto a 2005, nunca entró en funcionamiento por el aplazamiento impuesto por la corte federal ante los recursos de las energéticas y del partido republicano, Scott Pruitt -jefe actual de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) americana y conocido “negacionista”- señalaba el 9 de octubre pasado que la “guerra contra el carbón había terminado” y proponía nuevas normas ambientales/energéticas reguladoras para el sector.

Pero el “Clean Power Plan” se basaba en un informe científico riguroso –a cuyo contenido hemos hecha referencia en esta sección en artículos anteriores- que calificaba los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud humana, y recogía riesgos adicionales de sequías severas, huracanes e incendios forestales en EEUU como consecuencia del calentamiento global. Procesos que los casos de los incendios anuales de California y sus graves consecuencias en vidas y daños, los efectos de huracanes y tornados “atípicos” -“Harvey” a finales de agosto de este año, con un comportamiento considerado por los científicos como totalmente atípico, reprodujo procesos y daños catastróficos ya sufridos en años anteriores en New York o en New Orleans-, o las olas de calor -en junio de 2017, temperaturas record de 50ºC en el sur de EEUU impidieron el vuelo de aeronaves- y las sequías extraordinarias registradas, última y frecuentemente en EEUU, es de esperar que maticen poco a poco la política ambiental regresiva ahora instaurada, y condicionen los fallos legales que finalmente terminarán enmarcando la política energética y de emisiones de ese país.

Los últimos Informes que se van publicando, como el del PBL Netherlands Environmental Assessment Agency “Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions”, de septiembre de 2017, señalan que, en 2016, las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) continuaron aumentando, aunque ese aumento excluidas las emisiones de cambios en los usos del suelo e incendios (LULUCF), fue el más lento desde principios de los años 90 si exceptuamos los años de recesión global.

Las razones son el menor consumo mundial de carbón, la sustitución del petróleo por el gas natural y el aumento de la generación de energía renovable eólica y solar. No obstante, las emisiones asociadas a cambios en el uso del suelo y a los incendios -muy variables y dependientes de factores climáticos o los asociados a “El Niño”, con grave incidencia en 1997-1998 y 2015-2016-, llevan a una tendencia global creciente, cuya magnitud se aprecia en la Figura siguiente. China, según este Informe, sería la responsable del 26% de esas emisiones, EEUU del 13%, la UE del 9% e India del 7%, lo que suma un 55% del total; y muestra, por un lado, la escasa importancia en el resultado global de la correcta política de mitigación de la UE y, por otro, la mayor importancia del abandono de la política de mitigación en EEUU.

En todo caso, las evidencias del cambio climático y su correlación con el calentamiento global son crecientes según reiteran distintos institutos y observatorios científicos. La Organización Meteorológica Mundial destacaba que este año 2017 parte de Europa, Oriente Medio, norte de África y suroeste de EE UU han tenido temperaturas extremas en los últimos meses; que las temperaturas medias de la Tierra y el mar han sido las más elevadas desde que hay mediciones; y que los escenarios climáticos apuntan a olas de calor más intensas, frecuentes y duraderas. El calentamiento global está afectando intensamente al deshielo y retroceso de los glaciares y a los períodos de deshielo anual, cambiando los patrones de inundaciones y sequías en amplias zonas del planeta –desde África a Europa, Asia o América- afectando a las vidas –y en muchos casos a la supervivencia- de una gran cantidad de población.

El artículo “Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population: a data-driven prognostic study” de G. Forzieri, el alt., miembros del Joint Research Centre, perteneciente al Directorate for Sustainable Resources de la UE, publicado en Agosto de este año (www.thelancet.com/planetary-health   Vol 1   August 2017) sintetiza los resultados de la investigación llevada a cabo para 28 países europeos, cuyo resultados finales, aun con el amplio margen de error que definen para sus predicciones -que necesariamente se incrementa a medida que ampliamos el horizonte temporal de las mismas- llevan a que más de 150.000 personas podrían morir anualmente en estos 28 países por olas de calor, de frío, inundaciones costeras, incendios forestales, crecidas de ríos, vientos huracanados y sequías para el año 2100. Y lo preocupante son sus previsiones para el período hasta 2040, en el que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero -principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono- y los países no cumplen con lo pactado en el Acuerdo de París, cuyo objetivo es que, a finales de este siglo, la temperatura mundial no se incremente más de 2º C, la cifra media de unos 3000 europeos que perdían la vida cada año debido a los desastres climáticos en el período de referencia (1981-2010), si no se implementan urgentes medidas de adaptación, podría aumentar hasta 32.500 muertes/año (rango de incertidumbre entre 10.700 y 59.300 muertes/año) para el período 2011-40. Y en el sur de Europa, las tasas de incremento tendrían especial gravedad –particularmente en el caso de la Península Ibérica- llegándose a multiplicar, para el período 2071-2100, como media anual, en 70 veces con respecto a las de referencia del período 1981-2010 en el caso de olas de calor; en 3 veces las asociadas a incendios; o hasta en 6 veces las asociadas a temporales costeros o inundaciones, con una incidencia media global de un incremento de más de 63 veces la mortalidad del período 1981-2010.

Si tenemos en cuenta que, desgraciadamente, diversos estudios empiezan a señalar que el Escenario de impedir el incremento de los 2ºC es ya prácticamente inviable y que superar los 3ºC de calentamiento medio global, no ya en 2100, sino para el horizonte del 2050 es factible si los “tipping points” definidos llegan a materializarse (fundamentalmente en lo que se refiere a la liberación natural por el calentamiento ya producido en el permafrost ártico de grandes cantidades de metano a la atmósfera) los efectos anteriores se incrementarían muy significativamente; y la magnitud e importancia de los efectos catastróficos para una parte muy importante del Planeta y de la Humanidad tendrían consecuencias difícilmente reversibles.

No es un secreto que el calentamiento global puede tener efectos devastadores a largo plazo sobre los territorios europeos, no sólo por sus efectos directos, sino también por la presión de las migraciones globales que generará de países en desarrollo más vulnerables. Todo lo cual, tanto para España como para la UE implica la urgencia de priorizar políticas de adaptación y resiliencia social, aunque sin abandonar y mejorar sus objetivos de mitigación y, en la medida de lo posible, cumplir los objetivos establecidos en la Hoja de Ruta para la Descarbonización de la Economía de la UE, para el 2050, documento al que nos hemos referido reiteradamente en esta sección, que opta por una reducción de emisiones superior al 85% para esa fecha.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL

El Gobierno español en la COP22, de 2016, reiteró su “compromiso” de lucha contra el cambio climático al firmar –muy tarde- el Acuerdo de París, volviendo a ofrecer Rajoy –como ya había hecho en la Cumbre de París- la realización de una Ley de Cambio Climático que, otro año después, sigue sin existir.

Mientras, las emisiones de GEI en España siguen creciendo, este año muy influenciadas por la sequía y la sustitución de la disminución de energía hidroeléctrica por energías fósiles; y continúan las nefastas políticas ambientales mantenidas desde 2012 en contra de las energías renovables y del autoconsumo energético, con la subvención a las energías fósiles, la promoción de la motorización individual basada en esos combustibles fósiles, la privatización y ocupación en riesgo de la costa, o la ausencia de una política hídrica y sobre el medio rural coherente con las necesidades de adaptación y mitigación del cambio climático, por citar sólo algunas de las más líneas más contradictorias con las políticas exigibles en un marco en el que las consecuencias del calentamiento global se van registrando de forma creciente, a medida que la temperatura media global se va incrementando, se acentúan las sequías e inundaciones fluviales, los cambios climáticos van afectando a la productividad agraria y a la sostenibilidad del medio rural y ecosistemas naturales, se incrementan las consecuencias negativas de los incendios, la afección al litoral –con la regresión de playas y el incremento de los efectos de los temporales- y empiezan a ser graves las afecciones a la salud y al confort ciudadano, sobre todo en áreas urbanas por afecciones respiratorias y golpes de calor.

Por fin, hace unos meses el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en colaboración destacada con el MAGRAMA, ha anunciado la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (la Ley, en lo sucesivo), con la creación de distintas comisiones y el establecimiento de un proceso de consulta pública. Esta normativa marco, en teoría pretende definir cómo se alcanzarán los compromisos marcados por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que fijó el Acuerdo de París. Proceso insuficiente que, en todo caso, como se señaló en la firma de dicho Acuerdo, conduciría a un calentamiento global superior a los 3ºC para el año 2100, superando el objetivo de los 2ºC establecido en el citado Acuerdo.

INADECUADO E INEFICAZ PROCESO DE CONSULTA-PARTICIPACIÓN PÚBLICA

EL MAGRAMA, vía internet, ha establecido un proceso de consulta-participación pública que ha recibido críticas generalizadas, ya que este supuesto proceso de participación (Preguntas consulta pública LCCTE, del que podía obtenerse información en http://www.lccte.gob.es/) cuanto menos puede calificarse de poco serio y manipulador, tanto en cuanto al tipo de preguntas incorporadas como en cuanto a la limitación de las contestaciones factibles a las mismas. En efecto, en varias de las preguntas se cuestionan la aplicación de principios que el Acuerdo y la UE han establecido como de obligado cumplimiento, como son las preguntas sobre si los objetivos deben ser específicos, sectoriales o de ambos tipos –cuando es obligatorio esto último-, o la obligación de su revisión temporal. Y, por otro lado, no se establecen preguntas sobre medidas concretas y necesarias para la transformación de la economía, aspecto en el que la participación pública sería crucial; y, sin embargo, se incide en aspectos formales y de técnica legislativa cuya respuesta tiende a reforzar las posiciones del Gobierno, incluido el hecho de que el cuestionario considere la posibilidad de que el Gobierno no sea capaz de elaborar y gestionar la aprobación de la Ley.

LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN URGENTE

La Ley y un cuestionario correcto deberían haber partido del hecho de que España, además de cumplir con los compromisos que la Unión Europea propone para la mitigación y política energética, tiene que afrontar con urgencia medidas de adaptación a las consecuencias del Calentamiento Global, que se irán registrando de forma creciente a medida que la temperatura media global se vaya incrementando. Y los Ministerios implicados deberían ser conscientes de que una Ley como la señalada es necesaria, pero no va a ser suficiente para la urgente labor de priorizar esa adaptación y resiliencia territorial y social y para avanzar significativamente en la necesaria descarbonización y desmaterialización de la economía española, en sintonía con la establecido en la anteriormente señalada Hoja de Ruta Europea al 2050.

Como se ha señalado en numerosas ocasiones desde el mundo científico, son prioritarias y urgentes no solo la Ley sino también una Estrategia y Objetivos cuantificados y medibles, con una planificación (Hoja de ruta continuada y adaptativa que permita “premiar” a los cumplidores e internalizar –castigar- los efectos negativos generados por los incumplidores) ligada a la adaptación y resiliencia social que, entre otros aspectos, signifiquen una modificación sustancial de la huella de carbono de la producción y consumo del país, una ordenación del territorio que aumente la resiliencia del medio rural y de los ecosistemas naturales, potencie la producción y mercados locales frente a lo global, y un modelo territorial de ciudades medias resilientes, con un urbanismo que potencie ciudades de mínimo metabolismo, compactas, diversificadas y complejas, eficientes energéticamente, de movilidad obligada minimizada, con mínimo uso de combustibles fósiles, con transporte público eficiente, y con dotaciones y condiciones ambientales y paisajistas que posibiliten el bienestar/buen vivir de los ciudadanos. Lo que a su vez exige adecuar la expansión urbanística a las necesidades, potencialidades y biocapacidad/sostenibilidad ambiental local.

Modificaciones legislativas y planes específicos de ordenación del territorio, urbanísticos y sectoriales, que deberían encuadrarse en un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que asuma los compromisos de la Agenda de París y las modificaciones más exigentes de la UE, y en unas Estrategias Integrales/Agenda 2030 dirigidas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asumidos por el Gobierno de España en 2015, y unos escenarios de descarbonización y desmaterialización general en consonancia con la Hoja de Ruta Europea para el 2050.

Exigencias que van mucho más allá de la capacidad de comprensión y de los intereses que defiende el actual Gobierno de España pero que, en todo caso, obligan a señalar que, como mínimo, se necesitan Objetivos concretos de carácter vinculante tanto globales como sectoriales en un marco legal estable a largo plazo, predecible y sin riesgos de involuciones para la inversión privada; lo que exige una amplia unanimidad de los partidos políticos y del conjunto de la sociedad, si se pretende hacer viable la evolución de la economía, tanto en lo que se refiere a producción, como a formación bruta de capital fijo o al consumo, hacia un modelo sostenible y bajo en carbono.

Son necesarias medidas tanto en el ámbito legislativo –modificación de leyes existentes e inadecuadas que permitan esa adaptación y resiliencia ante los procesos esperables- como en el del establecimiento y aprobación de planes que permitan controlar los aspectos correspondientes ligados, fundamentalmente, a los sistemas hídricos (ley de aguas, planes de ordenación del territorio y urbanísticos con incidencia sobre sequías y áreas de inundación fluvial), a la productividad agraria y sostenibilidad del medio rural y de los ecosistemas naturales (ley de desarrollo rural sostenible y ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, con sus planes correspondientes); sobre la afección al litoral, modificando la ley de costas contra-reformada por el PP, atendiendo a la regresión de playas y al incremento de los efectos de los temporales, con una adecuada planificación sostenible del desarrollo del litoral; o a una potenciación de la información, educación, I+D+i, y transferencia de tecnología en adaptación e incremento de resiliencia, difundiendo los conocimientos existentes al respecto, que posibilite la imprescindible respuesta social.

Es imprescindible ser conscientes de que la planificación que tan poco gusta a este Gobierno es el instrumento necesario para viabilizar la reducción de la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población, de los sectores socioeconómicos y de los ecosistemas. Y la única vía para reforzar la capacidad de respuesta ante el calentamiento global, lo que exige una política territorial estatal y una ordenación del territorio regional, junto a una planificación urbanística local concertadas y coordinadas, capaces de adecuar las actividades, las infraestructuras y las edificaciones a los riesgos previsibles y aproximar incrementalmente la sociedad y territorios españoles a las necesidades de descarbonización y desmaterialización socioeconómica.

Cada uno de los ámbitos en los que inciden los efectos del Calentamiento Global en España exige medidas específicas, y las vías de actuación prioritarias son claras y se vienen reiterando desde distintos foros científicos nacionales e internacionales. Empezando por la citada modificación de las normas y leyes precisas para asegurar una adecuada resiliencia en los territorios en riesgo, adaptando sus infraestructuras y políticas; o siendo ejemplares en materia de ahorro energético, eficiencia y mitigación de emisiones, conseguir una transición energética renovable cuyos pilares sean la democratización de la energía y el derecho al autoconsumo renovable, así como lograr impulsar un modelo de producción/consumo local basado en la proximidad, que minimice el transporte de alimentos y productos. Por ahora se está muy lejos de frenar el deterioro ambiental, garantizando una justa distribución social de los recursos y el ajuste del metabolismo social a la biocapacidad del país, lograr la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del transporte con origen renovable, o de la potenciación del uso de combustibles alternativos de bajas emisiones.

CONCERTACIÓN, COLABORACIÓN, INFORMACIÓN, CONTROL PROACTIVO, ENSEÑANZA. CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMO ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO

Otro de los elementos básicos del proceso exigible se encuentra en garantizar una participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales real –y no meramente formal- y proactiva en la elaboración y evaluación de riesgos, y en la explicación de los cambios imprescindibles en las leyes. Proceso de participación que es bien conocido que debe partir de una información completa y transparente que ayude a una concienciación sobre los problemas que hay que resolver y permita una verdadera concertación de los objetivos a conseguir. Lo que hace imprescindible una adecuada evaluación y medición de los elementos definidores de los problemas (riesgos del calentamiento global en cada territorio y determinación del ciclo de carbono en la producción y emisión de todo tipo de actividad económica). Sólo en este marco es posible exigir una corresponsabilización de todos los agentes sociales en el logro de esos objetivos previamente concertados.

Tras la definición e información sobre la problemática existente a través de los medios de difusión pública –incorporando la evaluación de riesgos y la identificación de los territorios (costas, ciudades, etc.) vulnerables- deben definirse los Objetivos específicos concertados, tanto de adaptación que reduzcan o eliminen los riesgos señalados como los de mitigación que cumplan, al menos, con los compromisos internacionales vigentes, estableciendo con las CCAA y con las Administraciones locales Marcos estratégicos de adaptación y mitigación que integren los objetivos, la planificación y programación territorial y sectorial con la información/explicación/concertación/corresponsabilización previa de los implicados, y las medidas de seguimiento, evaluación y gestión proactiva del cumplimiento de objetivos.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Volviendo al tema con el que iniciábamos este artículo, el esquema regulatorio y de planificación-intervención señalado debe considerar de manera específica la política de disminución de riesgos y efectos de los incendios, ya que, como se ha señalado, con el calentamiento global aumentará el número de conatos y el porcentaje de ellos que acabarán en grandes incendios se incrementará, superando la superficie total quemada las cotas de más de 200.000 ha/año, con un número reducido de incendios que alcanzarán grandes dimensiones, pero que serán responsables de la mayoría de los daños. No sólo deben corregirse radicalmente políticas implantadas desde 2009 y recuperar urgentemente medidas y líneas de actuación prácticamente penalizadas por el Gobierno de Rajoy, sino que en el marco del esquema global de intervenciones antes señaladas, y con el máximo conocimiento, información y transparencia hacia la ciudadanía, debería priorizarse urgentemente:

  • Promover un desarrollo rural sostenible, que, junto a la disposición de fondos presupuestarios suficientes (corrigiendo las reducciones presupuestarias establecidas desde 2012), permitan ejecutar medidas de silvicultura preventiva que hagan desaparecer, entre otros aspectos, masas continuas e indiferenciadas de especies pirófitas alóctonas, transformando los bosques monoespecíficos a biodiversos, con especies autóctonas mitigadoras de las consecuencias de los incendios.
  • Es necesaria una mayor planificación estatal sobre los sistemas forestales, ya que sus beneficios no sólo afectan a las comunidades autónomas en que se encuentran los bosques, sino que estos se generalizan sobre todos los ciudadanos y sobre los territorios situados aguas debajo de los mismos, por su incidencia sobre los servicios de los ecosistemas o el ciclo hidrológico, al favorecer la infiltración y permitir caudales más estables en los ríos.
  • Promocionar los valores ecológicos, económicos y sociales de los ecosistemas forestales bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental, asegurando que los beneficios que generan los bosques recaigan sobre los habitantes de las localidades en que se encuentran los mismos (conviene recordar el bajo número y consecuencias de incendios en localidades en las que la población se beneficia directamente de la explotación de los bosques).
  • Asignar los recursos económicos necesarios para cuidar los bosques y la ganadería extensiva (lo que generaría empleo estable en el medio rural) en vez de luego tener que emplear esos recursos económicos en la extinción de los incendios que se producirán en los mismos ante la falta de estos cuidados.
  • Se deben crear, en las áreas de riesgo de incendios crecientes como consecuencia del previsible calentamiento global, Observatorios/Agencias comarcales de prevención contra incendios, de funcionamiento permanente con capacidad para el desarrollo de actuaciones y de gestión de las áreas de riesgo, para ofrecer información a los habitantes sobre los riesgos, organizar acciones de coordinación y voluntariado y, en caso de emergencia, informar sobre las medidas de seguridad necesarias para la población y participar en las labores coordinadas de extinción.
  • Se deben ejecutar las infraestructuras de prevención necesarias en cada ámbito según el nivel de riesgo (pistas, cortafuegos, puntos de agua, instalaciones de vigilancia, pistas para medios aéreos, etc.).
  • Se debe controlar el cumplimiento de las regulaciones de autodefensa en la interfaz urbano-forestal, que deben ser consideradas prioritarias y dotadas de los presupuestos necesarios.
  • Se deben establecer medidas más eficaces para reducir la incidencia de las negligencias y de los incendios intencionados, mediante actuaciones normativas y de educación social que fomenten comportamientos responsables.
  • Se deben potenciar los medios de la Fiscalía Especial contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, del SEPRONA, y de los agentes forestales para la persecución y penalización de actuaciones ilícitas.
  • Se deben propiciar e incentivar líneas de I+D abiertas al desarrollo de técnicas de prevención, alarma y extinción rápida de conatos y pequeños incendios, con la actuación conjunta de medios de la administración local, CCAA y AGE, adecuadamente coordinados, evitando que se transformen en grandes incendios de muy graves consecuencias.
  • Se debe regular y potenciar el aprovechamiento de la biomasa residual de los montes como energía alternativa.

No podemos terminar sin señalar que las competencias de las Comunidades Autónomas hacen que ellas sean necesariamente el principal agente gestor de la problemática de los incendios; y que el nuevo Modelo de desarrollo exigible en el marco de la descarbonización y desmaterialización que exige la dinámica de cambio global en que nos encontramos, así como las urgentes medidas de adaptación y resiliencia ante un calentamiento global progresivo y prácticamente ya en la actualidad inevitable, hace imprescindible una ordenación del territorio que propicie un desarrollo territorial ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrado y socioeconómicamente cohesionado, evitando que la fuerte carencia de medios aplicados para la gestión del patrimonio natural incida en el número y consecuencias de los incendios que se producen en la actualidad.