INESTABILIDAD Y RIESGOS ECONÓMICOS EN ESPAÑA

En el artículo anterior recordábamos que la dinámica de Cambio global, que caracteriza a la sociedad y condiciona el bienestar de los ciudadanos, generaba en la actualidad importantes riesgos para estos últimos. Riesgos que son sistemáticamente recogidos en los informes periódicos de Naciones Unidas, la OCDE, el FMI o distintas Universidades e Instituciones mundiales o regionales. Entre estos riesgos destacábamos cuatro grandes grupos:

  • Los riesgos ambientales, con muy especial consideración de los riesgos asociados al Calentamiento Global.
  • Los riesgos económicos, con la preocupación centrada en los elevadísimos niveles de deuda pública y privada de los países desarrollados, la enorme masa monetaria acumulada por las políticas de QE (quantitative easing) de los principales bancos mundiales, y las grandes diferencias económicas en la distribución de la renta y de la riqueza.
  • Los riesgos laborales, con una nueva revolución científica que tras las tres primeras registradas por la Humanidad, con sus avances en la productividad (con la mecanización del trabajo, la primera; la producción en masa, la segunda; y la web e Internet, la tercera), claramente está implicando un cambio cualitativo en base al desarrollo de la I+D+i, y en particular de las TIC, con la incidencia creciente de la conectividad universal, la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas (I d C) y los “Big Data” como grandes motores del cambio. Cambio del que una de sus principales consecuencias está siendo una reducción en los niveles de demanda laboral que parece será creciente hacia el futuro.
  • Y, por último, los riesgos geoestratégicos asociados tanto a los intereses de control de las materias primas y los mercados, como a la industria del armamento y a motivaciones político-sociales, o a la insatisfacción de los ciudadanos, que se ven obligados a emigrar por la inestabilidad social generada en sus países, o por la ausencia de oportunidades adecuadas en los mismos.Son muchos y variados los factores que inciden en este tipo de riesgos, adicionalmente a los económicos tradicionales, aunque la mayoría terminen directamente interrelacionados con cuestiones económicas: factores ambientales (la sequía en el este y el sur de África, por ejemplo);factores militares (el terrorismo, las guerras civiles y los conflictos militares en Oriente Medio y África, con las tensiones generadas por los emigrados/refugiados en los países vecinos y en Europa), o factores sanitarios (propagación de enfermedades por factores ambientales –calentamiento global- o asociados a la globalización -virus de distinto tipo como el zika en América Latina, el Caribe, EEUU y el sudeste asiático).

Y también señalábamos en el artículo anterior que la elección de Donald Trump y su objetivo de “América primero como vía para recuperar su grandeza” implicaba un significativo incremento de todos los tipos de riesgos señalados.

En el anterior artículo nos centrábamos en los riesgos ambientales y en la gravedad de la situación y tendencias relacionadas con los mismos, concluyendo que la elección de Trump tendía a agravarlos, y que era perentoria una respuesta adecuada de las administraciones y partidos políticos españoles en lo que se refería a las imprescindibles políticas de adaptación a dicho calentamiento global, que prevengan y minimicen los muy negativos efectos previsibles del mismo sobre este país.

En este artículo vamos a ampliar el foco de atención sobre los riesgos económicos,sobre sus previsibles consecuencias sobre el bienestar ciudadano, y sobre dos de los elementos fundamentales asociados a las Políticas de la tierra interrelacionados con los mismos: las infraestructuras transformadoras del territorio y la vivienda.

Para ello, como se ha señalado, se parte de que los riesgos económicos para países como España están asociados, en primer lugar, a los niveles de deuda y al precio del dinero; que a su vez no son independientes de los elevadísimos niveles de deuda de los países desarrollados, ni de la enorme masa monetaria acumulada por las políticas de QE (quantitative easing) de los principales bancos mundiales. En segundo lugar, en un mundo progresivamente “financiarizado” la situación del sistema financiero y su evolución –muy directamente ligada al primer factor- será un segundo aspecto a considerar con una ligazón clara en España con los activos y pasivos asociados al mercado de la vivienda y a la capacidad de inversión y gasto en bienes y servicios públicos. En tercer lugar, lo que le suceda a España no va a ser independiente de los condicionantes económicos mundiales en una economía globalizada y, muy en particular, de lo que suceda en las principales potencias económicas mundiales, en particular tras los cambios que implica la elección de Donald Trump como futuro Presidente de EEUU, en un mundo con demasiadas ligazones políticas y geoestratégicas de extraordinaria sensibilidad.

Con respecto a los niveles de deuda, como señalaba el FMI en octubre de este año (https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/fm/2016/02/pdf/fmexss.pdf) la deuda mundial sigue al alza y se sitúa en un máximo histórico –en el entorno del 225% del PIB- de la que del orden de dos tercios –unos 100 billones de dólares- son pasivos del sector privado, y unos 52 billones de dólares es deuda pública, equivalente al 78% del PIB. Y como también señala, durante los últimos 15 años el incremento del endeudamiento de los Estados ha sido muy significativo, en gran parte para auxiliar al sistema financiero, lo que ha llevado aque los gobiernos –en media- hayan reducido su gasto, tanto en una inversión que hubiera podido tener una función anticíclica, como en dotación de bienes y servicios públicos, afectando negativamente al bienestar de los ciudadanos.

Pero un aspecto adicional de este endeudamiento es el riesgo que representa para la estabilidad financiera de los propios países y del mundo.Más específicamente, el propio FMI, en el estudio sobre los “shocks fiscales en el mundo” , realizado en 2016, confirmó que la producción de “shocks fiscales” no sólo son más frecuentes de lo que cabría suponer, sino que su magnitud también adquiere dimensiones muy significativas. En media, los países sufren un shock con incidencia negativa de un 6% de su PIB cada 12 años; y un shock fuerte con incidencia negativa de más del 9% de su PIB cada 18 años. Cifras medias preocupantes que lo son aún más para los países que padecen el extremo superior de esos “shocks”, cuya incidencia global, de producirse en la situación actual, puede arrastrar muy negativamente al conjunto.

Y no hay que olvidar que las crisis -shocks fiscales en la denominación del FMI- tienen varias causas:

  • Caídas bruscas del crecimiento económico (shocks macroeconómicos) y rescates del sector financiero, con un promedio cercano al 9% de caída del PIB por suceso.
  • Demandas jurídicas internacionales contra los gobiernos, o rescates de empresas estatales en dificultades, con un promedio cercano al 8% de caída del PIB por suceso.
  • Demandas jurídicas contra gobiernos subnacionales (provincias, estados o ciudades) con un promedio cercano al 3,5% de caída del PIB por suceso.
  • Desastres naturales que cuestan, en media, del orden del 1,5% de caída del PIB por suceso, aunque estos fenómenos son más frecuentes, y su impacto es mucho mayor, en los países propensos a ellos. Sin olvidar, igualmente, que el Calentamiento Global está haciendo crecer esta magnitud en frecuencia y en consecuencias negativas.

Y para muchos analistas 2017 será un año en el que existen fuertes riesgos de un shock macroeconómico, y de fuertes turbulencias en los mercados financieros.

En este marco, datos del Banco de España sobre la situación española señalan que la deuda agregada del país es de 2,73 billones de euros, con una deuda de las Administraciones Públicas que asciende a 1,1 billones de euros y que, tras un intenso desapalancamiento, las empresas (ya con una deuda sobre PIB por debajo de la media de la UE) y los hogares españoles adeudan 1,6 billones de euros. Ello sitúa el endeudamiento de las Administraciones Públicas en el entorno del 100% del PIB y el de las familias y empresas no financieras en un 150% adicional, lo que nos lleva a cifras del orden del 250% del PIB, superando a la media mundial antes señalada del 225%, lo que nos convierte en uno de los países más vulnerables a la evolución de los tipos de interés y a la valoración de los especuladores sobre la “prima de riesgo” del país.

Adicionalmente, la deuda externa de España ronda el 90% del PIB, muy por encima del 35% que recomienda la Comisión Europea, y con unos pasivos exteriores exigibles que equivalen a 1,7 billones de euros; pasivos que han crecido sensiblemente (más del 11%) desde finales de 2013, situándose en el entorno del 170% del PIB español, y convirtiendo nuestra deuda externa en una de las más elevadas de la zona euro, sólo por debajo de Grecia y Portugal.

Una parte significativa de la evolución actual de la deuda en España se debe al incremento de la inversión (ha pasado del 19% de 2013 al 21% del PIB) con la colocación de inversiones externas en el país, en empresas nuevas o ya existentes, o en el posicionamiento en el sector inmobiliario. En paralelo, las empresas españolas han bajado su endeudamiento global y mantienen niveles de liquidez muy elevados (cifras del orden de 13.000 millones de euros que no se dedican a la inversión productiva por desconfianza en la evolución futura de la economía). Pero una parte significativa de la dinámica seguida por la deuda se encuentra en la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas (cifras del orden de 8.200 millones de euros, 1.000 millones más que hace un año) pese a la fuerte caída producida en los gastos de inversión de las mismas, que han afectado gravemente a las tasas de mantenimiento y reposición necesarias de muchas de las infraestructuras que son la base del capital productivo de este país y de la adecuada dotación de bienes y servicios públicos, con la consiguiente afección negativa al bienestar ciudadano.

En teoría la deuda no debería ser un problema. Un endeudamiento utilizado para el desarrollo de actividades que generan rentas, directas o indirectas, superiores al tipo de interés que se paga por la deuda, genera siempre un saldo final positivo para el que se endeuda. El problema es cuando la deuda se utiliza para actividades que no cumplen ese requisito básico, generando una espiral creciente para el volumen acumulado de deuda, que hay que saldar por otros mecanismos, entre los que hay que señalar que una inflación superior a la diferencia entre la renta generada y el pago de la deuda siempre tenderá a minimizar esta última en términos reales. Pero ante una situación en la que los anteriores procesos no se producen, dado el bajo nivel de crecimiento macroeconómico de muchos países endeudados y los bajos niveles de inflación que les afecta, muchos especialistas señalan que la dinámica creciente de los niveles de deuda alcanzados por el conjunto de la economía mundial, y por muchos de los países en que dicho volumen supera la media mundial, incluida España, son inviables de mantener y requerirán, más pronto o más tarde, una reestructuración o quita parcial, que defina un nuevo punto de partida que permita revertir el proceso de progresivo endeudamiento global.

El FMI viene reiterando la imprescindible necesidad de que se proceda a una quita parcial de la deuda en Grecia para evitar llegar a una situación irreversible en sus problemas, salvo a costa de una grandísimo coste social. Las resistencias de países como Alemania son muy fuertes, ya que podría significar de inicio de un camino en la que ese país tendría mucho que perder. Pero la inevitabilidad de las reestructuraciones de deudas parece clara. La cuestión está en cómo y a qué costes y niveles de inestabilidad se producirán esos procesos.

Porque, una idea de los riesgos que la situación actual implica, por ejemplo para España, puede valorarse si se considera que una subida de los tipos de interés medios de la deuda de solo un punto supondría un incremento de los pagos financieros de la economía española de unos 27.300 millones al año, más del 2% del PIB español, del que cerca de un 1% correspondería a déficit público, alejándonos de nuevo de los niveles exigidos por la UE para esta magnitud, que debería situarse lo antes posible por debajo del 3% del PIB; aunque hay que señalar que, realmente esta incidencia sería menor si en paralelo se produce un incremento de la inflación que incida en el aumento de los ingresos fiscales del Estado.

Pero esta vulnerabilidad de España ante una subida de los tipos de interés está convirtiéndose en un riesgo cierto ante la subida de tipos ya iniciada en EEUU y el riesgo claro de que las políticas propuestas por el nuevo Presidente de EEUU lleven a dinámicas incrementales en estos tipos y en la inflación mundial, mucho más rápidas de las convenientes para países como España.

Las Administraciones Públicas españolas habrán abonado este año más de 33.200 millones de euros de intereses (del orden del 3,1% del PIB) con unos tipos de interés que van a ser inviables el año que viene. Las expectativas de que la inflación alcance el nivel del 2% ya en 2017 pueden llevar a que los tipos de interés nominal a diez años se sitúen entre el 3% y el 3,5%, dos puntos por encima de los actuales. De hecho, los bonos a 10 años emitidos por el Tesoro alemán ya han pasado de tasas negativas a tasas, en el mercado secundario, del 0,35%; y la deuda española a 10 años ha pasado al 1,5%, con un incremento de medio punto en menos de un mes. Y aunque la deuda del Estado tiene más de seis años de vida media y su renovación o refinanciación se hace atendiendo a una cadencia media de un sexto al año, con una tendencia a la sustitución de deuda cara por nueva deuda más barata en los últimos años, este proceso puede cambiar en 2017, encareciendo la media las nuevas emisiones ante la elevada magnitud –del orden de 160.000 millones de euros- de los vencimientos de ese año. Lo que llevará al Estado a la necesidad de subir impuestos y/o recortar gastos, aunque parte del incremento de la factura financiera se compense con el incremento de ingresos fiscales y por cotizaciones si, en paralelo, como es probable, se produce el señalado incremento de la inflación al 2%.

El resultado será la continuación de una “consolidación fiscal” difícil de revertir, por lo menos hasta el 2021, cuyos negativos efectos sociales ya se han señalado reiteradamente para el caso español.

Adicionalmente, existen otros motivos para preocuparse en 2017 cuyo origen en muchos casos deriva de lo acontecido en 2007. Así, hay que recordar que tras varias décadas en que el sector financiero gozó de una situación excepcional en lo que se refería a la evolución de los precios, de los beneficios y del volumen de transacciones, magnitudes que crecían en paralelo a su influencia y poder político y social, a mediados de la primera década del siglo XXI el riesgo de un estallido en la burbuja que se había formado, fundamentalmente en EEUU y en Reino Unido, pero también en otros países europeos, como Irlanda o España, era claro para muchos analistas. E igualmente se sabíaque sus consecuencias serían de una gran magnitud ante los cambios producidos en el comportamiento de las empresasno financieras, de los bancos y de los hogares que habían conferido a las operaciones financieras un peso sin precedentes, desbancando en parte éstas a la economía productiva tradicional en la generación de actividad, inversiones (muchas de ellas fuertemente especulativas en el caso del sistema financiero) y beneficios.

En agosto de 2007 el mercado monetario de EEUU sufrió una primera crisis, que se recrudecería entre agosto y septiembre de 2008. La burbuja resultante de la “financiarización” apoyada y promocionada por el Estado había estallado, y su influencia destructiva sobre el conjunto de la economía se haría patente a lo largo y ancho del planeta en los años siguientes. Entre 2010 y 2012 la crisis se magnificó porque los Estados habían acumulado deuda como consecuencia de su reducción de ingresos fiscales a causa de la recesión, y porque las haciendas públicas habían asumido el coste de rescatar al sector financiero. La burbuja creada por el capital privado derivó en una crisis de las finanzas públicas. El aumento del endeudamiento público condujo a una fuerte inestabilidad, puso de manifiesto la separación norte -sur y centro- periferia, empujó a la quiebra a varios países periféricos y puso en cuestión al euro y a la unión monetaria.

Hoy, a finales de 2016, muchas de las consecuencias y elementos originarios de ese proceso siguen vigentes y, adicionalmente, existen otra serie de factores que implican riesgos evidentes ya para 2017:

1. Las grandes corporaciones bancarias siguen representando un grave riesgo: son sistémicos (toobig to fail), sobre todo en la UE. Y aunque la directiva europea de reestructuración y resolución bancaria (15/5/2014) coloca al dinero público como último pagano de los rescates, la situación crítica del sistema bancario europeo que no ha sido ni recapitalizado ni reestructurado, a pesar de un stock de créditos dudosos de más de 900.000 millones de dólares según el FMI. Su rescate implicaría una intervención pública, comparable a lo que se hizo en Estados Unidos y Reino Unido en 2008, ya que la esperanza de que el mercado asumiera el aumento de capital que necesitan es poco viable en el nivel de precios actual; y el recurso al mecanismo de socorro del BCE podría acelerar el contagio que se trata de evitar a toda costa. Como se ha señalado reiteradamente, la incoherencia de la regulación financiera europea, así como el carácter inaplicable y peligroso de las reglas fijadas para la resolución de las crisis bancarias, hacen imprescindible buscar alternativas para el saneamiento drástico y rápido del sistema bancario; aligerar su reglamentación y fiscalidad; y buscar alternativas de rentabilidad para el sistema ante las tasas negativas del BCE.

2. Los bancos centrales siguen manteniendo que la política monetaria ultra-flexible sigue siendo esencial para apuntalar las economías aún débiles y alcanzar sus objetivos de inflación. Pero los efectos de tasas cercanas a cero o negativas afectan muy negativamente al sistema bancario y a los fondos de pensiones y aseguradoras. No obstante, el mantenimiento de bajos tipos de interés facilita el desapalancamiento de las empresas y la financiación de la deuda de los países altamente endeudados, al igual que también facilitan la inversión productiva y el crédito a tipos reducidos, aunque con una incidencia mucho menor de lo previsible en países como España por las fuertes restricciones que establece un sistema bancario con altas tasas de morosidad, todavía elevada dependencia del sector inmobiliario y una liquidez en las grandes empresas ya de por sí muy elevada.

3. Donald Trump, que estrenará mandato tras su proclamación como presidente de EEUU, el 20 de enero, en el ámbito comercial ha defendido la imposición de altos aranceles a las importaciones chinas y mexicanas y la denuncia de algunos de los principales convenios internacionales de comercio firmados, lo que sería el probable inicio de guerras comerciales con un coste elevadísimo para la economía mundial, si las multinacionales que se verían fuertemente perjudicadas y el ala más moderada del partido republicano no lo impiden. Por otra parte, tras su elección, el rendimiento de los bonos a diez años de Estados Unidos ha subido a un 2,3%, desde un 1,7% inicial. En las tres semanas siguientes a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el dólar tuvo uno de sus aumentos más agudos en contra de una canasta de monedas de países ricos. Ahora está un 40% por encima de sus mínimos en 2011, lo que incentivará el alza de tipos en el resto del mundo, aunque también la mejora de la competitividad de las exportaciones a EEUU, salvo si ese país realiza las medidas restrictivas anunciadas, generando “guerras comerciales internacionales” de resultado claramente inestabilizador.

4. Gran Bretaña debería iniciar las negociaciones para salir de la UE con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, aunque se espera un proceso largo y complejo, con imposible solución si se pretende conciliar el mantenimiento del Reino Unido en el mercado único con la negativa británica al libre movimiento de personas. La inestabilidad ante la falta de acuerdos significará también un claro perjuicio para el conjunto de la UE.

5. Varios países europeos tienen elecciones (Francia, Alemania, Países Bajos, probablemente Italia) en un marco de fuerte rechazo social a las políticas de pérdida del bienestar y de presión migratoria, que están siendo el caldo de cultivo de posiciones autoritarias –cuando no fascistas- y euroescépticas que también tienden a incrementar la inestabilidad y los riesgos socioeconómicos.

6. La previsible devaluación de la moneda china puede causar una menor inflación y caídas en los precios de las materias primas, ya que China es el mayor consumidor global de las mismas, pero esto sería negativo para disminuir el efecto positivo de la inflación de la deuda, y afectaría a la competitividad del resto de los países en el comercio internacional.

En este marco, en España, para 2017, las previsiones establecen un crecimiento en su PIB de entre el 2,4% y el 2,6%, superando el nivel de PIB que tenía en 2008, lo que le deja margen de acción si los tipos de interés se sitúan por debajo de estas cifras. Pero también en España, la productividad de la economía (que es la única fuente de crecimiento del PIB real per cápita a largo plazo) ha disminuido de forma continua en el periodo 2000-2014, con una caída anual promedio del 0,7%, frente al incremento medio anual del 0,5% en el mismo periodo en países como Alemania. La alta temporalidad del empleo en España, las disfuncionalidades del mercado laboral español relacionadas con la calidad del mismo, con un elevado empleo parcial involuntario, y los sectores en que crece éste (servicios de bajo valor añadido) explican esta evolución, que es difícilmente compatible con la mejora del bienestar.

Y aquí entraría otro de los elementos fundamentales que liga la problemática económica con las Políticas de la tierra y la transformación del territorio. España sigue sin haber acabado todavía con las secuelas de su burbuja inmobiliaria y financiera, lo que incide en el papel del desarrollo urbanístico y la situación de la vivienda en el mismo.

Los datos del Banco de España muestran que el suelo urbanizable o urbanizado y la vivienda siguen siendo el gran problema de la banca española. A cierre de junio pasado, el Banco de España situaba en unos 199.000 millones de euros los activos improductivos de este tipo que siguen en poder de las entidades financieras. Pese a la mejora que está registrando el sector inmobiliario, solo han reducido estos activos en un 12% en el último año, lo que constituye un riesgo para su cuenta de resultados y su rentabilidad. Entre 2011 y 2013 se produjo una mejora en la situación del sistema financiero español por el traspaso al banco malo -la Sareb- de un importe bruto de activos dudosos de unos 32.000 millones de euros”, pero fuera de este hecho, desde 2011 prácticamente no ha mejorado nada la situación del sistema.

La Sareb, propiedad del Estado al 45% y de la banca al 55%, es una entidad que se constituyó para evitar la quiebra de las antiguas cajas de ahorros retirándoles sus activos de peor calidad. Sigue la política de aguantar los activos hasta que recuperen valor y venderlos con un beneficio si es posible, actuando el Ejecutivo para que la Sareb no tenga que reconocer las pérdidas latentes en sus resultados y evite la necesidad de pedir dinero por ello a sus accionistas, incluido el Estado.En la estructura del banco malo ahora quedan 952 millones de capital y 1.429 millones de deuda subordinada frente a los 1.200 millones de capital y 3.600 millones de deuda subordinada que había cuando se constituyó. Además soporta unos costes financieros muy elevados, debido a que la adquisición de activos se financió con una deuda que concedieron las propias cajas y que reporta a estas unos importantes intereses. Pero si en los diez años de vida que según su constitución le quedan a la Sareb, ésta no consigue vender sus activos al menos a los precios a los que se compraron incluyendo los altos costes de mantenimiento que soporta, entonces el Estado tendrá que cubrir las partes de pérdidas que le correspondan y hacer frente a toda la deuda que aún tenga pendiente con las cajas.

El suelo es el activo que más pesa en la cartera del sistema financiero y de la Sareb, pero es el más difícil de vender y sanear. Lo que se une a las malas perspectivas de rentabilidad de un sistema financiero que afronta bajos tipos de interés, el aplanamiento de las curvas de rentabilidad (excesiva carga de personal y sucursales), las débiles perspectivas de crecimiento económico global en un entorno de alta internacionalización de su negocio, las mayores exigencias regulatorias y la competencia creciente de otros agentes como la banca en la sombra (fondos y vehículos de inversión de actividad crecientemente significativa en el conjunto del sistema), o los nuevos competidores tecnológicos y de la economía colaborativa (crowdlending, préstamo directo de particular a particular, nuevas cooperativas de inversión en red, etc.).

Como resultado final, es claro que 2017 va a representar un año con retos difíciles para un país como España, donde también la situación política puede verse abocada a nuevas elecciones a mitad del año. Ser conscientes de los retos y buscar alternativas consensuadas en la izquierda es una necesidad perentoria en la que habría que trabajar urgentemente.