“LA HUELGA NO ES UN DELITO”. DENUNCIAS… Y PROPUESTAS

“LA HUELGA NO ES UN DELITO”. DENUNCIAS… Y PROPUESTAS

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El próximo día 9 de febrero serán juzgados ocho sindicalistas de la empresa Airbus de Getafe (antigua CASA), acusados de promover incidentes (sin fundamento ni pruebas) en las movilizaciones que acompañaron a la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra las políticas de ajuste y las reformas neoliberales del Gobierno. La fiscalía solicita 66 años de cárcel (ocho años y tres meses para cada uno) y multas en base al artículo 315.3 del Código Penal, simplemente por ejercer un derecho constitucional, como es el derecho de huelga.

Este juicio se enmarca en un contexto de fuerte represión de las protestas sindicales, que han conducido a la apertura de 81 procesos abiertos a 300 sindicalistas acusados de participar en piquetes informativos relacionados con huelgas generales, sectoriales y de empresas. Es el corolario de una preconcebida campaña en contra del movimiento sindical organizado, por su oposición a la reforma laboral, al abaratamiento del despido, al desplome salarial, a las políticas de ajuste, al deterioro de los servicios públicos y a una política fiscal injusta, ineficiente y permisiva con el fraude fiscal.

En los distintos hechos acaecidos en plena crisis resultaron golpeadas y heridas varias personas como consecuencia de una brutal y provocadora caza de brujas de la policía, que llegó a utilizar incluso armas de fuego con disparos al aire. Sin duda, las movilizaciones por defender el derecho constitucional de huelga fueron tratadas como si fueran un vulgar conflicto de orden público, con lo que deliberadamente se pretendía frenar las movilizaciones obreras e introducir el miedo como elemento disuasorio contra las protestas en defensa de los derechos adquiridos. Ante semejantes atropellos, los sindicatos (CCOO y UGT) han venido desarrollando en los últimos años campañas de información y de divulgación con el propósito de defender a los procesados y denunciar ante las instancias judiciales, la OIT, el movimiento sindical europeo y organismos internacionales, la criminalización de la libertad sindical y el derecho de huelga.

En sus propuestas, la UGT y CCOO piden expresamente la derogación de la “Ley Mordaza” y del artículo 315.3 del Código Penal que pone en entredicho el ejercicio del derecho de huelga. Paralelamente, los sindicatos están reflexionando sobre los resultados de su acción sindical (muy defensiva y encaminada únicamente a limitar daños), ante la evidencia de que no se ha comprendido ni valorado su política de responsabilidad ante hechos de esta naturaleza y de que tampoco se han reconocido los efectos perniciosos de la reforma laboral y de las severas políticas de ajuste, con el agravante de que ello no ha revertido en la creación de empleo y en la resolución de los problemas relativos a la precariedad, los bajos salarios, la pérdida de poder de compra de las pensiones y el desplome de la protección por desempleo, lo que, como consecuencia, ha elevado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social hasta cotas desconocidas hasta ahora.

No es extraño que los sindicatos se estén planteando pasar de una actitud defensiva a una más ofensiva en el desarrollo de la acción sindical, lo que explica el llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos de izquierda para que se pongan de acuerdo y formalicen un gobierno progresista que recoja sus reivindicaciones en base a un programa social de mínimos, aplicable en el actual contexto político, económico y social. Según CCOO, el país y los ciudadanos no podrán soportar durante otros cuatro años las mismas políticas…

De entrada, los sindicatos exigen la superación de las desigualdades: el reparto de la riqueza para crecer de manera sostenible, lo que requiere, entre otras medidas, revisar y modular la corrección del déficit que nos exige Bruselas. Esta política supera el discurso ideológico neoliberal que propone que la economía debe crecer para poder repartir después, en coherencia con el nuevo discurso de la socialdemocracia emergente en el Reino Unido (Jeremy Corbyn) que pretende abrirse paso en la UE, no sin dificultades, como se observa en los medios de comunicación.

En relación con el empleo, los sindicatos exigen un Plan de choque contra el desempleo y apuestan definitivamente por derogar la reforma laboral y por cambiar nuestro modelo productivo, impulsar el crecimiento de la economía, aumentar la dimensión de las empresas, buscar nuevos yacimientos de empleo (verdes, sociales y de alto valor añadido), poner en práctica políticas activas de empleo y reformar en profundidad las oficinas públicas de empleo. En este mismo sentido proponen un aumento de los salarios (sobre todo del SMI), que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores y garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como dinamizar el diálogo social y la negociación colectiva, lo que repercutirá en la mejora del consumo y por lo tanto del empleo.

En tercer lugar, están defendiendo ampliar el espacio público y mejorar los servicios básicos muy deteriorados por una gestión lamentable del Gobierno Rajoy. En todo caso, en relación con los servicios públicos, los sindicatos exigen recuperar la financiación previa a la crisis (eliminar copagos, recuperar becas y combatir las privatizaciones) y mejorar el prestigio y la calidad de dichos servicios (Sanidad, educación y servicios sociales) en función de los intereses de los más desfavorecidos.

En cuarto lugar, plantean que la protección social recupere el protagonismo que merece, con el propósito de reducir la fuerte brecha social abierta por el PP en asuntos tan esenciales como las pensiones, la dependencia y la prestación por desempleo. Las pensiones son la gran preocupación de los ciudadanos, dado el deterioro que han sufrido los ingresos a la Seguridad Social (SS) en esta legislatura y, en particular, su Fondo de Reserva (se ha reducido a la mitad), muy afectados por la precariedad, las bonificaciones a la contratación (tarifas planas) y el desplome de los salarios. Por eso, los sindicatos reclaman en la actual situación a los partidos de izquierda que recuperen el Pacto de Toledo, abordar definitivamente el capítulo de los ingresos (cotizaciones, separación de fuentes, impuestos…) y frenar el vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Finalmente, los sindicatos reivindican una renta mínima garantizada para las personas excluidas socialmente por una nefasta gestión de la crisis.

En quinto lugar, CCOO y UGT exigen que se aborde globalmente la política fiscal bajo el principio de la equidad, la sostenibilidad y la justicia social (deben pagar más los que más tienen y apostar por los impuestos directos y no por los indirectos), recuperando el impuesto al patrimonio y eliminando las deducciones fiscales que vacían de contenido real el impuesto de las grandes empresas. Combatir el fraude fiscal es una pieza clave y fundamental del engranaje encaminado a mejorar los ingresos del Estado, por lo que se propone mejorar sustancialmente el funcionamiento de la Inspección de Hacienda, dotándola de medios técnicos y humanos equiparables a los países más avanzados de la Unión Europea. Por otra parte, la Unión Europea y el ámbito del Estado deben ser el escenario de una dura batalla por implantar definitivamente el impuesto a las transferencias financieras y por combatir las SICAV, la evasión de capitales y los paraísos fiscales.

Por último, y en sexto lugar, exigen profundizar en la regeneración democrática, lo que obliga a revisar a fondo la estructura territorial del Estado y reformar la Constitución. En relación al problema concreto de Cataluña, UGT y CCOO propondrán al futuro Gobierno que se siente a negociar con el Gobierno de la Generalitat un Acuerdo que resulta imprescindible para que todos -los independentistas y los defensores de la Constitución- puedan votar finalmente en una consulta la ratificación de un hipotético Acuerdo. En todo caso, los partidos progresistas deben cerrar un compromiso con los electores en tres asuntos de primera magnitud que están comprometiendo nuestro presente y pueden hipotecar nuestro futuro: puertas giratorias, duplicidad de cargos y lucha contra la corrupción en los diversos niveles de la estructura partidaria e institucional.

Ante la renuncia táctica de Rajoy (asediado por nuevos casos de corrupción organizada), el añorado Acuerdo que defienden los sindicatos estaría encabezado por el PSOE, que está obligado a intentar formar Gobierno al ser la segunda fuerza más votada. En este caso, la opción de Podemos es una opción básica y necesaria para dotar de la máxima estabilidad posible a un futuro Gobierno (que debería estar presidido por la lealtad mutua y el rigor de las propuestas), que contaría, además, con la participación relevante de IU (aporta casi un millón de votos). En cualquier caso, la actitud pasiva en relación a la gestación del Gobierno del resto de los partidos políticos (incluido Ciudadanos) no excluye en absoluto que participen después en futuros consensos -en el ejercicio de Gobierno- relacionados con las reformas pendientes y, sobre todo, con la aplicación de un paquete social (recuperar los derechos perdidos) que vaya paulatinamente superando la escandalosa desigualdad y la creciente pobreza. Entre los asuntos pendientes no olvidamos el ya mencionado problema de Cataluña, que debe ser tratado a fondo en la búsqueda de un compromiso final entre los Gobiernos de la Generalitat y del Estado, a sabiendas de que, en cualquier caso, el PP mantiene su capacidad de veto y, por lo tanto, debe intervenir de manera destacada en la gestación y finalización del problema catalán. Con este planteamiento, el “derecho a decidir” dejaría de ser un problema insalvable para Podemos e, incluso, para Ciudadanos y las formaciones nacionalistas en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa será gobernar…