HAY MAYORÍAS PARA EMPRENDER REFORMAS

El discurso de Mariano Rajoy en la sesión final de su investidura demuestra que el Presidente del Gobierno no ha asumido aún el cambio que se ha producido en el país y en su representación parlamentaria. El recién reelegido jefe de Gobierno hizo un planteamiento desafiante, negándose a “demoler” o “liquidar” las principales reformas emprendidas entre 2012 y 2015. Rajoy parece no ser consciente de que si bien no fue posible establecer una mayoría alternativa de Gobierno, sí hay condiciones en el nuevo Parlamento para sumar mayorías con las que impulsar cambios profundos en las políticas desarrolladas durante los últimos años.

El PSOE no ha desbloqueado el Parlamento para avalar las políticas del PP o para renunciar a los cambios que necesita y demanda la sociedad española. Todo lo contrario. Una vez constatada la imposibilidad de formar Gobierno propio, por los vetos cruzados de Podemos y Ciudadanos, los socialistas aspiran a liderar nuevas mayorías parlamentarias para derogar o rectificar las legislaciones más retrógradas y perniciosas del Gobierno Rajoy, con su acuerdo y colaboración o sin ellos. Aunque es cierto que para ello será preciso antes superar la fase de los reproches mutuos y estériles entre las fuerzas de la oposición.

Y si Rajoy tiene en la cabeza someter a un chantaje permanente a los grupos de la oposición para que renuncien a sus expectativas de cambio bajo la amenaza de la disolución de las Cortes, se equivocará de parte a parte. Es verdad que varias formaciones políticas, incluidas la segunda y la tercera en representación parlamentaria, se encuentran en un momento de redefinición en sus estructuras y en su liderazgo y podrían ser, en principio, reacias a una convocatoria electoral temprana. Pero también es verdad que, en el caso de una disolución anticipada, Rajoy y el PP sufrirían el coste del hartazgo ciudadano ante tanta inestabilidad, tanto desacuerdo y tanto tacticismo partidario.

El desbloqueo de la legislatura debe servir para impulsar grandes acuerdos pendientes en materias de Estado, como la renovación del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, como la sustitución de la LOMCE por una nueva legislación que asegure una enseñanza de calidad con equidad, y como el acometimiento del desafío soberanista en Cataluña mediante una revisión constitucional de la vertebración territorial del Estado, respetando la soberanía nacional, la unidad del país y la igualdad de todos los españoles. Si hay voluntad de diálogo y acuerdo, esta sería una buena senda para recorrer durante los próximos años, en interés de todos los españoles.

Ahora bien, junto a los grandes consensos de Estado, el PSOE aspira a alcanzar algunas metas relevantes de su programa y de su compromiso con la sociedad. Al menos en diez cuestiones básicas.

Si no hay renovación del Pacto de Toledo que la incluya, es preciso sacar adelante la iniciativa legal ya registrada con el apoyo de la mayoría del Congreso para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en el año 2017. Y hay que reponer y blindar el fondo de reserva de las pensiones, esquilmado durante los cinco últimos años por el Gobierno del PP. Urge, en todo caso, asegurar el equilibrio financiero en el sistema de la Seguridad Social.

Si no hay pacto educativo, la mayoría del Parlamento debe derogar la LOMCE, sus reválidas punitivas, sus itinerarios segregadores y su clericalismo anacrónico, para impulsar una nueva legislación que promueva la enseñanza de calidad con igualdad.

La reforma laboral del PP debe ser desmontada pieza por pieza, desde sus fundamentos, porque los trabajadores españoles no pueden aceptar la búsqueda de la competitividad mediante la devaluación de sus salarios, sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales. Necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que asegure la creación de buenos empleos.

Revertir los recortes sociales ahora que el crecimiento del PIB lo permite, especialmente en materia de sanidad, educación y dependencia. Afrontar una reforma fiscal valiente y progresiva, que haga pagar a los que más ganan y más tienen, para atender debidamente a quienes más lo necesitan. Recuperar los derechos y libertades cercenadas en la ley mordaza.

Constituir la prometida comisión de investigación sobre los casos de corrupción política, esclarecer su alcance, establecer responsabilidades y emprender cambios legislativos para atajarla de verdad. Abrir a la participación cívica las instituciones democráticas, con imaginación y afán de transparencia. Y transitar definitivamente de la igualdad legal a la igualdad real entre hombres y mujeres.

Estos son algunos de los retos pendientes en nuestro país, y Rajoy se equivocará gravemente si interpreta el resultado de la votación de su investidura como una renuncia a enfrentarlos. Tendrá que entenderlo, por la buenas o por las malas.