EUROPA DESAUTORIZA LA REFORMA LABORAL DEL PP

simancas220916

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que desautoriza claramente los fundamentos de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP a partir del año 2012. Las implicaciones definitivas del fallo judicial están aún por establecer, pero el sentido de su argumentación resulta diáfano y su aplicación contribuirá necesariamente a paliar los peores efectos de las políticas laborales del Gobierno Rajoy, que han contribuido a precarizar los empleos en nuestro país y a recortar los derechos de nuestros trabajadores.

La resolución del Tribunal Europeo ayudará también a contener las tendencias crecientes en la opinión pública hacia el euroescepticismo. En esta ocasión, al menos, Europa ha cumplido un papel primordial en la defensa de los derechos de los trabajadores españoles.

En términos estrictos, la sentencia tan solo obligaría a revisar las condiciones de despido para los trabajadores interinos, reconociéndoles la indemnización que en estos momentos le niega la legislación española. No obstante, la fundamentación del fallo incorpora un mandato de fondo: la indemnización por finalización de un contrato no puede depender de su duración. Por tanto, en un mismo empleo no cabe establecer diferentes indemnizaciones para contratos temporales y para contratos indefinidos Y esto es precisamente lo que ocurre ahora demasiado a menudo, a causa del abuso de la temporalidad que fomenta el Gobierno del PP.

Estamos, en consecuencia, ante una razón más, puede que una razón definitiva, para emprender el diálogo social que ha de conducir a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto vigente data de 1980. Demasiadas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo durante los cinco últimos años de Gobierno del PP.

Es hora de poner al día la norma marco que regula el mercado laboral en nuestro país, fundamentalmente para recuperar los derechos y garantías que el PP ha fulminado en el altar de una competitividad mal entendida. El PSOE ha propuesto una subcomisión en el Congreso para acometer esta iniciativa, desde el diálogo social y político.

Más allá de la propaganda gubernamental, los datos de empleo y paro en nuestro país son de un dramatismo inocultable. Tras varios años de crecimiento significativo del PIB, gracias a la política expansiva de la UE, tenemos prácticamente el mismo número de ocupados que en el año 2011. Cerca de 18,3 millones ocupados en la EPA del segundo trimestre de este año, por en torno a los 18,2 millones en la última EPA de 2011.

Hay cerca de 700.000 parados menos, sí, pero no porque trabajen más españoles, sino porque más de 600.000 españoles se han borrado de las estadísticas de la población activa: 400.000 jóvenes han salido al extranjero para buscar trabajo, miles de inmigrantes han retornado a sus países y otros miles simplemente han desistido de seguir intentándolo.

4,6 millones de parados, con más de dos millones de larga duración, con una tasa de desempleo juvenil por encima del 46%, constituyen un panorama insoportable. Sobre todo si somos conscientes de que el trabajo que se crea es muy precario: un 91% de los nuevos contratos son temporales. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la UE. Además, los contratos a tiempo parcial alcanzan ya el 15%, de los que dos terceras partes son involuntarios. Y la duración media de los contratos se situó en 2015 en los 54 días.

La explotación laboral está a la orden del día, con falsos contratos a tiempo parcial que se trabajan a tiempo completo, con falsos autónomos y falsos becarios sometidos a condiciones indignas. Cada semana se trabajan más de tres millones de horas extraordinarias al margen de la ley, que ni se reconocen ni se cobran. Y el número de convenios colectivos llamados a defender los derechos del trabajador ha descendido un 30% en este tiempo.

Los salarios han caído una media del 4% en estos cinco últimos años, y su poder de compra se sitúa ya en equivalencia a los salarios de principios de los años noventa. Casi la mitad de los asalariados españoles no llega a los 900 euros al mes; ellas cobran un 24% menos por el mismo trabajo que ellos; y hasta 2,5 millones de trabajadores en general pueden considerarse trabajadores pobres.

La sentencia del Tribunal Europeo nos señala el camino hacia una revisión a fondo del marco laboral español, con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los trabajares y aporte calidad a los empleos. La primera medida a adoptar tiene que ver con el propio modelo productivo: compitamos en calidad y no en precio. Compitamos con la educación, con la formación y con la innovación antes que con la devaluación salarial, laboral y social.

Aumentemos el salario mínimo progresivamente hasta el 60% del salario medio, tal y como nos comprometimos en la Carta Social Europea. Impulsemos un plan eficaz contra la explotación laboral. Promulguemos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Incrementemos la cobertura social a los parados del 57% actual hasta el 70%, al menos. Dupliquemos el esfuerzo presupuestario en políticas activas de empleo. Y pongamos en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital que prevenga la pobreza y la exclusión social.

Para cumplir esta sentencia europea y acometer las reformas que requiere la dignificación del empleo en España falta, sobre todo, un Gobierno que tenga voluntad y capacidad de cambio. Y volvemos a la madre del cordero…