LA DICTADURA DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN

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En la dosis de corrupción semanal, qué vergüenza tener que decir esto, hay dos hechos que creo que deben ser especialmente comentados. Uno, lo declarado por el Vicesecretario de Organización del Partido Popular Fernando Martínez-Maillo que dejó una frase transcendental: “Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es corrupción. Para mí, corrupción es robar”. En segundo lugar, el conocimiento de los entresijos de los Papeles de Valdemoro, por obra y gracia de la “garganta profunda” de Marjaliza.

Evidentemente, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es corrupción y pensar lo que uno dice, más aún, cuando se es un alto dirigente político del partido del gobierno y diputado nacional. La corrupción política es mucho más que robar. La imperfecta reforma del Código Penal no ha permitido aclarar cuál es el bien jurídico que se protege en la lucha contra la corrupción política y de paso hacer esta más eficaz. No se persigue sólo la objetividad e imparcialidad de las Administraciones Públicas. Las medidas contra la corrupción defienden la esencia del Estado Democrático de Derecho, la legitimidad y la legalidad de nuestro orden social, los fundamentos del sistema convivencial español; y no sólo el no tomar lo ajeno.

En lo declarado por Marjaliza, en relación a la banda capitaneada por el ex Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, estaban presentes todos los tipos previstos en el Código Penal actual (los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades, abusos en el ejercicio de la función, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública). La gravedad está en convertir un procedimiento judicial en un espectáculo mediático donde todo vale, quedando la sensación de vivir sobre un vertedero.

Por ello, en una futura reforma del Código Penal sería aconsejable, entre otras cosas, una tipificación autónoma de los delitos de corrupción política y una clarificación de su contenido. Evitando así, confusiones terminológicas y sobre todo dotando a los preceptos una respuesta penal conforme a la gravedad y alarma social del hecho. Dando fin a los aforamientos; eliminando lagunas como el enriquecimiento injusto; agravando las penas de privación de libertad; prohibiendo el indulto sobre estas condenas; endureciendo las penas de contenido económico, para que el dinero no espere hasta que escampe el chaparrón; y ampliando el decomiso de los bienes como de las multas correspondientes. Sin lugar a dudas, el objetivo primordial es conseguir que no haya corruptos, aunque nunca faltaran voluntades para corromperse, porque la acción represiva disuada de hacerlo.

Es duro decir que corruptores va a haber siempre como la historia nos demuestra, ahora bien, si el aparato legal también fija su diana en ellos podrá reducirse su órbita de actuación, haciendo caer la responsabilidad criminal por los delitos de corrupción sobre todos los miembros de los Consejos de Administración; extendiendo las penas de inhabilitación, tanto para las personas físicas como jurídicas; excluyendo a las empresas de toda posibilidad de contratación con las administraciones públicas, directa o indirectamente, en las diferentes esferas de poder incluido el europeo; asimismo, protegiendo a los trabajadores tanto públicos como privados que pongan en conocimiento de los órganos de justicia los hechos de corrupción. También es necesario poner una barrera a la financiación ilegal de partidos obligando a la devolución total de los ingresos públicos y la imposibilidad de acceder a ellos. Un partido que juega con ventaja merece ser excluido del juego democrático.

La corrupción obliga también a contemplar una modificación del derecho procesal que permita un enjuiciamiento más ágil, que evite las dilaciones actuales y que los juicios se celebren una década después o que, en el peor de los casos, los delitos queden impunes o se sobresean por prescripción.

El relatorio podría ampliarse con el necesario reforzamiento de las funciones inspectoras, interventoras, fiscalizadoras y de fedatarios públicos, tanto en competencias e independencia, como en recursos personales y materiales. Por descontado es igualmente predicable aumentar la dotación de tribunales, fiscalía, guardia civil y policía, dado que, como reconoce la Memoria de la Fiscalía, en el pasado año se duplicaron los casos de corrupción. La rápida actuación de estas instituciones es esencial para que la lucha contra la corrupción sea eficaz e impere la ley.

En cualquier caso, si lo que no se quiere es condenar a la sociedad a creer que vive en el paraíso de la impunidad, donde todo vale, y en el que la política es un Edén al que se acude a obtener los beneficios que no reporta el trabajo bien hecho y la honradez, son los propios partidos, tanto en sus códigos de conducta como en sus prácticas, los que han de iniciar un proceso para ejemplarizar la vida pública.

La corrupción política es mucho más que un robo, es una enfermedad letal para la democracia.

Como dijo Platón: como el comportamiento que se espera del gobernante es más divino que humano, sólo cabe contentarnos con un sustituto: “La dictadura de la Ley”.

En todo caso, son los ciudadanos con sus votos los que tienen que corregir estas conductas.