IRRESPONSABILIDAD DE RAJOY EN MATERIA DE PENSIONES

IRRESPONSABILIDAD DE RAJOY EN MATERIA DE PENSIONES

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El futuro gobierno que se forme a raíz de las próximas elecciones del 26-J deberá reformular su relación con la Unión Europea y, en concreto, ajustar la corrección del déficit público a unos porcentajes soportables en términos sociales y sostenibles en términos económicos. En esas conversaciones, el déficit actual de la Seguridad Social (SS) ocupará, seguramente, un lugar destacado, tanto por su notable incidencia económica como, sobre todo, por la preocupación que embarga en la actualidad, no sólo a los pensionistas, sino también a los jóvenes, ante el incierto futuro de sus pensiones y ante la certeza de que la Seguridad Social es el pilar básico del Estado de Bienestar Social y el fundamento de las políticas redistributivas y socialdemócratas.

A pesar de las últimas reformas (2011- PSOE y 2013/2014- PP) encaminadas a garantizar el equilibrio económico de la SS -reduciendo exclusivamente los gastos a costa de los actuales y futuros pensionistas-, el equilibrio no se ha conseguido. Más bien, el Sistema ha pasado de tener un amplio superávit a tener un déficit creciente: superior al 2,7% del PIB en tres años (2012 a 2014) y que ha terminado por alcanzar más de 16.700 millones de euros en el año 2015. Además, el Fondo de Reserva de la SS se ha reducido considerablemente pasando de cerca de 67.000 millones de euros (el 6,2% del PIB) a algo más de 32.000 millones en los últimos cuatro años. Estas cifras conviven con unas pensiones que, según Ignacio Zubiri, bajarán un 8% hasta el año 2020 y un 35% hasta el año 2050 (“Situación y futuro de las pensiones públicas”. Jornadas organizadas por las Fundaciones Juan de los Toyos y Francisco Largo Caballero, en Bilbao). Otros autores, según Jesús Pérez, encuentran exagerados estos cálculos utilizando proyecciones distintas. En todo caso, se puede asegurar que reducciones por encima del 10% de la pensión media -perfectamente probable- resultan intolerables desde el punto de vista social y desde el propio papel que la propia Constitución atribuye al Sistema público de pensiones (CE, artículo 50).

Efectivamente, hasta ahora, la sostenibilidad de la Tesorería de la SS se ha pretendido garantizar reduciendo los gastos del Sistema (aumentar la edad legal de jubilación; aumentar los años cotizados para acceder a la pensión contributiva; incrementar los años para percibir la pensión completa, según la base reguladora; reducir el peso proporcional de los años cotizados para establecer la pensión; eliminar el índice de revalorización ligado al IPC, establecer el factor de sostenibilidad…), a pesar de que el gasto de las pensiones en España está claramente por debajo de la media europea y se sitúa en torno al 10% del PIB (un 3% menos que la media europea) y que cerca del 45% de los pensionistas no alcanzan los 700 euros mensuales. De la misma manera, y según la mayoría de los expertos, los porcentajes de gasto en pensiones de jubilación en 2050 serían asumibles y comparables o, incluso menores, a los que existen actualmente en los países más avanzados de la Unión Europea (en torno al 14% del PIB). En cualquier caso, las reformas impuestas por el PP producen un cambio del Sistema que lo alejan del modelo solidario y de reparto vigente hasta ahora, para acercarlo, cada vez más, al de capitalización individual y a los Fondos privados de pensiones.

Sin duda, el problema económico de la SS se ha agudizado por la gestión ideológica, ineficaz e irresponsable de la crisis por parte del PP, a pesar de la pérdida real del poder adquisitivo de los pensionistas desde el año 2011 -muy atenuada por la bajísima inflación en la presente coyuntura- y particularmente de las mujeres que cobran el 40% menos que los hombres, a lo que hay que añadir el mantenimiento del copago sanitario de los pensionistas, que se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros anuales. El desempleo, la precariedad, la contratación a tiempo parcial, así como las subvenciones a la contratación y el desplome de los salarios (los nuevos empleos tienen salarios de miseria) han reducido considerablemente las cotizaciones a la SS y por lo tanto los ingresos. En todo caso, buscar soluciones al problema económico de la SS requiere, en primer lugar, consensuar, dentro de lo posible, unas alternativas básicas encaminadas a garantizar la sostenibilidad económica y social del Sistema. En este sentido, se debe recuperar el espíritu del Pacto de Toledo (encaminado a defender el Sistema público de pensiones basado en “la solidaridad, la contribución y la suficiencia”) y garantizar la participación de los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales en la toma de decisiones, lo que representaría el primer paso necesario para resolver el problema aunque esta medida no sea suficiente.

En segundo lugar se debe hacer hincapié en el capítulo de los ingresos del Sistema de la SS, sabiendo que existe un problema estructural que no desaparecerá (envejecimiento: aumento de la esperanza de vida e incremento de la población de más edad, que pasará, según las últimas estimaciones del INE, del actual 18,1% al 38,7% de la población total en el año 2060, a pesar de que mejoren de manera notable los efectos perniciosos de la crisis (coyuntural), las cifras del desempleo e, incluso, de que aumente la productividad de nuestra economía en el futuro. En este sentido, es preciso proponer fórmulas que garanticen aumentar los ingresos, a partir de un cambio de la política económica y social, que contemple el cambio de nuestro modelo productivo, sitúe al empleo en el asunto prioritario para cualquier Gobierno y derogue las reformas laborales (recortes), sobre todo la emprendida por el Gobierno Rajoy encaminada a reducir exclusivamente los costos del mercado de trabajo (devaluación competitiva de los salarios) y a transferir rentas del trabajo a los empresarios, lo que ha terminado por destrozar la recaudación de la SS. En coherencia con ello, hay que frenar drásticamente la reducción de los ingresos por cotizaciones a la SS que, al margen de incumplir los Pactos de Toledo (también suscritos por el PP), no han servido para crear empleo como asegura el Gobierno: bonificaciones a las cotizaciones, tarifas planas y el fraude de las cotizaciones (economía sumergida), así como estudiar el posible aumento de las cotizaciones sociales y, en menor medida, empresariales, por sus efectos negativos en el empleo y, sobre todo, abordar con decisión el incremento del tope de la base máxima de cotización, aunque produzca un aumento proporcionado y también topado de la pensión máxima, con el propósito de evitar la fuga de cotizaciones y el fomento de las pensiones privadas.

En tercer lugar, debemos partir del principio que defiende Ignacio Zubiri : “la economía genera recursos más que suficientes para pagar pensiones significativamente más elevadas de las que se derivan del modelo actual. Lo único que hay que hacer es aceptar que las pensiones, además de con cotizaciones, se paguen con otros ingresos. Fundamentalmente impuestos”. En base a estos principios debe abrirse un gran debate sobre otros ingresos complementarios y públicos que mantengan la independencia del Sistema y aporten más ingresos, a través de impuestos especiales (tabaco, alcohol, vehículos, primas de seguros…), o, en último término, acudir a la imposición directa y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dando por hecho que todos los impuestos se deben establecer con carácter finalista. El monto total de estas cantidades se debe establecer en función de las decisiones políticas que se tomen en respuesta a las preguntas: ¿Qué nivel de pensiones queremos para nuestros mayores? y ¿Qué salario de sustitución se debe establecer finalmente para los pensionistas en comparación con los percibidos en su vida laboral?

Debemos recordar que España, según los últimos datos de Eurostat (puestos de manifiesto por J. A. Panizo), dedica al gasto social el 25,7% del PIB, muy por debajo de la media europea, situada en el 28,6% y que Dinamarca y Francia superan el 33% del PIB, por lo que se deberían tener en cuenta estos porcentajes a la hora de tomar decisiones sobre nuestras pensiones. De lo contrario, no hay que descartar que se confirmen los pronósticos más agoreros: que la tasa de sustitución de la pensión sobre el salario percibido descienda gradualmente desde el 79% actual al 48%, en 2060, según El informe España 2.015 (Fundación Encuentro).

Un último asunto a considerar se refiere a las alternativas relacionadas con los Fondos complementarios de pensiones -al margen del Sistema público-, que defienden las entidades financieras ante la hipótesis de que se terminen por imponer unas pensiones mínimas o de supervivencia. Debemos recordar que el presupuesto anual de la SS, en el año 2016, se sitúa por encima de los 140.000 millones de euros, alcanzando las cotizaciones de las empresas y trabajadores más de 110.000, lo que representa un potencial y voluminoso negocio al que dichos Fondos pretenden acceder de manera interesada. Unos Fondos privados a los que sólo tienen acceso en la práctica las rentas medias y altas (los jóvenes con mil euros de ingresos no tienen ingresos suficientes para formar una familia y buscar una vivienda y, por lo tanto, menos tendrán para invertir en un Fondo privado). Por otra parte, dichos Fondos contemplan ventajas fiscales que pagan todos los españoles, lo que no es justo y crea alarma en la ciudadanía. Por si esto fuera poco, las experiencias en el mundo y en España, en los últimos años, es que la gran mayoría de los Fondos privados de pensiones han perdido dinero (no así sus gestores que cobran fuertes comisiones), lo que ha incidido muy negativamente en la renta de un número importante de pensionistas, que dependen exclusivamente de sus pensiones para su supervivencia.

Por todo ello, en la nueva campaña electoral, que acaba de comenzar, los partidos políticos deberían presentar propuestas sobre este importante asunto, junto al empleo, la fiscalidad, las reformas laborales y la dependencia de nuestros mayores. Lo mismo que están exigiendo los sindicatos a los partidos políticos, junto a la reivindicación de pensiones dignas y alternativas al actual déficit de la SS. Estos asuntos, de capital importancia, nos afectan a todos y particularmente a los más débiles, al margen de que tienen una gran incidencia en la economía de nuestro país; por eso, lo acontecido en los últimos meses no ha sido edificante para las fuerzas progresistas y para resolver estos problemas. En cualquier caso, debemos mantener la esperanza de que el próximo futuro sea mucho mejor -con más igualdad y menos pobreza- y eso pasará por garantizar unas pensiones dignas para nuestros mayores y un sistema público de pensiones sostenible en términos económicos y sociales.