¿HAY MIEDO A ACTUAR JURÍDICAMENTE CONTRA EL INDEPENDENTISMO?

A pesar de las críticas cuasi generalizadas de los medios de comunicación (donde no faltaba cierto desconocimiento de lo que es la función consultiva del Estado, como veremos más abajo), la impugnación del Gobierno de la Nación a la propuesta de candidato formulada por el Presidente del Parlamento catalán, ha sido un acierto político. Pero ese acierto político, que devolvió la iniciativa al Gobierno, puede devaluarse si prosiguen las maquinaciones de los golpistas sin que reciban la adecuada respuesta por parte del Estado.

Gracias a la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional se ha evitado que el Parlamento, inaugurando la vulneración del ordenamiento que tanto practicó el anterior Parlamento disuelto en 2017, invistiera fraudulentamente a Puigdemont. Con ello se han evitado dos problemas políticos. Por un lado, que el nuevo Parlamento iniciara la adopción de decisiones inconstitucionales, concordantes con la rebelión secesionista, lo que habría supuesto un precedente muy negativo. En segundo lugar, se ha evitado que Puigdemont se paseara por Europa como Presidente nuevamente elegido y nuevamente destituido, pues en la opinión pública europea es muy difícil explicar las irregularidades y delitos que impiden que el exPresidente pueda ser elegido.

El tema era muy importante para asegurar la legitimidad política del Estado frente al secesionismo, pero el Consejo de Estado no supo verlo. Quizá podría resultar inadecuada la impugnación preventiva que formuló el Gobierno pero era obligación del Consejo de Estado dar una solución conforme a Derecho (como, por otra parte, ha hecho mal que bien el Tribunal Constitucional). En cualquier caso, los comentaristas de la prensa, incluso los que son proclives a la unidad del Estado, se han quedado en la anécdota del dictamen contrario sin entender que la función consultiva que corresponde al Consejo de Estado y a otros órganos similares no es la función jurisdiccional. Quiero decir que, aunque no frecuentemente, no es una rareza que el órgano consultante no atienda el dictamen del órgano consultado. Los dictámenes del Consejo de Estado no tienen efecto de cosa juzgada, inamovible.

Era igualmente erróneo, en los medios de comunicación, equiparar la actitud del Gobierno con la del Parlamento catalán que en septiembre y en octubre, para ganar tiempo en su enfrentamiento con el Estado, no pidió dictamen preceptivo al Consejo de Garantías Estatutarias. Lo que se reprochó a la Mesa golpista del Parlamento catalán no fue desatender el dictamen del Consejo consultivo catalán sino saltarse el trámite preceptivo de la consulta, que no es lo mismo. En fin, también erraron los comentaristas de prensa al reprochar que el Tribunal Constitucional desatendiera el informe de sus Letrados que aconsejaban inadmitir a trámite la impugnación del Gobierno. El error proviene de equiparar a los Letrados del Tribunal Constitucional a los de un Parlamento. Estos últimos, en su función de asesoramiento jurídico, tienen cierta autonomía ante la Mesa pero el Letrado que asiste a cada Magistrado constitucional es un mero colaborador que escribe conforme a las instrucciones de su Magistrado (que lo ha propuesto como colaborador), lo que es legítimo. Fue poco elegante y poco ético que ALGUIEN del Tribunal Constitucional filtrara a la prensa que el Magistrado ponente estaba en desacuerdo con la admisión a trámite y que también lo estaban los Letrados, pues en realidad estaría en desacuerdo el Letrado que escribe conforme a las instrucciones del Magistrado, que no es lo mismo. A veces se tiene la impresión que en las filas progresistas del Tribunal Constitucional da miedo comprometerse en la defensa del Estado pero si están en desacuerdo con ese compromiso, nada las impide dimitir y seguir siendo políticamente impolutos.

Porque el Tribunal, como escribí en El País, el 4 de febrero pasado, ha escrito recto con renglones torcidos. A mi juicio, estaba obligado a suspender el acto jurídico de propuesta de candidato por el mero hecho de pedirlo el Gobierno, que tiene ese privilegio conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del propio Tribunal. En lugar de hacerlo, ni suspendió ni admitió a trámite la impugnación del Gobierno pero por su cuenta estableció criterios sobre cómo puede concurrir Puigdemont a la investidura y como no puede hacerlo. Más vale eso que nada pero el Tribunal Constitucional no cumplió con las obligaciones que le impone la Constitución.

Estas reflexiones vienen a cuento de las nuevas maniobras que está preparando Puigdemont, maniobras de las que se puede hacer cómplice el Presidente del Parlamento Torrent pues el rechazo del informe del Letrado Mayor del Parlamento hace pensar que se plegará al final al ex – Presidente. ¿Seguiremos obstaculizando la legítima actuación del Estado? ¿Nos inventaremos escrúpulos que ocultan el miedo de algunos a tomar decisiones comprometidas?