LA GRAN ESTAFA DE LA REFORMA LABORAL

LA GRAN ESTAFA DE LA REFORMA LABORAL

El pasado 10 de febrero se han cumplido 6 años de la publicación en el BOE del Real Decreto- ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modificó la anterior reforma laboral aprobada por el gobierno del PSOE en septiembre de 2010. Se trata de la conocida vulgarmente como “la nefasta reforma laboral del PP” impuesta unilateralmente por el gobierno conservador y contestada finalmente por los sindicatos con la huelga general, de 29 de marzo de 2012, celebrada bajo el lema: “Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales”. El propósito formal del gobierno, contemplado en la exposición de motivos del mencionado Decreto, es conocido: facilitar la contratación, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales, acabar con la rigidez del mercado de trabajo y, finalmente, sentar las bases para un empleo estable.

Sin embargo, en la práctica, la reforma laboral de Rajoy ha sido “extremadamente agresiva”, “injusta con los trabajadores” e “ineficaz e inútil para la economía y para el empleo”. Ha representado además un duro golpe a los derechos adquiridos por los trabajadores, sobre todo en lo concerniente al mercado de trabajo, los salarios y la negociación colectiva; además de maniatar a los sindicatos y dar un cheque en blanco a los empresarios con el argumento dialéctico de generar puestos de trabajo. Eso explica sobre todo que la medida estrella en materia laboral del gobierno de Mariano Rajoy haya pasado desapercibida, olvidada en los medios de comunicación, apoyada sólo por los empresarios y, lógicamente, valorada muy negativamente por los sindicatos y por la mayoría de los expertos socio laborales.

A pesar de todo, la economía española viene creciendo desde hace cuatro años y las previsiones para este año son que seguirá creciendo aunque de una manera menos intensa. A ello han contribuido decisivamente el favorable entorno económico internacional, los bajos tipos de interés, las medidas del BCE y el auge de las exportaciones. A lo que hay que añadir el fuerte y decisivo sacrificio de los trabajadores, que han sufrido un alto nivel de desempleo, una severa devaluación salarial, una fuerte precariedad en la contratación, así como el recorte de las prestaciones por desempleo, el deterioro de los servicios públicos y el desplome de las políticas activas de empleo. En resumen, ello ha terminado por reducir el desempleo en los últimos años: hay 2,5 millones de desempleados menos que en el 1º Trimestre de 2013 y la tasa de paro ha descendido más de 10 puntos (del 26,94% al 16,55%). A ello ha contribuido de manera notable la fuerte reducción de la población activa y en concreto de jóvenes activos obligados a emigrar para encontrar un empleo. Por último,  tampoco debemos olvidar que, al margen del aumento del empleo desde 2014, seguimos teniendo 1,7 millones de ocupados menos que antes de la crisis  y 1,8 millones de desempleados más.

A pesar de las positivas cifras de empleo, en términos cuantitativos, el crecimiento del PIB no está repercutiendo favorablemente en los trabajadores y, en cambio, los empresarios han superado los niveles de beneficios obtenidos en los años anteriores a la crisis. Eso explica que, según UGT, se hayan agudizado las desigualdades sociales y aumentado el riesgo de pobreza (el 48,5% de las personas en paro y el 14,1% de los ocupados están en riesgo de pobreza), lo que ha situado a España con el mayor porcentaje de trabajadores pobres en la UE (27,9%), sólo superada por Rumanía y Grecia. Lo más grave es que esta escandalosa lacra, impropia de un país europeo, ha situado la tasa de pobreza de los menores de 16 años en un increíble 28,9%. Al margen del drama que están soportando los parados de larga duración: en estos momentos, 1,9 millones de personas llevan más de un año en situación de desempleo. De ellos, 1.365.500 llevan dos años o más (el 36,3% del total), a lo que hay que añadir la elevada tasa de paro de los jóvenes (36%), que se sitúa en la segunda más elevada de toda la UE y está condenando a muchos jóvenes a un futuro incierto y problemático.

Como consecuencia, se ha destrozado el mercado de trabajo y ha empeorado considerablemente la calidad del empleo creado. La tasa de temporalidad no para de crecer y alcanza el 26,7%: 4,8 puntos más que al inicio de 2013 y casi el doble que la media europea. Ha aumentado también el empleo a tiempo parcial no deseado (57,3%); sólo 9 de cada 100 contratos firmados son de carácter indefinido; el 25,9% son contratos de duración muy reducida; y el empleo indefinido es cada vez más inestable al incorporar el contrato de apoyo a emprendedores. Un contrato más barato y precario que cualquier temporal y que ya representa el 12,8% del total de contratos. A todo ello hay que añadir nuevos fenómenos laborales en torno a empresas multiservicios y plataformas digitales, que están conduciendo a la proliferación de los falsos autónomos y de los contratos basura (subcontratación, eventualidad, contratos a cero horas, uberización…).

Los recortes presupuestarios han afectado sobre todo a la prestación por desempleo, lo que ha provocado una fuerte caída de la cobertura que se sitúa en el 57,9% de los desempleados registrados en las oficinas de empleo (23 puntos menos que en enero de 2010). A lo que debemos añadir el desplome de los salarios que han perdido desde el año 2009 más de 7 puntos de media hasta el año 2017. Particularmente, esta pérdida ha afectado considerablemente a los trabajadores con rentas más bajas: el 10% de los trabajadores con retribuciones más bajas han perdido desde el año 2009 al 2016 el 13,8% de su salario. Como consecuencia, se ha producido un fuerte trasvase de rentas del trabajo a las empresas. Según UGT, desde el año 2008 a 2016 las rentas de los asalariados en las sociedades no financieras han caído en 25.300 millones de euros y, en cambio, los beneficios empresariales han aumentado en 21.900.

Otra consecuencia derivada de la crisis y de la reforma laboral tiene relación con la desigualdad de género. La creación de empleo y la reducción del desempleo es mayor en los hombres que en las mujeres. Además, el empleo generado para las mujeres es más temporal que para los hombres y el empleo a tiempo parcial está ligado mucho más a las mujeres (73,9%). La tasa de paro en las mujeres es también mayor que la de los hombres (3,3 puntos superior) y la brecha salarial alcanza un porcentaje escandaloso (22,9%), lo que confirma la intolerable y persistente discriminación de género en nuestro país.

Finalmente, esta situación incide negativamente también en las familias. En estos momentos, 1.210.500 hogares tienen a todos sus miembros en paro y 585.000 no perciben ninguna renta. En cifras comparadas tenemos en la actualidad  768.000 y 205.100 más hogares respectivamente de los que había antes de la crisis, lo que confirma los destrozos producidos por las políticas de ajuste aplicadas para combatir la crisis y en especial por la reforma laboral.

Ante estas circunstancias adversas la mayoría de las personas se preguntan ¿Cómo hemos podido llegar a esto? y ¿Qué hacen los partidos políticos de izquierda y los sindicatos para remediar la actual situación? No es fácil contestar a estas interrogaciones, al margen de constatar los grandes destrozos causados por la aplicación de unas políticas de ajuste de marcado carácter neoliberal. Sin embargo, existe consenso en que hay que derogar cuanto antes la reforma laboral y recuperar la autonomía y el protagonismo de sindicatos y empresarios con todas las consecuencias. Sobre todo hay que potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. Por otra parte, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar en los ámbitos inferiores. Por lo tanto, es el marco estatal donde los sindicatos deben frenar, en lo posible, las medidas más agresivas de la reforma laboral mientras ésta se elimine.

En coherencia con ello, la derogación de la reforma laboral y la recuperación de la negociación colectiva deben ser particularmente defendidas por la izquierda en el parlamento como uno de los ejes fundamentales de la anunciada y reiterada Agenda Social. Resulta inexplicable que, con la actual debilidad del gobierno, los partidos de izquierda no hayan acordado todavía una iniciativa parlamentaria para acabar con la reforma laboral o, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores, además de dar prioridad a los convenios colectivos de sector y reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. Además de propiciar el cambio de nuestro modelo productivo, potenciar decididamente la política industrial, respetar el medio ambiente y dar más valor añadido a sectores maduros capaces de generar empleos de calidad. Otras medidas deben pretender impulsar las políticas activas de empleo, dimensionar el tamaño de las empresas, fomentar la investigación y las nuevas tecnologías, reforzar la formación y la cualificación profesional y explorar nuevos yacimientos de empleo.

Esta aparente falta de iniciativa política de las fuerzas progresistas explica la movilización de los movimientos emergentes y la proliferación de iniciativas en las redes sociales en los últimos meses, relacionadas con la precariedad en el trabajo, las pensiones o la igualdad de género. La impresión de muchos ciudadanos es que los partidos progresistas y los propios sindicatos van a remolque de los acontecimientos y de las iniciativas más dinámicas y cercanas la realidad social. A pesar del desprestigio público del gobierno de Mariano Rajoy, el batacazo electoral en Catalunya y los escandalosos casos de corrupción del PP, pocos confían en que triunfe la izquierda en unas futuras elecciones, como dictan las recientes encuestas. Esta circunstancia resulta insólita y sólo se explica por la falta de credibilidad, confianza y consistencia política de las fuerzas progresistas, lo que en la práctica puede significar que la alternancia política al PP se establezca, por primera vez, en torno a Ciudadanos y no al PSOE. Esta incertidumbre obligará a los partidos de izquierda a analizar la actual situación en profundidad y, sobre todo, a desarrollar un trabajo orgánico riguroso y planificado en defensa de una política de marcado carácter progresista.