LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Cuando se publique este texto, ya se habrá reunido en la sede del Senado la Conferencia de Presidentes. Es una buena noticia a pesar de la ausencia de los Presidentes vasco y catalán, porque el modelo autonómico necesita instrumentos orgánicos y funcionales que contribuyan a asegurar la cooperación. Como es sabido, la Constitución, más atenta a establecer un modelo descentralizador para España,no recogió instrumentos de cooperación, de modo que tampoco ha previsto que los Presidentes de las Comunidades Autónomas y el Presidente del Gobierno se reúnan conformando un órgano que pueda adoptar acuerdos jurídicamente válidos. Sin embargo, tras aprobarse la Constitución, algunos autores señalaron muy pronto la necesidad de establecer aquellos instrumentos orgánicos y funcionales de cooperación que estaban ausentes en el texto constitucional (por todos, Pablo Santolaya Machetti: Descentralización y cooperación, Madrid, 1984).

De esa manera, la recientemente derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, reguló por vez primera los instrumentos de cooperación (principios sobre las relaciones entre Administraciones Públicas, Conferencias Sectoriales, convenios de colaboración y Consorcios), que respondían a la experiencia de otros países descentralizados y a las propuestas que había formulado la doctrina y permitieron disponer de un primer conjunto de instrumentos orgánicos y funcionales. En la primera legislatura del Presidente Aznar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, fue modificada mediante la Ley 4/1999, de 13 de enero, y esta reforma legislativa incrementó las posibilidades de cooperación pues, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, legalizó el principio de lealtad constitucional (que dejó de ser un mero principio general del Derecho para convertirse en un mandato normativo), mejoró el régimen de las Conferencias Sectoriales y de los convenios de colaboración y reguló los planes y programas conjuntos. Sin embargo, lo que la reforma de 1997 no llegó a prever fue la reunión de los Presidentes de las Comunidades de Autónomas con el Presidente del Gobierno, que es una práctica muy extendida en los principales Estados federales europeos y en algún país americano.

No obstante su carencia de previsión normativa, el Presidente Rodríguez Zapatero convocó tres veces la Conferencia en su primera legislatura (2004, 2005 y 2007) y una vez en su segunda legislatura (2009). Esta reunión de 2009 fue particularmente importante porque en la misma se aprobó un Reglamento publicado por Orden del Ministro de Administración Territorial de 14 de diciembre del mismo año. En el Reglamento se definía a la Conferencia como el máximo órgano de cooperación política entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se fijaba su carácter anual y se preveía que podrían adoptar por consenso tanto acuerdos como recomendaciones que tienen carácter de compromisos políticos.

En la primera legislatura del Presidente Rajoy la Conferencia sólo se reunió una vez, en 2012 pero la aprobarse la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (que deroga a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común), se llevó a la nueva Ley los principios e instrumentos de cooperación que contenía la antigua Ley de 1992 y, por primera vez, se legalizó en su artículo 146 la Conferencia como órgano de cooperación multilateral. También se incorporaron a la Ley algunos d los principios del Reglamento interno de 2009.

Desde un punto de vista político, es un éxito que se reúna la Conferencia. No estoy seguro de que haya sido acertado dedicar esta primera reunión a los temas de financiación autonómica (o, al menos, sólo a la financiación) porque no habría sido inoportuno hacer previamente un balance del Estado autonómico, de sus fortalezas y de sus debilidades. Pero esperemos que esta reunión se repita cada año y se puedan debatir más temas.

Merece comentarse la ausencia de los Presidentes vasco y catalán. Se comprende que el Presidente Puigdemeont, que el día 16 de enero anunció la buena nueva de la independencia en 2017 (sic, en 2017, no 2018 ni en 2019), no pueda acudir porque declarar la independencia de un país lleva mucho trabajo pero sorprende más la ausencia del Presidente Urkullo, al que se le sirvió en bandeja el pretexto porque no forma parte del sistema común de financiación autonómica. Lo que subyace en estos dos gestos desleales es la obsesión nacionalista por la bilateralidad pero con ello muestran su mentalidad cerril porque, en el caso de que la bilateralidad fuera viable (que es muy difícil dado el nivel de conciencia autonómica de todas las Comunidades Autónomas que competen entre sí por tener el mismo autogobierno) esa bilateralidad no impide el empleo de mecanismos multilaterales de cooperación Lo malo de la ausencia del Presidente vasco es la mala posición en que queda el PSE que no ha logrado que el Gobierno del que forma parte acuda a la Conferencia.

En todo caso, es un acierto que el Gobierno convoque la Conferencia y más éxito será si se reúne regularmente a lo largo de esta legislatura y además se adoptan acuerdos consensuados.