GOBIERNO DEL PP, DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES IMPUESTAS

GOBIERNO DEL PP, DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES IMPUESTAS

Después de 316 días de Gobierno en funciones, dos convocatorias electorales y tres procesos de investidura, el país tiene un Gobierno del Partido Popular (PP) con plenos poderes. Mariano Rajoy ha sido reelegido presidente del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos (C’s) y Coalición Canaria (CC) y la abstención de 68 diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En contra le votaron 141 diputados del resto de grupos parlamentarios, entre los que se incluyeron 15 socialistas.

En el debate de investidura Mariano Rajoy se comprometió a respetar el diálogo con los grupos parlamentarios y desarrollar el diálogo social con los interlocutores sociales, consciente de las debilidades de su Gobierno en minoría. Después de haber desarrollado su acción de Gobierno, con mayoría absoluta, caracterizada por el autoritarismo y las imposiciones de recortes y contrarreformas laborales y sociales.

Los decretos leyes han sido la seña de identidad de la X legislatura, la reforma laboral de 2012 fue uno de los primeros, al igual que los recortes en las prestaciones por desempleo y en los salarios de los empleados públicos o la reforma de las pensiones, entre otras medidas regresivas llevadas a cabo por el Gobierno del PP, desde el 2012 hasta el 2015.

El PP al no poder materializar su estrategia de una gran coalición para formar Gobierno, ha asumido gobernar en minoría, lo que requiere apoyos a las políticas que ha venido desarrollando en los años de gobierno. El Presidente del Gobierno ha manifestado su predisposición a negociar sobre diversas materias: en pensiones a convocar el Pacto de Toledo, en educación ofreció un pacto nacional, para las Comunidades Autónomas una nueva ley de financiación, para Cataluña ofreció la búsqueda de fórmulas de diálogo, cumplir con las exigencias de la Comisión Europea para recortar el déficit público, reitero su compromiso con el pacto anticorrupción, medidas para la igualdad y la conciliación. Repitió su propuesta electoral de alcanzar 20 millones de ocupados en 2020, ahora hay 18,5 millones de personas con empleo. Antes de la caída de Lehaman Brothers, en el tercer trimestre de 2008, España tenía 20,3 millones de ocupados, 1,8 millones más que ahora.

Mariano Rajoy, fue muy tajante para dejar claro que no está dispuesto a renunciar a sus principales reformas. Señaló como “líneas rojas” la derogación, entre otras, de las reformas laborales y de pensiones, la LOMCE, la Ley de Seguridad Ciudadana, la del Código Penal (que en su artículo 315.3 limita la libertad sindical y el ejercicio del derecho a huelga). Con el argumento de no dañar la recuperación económica y la creación de empleo, cerró cualquier posibilidad de reversión de las reformas impuestas por la mayoría absoluta del PP. También advirtió que no se le podía exigir que traicionara su propio proyecto político.

Pero los resultados sobre la evolución del empleo y el desempleo, junto con la evolución de los salarios, desmienten el balance que el gobierno del PP ha venido realizando de la reforma laboral impuesta en 2012 y sus desarrollos de 2013 y 2014. Si bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ahora hay 700 mil ocupados más que a finales de 2011, cuando tomo posesión Mariano Rajoy, y 900 mil parados menos, la tasa de paro ha bajado del 20% después de seis años. Nuestro mercado laboral es más pequeño, se ha reducido la población activa en 600 mil personas, por el desánimo de las personas que renuncian a buscar empleo por la falta de expectativas, por el retorno de los emigrantes extranjeros y por la marcha a otros países de miles de trabajadores en paro (especialmente jóvenes).

De los 4,3 millones de personas desempleadas, el 58% lleva más de un año en el paro (parados de larga duración) y el 42% más de dos años, por lo que se corre el riesgo que sean definitivamente expulsados del mercado de trabajo. 1,4 millones de hogares tienen a todos sus miembros en el desempleo y 666 mil no perciben ningún ingreso. Los jóvenes, las mujeres y los mayores de 55 años son los grupos más afectados por el paro. La protección por desempleo se ha reducido, la tasa de cobertura ha descendido del 73,6% en 2009 a menos del 55% actualmente.

Prácticamente casi todo el empleo creado es temporal y parcial, mayoritariamente en las actividades estacionales y de servicios. La tasa de temporalidad alcanza el 27%, la más alta desde 2008 y la parcialidad involuntaria afecta al 61% de ocupados a tiempo parcial. Ha aumentado la rotación de los contratos indefinidos, pues para generar un puesto de trabajo estable se requieren 1,45 contratos fijos.

La devaluación salarial en nuestro país ha sido muy intensa por las medidas adoptadas en la reforma laboral de 2012, han debilitado la negociación colectiva, facilitando a las empresas la inaplicación de los convenios colectivos y la modificación de las condiciones de trabajo. Según la Agencia Tributaría, en 2014 un 35% de los trabajadores (casi 6 millones) cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (655,20 euros por 14 pagas) que ha perdido el 4,1% del poder de compra. Sin embargo, en 2008 representaban un 27,8%. Los salarios han perdido poder de compra, pese a que en los últimos años la inflación ha sido negativa, en el periodo de 2009 a 2016 los trabajadores han sufrido una pérdida del 4,8%. Un 13% de los trabajadores sufre pobreza laboral y 13,3 millones de personas, un 28,6% (según EUROSTAT), de la población de nuestro país está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Esta situación de precariedad en el empleo y bajos salarios que originan desigualdad y pobreza, son razones más que suficientes para derogar las reformas laborales de 2010 y 2012. Pero otra circunstancia se ha sumado a la necesidad de cambiar la legislación laboral en nuestro país, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el encadenamiento de sucesivos contratos temporales, la falta de indemnización a los contratos de interinos y la desigualdad de las indemnizaciones entre los temporales y los indefinidos va contra la normativa comunitaria. Concretamente vulnera la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las organizaciones empresariales europeas (UNICE y CEEP) sobre el trabajo de duración determinada. Esta sentencia es vinculante para los tribunales españoles, de hecho ya se han producido varias sentencias declarando el derecho de los interinos a percibir indemnización y a equiparar las indemnizaciones de los contratos temporales a las de los fijos.

Las sentencias de TJUE requieren que la regulación laboral de España cumpla la  normativa europea, equiparando los derechos laborales de interinos y temporales a los indefinidos. Posición defendida por todos los partidos políticos, excepto por el PP que dice estar estudiando la sentencia. UGT y CCOO han expresado su exigencia con el cumplimiento correcto y completo de la normativa europea y la patronal ha manifestado su desacuerdo.

El Presidente del Gobierno también ofertó diálogo social a los interlocutores sociales, fundamentalmente sobre empleo y pensiones, pero las “líneas rojas” que ha marcado respecto a las reformas producidas, hacen difíciles esos procesos. Pues sin revertir los derechos individuales y colectivos arrebatados, parece poco probable que las negociaciones se produzcan de manera equilibrada entre las organizaciones empresariales y sindicales.