INMIGRACIÓN E IDEOLOGÍA

INMIGRACIÓN E IDEOLOGÍA

Los movimientos migratorios representan una de las mayores preocupaciones en la actualidad y constituyen uno de los grandes desafíos a los que se enfrentará el mundo  en los próximos años. Bajo su influencia se han incrementado las dificultades para comprender y explicar muchos de los acontecimientos del mundo en que vivimos: guerras; desastres naturales; colonialismo; cambio climático;  crecimiento demográfico; desempleo y precariedad; desigualdad, pobreza y exclusión social; etc. Incluso, en España -junto a la discusión del techo de gasto, los PGE-2019 y el problema de Catalunya-, el fenómeno de la inmigración ha ocupado en las pasadas  vacaciones un protagonismo destacado y, lo que es más importante, sigue siendo motivo de confrontación política, alentado, desde la demagogia y la irresponsabilidad más absoluta, por el PP y Ciudadanos.

Sin embargo, el fenómeno de la inmigración es muy reciente en nuestro país. Lo más destacable de todo es que ha crecido muy rápidamente, puesto que España ha sido, en términos históricos, un país de emigración hasta la década de los años ochenta del pasado siglo, aunque no lo parezca en estos momentos. En los siglos XIX y XX la emigración tuvo motivos políticos, pero sobre todo económicos, y se dirigió principalmente a Iberoamérica, Norte de África y Europa. En 1939 se produjo además el exilio político como consecuencia del levantamiento militar franquista. En torno a 470.000 exilados atravesaron la frontera con Francia a raíz de la caída del frente catalán. De ellos, posteriormente, unos 35.000 se desplazaron a diferentes países del continente americano. A finales de la década de los cincuenta, y hasta 1973, la emigración económica- en torno a 2.750.000 emigrantes- se desplazó, sobre todo, a Francia, Suiza, Bélgica y Alemania, en su mayor parte procedentes de la España del interior, de la España mesetaria y profunda.

En ese periodo también se llevaron a cabo migraciones del campo a la ciudad que alcanzaron a cerca de 5 millones de personas (en torno al 14% de la población media del periodo); sobe todo de las zonas rurales a Cataluña, País Vasco y Madrid, como consecuencia del crecimiento económico, la mecanización agrícola, el proceso  industrial y la fuerte concentración urbana puesta en marcha en aquella época. Paralelamente se llevaron a cabo las campañas agrícolas a Francia y Bélgica (sobre todo a zonas de vendimia), que alcanzaron sus cotas más altas durante los años sesenta y setenta y fueron paulatinamente disminuyendo a pesar de que todavía se mantienen, aunque con cifras sustancialmente menores.

En España, según datos de UGT y Eurostat-2017, existen 4.419.621 inmigrantes (el 9,5% de la población española, frente al 1,5% del año 1998) llegados a España de Iberoamérica, Europa del Este y África. Se trata de una inmigración joven, heterogénea, en constante evolución, muy ligada al fenómeno de la globalización y a factores estructurales de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo y, como consecuencia, con una cierta dosis de exclusión social, a lo que hay que sumar un porcentaje reducido y reciente de asilados y refugiados políticos.

En este contexto globalizado nadie pone en duda que el nuevo subproletariado está formado por inmigrantes, que son los que sufren las políticas más regresivas que se producen en los mercados de trabajo de los países más avanzados. Desde luego, los inmigrantes  sufren como ningún trabajador nativo el desempleo, la precariedad, la subcontratación, los bajos salarios; en definitiva, la marginación, la desigualdad y la pobreza, cuando no el racismo, la xenofobia y la exclusión social. Los inmigrantes tienen además innumerables problemas para acceder a la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales. Eso explica que tengan tantas dificultades de integración social hasta la segunda o tercera generación, lo que puede ayudar a comprender la violencia esporádica desatada en su día por jóvenes inmigrantes en algunos países.

El fenómeno de la inmigración se aborda, en general, desde una política cimentada en tres pilares básicos: la difícil ordenación de los flujos migratorios (sin una referencia común y suficiente en la UE), la siempre problemática integración social de los inmigrantes y la escasa cooperación al desarrollo, sobre todo con los países origen de la inmigración.

La ordenación de los flujos migratorios es una competencia exclusiva del Estado, según dispone el artículo 149.1.2 de la Constitución Española: “El Estado tiene competencias exclusivas sobre nacionalidad, inmigración, migración, extranjería y derecho de asilo”. Sin embargo, se trata más que de competencias exclusivas de competencias concurrentes, ya que las políticas estatales de admisión de trabajadores extranjeros, de concesión de permisos de residencia y de reagrupamiento familiar, están teniendo importantes repercusiones sociales en los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas y municipios. Por estas razones, las CCAA deben participar más activamente en la gestión e integración social de los inmigrantes, junto a los interlocutores sociales, con el propósito de garantizar los derechos de los trabajadores,  emerger la economía sumergida y promover el trabajo decente y con derechos. En coherencia con ello, debemos exigir a los empresarios una apuesta firme por una contratación laboral cierta y efectiva y al gobierno el acceso normalizado de los inmigrantes a los sistemas públicos de bienestar social: vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Por otra parte, la socialdemocracia debe defender activamente que los inmigrantes participen también en la pretendida redistribución de la riqueza y en la superación de las desigualdades en igualdad de condiciones que los nativos.

En todo caso, la inmigración se reconoce, en general, como beneficiosa para la economía de los países -el ejemplo de Alemania (11,2% de inmigrantes: Eurostat-2017) es particularmente destacable-, puesto que los inmigrantes se encargan del servicio doméstico, cuidan de nuestros mayores y desarrollan las actividades más duras y penosas que desechan nuestros jóvenes. Por otra parte, se trata de una inmigración joven que está contribuyendo al rejuvenecimiento de  poblaciones muy envejecidas, a pesar de que no siempre se percibe así  por unas sociedades más preocupadas por los problemas derivados del desempleo, el terrorismo, las drogas, la inseguridad o la delincuencia. No debemos olvidar que muchos, irresponsablemente, acusan a los inmigrantes -sin pruebas veraces ni fundamentadas- de ser los máximos culpables del desempleo y de la precariedad, además de todos los males que nos aquejan.

Desde luego, los problemas a los se enfrentan los países desarrollados, entre ellos España, por las recurrentes y dramáticas avalanchas de inmigrantes por tierra y  mar, no se solucionan con barreras ni concertinas; simplemente, porque la desesperación y la pobreza extrema arrasan con todo (no se puede poner puertas al campo). En esta tarea deben intervenir también los países del Norte, asumiendo la obligación y la responsabilidad de encauzar y regular los flujos migratorios, además de  contribuir a crear en los países de origen de los inmigrantes unas condiciones que garanticen a sus jóvenes un futuro digno y esperanzador, única manera de evitar la llegada penosa e irregular de todo un mundo de esclavos.

Ello es compatible con asumir que nos encontramos ante un fenómeno muy complejo, de carácter universal y no transitorio. Lo que requiere medidas que tiendan a producir efectos a largo plazo y marcos regulatorios compartidos por los países de origen, tránsito y destino. Estamos hablando de una política basada en el principio de igualdad de trato en las sociedades de acogida entre inmigrantes y autóctonos, en el respeto a los derechos humanos y en compartir la lucha contra las formas delictivas vinculadas a la intolerable inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata de seres humanos. En todo caso, esta es la mejor política para frenar el auge de la extrema derecha, de los nacionalismos excluyentes y de un proceso insolidario de renacionalización de las políticas migratorias, como está ocurriendo en la UE (el ejemplo de Alemania y los recientes resultados electorales de Suecia lo confirman). Nos estamos refiriendo a una política  radicalmente progresista,  que resulta incompatible con la lucha partidaria, el populismo y la demagogia y que, por lo tanto, debe ser defendida por todos los demócratas europeos.

En este sentido, las primeras medidas del nuevo Gobierno fueron en general muy esperanzadoras, aplaudidas y acogidas favorablemente por las fuerzas progresistas y la mayoría de los medios de comunicación. El ejemplo del “Aquarius” recorrió el mundo y dejó en evidencia a la UE y a diferentes países, entre ellos a Italia, al anteponer la defensa de los derechos humanos a otro tipo de consideraciones (por ejemplo, el efecto llamada que carece de base y de fundamento científico probado). Las declaraciones del ministro del interior sobre la retirada de las concertinas también alentó la esperanza de que algo pudiera estar cambiando, a lo que hay que añadir las reuniones al máximo nivel en el marco de la UE para cerrar un acuerdo global sobre este fenómeno.

Desgraciadamente, las recientes medidas del actual gobierno resultan, cuando menos, contradictorias. La devolución masiva y en caliente de 116 inmigrantes, amparada en un acuerdo con Marruecos del año 1992 (utilizado en muy contadas ocasiones), pone en entredicho el Convenio Europeo de Derechos Humanos al “prohibir las expulsiones colectivas de extranjeros”. No es extraño que este hecho haya sido, incluso, utilizado de manera burda e interesada, por la extrema derecha en algunos países de la UE, al percatarse de la inquietud de los ciudadanos por las consecuencias negativas de la globalización, las políticas de austeridad, la inestabilidad y las amenazas externas.

Lo más preocupante de este caso es que se suma a las contradicciones del Gobierno en relación a sus propias intenciones y principios anunciados con anterioridad: la publicación de la lista de amnistiados fiscales; el impuesto a la banca; el impuesto al diesel; la derogación de la reforma laboral; la memoria histórica (exhumación de los restos de Franco y Valle de los Caídos);  la exportación de armas a Arabia Saudí… Estos son algunos ejemplos significativos de descoordinación, cuando no de inmadurez política, que se tendrán en cuenta de aquí a los próximos meses; no debemos olvidar que hace unos días ha comenzado, de hecho, la precampaña electoral relacionada, cuando menos, con las elecciones autonómicas, municipales y europeas, al margen de lo que ocurra, finalmente, con las elecciones en Andalucía.

Por eso, en estos momentos, y a pesar de que hay que seguir respondiendo al fenómeno migratorio y al problema catalán, el gobierno debe cerrar a corto plazo -con Podemos-, un Acuerdo de legislatura relacionado con la Agenda Económica y Social, el techo de gasto y los (PGE-2019). Sin duda, la coherencia de este gobierno y el éxito de las futuras conversaciones van a marcar, en buena medida, las próximas confrontaciones electorales y el futuro de esta legislatura. Mientras tanto, Casado y Rivera rivalizan en mantener una política de oposición alejada de la realidad social y, lo que es más grave, de marcado carácter provocativo, irresponsable  y montaraz…