LA GOBERNABILIDAD COMO VALOR DEMOCRÁTICO Y CONSTITUCIONAL

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Los sondeos que se están conociendo confirman el momentáneo final del modelo bipartidista que vimos emerger en las elecciones del pasado 20 de diciembre. Sin entrar en el acierto de las previsiones (tiempo habrá para ello a partir de la próxima semana), lo que sí parece plausible es que después del próximo 26 de junio no va ser fácil formar Gobierno. La cuestión es bastante grave y no sólo por los efectos que habitualmente señalan los comentaristas (el deterioro democrático si hay que celebrar unas terceras elecciones, la paralización de inversiones, grandes o pequeñas, la necesidad de afrontar los grandes problemas originados por la política socialmente destructiva del Gobierno de Rajoy, etcétera), sino también porque se deteriora y queda frágil el valor de la gobernabilidad.

La gobernabilidad es un valor en sí mismo al que han de tender las sociedades democráticas. Recordando a autores anteriores, el constitucionalista alemán Rudolf Smend hablaba, al final de la década de los veinte del siglo pasado, del “Derecho material de formación de gabinete” que ha de buscar el entendimiento entre el Gobierno y el Parlamento (Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, 1985, págs. 211-214). Ese es el precedente de la gobernabilidad, entendido este concepto como exigencia de que el Estado democrático sea gestionado por un Gobierno estable a fin de que a través de la Administración proporcione servicios y bienes a los ciudadanos.

Por ese motivo, la gobernabilidad es actualmente un valor democrático y constitucional. Democrático porque es el instrumento que permite que las opciones electorales de los ciudadanos se materialicen en políticas públicas, con lo que se respeta la decisión del cuerpo electoral. Y constitucional porque la gobernabilidad es un efecto de la aplicación del cuadro orgánico de la Constitución que prevé, como dice, por ejemplo, el artículo 97 de la Constitución española, que el Gobierno dirige la política interior y exterior. Si un país cae en una situación en que no es posible la gobernabilidad se está infringiendo el principio democrático y la propia Constitución.

Luego, tras las próximas elecciones todos los partidos con representación parlamentaria están obligados a buscar la gobernabilidad, poniendo los medios que sean necesarios para formar un Gobierno que puede ofrecer políticas públicas a los ciudadanos. Sin embargo, como explica José Félix Tezanos en esta misma entrega, hay una barrera sociológica difícil de traspasar, pues dos de los cuatro grandes partidos nacionales tienen grandes dificultades para formar coaliciones, dificultades a las que se suma un muy fuerte rechazo por parte de los electores de los otros dos partidos. Por eso, es imprescindible que los partidos lleguen, antes o después de las elecciones, a un acuerdo político que asegure la gobernabilidad. ¿En qué consistiría ese acuerdo?

Aclaremos, antes de proseguir, que si la dificultad principal para formar Gobierno procede de los resultados electorales, a esa dificultad se añade que la Constitución no contempla mecanismos para “desatascar” las situaciones de bloqueo. No sería difícil introducirlo en una reforma constitucional pero hoy por hoy no está prevista. Por eso lo primero que tendrían que acordar los cuatro grandes partidos es una convención constitucional. Un constitucionalista clásico de Oxford, Kenneth C. Wheare, escribió que las convenciones constitucionales son normas que se imponen, reglas de conducta consideradas obligatorias por quienes tienen que aplicar la Constitución (Las Constituciones modernas, Barcelona, 1971, pág. 128). Por ende, en España, los cuatro partidos deberían llegar a un acuerdo que tuviera vocación de convención constitucional y que se cumpliera como si se tratara de un mandato constitucional.

La convención constitucional que habrían de asumir los grandes partidos debería ser muy simple y se compondría, a mi juicio, de cuatro elementos. El primero sería un componente teleológico, a saber, los grandes partidos deben ponerse como fin que se forme Gobierno sin obstáculos parlamentarios. En segundo lugar, un componente subjetivo: debe formar Gobierno el partido que obtenga más apoyos en el Congreso de los Diputados. Es cierto que frente a esta propuesta tanto el Partido Popular como Podemos están ofreciendo otras opciones (Javier García Fernández: “¿Quién debe formar Gobierno? ¿El partido que hay alcanzado más escaños, el que ha obtenido más votos o el que puede formar mejores alianzas?”, Sistema Digital, 8 de junio de 2016), pero, como tenemos un sistema parlamentario, es razonable exigir que el Gobierno minoritario que se forme pueda disponer al menos, de los máximos apoyos parlamentarios, por lo que debe ser elegido Presidente quien pueda recibir más votos favorables en la investidura. En tercer lugar, habría que acordar un componente temporal, concretamente que el Presidente elegido se comprometiera a disolver las Cámaras en dos años si en ese tiempo, mediante una cuestión de confianza que obtenga la mayoría absoluta del Congreso, no obtiene más apoyos. Finalmente, un cuarto elemento de naturaleza funcional: el Gobierno que así se forme, además de la gestión ordinaria (no muy alejada en sus principios de la que realizaría un Gobierno en funciones), debe acordar con todos los grandes partidos ciertas medidas de reforma económica y social que, naturalmente, no pueden consistir en reducir derechos sociales como siguen pidiendo el Banco de España y la CEOE.

Si se acordara una convención constitucional de este tipo, el panorama político se despejaría a medio plazo, los partidos podrían fortalecerse y las elecciones siguientes ofrecerían un marco más relajado. España, como los restantes países de la Unión Europea, no puede seguir en situación de ingobernabilidad cuando más gobernación hace falta para devolver a los ciudadanos los derechos sociales que la crisis y los grandes poderes económicos le han arrebatado.