LA GRAN ENCRUCIJADA

Introducción.

El título del artículo de esta quincena no se refiere a la situación insólita y triste a que ha conducido el comportamiento incomprensible, de unos y otros, al primer partido de la oposición de España, nos tememos que por muy poco tiempo más. Aunque al final del artículo volveremos a este tema por su indisoluble relación con el objeto principal de este artículo, éste no es otro que el comentario alrededor de los contenidos de un libro del mismo título –La Gran Encrucijada- presentado el día 29 de septiembre pasado, con la participación muy relevante –como siempre- de Cristina Narbona en dicha presentación.

En efecto, en este libro elaborado en el seno del Foro Transiciones -cuyo acceso gratuito puede conseguirse en LA GRAN ENCRUCIJADA– sintetizado en sus contenidos por Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego (junto con la colaboración de un amplio número de miembros de dicho Foro Transiciones, entre los que me encuentro) se plantean una serie de aspectos fundamentales de la problemática del cambio global actual, así como las líneas maestras de lo que debería ser una transición hacia otra sociedad, en línea con lo que he recogido en numerosas ocasiones en estas páginas, siguiendo aspectos específicos de lo ya planteado, en septiembre de 2015 por Naciones Unidas en su Agenda 2030 “Transformar el Mundo: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030”, por la “Hoja de Ruta Europea para una Economía descarbonizada para el 2050”, por la Encíclica “Laudato sí. Sobre el cuidado de la casa común (2015)” del Papa Francisco, por los Acuerdos de París de la 21COP de Cambio Climático, de diciembre de 2015, o por muchos grupos científicos internacionales a los que nos hemos referido con frecuencia en estas páginas y que se citan igualmente de forma detallada en el libro objeto de comentario.

Más específicamente, en el libro, cuyo título completo es “La Gran Encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico”, se plantean el diagnóstico y las líneas básicas del “qué hacer” ante los desafíos de una dinámica social que camina, si no se ponen las medidas necesarias para evitarlo, hacia el colapso del planeta. Se identifica tanto el cambio de ciclo histórico que se ha producido, como el desbordamiento de los límites de la biosfera que implican los patrones de desarrollo vigentes, así como la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora para evitar este proceso. Se insiste en la necesidad de alumbrar nuevos paradigmas y principios generales para tratar de reconducir los procesos de desestabilización ecosocial hacia escenarios en los que los límites de biocapacidad del planeta puedan convivir con niveles de bienestar incluyente y suficiente. Se reclama un ciclo de excepción y emergencia para alcanzar ciertas transformaciones clave a mediados de siglo. Y se muestra la previsible resistencia de las élites económicas y políticas frente a cambios de lógicas, de prioridades y de iniciativas constituyentes que propugnen profundizar en el poder democrático de las mayorías.

Tanto en el libro como en la presentación y coloquio posterior a la misma, hubo acuerdo en que afrontamos un cambio de ciclo histórico global, en el que la crisis ecológica y la amenaza de colapso social son reales, sus tiempos críticos, y las medidas adoptadas hasta ahora para evitar dicho colapso, insuficientes. Los patrones de insostenibilidad en la producción, consumo y crecimiento demográfico están desbordando los límites biofísicos del planeta, por lo que un Objetivo básico inicial de las políticas públicas de los Gobiernos correspondientes debería ser el de lograr frenar y revertir el desbordamiento de los límites de biocapacidad del planeta, reduciendo e invirtiendo, por sus impactos ecológicos, las lógicas de acumulación de capital y de promoción de la sociedad de consumo vigentes en las principales economías mundiales, que además tienden a su generalización al conjunto de países del planeta. Y ello porque se constatan carencias estructurales de recursos energéticos y naturales, de diversos alimentos y de ciertos materiales ante el incremento de la demanda por el aumento demográfico y del consumo individual; porque existen crecientes alteraciones críticas de ecosistemas y ciclos vitales de la biosfera, entre los que se encuentra, pero no solo, el ciclo del carbono y sus efectos sobre el clima. Y porque ante esta situación, los avances tecno-científicos (economía circular, ecoeficiencia, energías renovables, etc.) se muestran imprescindibles pero insuficientes para paliar la creciente extralimitación ecológica.

Por ejemplo, para resolver la problemática asociada a la demanda de energía y a su incidencia en el calentamiento global, nos encontramos con que, para cubrir el aumento de la demanda energética prevista para 2050, se requeriría que dos tercios de la misma fueran cubiertos con combustibles no convencionales; pero, a la vez, las tasas de retorno energético (TRE o cantidad de energía obtenida por cada unidad de energía invertida para dicha obtención) se van reduciendo en los combustibles convencionales a medida que las extracciones son más complejas, pasando de 100 a 20 unidades obtenidas por cada unidad invertida; y las TRE de las energías renovables son significativamente menores que las de las convencionales, lo que impide sustituciones de oferta energética “a la par” con los combustibles tradicionales. El resultado es un mayor consumo de energía global -y su correlato de mayores emisiones de gases de efecto invernadero- para satisfacer una demanda energética necesariamente creciente sin cambios radicales en los elementos que inciden en dicha demanda.Así, un segundo Objetivo imprescindible es el de reconducir con urgencia las amenazas que se ciernen en los campos de la relación entre el consumo de energía, el calentamiento global y el cambio climático y sus previsibles efectos desastrosos, que podrían agudizar dramáticamente las contradicciones y la estabilidad social mundial y, particularmente, en un amplio número de regiones españolas.

Pero ante la dinámica global actual de emisiones de gases de efecto invernadero, ya hemos señalado en estas páginas –y se destaca en el libro- que las medidas voluntarias presentadas por los distintos Gobiernos a la Cumbre de París (COP 21) llevarían, de cumplirse, a aumentos de temperatura de entre 2,6 y 3,7°C a mediados de siglo, lo que incrementaría muy fuertemente los riesgos físicos, biológicos y humanos y la intensidad de sus catastróficas consecuencias. Y ello en una situación en la que la mayoría de los ecosistemas y ciclos vitales clave ya están evolucionando negativamente. Y si, como parece más probable, ni siquiera se ratifican y cumplen estrictamente los Acuerdos voluntarios de mitigación alcanzados, las consecuencias catastróficas globales serían mucho mayores.

Además es preciso recordar, como hemos hecho insistentemente desde esta Sección, que en España la problemática energética y su relación con la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, así como las consecuencias que se pueden derivar del mismo, tienen una especial gravedad. De hecho, entre el 75% y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas por el país proceden de la quema de combustibles fósiles. Y en el campo energético los problemas son especialmente significativos: alta intensidad primaria (energía/PIB) de la economía; fuerte dependencia de combustibles fósiles; elevada carbonización de la economía; vulnerabilidad exterior a la oferta y coste del suministro de energía; extensión de la pobreza energética; y fuerte poder de intervención de los oligopolios energéticos en las políticas del sector.

A su vez, España es muy vulnerable a las consecuencias del calentamiento global y del cambio climático asociado por la existencia de amplias zonas áridas, su déficit hídrico en amplios sectores de su territorio, y un extenso litoral, muy urbanizado, sometido al riesgo de incremento del nivel del mar y a los temporales. Lo que obligaría a afrontar con urgencia cambios socioeconómicos de envergadura, que deben ir mucho más allá –y con signo contrario- a las incomprensibles políticas del PP en materia energética y regulación de nuestras costas, afectando necesariamente a la dimensión y organización espacial del binomio energía/ economía.

En todo caso, en el conjunto del planeta –y también en España- en los últimos decenios las contradicciones socioeconómicas se han incrementado, ya que junto al significativo crecimiento de los grandes patrimonios personales, subsisten amplios sectores de población en situación de pobreza absoluta, han aumentado extraordinariamente las desigualdades sociales, se ha multiplicado la deuda pública y privada, y se está llevando a cabo un traspaso significativo de recursos públicos y rentas sociales hacia las grandes corporaciones financieras, multinacionales de la producción y fortunas privadas, por la vía de un entramado fiscal global que favorece la ingeniería financiera, y con la asunción pública de los rescates bancarios.

En paralelo, la robotización y computarización progresiva de las actividades económicas mejoran la productividad, pero sus beneficios van fundamentalmente al capital, a la vez que se multiplica el paro y la precarización social. El riesgo de un empleo global decreciente, incapaz de absorber los crecimientos de población potencialmente activa, con el consecuente incremento del paro y de la inviabilidad de acceso a puestos de trabajo con una remuneración suficiente, obliga a una nueva y urgente intervención pública que asegure una renta mínima vital a la población que puede verse en esa situación, fundamentalmente por la vía de incrementar la recuperación pública de productividad asociada a la aplicación de nuevas tecnologías y a las rentas del capital.

Es urgente avanzar hacia una “revolución cultural” como señala el papa Francisco en su Encíclica, donde “vivir bien” sea compatible con no rebasar los límites ecológicos, lo que, por un lado, requiere cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo dominantes a nivel global -que son los responsables últimos de las presiones medioambientales y climáticas; pero que, por otra parte, son imposibles sin cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominantes. Por ello, el tercer gran Objetivo para las políticas públicas de este país debería ser el de establecer nuevos principios civilizatorios a partir de, al menos, tres consideraciones fundamentales: vida digna (democrática, pacífica y con igualdad de oportunidades), justa (incluyente y de desigualdades reducidas) y segura (saludable y compatible con los límites de la biosfera).

Pero para que los partidos políticos y los Gobiernos decidan incorporar y avanzar hacia estos Objetivos se necesita que una gran mayoría social disponga de la información, conocimientos, concienciación y corresponsabilización en la corrección de la evolución y riesgos presentes citados; y cambiar la percepción de que el bienestar personal y social está indisolublemente vinculado a la ampliación ilimitada del consumo de bienes materiales. Pero también se necesita modificar radicalmente una situación en la que los medios de comunicación promueven las ideas, interesadas, de que no es posible ni deseable otro mundo distinto al actual, o de que la ciencia se ocupa de corregir –o corregirá siempre, sin problemas- los excesos o disfunciones de un modelo de crecimiento que se encuentra en consonancia con los intereses de las principales élites económicas y políticas, directamente vinculadas a las lógicas de acumulación de capital y de explotación ilimitada del planeta. Por ello, un cuarto Objetivo que ha de presidir las políticas de cambio ha de ser conseguir una sociedad mejor informada, crítica y proactiva con relación a los cambios sociales necesarios.

Propuestas de actuación ante la Gran Encrucijada.

La consecución de los Objetivos señalados, sólo viable a largo plazo, exige iniciar cuanto antes cambios en las legislaciones y regulaciones de este país que puedan servir de base a la planificación y programación de actuaciones en el conjunto del Estado español, que permitan avanzar hacia la transformación necesaria. Transformación que como muy bien resaltaba Cristina Narbona en la Presentación del libro, refiriéndose al Capítulo 6º del mismo, establece la necesidad de un proceso constituyente en España, y los cambios correspondientes en la misma línea, en la UE y en Naciones Unidas, que permitan incorporar los retos ecológicos desde una triple perspectiva:

  1. Incorporar con sentido “fuerte”, como objetivos constitucionales, la reducción de la extralimitación ecológica, muy especialmente con relación a la cuestión energético-climática, y a la preservación ecológica de los sistemas naturales y los agroecosistemas.
  2. Regular la obligación del establecimiento de Planes/Estrategias –la Agenda 2030, en términos de Naciones Unidas- dotadas de los instrumentos y medios adecuados para alcanzar los objetivos necesarios en los tiempos precisos.
  3. Dotar a las instituciones y a las distintas administraciones territoriales de capacidades suficientes para cumplir los objetivos constitucionales en materia ecológica en sus ámbitos respectivos, posibilitando las transformaciones socioeconómicas necesarias para que los mismos sean viables.

Este nuevo marco constitucional serviría para articular las distintas planificaciones de los Gobiernos centrales, autonómicos y locales que permitieran avanzar en la Transición hacia los Objetivos señalados, modificando las formas de producción y consumo, las relaciones sociales y técnicas de producción -con una distribución más igualitaria de la riqueza y del valor añadido- y con cambios profundos en las formas en que los Gobiernos, las Instituciones y la propia ciudadanía funcionan.

Las actuaciones exigidas se deberían centrar en la priorización de las medidas que logren primero frenar, y después revertir el desbordamiento de los límites de biocapacidad del planeta, facilitando la transición hacia una situación que permita reducir los impactos ecológicos asociados a las lógicas de acumulación de capital y de promoción de la sociedad de consumo vigentes. Su necesidad viene asociada tanto a la inmediatez de algunos de los retos a que se enfrenta la sociedad en los próximos años (crisis ecológica global que afecta gravemente a la agricultura, la pesca, el acceso al agua dulce, la extracción de energía y la protección frente a fenómenos climáticos extremos) y a la urgencia de afrontarlos antes de que los procesos y sus consecuencias se vuelvan irreversibles, como a la necesidad de plantear soluciones, también urgentes, a la actual situación socioeconómica, que exigen un nuevo contrato y cultura social que elimine las lacras de la sociedad actual (precariedad social, desigualdad económica y de oportunidades, marginalización de los jóvenes y de las mujeres, corrupción, etc.) conjunta e integradamente con el desafío ecológico.

Por la propia naturaleza de los Principios y Objetivos definidos, las medidas afectarán a una amplia gama de instrumentos de política, como los planes de cambio climático, los procedimientos regulatorios, leyes de regulación del empleo y de los salarios, establecimiento de un mínimo vital, estatutos competenciales, regulación del uso del suelo y de la construcción, regulación energética, etc., afectando específicamente a las políticas y prioridades sectoriales, regionales o locales. En importante señalar que se considera fundamental que los Gobiernos territoriales, regionales y locales dispongan de un elevado nivel de autonomía, tanto para enmarcar territorialmente las actuaciones incorporadas, como para establecer las bases que permitan promover una mayor descentralización de la acción en el largo plazo.

Cada Gobierno debería actuar en el campo de sus competencias específicas, teniendo en cuenta la variedad de ámbitos y sectores que inciden en la consecución de los Objetivos definidos, y lo debería hacer en el marco de una política de máxima concertación entre los partidos políticos, que asegurara la continuidad de las medidas necesarias, la mayor parte de ellas estructurales y de imprescindible continuidad a largo plazo. Para avanzar en esta dirección sería necesario, al menos, el acuerdo de tres de los cuatro principales partidos políticos presentes en el Parlamento Español, si bien la experiencia, ideología y práctica de los Gobiernos del Partido Popular hacen prácticamente imposible la consideración de su participación en esta tarea.

La Gran Encrucijada de la Socialdemocracia española.

Señalábamos al principio de este artículo que el título del libro –La Gran Encrucijada- podía aplicarse perfectamente a la situación en que se encuentra al día de hoy el PSOE, partido que nadie duda que ha sido el principal responsable del avance de la sociedad del siglo XX, en España, hacia la sociedad del bienestar, potenciando y defendiendo un sistema universal de pensiones garantizado, la educación obligatoria para todos, una sanidad universal gratuita, el avance en el soporte público a la dependencia, la igualdad de derechos hombre/mujer, etc.

Pero al que se achaca que no ha sabido establecer una diferenciación económica en la época de la globalización y del triunfo de la economía financiero especulativa que le diferenciara claramente de las políticas neoliberales, ni ha sabido sustraerse a los cantos de sirena de un poder económico que ha absorbido a muchos de sus dirigentes en sus propias redes e intereses. El resultado ha sido un distanciamiento de los votantes que veían tanto la insuficiencia de la defensa de sus intereses generales frente a la subordinación a los intereses financieros (rescates bancarios), como la falta de respuesta adecuada a la creciente desigualdad de oportunidades (desigualdades económicas), o la promoción de políticas geoestratégicas subordinadas a los intereses de las multinacionales, que han dado lugar a migraciones masivasno suficientemente explicadas ni justificadas, ni por último, la consideración de la importancia real que presentan los temas de incoherencia del modelo de desarrollo actual con la sostenibilidad del planeta, al que se refiere el libro tratado.

Las potencialidades (y también los riesgos) tecnológicos y la necesidad de disminuir las contradicciones antes señaladas, que puedan acabar en catástrofes, exigen superar las pautas de la sociedad capitalista bajo nuevos principios basados en la solidaridad, en la concertación y cooperación y en el respeto a los equilibrios básicos ambientales del planeta, que son Principios que han estado siempre presentes en la izquierda española.

Se necesita una reacción urgente a la dinámica de modelo de crecimiento imperante, lo que en España implica, en primer lugar, la sustitución inmediata del Gobierno de un partido popular que ha hecho todo lo contrario a la que es necesario hacer para avanzar en el camino correcto; y, en segundo lugar, y en comunión con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la asunción de una Agenda 2030, específica para este país,consensuada y concertada por una mayoría suficiente del Parlamento español, que recoja las transformaciones radicales necesarias para avanzar en la dirección precisa, estableciendo los mecanismos de control y seguimiento que garanticen que la totalidad de las políticas de los Gobiernos correspondientes (locales, autonómicos y nacional) se coordinan y complementan en la consecución de los Objetivos establecidos en la primera parte de este artículo.

Sin embargo, la única esperanza democráticamente viable para poder establecer políticas coherentes, imprescindibles y urgentes en los temas considerados en este artículo,es la existencia de una izquierda progresista que incorpore al centro y a la socialdemocracia como partido de transición entre el socialismo y dicho centro político. En España, hoy por hoy, eso implica un gobierno de colaboración entre Ciudadanos, PSOE y Podemos que sea capaz de establecer las modificaciones Constitucionales y legislativas a incorporar en la Hoja de Ruta/Agenda 2030/2050 que permita un cambio radical en las pautas de la cultura y del modelo de desarrollo necesario para este país.

Pero, desgraciadamente, las luchas por el poder en el PSOE, o en cualquier otro partido progresista o que pueda significar una oportunidad para el cambio constitucional necesario, no favorecen el camino urgente a emprender. Y lo acontecido en el PSOE es justo lo que se necesitaba para imposibilitar ese camino, favoreciendo a un partido inmovilista, clasista, reaccionario y retardatario como el PP, para perpetuarse en el poder durante varias legislaturas.

El PSOE va a conseguir no volver a ser jamás mayoritario en unas elecciones y que sea muy difícil que vuelva a ser el segundo partido más votado en este país, si no modifica radicalmente sus pautas de confrontación interna, y adecúa sus objetivos a las preocupaciones de los ciudadanos urbanos -nunca el PSOE ha tenido tan pocos apoyos entre las personas con estudios universitarios, en las clases medias o en las clases medias-altas- y a la de los jóvenes de la nueva revolución tecnológica, donde la contaminación, la salud –y por lo tanto la problemática ambiental- presenta un interés creciente.

Los barones y la burocracia y empleados regionales del PSOE han luchado por mantener el poder y los sueldos y puestos de trabajo que dicho poder implica, por encima de buscar alternativas a las políticas que el PP representa, rompiendo la unidad de discurso ante el temor de que una unión progresista pudiera poner en cuestión su supremacía futura. Con ello han asegurado la imposibilidad de los cambios urgentes que este país necesita en línea con los Objetivos señalados en la Gran Encrucijada, han puesto en cuestión la viabilidad de un gobierno de izquierdas por muchos años, y han puesto en cuestión también su supervivencia en los gobiernos regionales y municipales para próximas legislaturas. Ojala nos equivoquemos y los ciudadanos sepan ver, por encima de las luchas interesadas por el poder de unos y otros, la urgente necesidad de cambios en la sociedad española, en las políticas a desarrollar, y en los políticos que les representan.

Como síntesis, la Gran Encrucijada plantea una problemática que ya señalábamos en el artículo anterior de este sección sobre el Antropoceno, donde destacábamos que la nueva era geológica puede significar la transición hacia una sociedad desarrollada y cohesionada socioeconómicamente, si se construye en equilibrio y coexistencia con los ciclos vitales del Planeta (ambientalmente sostenible); o puede llegar a acabar con la extinción de la especie humana o de una parte muy significativa de ésta. De cada uno de nosotros depende hacia qué lado se vaya inclinando la balanza.