GOBERNANZA Y DESIGUALDADES REGIONALES EN ESPAÑA (1ª Parte)

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Introducción.

¿Se supone que los que Gobiernan un territorio son responsables de la evolución que siga el mismo en términos comparativos con lo que sucede con otros territorios culturalmente semejantes? ¿Por qué son tan escasas las valoraciones de esta responsabilidad y por qué parece tener tan escasa repercusión las mismas en las elecciones de los Gobiernos respectivos?

En el artículo anterior, dedicado a las desigualdades territoriales, se enfocaba la situación mundial y la posición de España en la misma, constituyendo la primera parte del grupo de artículos que pretendemos dedicar a la temática de las desigualdades territoriales, y a la eficiencia relativa implícita de los Gobiernos correspondientes en la misma. Dicho artículo concluía señalando que España, en media, aunque mantiene posiciones aceptables en los indicadores de desarrollo humano mundiales, ha perdido posiciones con el Gobierno de Rajoy en el ranking de países respecto a los indicadores globales de “felicidad” tras la crisis. Y que si bien España se sitúa en la actualidad en un proceso de crecimiento económico, éste incide de forma desigual sobre, por una parte, una clase media acomodada, rentista o con empleo estable, que aunque ha padecido los efectos de la crisis se encuentra optimista ante el futuro económico cercano, si bien la inestabilidad política y la irrupción de Podemos como potencial fuente de Gobierno compartido, le produce inquietudes e inseguridad. Y, por otra, sobre un grupo social mucho más amplio que antes de la crisis, que se encuentra en riesgo de pobreza, desempleado y con pocas posibilidades de acceso a un empleo de calidad, porque ha quedado subordinado a la precarización laboral y a los bajos sueldos, y tiene unas expectativas de futuro fuertemente restringidas.

En septiembre de 2015, Oxfam y Unicef calcularon que del orden del 29% de la población española (más de 13 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, y que desde principios de siglo su patrimonio se incrementaba en un 3%, mientras que el del 10% de la población más rica lo hacía en un 56%. Este mismo mes de mayo de 2016, la Fundación BBVA publicaba una investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que señalaba que, entre 2007 y 2013 la que denominan “clase baja de la sociedad española” pasó a representar un 12% adicional de la población total, pasando del 26,6% de la población, en 2007, al 38,5%, en 2013.

Pero esta evolución media española no incide de manera homogénea sobre todos los territorios y ciudades españolas. En este artículo consideraremos las dimensiones de las desigualdades entre las comunidades autónomas (CCAA) españolas, valorando hasta qué punto la gobernanza de las mismas está asociada a los resultados diferenciales encontrados. En el próximo artículo entraremos a valorar las diferencias entre ciudades, para entrar en el cuarto, y último, sobre las desigualdades en el medio rural y en el patrimonio natural español.

Por lo tanto, en lo que sigue se pretende investigar hasta qué punto los Gobiernos regionales han incidido diferencialmente sobre las consecuencias de la crisis, y del inicio en 2014 de una recuperación macroeconómica sin alcance social generalizado, a través de una serie de Indicadores socioeconómicos básicos regionales, tratando de establecer las desigualdades no estructurales que son achacables a los Gobiernos regionales responsables de la gestión en las correspondientes CCAA. Por motivos obvios del carácter de este artículo, sólo se consideran los potenciales productivos territoriales básicos: población, empresas, ocupación y producción total (no se considera el stock de capital productivo territorial porque los datos más representativos, publicados por el IVIE-Fundación BBVA sólo están disponibles hasta 2012); y también se consideran algunas de las variables básicas resultantes de la gobernanza territorial: evolución del riesgo de pobreza, del empleo y de la tasa de paro. Se tienen en cuenta así, algunos de los indicadores básicos del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre suyas bases, España, y si son responsables también las CCAA, deberían elaborar sus correspondientes Agendas 2030. Algunos de los otros indicadores de esta Agenda, sobre la resiliencia urbana o sobre el patrimonio territorial, natural y cultural, se considerarán en los siguientes artículos.

Centrándonos en el Gobierno de las Comunidades Autónomas, en un artículo de esta sección de enero de 2015 señalábamos, sintetizando los resultados de una amplia y compleja investigación que tuve ocasión de dirigir por aquellos años, que una de las principales conclusiones de la consolidación democrática y autonómica en España, hasta la crisis de 2008, era que había implicado una clara mejora del bienestar de los españoles, desde 1978, y unos cambios territoriales que habían permitido disminuir las desigualdades y homogeneizar las oportunidades medias a las que tenían acceso los residentes en cada una de las cincuenta provincias españolas. Y se destacaba que, aunque sólo fuera por este motivo, se podía señalar que la creación del estado autonómico había sido una decisión inteligente; mejorable, como todo, pero claramente positiva; porque la democracia y la mayor cercanía de la gestión pública a los ciudadanos habían repercutido en la mejora de su bienestar.

Pero en 2008 se inicia un cambio radical en la dinámica socioeconómica mundial, que incide fuertemente en este país por su alta dependencia de un sector inmobiliario altamente especulativo, un sector financiero fuertemente integrado en la citada dinámica especulativa, y una alta dependencia de la economía española de subsectores del sector servicios de muy baja productividad y muy sensibles a la demanda externa. Como resultado, tanto España como todas sus comunidades autónomas y provincias sufren, desde 2008, una de sus mayores crisis tras un decenio de crecimiento más o menos sostenido de su Producto Interior Bruto (PIB), incremento de su población activa, niveles de empleo y mejora del bienestar y de la renta disponible de las familias. En 2008 se inician varias procesos interrelacionados: el deterioro de la renta per cápita, que ha ido distanciándose de la media de la Eurozona hasta 2015; un fuerte incremento de las desigualdades sociales, sobre todo tras la Reforma laboral del partido popular de 2012; un empobrecimiento de las clases medias; la aparición de niveles de indigencia extrema, de la pobreza energética e hídrica; y la pérdida de cohesión social en muchos territorios, contrarrestada en parte por nuevos fenómenos de solidaridad participativa.

Los Gobiernos regionales que heredaron una dinámica económica muy negativa, con fuertes condicionantes internacionales y estatales, tuvieron que hacer un esfuerzo por reconducir la situación. Pero no todos han tenido la misma eficacia y eficiencia en el proceso como se aprecia a continuación.

Cambios demográficos regionales.

Unas de las principales variables para valorar la evolución y potencialidades de un territorio son la magnitud y dinámica relativa de su población total y potencialmente activa (15-64 años), de su estructura demográfica (envejecimiento, juventud y dependencia), y de la evolución de su saldo migratorio; todos ellos indicadores de los potenciales futuros y de los niveles actuales de adecuación territorial a las condiciones de vida de sus ciudadanos, en los que el elemento diferencial son los comportamientos relativos en cada CCAA respecto a la media.

Hemos de partir de que, para el conjunto de España se registra un crecimiento continuado de la población desde 1978 a 2008, en gran parte como consecuencia de los importantes contingentes inmigratorios registrados, sobre todo desde el año 2000 al 2008, produciéndose después una ralentización del crecimiento hasta 2011. Pero tras la reforma laboral del 2012, responsabilidad del Gobierno de Rajoy, se incrementan los despidos y el paro de manera radical, empujando a grandes contingentes de inmigrantes a la vuelta a sus países de origen, una vez acabados los derechos al subsidio del paro o a las ayudas complementarias existentes. E incluso se obliga a emigrar a importantes contingentes de población española, sin alternativa de trabajo aceptable en este país. Esta dinámica general se reproduce de manera más preocupante en los territorios con condiciones demográficas estructurales más negativas y en aquellos otros en los que el paro, fundamentalmente por la incidencia en ellos de la especialización heredada en construcción y en la industria asociada a la misma, tiene una mayor relevancia.

Disponible el Padrón continuo del INE a 1 de enero de 2016, se observa que la dinámica señalada de pérdida de población se mantiene a lo largo de todo 2015. El total de personas inscritas en el Padrón Continuo de España, a 1 de enero de 2016, es de 46.524.943 habitantes, lo que supone una disminución de 99.439 personas (un 0,2% del total) respecto a los datos a 1 de enero de 2015. De este total, 41.923.671 tienen nacionalidad española y 4.601.272 son extranjeros, lo que representa el 9,9% del total de inscritos. Si analizamos la evolución por comunidades autónomas, las pérdidas de población son superiores a la media de España, de forma destacada, en Castilla y León, Asturias, Com. Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia y Aragón, que parecen mostrar a las CCAA en las que la gobernanza territorial ha sido menos adecuada para una evolución coherente de sus efectivos demográficos. También esta pérdida de población es algo superior a la pérdida media nacional en: La Rioja, Extremadura, Cantabria y Canarias. Con pérdidas de población relativa inferiores a la media nacional se sitúan, de peor a mejor: Madrid, Illes Balears, Cataluña, Andalucía, Navarra, y Murcia. Y sólo el país Vasco gana población entre 2011 y 2015.

Obviamente esta pérdida de población tiene una importancia relativa según el tamaño poblacional medio de cada CCAA y según cuales sean las causas –estructurales o coyunturales- que hay detrás de cada evolución demográfica. En este sentido, desde la primera perspectiva, y teniendo en cuenta la evolución demográfica a largo plazo, la situación es particularmente grave en Castilla y León, La Rioja, Castilla la Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria y Galicia. Asturias, Canarias, y la Comunidad Valenciana todavía tienen contingentes demográficos significativos, aunque sea preocupante su evolución temporal en el período considerado.

Para valorar el carácter coyuntural o estructural de esta evolución es necesario referirse a la dinámica vegetativa y a las migraciones, así como a factores que, como la estructura de edad de cada CCAA – jóvenes (menores de 15 años), de la población potencialmente activa (de 15 a 64 años) y de las personas de mayor edad (mayores de 64 años)- que condicionan su futuro.

Desde el punto de vista de la evolución vegetativa, lo últimos datos disponibles corresponden a 2014, pero considerando estos datos y su evolución 2011/2014, se aprecia que existen Comunidades Autónomas con decrecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones con saldo negativo) ya muy elevado, y con una fuerte tendencia a empeorar su situación desde esta perspectiva, por lo que necesitarían muy fuertes saldos inmigratorios para mantener su población. De mayor a menor grado de gravedad del problema, según se aprecia en la tabla siguiente, están Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Extremadura. Con un saldo vegetativo prácticamente nulo en 2014, se encuentran País Vasco, La Rioja y Castilla la Mancha, pero con una dinámica muy regresiva, desde 2011, en el caso del País Vasco y La Rioja. En el otro extremo, con una situación similar a la media española, todavía con tasa de crecimiento vegetativo positivo (0,7%0 como media española, aunque con un descenso desde 2011 del 62%) se encuentran, de mejor a peor situación: Murcia, Madrid, Illes Balears, Andalucía, Cataluña, Navarra, Canarias y Comunidad Valenciana.

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Junto al crecimiento vegetativo, la otra variable que explica la evolución demográfica total es el saldo migratorio. Si consideramos los volúmenes y tendencias en el saldo de variaciones residenciales producidas entre 2011 y 2014 en cada CCAA, obtenemos que dichas cifras nos llevan a que la pérdida ha sido muy superior a la media nacional y claramente preocupante en Castilla la Mancha y La Rioja; preocupante en Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Murcia; con mayores pérdidas que la media nacional en Asturias, Extremadura, Cataluña, Navarra y Cantabria; con pérdidas de residentes, pero en menor medida que la media nacional, en Aragón, Madrid, Galicia y Andalucía. Y sólo con ganancia de población residente en País Vasco, Illes Balears y Canarias. Y que con respecto al empeoramiento de las tasas de pérdidas de residentes, hay que destacar la gravedad de la situación en Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias; y, en menor medida la situación de la Comunitat Valenciana, en un marco en el que todas las CCAA empeoran sus tasas salvo Madrid y Baleares.

Los potenciales demográficos futuros de una Comunidad autónoma vienen condicionados por la toma en consideración conjunta de dos de los tres indicadores básicos, ya que los mismos son interdependientes: porcentaje de población con menos de 15 años, población entre 15 y 65 años y población mayor de 64 años. Y se aprecia que en el período considerado (2011-2015) España empeora su situación tanto en la población mayor de 64 años (pasa del 17,36% a 1/1/2012 a 18,50, a 1/1/2015, con un incremento del 7%) como en la tasa de dependencia definida por el INE (pasa del 50,12, a 1/1/2012, a 52,95, a 1/1/2015, con un incremento del 6%). De la consideración autonómica encontramos una situación muy negativa en Castilla y León y Galicia (tanto niveles de envejecimiento como de dependencia muy elevados) seguidas de Asturias, Aragón y País Vasco, si bien la peor evolución en estos indicadores entre el 1/1/2012 y el 1/1/2015 se produce en Madrid (para el envejecimiento) y el País Vasco para la tasa de dependencia.

Como síntesis del conjunto de indicadores demográficos considerados, la tabla siguiente muestra las Comunidades Autónomas que han mejorado en términos relativos sus indicadores demográficos básicos (han empeorado menos que la media): los dos archipiélagos y Murcia; las que los han empeorado significativamente: La Rioja, Asturias y Castilla la Mancha; y los factores que inciden en ese diagnóstico. Hasta qué punto los Gobiernos regionales respectivos han colaborado a esta situación podremos matizarlo en mayor medida a través del resto de indicadores.

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