INVESTIDURA Y EMPLEO

INVESTIDURA Y EMPLEO

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La opinión pública manifiesta una gran preocupación por la falta de acuerdos para alcanzar un gobierno desde diciembre del 2015, situación que nos obligó a afrontar unas nuevas elecciones el pasado 26 de junio. La semana pasada se produjo el fracaso en la investidura del actual Presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, apoyado por Ciudadanos y Coalición Canaria.

En las siguientes líneas se analizan algunos aspectos de nuestro mercado de trabajo y de las medidas propuestas en el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos, “150 compromisos para mejorar España”.

El desempleo es el principal problema económico de nuestro país y exige de forma urgente iniciativas, respuestas y alternativas para los 4.574.700 personas desempleadas. El 58,2% del total de las personas desempleadas son parados de larga duración. El paro afecta más a las mujeres y a los jóvenes menores de 25 años. Cerca de 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en el paro y casi 700.000 no tienen ningún ingreso. Desde 2010 la cobertura por desempleo de las personas registradas en los servicios públicos de empleo se ha reducido del 80% al 57,7%, del pasado mes de agosto. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) solo el 26,8% de las personas desempleadas tienen cobertura.

Desde 2014 se está recuperando el empleo, ha llegado a crecer el 3%, aunque en el último trimestre se ha producido una desaceleración. El empleo creado es fundamentalmente de mala calidad, temporal y parcial, a la vez que se produce la rotación en la contratación indefinida y un aumento de la realización de horas extraordinarias sin compensar económicamente o en tiempo de descanso. Este deterioro del empleo es el efecto de las reformas laborales impuestas que han provocado un aumento de la precariedad, la parcialidad involuntaria, el deterioro de las condiciones de trabajo y la devaluación de los salarios.

La gravedad de esta situación exige respuestas urgentes ante los riesgos de cronificación del desempleo, el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza. Los acuerdos de investidura del Partido Popular y Ciudadanos se han configurado en distintas medidas para actuar en el mercado de trabajo que afirman perseguir la creación de empleo y la reducción de la precariedad laboral, a la vez que la atención a las personas de mayor vulnerabilidad.

En materia de contratación laboral, dicho acuerdo busca la reducción de la rotación, para ello anuncia una reducción de las modalidades de contratación (de las actuales cuatro a tres), a los contratos temporales pasa a denominarlos como contratos estables y de indemnización creciente (siendo más bien un puente al contrato único tan deseado por Ciudadanos), descausalizando la contratación temporal.

Mantiene el contrato de emprendedores con el despido sin indemnización durante el periodo de prueba de un año, revalida el abaratamiento y descausalización del despido producido por la reforma laboral en el 2012 y crea un nuevo contrato de formación del que no se especifican sus requisitos sobre la edad o sobre los estudios necesarios para el mismo. Una de las medidas es establecer un preaviso de 15 días para todos los contratos que tengan un periodo de prueba superior a los 6 meses, algo que va a ser completamente irreal pues la duración media de los contratos está en 50,9 días.

Recupera la mochila austriaca, que ya la planteó el Partido Socialista Obrero Español en 2010, este Fondo de Capitalización de Trabajadores (seguro de las indemnizaciones por despido) que fue desechado por los elevados costes económicos que suponían su puesta en marchay llegó a sufragar a las empresas ocho días de las indemnizaciones de los trabajadorespor el Fondo de Garantía Salarial, fue eliminado por el Partido Popular. Esta medida persigue que el despido le salga totalmente gratis al empresario, salvo las aportaciones al Fondo que no se especifican.

Continuando con la práctica del Gobierno de utilizar la Seguridad Social como un instrumento para subvencionar a las empresas se pretende establecer un sistema de bonus/malus, para premiar a las empresas que despidan menos y bonificar los primeros 500 euros de cotización para la conversión de los contratos temporales en indefinidos. Medidas que continúan la senda de esquilmar al Sistema Público de Pensiones y aumentar su déficit.

El acuerdo platea un fondo de 500 millones de euros para el Programa de Activación del Empleo (PAE PLUS), ya que en la actualidad hay 1,6 millones de personas desempleadas registradas en los servicios públicos de empleos que no perciben ningún tipo de ayuda, por lo que esta medida es claramente insuficiente.

En políticas activas de empleo se plantea su reforma, que parece que consiste de la exclusión de los interlocutores sociales, sin compromisos específicos en materias de orientación e intermediación. Como se puede apreciar no hay ninguna medida nueva como tal para los parados, todas son continuidad de las políticas de recortes y de reformas que desde 2012 viene desarrollando el Gobierno.

Los firmantes valoran el denominado complemento salarial garantizado para combatir los bajos salarios (la pobreza laboral), que anuncian que se configurará como un impuesto negativo, pero que no deja de ser un subsidio que mantiene a las familias en el riesgo de exclusión social. Esta medida puede estimular a los empresarios para que paguen bajos salarios. Se anuncia una medida de lucha contra la pobreza infantil, olvidando a las familias que no perciben ningún tipo de ingreso y despreciando la Iniciativa Legislativa Popular promovida por UGT y CCOO para instaurar una Prestación de Ingresos Mínimos.

El acuerdo no plantea para nada ninguna medida para impulsar el crecimiento real de los salarios y la recuperación de la negociación colectiva debilitada por la reforma laboral impuesta por el PP al dar prevalencia a los convenios de empresa sobre los ámbitos sectoriales, facilitar a las empresas las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos.Tampoco aborda la necesaria mejora del Salario Mínimo Interprofesional elevándolo hasta el 60% (entorno a los 1000 euros/mes) del salario medio como establece la Carta Social Europea.

El acuerdo del PP y C´S ignora las relaciones colectivas de trabajo, el papel fundamental de la negociación colectiva en la distribución de las rentas y la determinación de las condiciones de trabajo. Para recuperar el empleo de calidad con derechos y salarios dignos es necesario y urgente derogar las reformas laborales por sus efectos lesivos para los derechos de los trabajadores y negativos para el empleo y recuperar también el pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza la acción de los piquetes informativos.

La creación de empleo y competitividad de la economía se proclaman como objetivos centrales del acuerdo en una colección de medidas declarativas, sin comprometer aportaciones presupuestarias para lograrlos. Se supedita todo el soporte presupuestario al cumplimiento de las obligaciones de reducción del déficit impuestas por Bruselas, ya que ambos partidos asumen la defensa de las políticas de austeridad con el entusiasmo neoliberal que les une

La dotación presupuestaria es de 29.000 millones, y como se especifica en muchos casos no serían aportaciones nuevas ni adicionales. Los ingresos previstos son increíbles, pues se renuncia a una reforma fiscal integral y equitativa que dote de suficiencia de ingresos públicos para mejorar nuestro sistema productivo a través de las necesarias inversiones en capital físico, tecnológico y humano, en potenciar los servicios públicos y la protección a las personas.