LA HISTORIA SE REPITE

Catalunya vive momentos de intensa tensión, previos a algo tan grave como puede ser, o ya es, un proceso insurreccional contra el Estado español. El desbordamiento emocional impide cualquier aproximación racional al problema. Mi propia experiencia me demuestra que el dialogo es ya imposible, incluso entre personas unidas por vínculos de afecto familiares o amistosos.

Pase lo que pase el domingo, será difícil reconducir una situación de división, de profundo desgarre de la sociedad catalana, que está dividida en dos mitades, abierta en canal en lo que se refiere a su relación con el resto de España.

Hay que insistir en la realidad de esta división. Para un marciano que observara a distancia lo que ocurre, le parecería que hay una absoluta unanimidad en torno a la voluntad de independencia, puesto que de las dos mitades solo una se expresa. Y lo hace con fuerza, entusiasmo y movilización. Tiene un relato, una épica, una historia que recordar, agravios que vengar y una ilusión para construir el futuro. Y aunque estas emociones se basen en muchas falsedades, a fuerza de repetirlas se han convertido en verdades inapelables.

Los independentistas cabalgan a lomos de sus emociones desbocadas, porque tienen una bandera en la que envolverse gozosos, un himno que cantar y otro al que silbar. Tienen un enemigo, el Estado español, opresor de sus libertades y expoliador de su trabajo. Y creen que el mundo les recibirá con los brazos abiertos porque el derecho internacional reconoce y defiende su derecho a la autodeterminación. Y, por supuesto, que el nuevo Estado independiente seguirá siendo de forma automática, o con muy breves negociaciones, miembro de la UE y del euro.

La otra mitad, aunque existe, esta silenciosa. Por temor o por desinterés. Y tiene cada vez más difícil expresarse ante la violencia verbal que sufren los que no participan del movimiento independentista o se atreven a criticar la ilegalidad o falta de garantías jurídicas del referéndum. Véase lo que le ocurrió al director de El Periódico de Barcelona por atreverse a cuestionar la actuación de la Generalitat ante el atentado ocurrido en Barcelona el pasado agosto. Algo perverso le ocurre a la sociedad catalana cuando una persona como Serrat es tachado de fascista y de traidor, mientras que el siniestro Otegui es un héroe que encabeza manifestaciones.

Desgraciadamente, es probable que en los próximos días se pase de la ya insoportable violencia verbal a la violencia física que parece desear Forcadell, cuando dice que “hay que poner al Estado contra las cuerdas y obligarle a reaccionar”. Se puede, con razón, señalar la responsabilidad en la que ha incurrido el PP desde la oposición y desde el Gobierno, por acción y por omisión. Pero también hay que señalar la responsabilidad del relato de mentiras y exageraciones, del que Junqueras ha sido el gran fabulador, basado en el “España nos roba” en beneficio de los indolentes del Sur, y el “España nos odia”.

Y ahora, cuando ya han conseguido envenenar los espíritus con la historia del expolio fiscal que sufre Catalunya y que no tiene parangón en el mundo, adornándolo con inventadas comparaciones con lo que sucede en otros países como Alemania, se permiten cínicamente decir que nunca usaron esa agraviante expresión.

Una labor de adoctrinamiento pertinaz y persistente ha dado sus frutos. Entre otras cosas porque no fue contrarrestada con igual energía y dedicación desde los Gobiernos de España, ni los del PP ni los socialistas, pero tampoco, con escasas y honrosas excepciones, desde los medios de comunicación, los intelectuales, la universidad, los centros de pensamiento o los creadores de opinión.

Algunas reacciones llegan demasiado tarde. Por ejemplo, El periódico El País publicaba esta semana en portada “El expolio fiscal que nuca existió” remitiendo a un documentado artículo que desmontaba la tesis de los 16.000 millones en los que Junqueras ha cifrado el permanente expolio fiscal que sufre Catalunya. Pero, ¡!ha esperado a explicarlo hasta tres días antes del referéndum!!!, cuando esta historia hace 10 años que cae como lluvia fina mañana, tarde y noche sobre las conciencias de los catalanes.

Junqueras supo desde hace tiempo que con los sentimientos identitarios de una parte de la población no habría suficiente apoyo para la independencia. Había que crear elementos más tangibles para convencer de que la independencia significaría el cuerno de la abundancia para todos, con mensajes llanos y entendibles como el de que todos los catalanes tendrían ya pagada la hipoteca de sus casas, si no hubiesen estado sometidos al yugo fiscal del Estado español.

Estos días, en Londres, he tenido ocasión de mostrar en video los discursos comparados de Junqueras y de Farage, el líder del Brexit, y se parecen como dos gotas de agua: “solos nos lo montamos mejor”, y “tendríamos mucho más dinero para atender nuestras necesidades”. Las banderolas de los autobuses de Londres anunciando que el Brexit significaría dejar de aportar a la UE el equivalente de un nuevo hospital a la semana, responden a la misma dialéctica de la fabula de los 16.000 millones de Junqueras. Al día siguiente del Brexit, sus promotores reconocieron que sus cálculos eran falsos, pero es indudable que esa promesa influyó en el resultado de manera decisiva.

Explotando las emociones identitarias de unos y el interés egoísta iracional de otros, los independentistas han creado y mantenido la ficción de la unidad del pueblo catalán entorno a su lucha por la libertad y la independencia, el mito de “un sol poble”, en cuyo nombre hablan continuamente y que nuestro observador marciano podría creer desde su lejana y superficial visión.

Pero esta es una falsa historia. No existe “un sol poble”, la sociedad catalana vive un empate entre una mitad que se reconoce en una identidad exclusivamente catalana, que reclama la construcción de un Estado propio, y otra mitad que no quiere renunciar a su condición de españoles, porque la considera compatible con su identidad catalana, y/o porque además cree que los costes inmediatos de una secesión serían demasiado grandes y sus beneficios futuros muy inciertos.

La gran línea divisoria que separa las posiciones políticas en España, en este momento, es la relativa a una cuestión tan vieja como la de la soberanía del conjunto del pueblo español, que ya fue puesta en cuestión precisamente un 6 de octubre, en 1934, cuando Companys proclamó la Republica Catalana. Sabemos cómo acabó aquello, pero lo que estamos viviendo ahora puede ser una repetición de aquellos trágicos acontecimientos.

En el actual debate político, unos creemos que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y aceptamos lo que dice al respecto la Constitución. Y conviene aclarar que en eso no somos ninguna anomalía democrática. No somos nada raros, nuestra Constitución dice lo mismo que lo que dicen las Constituciones de países tan democráticos como Alemania, Francia, Italia y EEUU.

Veamos algunas precisiones al respecto: en EEUU la indivisibilidad del país está establecida constitucionalmente; en el 2006 el Tribunal Supremo de Alaska, basándose en la jurisprudencia constitucional, (Corte Suprema de los EEUU: “la Constitución en todas sus disposiciones vela por el mantenimiento de una unión indestructible…”), rechazó la demanda de organizar un referéndum de autodeterminación en dicho Estado diciendo que “la secesión es claramente inconstitucional y por ello impropia de una consulta”; en el 2013 el Presidente Obama contesto a una petición solicitando la independencia de Texas, que “La Constitución no proporciona mecanismos para que un Estado salga de la Unión”.

En Francia la declaración de unidad de la Republica es tajante y el ex primer ministro Valls declaraba, con ocasión de la reforma de la estructura regional del país, que “constitucionalmente solo existe el pueblo francés”; la integridad territorial es incluso un condicionante para la viabilidad de las reformas constitucionales, (art 89, “ningún proceso de revisión constitucional pude plantearse cuando la integridad del territorio de la Republica este afectada. En Italia se considera que la declaración de indivisibilidad del país, (art 5 de la Constitución) pertenece al conjunto de principios fundamentales que son irreformables; en Alemania se consideran inconstitucionales los partidos que pongan en peligro “la existencia” de la Republica Federal. Nuestra Constitución, será de una baja calidad democrática, como lamenta el señor Mas, pero lo es tanto como las Constituciones escritas de países tan democráticos como los citados, y no cuestiona la posibilidad de su reforma.

La URSS aceptaba en su Constitución la autodeterminación de sus Republicas, pero ya se sabe con qué efectos. Actualmente no hay casi ninguna Constitución escrita que acepte la autodeterminación de sus territorios, con la excepción de Abisinia y alguna isla caribeña. Tampoco en el Reino Unido existe ese derecho, como lo demuestra que la petición de celebrar un segundo referéndum en Escocia depende de que lo autorice el primer ministro, según que le parezca bien, o negarlo si no se lo parece. Y ahora la señora May dice que no toca, porque no le parece apropiado. Esto es algo muy distinto de un derecho, porque si lo fuera no habría que pedir permiso a Downing Street. Quebec celebró dos referéndums de autodeterminación, que perdieron los independentistas, decididos por el gobierno regional, porque la Constitución no los prohíbe. Pero los independentistas nunca aceptaron la Ley de la Claridad, posteriormente aprobada por el Tribunal Supremo, para regular futuros referéndums que no se han llegado a convocar, porque los nacionalistas no gobiernan ya Quebec.

En cambio, para otros la soberanía es “troceable”; los distintos territorios que componen la geografía española, léase hoy Comunidades Autónomas, que lo deseen podrían decidir por sí y ante sí, seguir formado parte de España, o montárselo por su cuenta. Catalunya sería soberana, pero llegado el caso, porqué no podría serlo Murcia también. Con lo que de nuevo la Historia se repetiría.

Hay que señalar que Podemos se ha situado claramente del lado de los que no aceptan que la soberanía sea del conjunto de los españoles, acompañando a Otegui en las manifestaciones del 11 de septiembre, que ha dejado en la práctica de ser la fiesta nacional de Catalunya, y declarándose a favor de referéndums de autodeterminación para Catalunya.

Espero que esta posición les represente un coste electoral, porque no creo que a la mayoría de los españoles, de derechas o de izquierdas, o de centro, o de arriba o de abajo, se sitúen donde se sitúen en el sistema de coordenadas políticas que pretenda utilizar Podemos, sean partidarios de reinventar la Historia de la Confederación Ibérica.

Pero ese el problema de Podemos, que acabará siendo una especie de confederación de izquierdas autónomas, y de sus difíciles equilibrios en Catalunya, con las ambigüedades de la señora Colau.

Para los socialistas es importante mantener la posición de apoyo al Gobierno en la respuesta proporcionada (gracias sean dadas a la profesionalidad y capacidad de contención de la que han dado muestra hasta ahora los guardias civiles en el desempeño de sus misiones como policía judicial en Catalunya), tanto como eficaz (las dos cosas son necesarias) para enfrentarse al desafío independentista y garantizar el orden Constitucional, lo que no es incompatible con la crítica a la responsabilidad que le incumbe al PP como partido y a Rajoy como Presidente de Gobierno, por acción o por omisión, en haber llegado donde hemos llegado.

Los cantos de sirena que se han hecho circular estos días desde los que se sitúan entre los socialistas y Podemos, para que Pedro Sánchez presentara una moción de censura a Rajoy, que sería apoyada por Podemos y el arco nacionalista-independentista, con Rufián incluido, a cambio de que Puigdemont aplazara el referéndum, eran, en mi opinión, un despropósito que estoy seguro de que nunca ha sido considerado por la dirección del partido socialista como algunos están insinuando malévolamente.

Por supuesto que hemos de tender puentes y propiciar el diálogo del que solo puede salir la solución. Pero tampoco caigamos en el “buenismo” que practicamos en el pasado, ni en “equidistancias blandas” del estilo “aquí no puede haber vencedores ni vencidos”. Vamos a llamar a las cosas por su nombre: estamos ante un choque de legalidades, los independentistas han pretendido crear una legalidad nueva, diferente y contrapuesta a la constitucional española y al propio Estatut de Autonomía de Catalunya. Y no puede haber dos legalidades. Una tiene que acabar sobreponiéndose a la otra, es decir, venciéndola.

Los independentistas pueden lanzar, como han hecho, un desafío al Estado, y pueden ganar o perder ese desafío, pero no pueden pretender a la vez desafiar y negociar. Tienen que perder el desafío que han lanzado al Estado o este dejara de existir. Lo cual no quiere decir que desde el orden constitucional no haya que buscar salidas a esta situación, porque el statu quo es tan insostenible, como el salto en el vacío que representa el independentismo por las bravas.

Estas y otras consideraciones se exponen en el libro colectivo Escucha España, escucha Catalunya, en cuya redacción he participado junto con J. Piqué, F. de Carreras, y J. Lopez Burniol, que es un alegato de lo que podríamos llamar el “frente constitucionalista”, contra la secesión y a favor del entendimiento entre Catalunya y España.

Llegó a las librerías cuando, el pasado día 6 de septiembre, el Parlament de Catalunya vivía una jornada esperpéntica y, haciendo caso omiso a toda la legislación vigente, tanto la catalana como la española, y a sus propios reglamentos, aprobaba las leyes fundacionales de la República Catalana y convocaba el referéndum que se pretende celebrar este domingo, inmediatamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Desde entonces, la situación no ha hecho sino empeorar y la escalada de la tensión ha seguido creciendo, porque todas las actuaciones del Gobierno han sido presentadas como nuevos agravios para “los catalanes”. Y ahora, desde Barcelona, constato la gravedad de la situación, ante una oleada emocional calentada por la irresponsabilidad de quienes pretenden un martirologio low-cost, porque saben que, por mucho que se presente la revuelta como una defensa de los derechos fundamentales de un pueblo oprimido, como acaba de hacer la inefable señora Colau solicitando el apoyo de los alcaldes europeos, o como una lucha contra un franquismo resucitado, no estamos, afortunadamente, en los tiempos de Companys y la Historia no se va a repetir de la misma manera.

La entrada por la Diagonal de columnas de vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido percibidas por muchos como amenazas a sus derechos y libertades. Pero, ¿qué esperaban y de qué se sorprenden?. Cuando alguien se pone fuera de la Ley lo normal es que los poderes del Estado reaccionen, y tomen precauciones, de forma proporcionada y acorde a derecho. Pero aunque algunos ciudadanos de a pie puedan haberse impresionado por ese despliegue de fuerza, el rasgar de vestiduras de los dirigentes independentistas tiene mucho de farisaico; sabían que eso era lo que iba a ocurrir y eso es lo que estaban buscando. Precedentes históricos sobran al respecto

Alguno de los que conocen bien nuestra Historia han salido al paso de las falsificaciones de los independentistas, y es de agradecer que lo hagan, como el profesor británico John Elliot, que acaba de publicar una carta en la prensa de su país que todo catalán debería conocer y que por su interés reproduzco parcialmente a continuación:

“Ningún Estado europeo concede a ninguno de sus componentes territoriales el derecho a la secesión sin seguir un proceso constitucional pactado, y el proyecto de independencia que ha orquestado el presidente Puigdemont traspasa claramente los límites de la legalidad al desafiar la Constitución Española de l978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

 “Los partidarios de la independencia intentan sacar provecho de presuntas medidas represivas tomadas por Madrid, pero puede que aquellos que simpatizan con el referéndum no sean conscientes de hasta qué punto el Gobierno catalán ha intentado imponer desde hace tiempo su propia agenda radical a la sociedad catalana en su conjunto”.

 “A través de su control del sistema educativo, su influencia en los medios de comunicación, su manipulación de la historia catalana en pos de sus propios intereses, y en algunos casos por medio de la intimidación, ha intentado inculcar en la población una imagen de Cataluña como víctima de malignas fuerzas exteriores”.

“Mientras que dicha caracterización, que se retrotrae al menos a 1900, pudo contener elementos de verdad en el pasado, no es cierta de la situación de hoy en día ni del lugar que Cataluña ocupa en la España democrática. Aunque el Gobierno de Rajoy ha mostrado una clara falta de empatía en su forma de tratar a la región, el régimen político español no se puede tildar de ninguna manera de represivo”.

“A estas alturas está claro que ha llegado el momento de realizar una revisión de la Constitución Española, y a su debido tiempo se debería intentar descubrir qué tipo de futuro es el que las gentes de Cataluña quieren para sí. Esto sólo será posible, sin embargo, si todas las partes entablan un diálogo civilizado dentro de los confines de la ley”.

De igual manera, la prensa europea seria ha denunciado sin ambages la ilegalidad de ese referéndum, y ha señalado que no puede aportar ninguna solución. Ha sido crítica con la actuación, o con la pasividad del Gobierno del PP, que sin duda merece críticas, pero desde el Financial Times al The Economist, Le Monde o Liberation, todos señalan la ilegalidad, y la inutilidad, de ese intento de forzar el orden constitucional, que no conduce a ninguna parte.

No le demos más vueltas, y digamos la verdad a la gente: el derecho a la autodeterminación de Catalunya no existe en el Derecho positivo, ni en el nacional, ni en el internacional, por mucho que Junqueras asegure que se lo conceden las resoluciones de las Naciones Unidas, desoyendo la opinión de su propio Consell Asessor per la Transicio Nacional que le advierte que esas resoluciones solo se aplican a situaciones de dominación colonial, (Argelia), de ocupación militar (Lituania) o de sistemática violación de los derechos humanos (Kosovo). Es ridículo pretender que Catalunya se sitúa en uno de estos tres casos

Pero todos esos razonamientos les dan igual. En su entrevista con Évole, el President Puigdemont dio la razón a los que defienden que no hay que participar en un referéndum ilegal, no solo porque no reúne ninguna garantía democrática, sino porque los votos en contra de la secesión serán usados para legitimar ese proceso, que algunos presentan, haciéndose los inocentes, como un simple ejercicio de “movilización ciudadana”, cuando de lo que de verdad se trata es de dar un salto en el vacío de gravísimas consecuencias.

Puigdemont reconoció abiertamente que, aunque el propio Estatut de Autonomía de Catalunya, exige una mayoría cualificada de 90 votos para reformar la Ley Electoral, e incluso para tomar decisiones de mucha menor trascendencia, como nombrar a los directivos de Tv3, él se disponía a declarar la independencia con una exigua mayoría simple de 72 votos, y sin ni siquiera contar con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, ya que en las elecciones legislativas pasadas, a las que quisieron dar carácter referendario, solo obtuvo el 48,5 % de los votos.

Es muy grave que un líder político reconozca explícitamente que ha violado su propia Ley básica para conseguir lo que pretende. Pero es más grave todavía que haya tantos ciudadanos a los que no les importe, y que apoyen su comportamiento, al tiempo que consideran que sus derechos y libertades están amenazadas por un “estado de excepción” implantado por el Estado contra Catalunya.

En el fondo, los líderes independentistas saben que este referéndum, se celebre como se celebre, no tendrá ningún efecto práctico, y que una declaración unilateral de independencia no sería  sino una retorica vacía de efectos reales, aunque cargada con todos los elementos de un grave conflicto social. Ese es su verdadero objetivo, aumentar la tensión, seguir provocando al Gobierno hasta generar una situación de conflicto irreversible.

Lo ha dicho claramente el mesiánico Junqueras: “sólo con la foto de la policía impidiendo una votación ya hemos ganado”.

Y esta foto, Junqueras la va a conseguir. Va a conseguir muchas fotos de muchos catalanes que van a querer votar y con la policía tratando de impedirlo. No será una foto simpática, que será explotada mediáticamente para presenta a España como un Estado opresor.

Esto es ya inevitable. Las colas para intentar votar de familias con sus niños se van a formar haya o no urnas. Y está por ver lo que harán los Mossos D´escuadra, la policía autónoma catalana. Sus mandos ya han advertido que sus actuaciones tendrán que tener en cuenta los problemas de orden público que se pueden crear. Y que ciertamente se van a producir. Es probable que sus mandos les ordenen que se pongan de perfil y digan que son impotentes para evitar la votación. ¿Es imaginable que sobre la marcha la Policía Nacional y la Guardia Civil les substituyan en su función?

Pase lo que pase el día 1, es de temer que en su fuga hacia delante, el independentismo pretenda llevar a la práctica las previsiones de su Ley de desconexión y declarar la independencia de forma unilateral. Romeva lo acaba de asegurar en Bruselas, pidiendo cínicamente que la UE aplique sus Tratados para proteger a los catalanes ante la reacción del Estado español. Otros dirigentes de PdeCat, lo que podríamos llamar la burguesía de la ex Convergencia, se muestran más prudentes, o más astutos, que diría Mas. Pero los radicales de la Cup están ahí para evitar deserciones.

Hoy en Barcelona son muchos los motivos de preocupación. Rajoy puede pagar caro el precio de su seat and wait, y con él todos nosotros. La Historia se suele repetir, a veces como farsa y a veces como tragedia. Lo que es seguro es que tardaremos mucho tiempo en resolver este problema, en particular el de la profunda división que se ha abierto en el seno de la propia sociedad catalana, y en sus relaciones con el resto de España. Pero la solución solo puede venir del dialogo y del acuerdo, con estos o con otros interlocutores políticos.