INHABILITADO

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia al haber seguido adelante con la consulta independentista del 9N a pesar de que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.  También han sido condenadas las que fueran miembros de su Gobierno, la vicepresidenta y la consejera de educación.

Conviene recordar que, pese a toda la retórica empleada por los independentistas, aquí no se ha juzgado penalmente a nadie por convocar y celebrar una consulta ilegal. El delito de convocatoria de un referéndum ilegal fue suprimido del Código Penal en 2015 por lo que a nadie se le puede condenar por ello. A Más, y sus a sus colaboradoras, se les ha juzgado y condenado, exclusivamente, por haber incumplido una resolución del Tribunal Constitucional. El TSJC ha entendido que el incumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal que paralizaba la consulta implica un delito de desobediencia.

Más centró toda su estrategia de defensa no en negar los hechos –puesto que era evidente que la consulta se llevó a cabo y la sentencia constitucional fue incumplida- sino en rechazar que tuviera conciencia de que con ello estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Su defensa negó la existencia del delito por entender que la desobediencia exige que se haya producido previamente un requerimiento expreso al incumplidor para que obedezca y que se haya hecho caso omiso al mismo. En el caso que nos ocupa, sorprendentemente, el Estado no formuló requerimiento alguno a Mas para que desistiera de la seudoconsulta del 9N puesto que no era más que una farsa sin consecuencias (una broma se llegó a decir). El TSJC, con buenas razones, no ha aceptado esta interpretación. La sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía la celebración de la consulta resultaba tan clara que, aun a pesar de que el Gobierno –con una pasividad que rozó la negligencia-, no formuló requerimiento alguno para que fuera acatada, los condenados no podían ignorar que estaban incumpliendo de forma manifiesta y grave lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Y ello porque de la resolución del Tribunal Constitucional se deducía con meridiana claridad la obligación de paralizar la consulta. Ello hacía innecesario el requerimiento. Pero los acusados no sólo no paralizaron la consulta, sino que desplegaron una serie de actividades para prepararla y finalmente la celebraron. El TSJC recuerda que el incumplimiento de la sentencia constitucional puso en cuestión el principio de que en un Estado de Derecho todas las sentencias –incluidas obviamente las dictadas por el Tribunal Constitucional- deben ser cumplidas y que, con la condena por desobediencia, se restablece ese principio fundamental.

La principal consecuencia de esta condena de inhabilitación a dos años es que Mas queda temporalmente apartado de la primera línea política en la medida en que no podría ya concurrir como candidato ante un eventual adelanto electoral en Cataluña. Por otro lado, su condena puede verse como el preludio de la que podría recaer por desobediencia por la misma causa, a F. Homs, que se lleva directamente en el Tribunal Supremo por ser diputado nacional. Finalmente, la sentencia podría contribuir también a acelerar los planes golpistas de los poderes públicos de Cataluña.

En todo caso, la resolución dictada ayer por el TSJC, al poner de manifiesto que el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional tiene consecuencias penales –la inhabilitación- restaura la confianza en el Estado de Derecho. La sentencia nos recuerda que todos estamos obligados a cumplir las sentencias y, si no lo hacemos, a asumir las consecuencias penales. La impunidad con la que los independentistas burlaron la ley e incumplieron las resoluciones del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014, la pasividad del Gobierno que fue incapaz de garantizar el imperio de la ley, el avance del proyecto independentista golpista, están provocando una desmoralización de los demócratas. En este contexto, esta sentencia –a pesar de su levedad puesto que absuelve a los acusados de prevaricación y por ello la inhabilitación se reduce a dos años y no se extiende a los diez que pedía la acusación- es una buena noticia. No se puede incumplir impunemente las leyes y las sentencias. Ningún ciudadano ni dirigente político está por encima de la ley. Y para garantizar el imperio de la ley están los Tribunales de Justicia.

Sorprendentemente, esto que debería ser obvio en un Estado de Derecho es cuestionado por algunos políticos. Nada hay más peligroso para la democracia que la teoría defendida aquí por los separatistas catalanes de que la supuesta “voluntad del pueblo” pueda prevalecer sobre el “imperio de la ley”. Teoría que va adquiriendo cada vez mayor respaldo. Aquí son Mas y sus seguidores los que afirman que ni la ley ni los jueces podrán frenar “la voluntad del pueblo”. En EE.UU., cuando un juez federal suspendió el veto migratorio de Trump, este reaccionó calificando la suspensión de “ridícula” y al juez de “supuesto juez”. Y en la por tantas cosas admirable Francia, la ultraderechista Le Pen se permite amenazar a los jueces que investigan los numerosos escándalos de corrupción que afectan a su partido, y el candidato conservador Fillon convoca a sus seguidores –de la misma forma que hace aquí Mas- alegando que “el único juicio que importa es el del pueblo” a la vista de que probablemente será condenado por corrupción.

A todos estos populistas conviene recordar, alto y claro, que, en una democracia constitucional, la única voluntad popular legítima es la que se expresa a través del Derecho. No hay democracia sin derecho. Esta es la principal lección de la sentencia que ayer condenó a Mas a dos años de inhabilitación.