IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO

El Grupo Socialista ha obtenido el respaldo del Congreso a su Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

El objetivo que persigue esta Proposición de Ley es el de evitar que el proceso de externalización que se está extendiendo en las empresas, incida en la mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.

Su aprobación en el Congreso de los Diputados constituye el punto de partida para acabar con la Reforma Laboral del Partido Popular, una reforma que ha conducido a nuestro país a un modelo de empleo precario, de desprotección frente al desempleo y de bajos salarios.

Un modelo autoritario de relaciones laborales, queha roto los equilibrios de poder entre trabajadores y empresarios y que ha debilitado la negociación colectiva.

Todos estos factores sumados al creciente proceso de externalización, han agudizado aún más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados en nuestro país.

Una práctica que propicia que muchos trabajadores, desempeñando las mismas funciones que otros, cobren hasta un 50% menos de salario, cuando lo hacen a través de una empresa de outsourcing.

La externalización se ha convertido en un fenómeno que se extiende con suma rapidez en sectores como el de hostelería, y que no solo afectan a Comunidades Autónomas cuyo motor económico es el turismo como es el caso de Canarias y Baleares, sino que se ha extendido a otros sectores como el de logística, automoción y los Contac-Center entre otros.

Tenemos un país sembrado de desigualdades, con un 13,2% de trabajadores pobres, es decir, un 28% de la población, que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Precariedad laboral, empleo temporal e inseguridad es el resultado de la Reforma Laboral del Partido Popular. Tener un trabajo ya no asegura cubrir las necesidades básicas.

La pobreza laboral aumenta en nuestro país, y lo hace alentada y fortalecida por el debilitamiento de la equiparación de fuerzas necesarias en la negociación colectiva, que el Partido Popular borró de un plumazo.

Además, con la entrada en vigor de la Reforma Laboral comenzaron a aplicarse las nuevas reglas de descuelgue de condiciones de trabajo, provocando que en España se hayan producido más de 5.000 inaplicaciones de convenios que han afectado a cerca de 250.000 trabajadores desde 2012.

Las políticas laborales del Partido Popular quedan en entredicho, cuando son las propias empresas del sector, las que abogan por dar pasos hacia la equiparación salarial, y adoptan medidas correctoras para garantizar la seguridad jurídica.

Este modelo laboral, que apuesta por la devaluación salarial, atenta seria y gravemente contra las empresas, ya que aleja de la condición de consumidores potenciales de los productos ofertados por las mismas, a los trabajadores que apenas obtienen ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas.

En definitiva, aprobar esta Proposición de Ley permite iniciar la cuenta atrás para devolver la dignidad a los trabajadores, para que haciendo el mismo trabajo se obtenga el mismo salario.