LA HUIDA DEL CONTROL PARLAMENTARIO

gfdez140916

Ha bastado el sonrojante incidente de la propuesta del ex Ministro Soria para ocupar un puesto directivo en el Banco Mundial para que vuelva a salir a la luz la noción que el Presidente Rajoy y la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría tienen sobre el control parlamentario. El tema se suscitó en la anterior y efímera legislatura, cuando el Gobierno impidió que varios Ministros (Morenés, García Margallo y la actual Presidenta del Congreso Pastor) acudieran a un Pleno a solicitud de la Cámara. Como el Presidente del Congreso no era la servil Pastor, el Congreso suscitó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias que, según algún diario, se sustanciará a finales de octubre (sobre este tema, mi artículo “El Gobierno en funciones ante el control del Congreso”, Ahora, 15 de abril de 2016).

En la nueva legislatura el Gobierno vuelve a querer escaparse del control parlamentario, pero antes de analizar los fundamentos jurídicos de esa escapatoria conviene recordar dos circunstancias que agravan la situación. La primera circunstancia es de carácter subjetivo. Antes de la investidura, a lo largo de agosto, los españoles sólo hemos visto a Rajoy en un par de ocasiones en el Congreso y en varios paseos en Galicia. En sus paseos, Rajoy iba siempre acompañado de una persona que, mire usted la casualidad, es el marido de la Presidenta del Congreso. Los ciudadanos no vamos a criticar a Rajoy por pasear con quien quiera, pero sí tendríamos que pedir al Presidente del Gobierno menos prepotencia. Porque exhibir a ese acompañante es uno de tantos gestos prepotentes de Rajoy pues nos está diciendo a los ciudadanos: que vuestros Diputados hagan lo que quieran, que yo controlo el Congreso a través de mi amiga la Presidenta. Aunque pueda parecer exagerado, la compañía del cónyuge de la Presidenta en todos los paseos gallegos tiene algo de ofensivo, de reírse de los Diputados que no son de su partido.

La segunda circunstancia es de carácter político. En la efímera legislatura 2015-2016 el Congreso intentó ejercer el control parlamentario regular sobre el Gobierno en funciones y por eso convocó a algunos Ministros que no quisieron acudir. Eran convocatorias sin excesiva carga política (el pacto Unión Europea–Turquía sobre refugiados, el despliegue de la operación naval de la OTAN en el Egeo, etc.) pero provocaron una firmísima respuesta del Gobierno que se ha enrocado en una posición insostenible, probablemente con el fin de evitar situaciones que provoquen desgaste electoral, como, por ejemplo, la propuesta de Soria para el Banco Mundial.

Si en la anterior legislatura el Gobierno presentó en el Congreso un escrito jurídicamente erróneo, con propuestas irrisorias (que a lo sumo comparecieran los Secretarios de Estado), en esta nueva legislatura no ha sido necesario porque, a diferencia de la anterior, el Gobierno tiene a sus órdenes (insisto, a sus órdenes) a la cónyuge del amigo que acompaña al Presidente en sus caminatas estivales, de modo que esta señora es el cortafuegos de las iniciativas que adopta la mayoría de la Cámara a través de su Junta de Portavoces.

Llegados a este punto, ¿cuál es el sustrato jurídico de ambas posiciones? Adelantemos que desde que se constituyó el Gobierno de Rajoy en diciembre de 2011, su Vicepresidenta se ha dedicado a retorcer la Constitución y a manipularla y malinterpretarla cada vez que le convenía a Rajoy. Con este punto de partida, el Gobierno, a través de su Vicepresidenta, sostiene que al no haber recibido la confianza de la Cámara, el Gobierno en funciones no se debe someter al control parlamentario. Pero este razonamiento contiene dos grandes errores.

En primer lugar, en el imaginario constitucional de la señora Sáenz de Santamaría se identifica control parlamentario con relación fiduciaria, que es la que entabla el Congreso con el Presidente del Gobierno cuando vota su investidura. Pero este argumento es incierto, pues si así fuera, ¿por qué hay control parlamentario en el Senado que no otorga ni retira su confianza al Presidente? Jurídicamente hablando, una cosa es la relación de confianza que entabla el Congreso con el Presidente y otro el control parlamentario que es permanente.

En segundo lugar, el control parlamentario es una función permanente de las Cortes, de las dos Cámaras, porque así lo proclama el artículo 66.2 de la Constitución (“…controlan la acción del Gobierno”). Las Cortes controlan toda la acción de todos los Gobiernos, estén o no en funciones. Hay que recordar que el régimen jurídico del Gobierno en funciones es de naturaleza legal (la Ley del Gobierno de 1997), no constitucional, por lo que difícilmente el Gobierno en funciones se podría sustraer de una función parlamentaria que ha establecido la propia Constitución. Y es lógico que sea una función permanente, dirigida a todo Gobierno, porque de lo contrario estaríamos ante la paradoja de que el Gobierno en funciones sería un Gobierno que sólo sería responsable ante Dios y ante la Historia, y que podría hacer mangas y capirotes sin generar responsabilidad.

En definitiva, el Gobierno, todo Gobierno, está sometido al control parlamentario, porque así lo establece, sin excepciones, el artículo 66.2 de la Constitución. Y si la Ley del Gobierno no ha previsto nada al regular el Gobierno en funciones es porque jurídicamente no podía hacer excepciones. Lo demás son elucubraciones de dudosa densidad argumental, que sólo pretenden que el Gobierno de Rajoy actúe impunemente escapándose de las Cortes y de la opinión pública.