¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL?

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL?

Ha ocurrido casi sin darnos cuenta, pero vivimos en una sociedad permanentemente conectada. La digitalización de la economía avanza a pasos agigantados y lo hace a un ritmo cada vez más veloz. Lo que distingue a esta nueva revolución tecnológica de otras que han tenido lugar en el pasado no es tanto su impacto (pensemos en las transformaciones que generaron la máquina de vapor o la electricidad) sino la velocidad vertiginosa a la que se está produciendo el cambio. Hoy en día, más de 3.000 millones de personas se conectan diariamente a Internet en todo el mundo.

La digitalización de la economía tiene un enorme potencial para generar crecimiento económico, mejoras en la productividad y en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la Comisión Europea calcula que la implantación de un Mercado Único Digital se podrían crear 250.000 empleos nuevos antes del año 2020 en el conjunto de la Unión[i].

La productividad (es decir lo que cada trabajador produce en una hora) depende en gran medida de la capacidad de innovación de las empresas y de la economía en su conjunto. Y una alta productividad tiende a reflejarse en mejoras salariales y por tanto en mayores niveles de bienestar. La productividad es quizás el gran desafío de la economía española: su crecimiento desde 2008 ha estado en el entorno del 0%. La mejor manera de mejorar este dato es aumentar el nivel de inversión en activos inmateriales, lo que en inglés se conoce como knowledge-based capital (que incluye propiedad intelectual, formación e información en formato electrónico, y que en España menos de la mitad de las cifras observadas en Estados Unidos o Francia)[ii]. La revolución tecnológica podría sin duda ayudar a nuestro país a recortar esta diferencia y generar un crecimiento económico sólido y basado en ganancias de productividad.

Pero la digitalización plantea importantes desafíos. Por un lado, el previsible impacto positivo para la economía sólo se materializará si se ponen en marcha las políticas públicas adecuadas para favorecer la adopción de estas nuevas tecnologías (desde la inteligencia artificial al llamado internet de las cosas) y su difusión a través del tejido productivo y la economía en su conjunta. Por otro lado, la otra cara de la moneda de la revolución digital son los desafíos que plantea para el empleo y para aquéllos segmentos de la población menos “conectados” (las generaciones más mayores o las zonas rurales, pero también las empresas con mayores dificultades para acceder a las tecnologías de vanguardia y, sobre todo, los trabajadores con una menor cualificación profesional o un menor nivel de formación).

¿Está España preparada para la revolución digital?

Aunque es difícil predecir la evolución de los acontecimientos y sin ánimo de ser exhaustivo, me gustaría señalar aquí dos importantes desafíos, algunas fortalezas que merecen igualmente ser destacadas y un interrogante final.

Primer desafío: la educación, o, mejor dicho, la formación. A pesar de los importantes avances registrados en los últimos 30-40 años, la educación en España se sigue enfrentando a importantes problemas, como el alto nivel de abandono escolar (alrededor del 19%)  y un nivel de gasto todavía inferior a la media Europea (4.1%). Sólo un 9.4% de los adultos participaba en 2016 en actividades de educación y formación permanente, por debajo de la media de la UE (10.8%) y de países como Francia (18.8%) o Reino Unido (14.4%), por no hablar de Suecia (29.6%)[iii]. Y

En este contexto, debe hacerse un mayor esfuerzo por mejorar la educación y formación de los trabajadores y las sociedad en su conjunto, en particular en relación con las materias de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (lo que se conoce con las siglas en inglés STEM), pero también con las habilidades necesarias para sobrevivir en el mundo digital (que incluyen también el pensamiento crítico a través de las materias de ciencias sociales y humanidades). Es preciso llevar a cabo una verdadera alfabetización digital que impida que se generen brechas sociales, generacionales o territoriales (entre zonas urbanas y rurales).

Segundo desafío: debemos invertir más y mejor en I+D+I. La edición de 2018 del Informe COTEC, que evalúa la situación de nuestro sistema de I+D+I año a año, debería ponernos en alerta.[iv] La inversión total, incluyendo actores privados y públicos, sigue estancada en el entorno del 1,20% del PIB, lo que sitúa a España en un 18º lugar entre los 28 países de la UE y muy por debajo del objetivo trazado por el Gobierno en el Programa de Esabilidad 2018-2021 que es llegar al 2% del PIB. Y no podemos simplemente culpar a la crisis: a pesar de haber recuperado los niveles de PIB anteriores a la crisis, y a diferencia de lo que ocurre en 25 de los 28 socios, España sigue sin recuperar los niveles de inversión en I+D+I anteriores a la crisis. La diferencia con la media Europea es relativamente reducida en lo que respecta a la inversión pública y la que realizan las universidades: el verdadero desafío se encuentra en el sector empresarial, que invierte poco en investigación y desarrollo. Pero no es menos cierto que pocas partidas de gasto público han sufrido recortes tan importantes como el de la ciencia y la innovación, que han pasado de más de 8.400 millones de euros gastados de manera efectiva en 2009 a menos de 3.200 millones en 2016. Y ello en parte porque el nivel de ejecución presupuestaria (esto es, lo gastado sobre lo inicialmente presupuestado) es muy bajo: solo el 38% de las partidas destinadas a ciencia e innovación en 2016 están siendo ejecutadas actualmente.

Por lo que respecta a la financiación privada, las start ups necesitan de productos adaptados a sus necesidades (pocos activos y un crecimiento potencial rápido) para los que la banca tradicional no está adaptada. Se puede incluir aquí el capital riesgo (venture capital), que en nuestro país tiene un nivel de desarrollo limitado.

Pero no todo son malas noticias. Por ejemplo en términos de infrastructura, España tiene una de las tasas más altas del mundo en el uso de smartphones y existe una buena infrastructura de fibra óptica. Incluso en el ámbito científico y educativo hay varios elementos positivos. Por ejemplo, España tiene una de las tasas de escolarización en educación infantil má altas de la OCDE (alrededor del 95% de los niños de 3 años, una edad crucial para la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para el mundo digital). Y España ocupa un lugar destacado en los índices internacionales de producción científica: nada menos que el undécimo puesto a nivel mundial y el quinto en Europa de acuerdo con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)[v]. Así pues, hay algunas buenas razones para el optimismo.

El punto de interrogación es el de la capacidad para generar una revolución digital incluyente, que no deje atrás a amplias capas de la población. Digámoslo claro: la digitalización, como la globalización o el comercio internacional, generará ganadores y perdedores. Un reciente estudio del Observatorio Económico del BBVA estima que la automatización podría poner en riesgo hasta un 36% de los puestos de trabajo existentes en nuestro país[vi]. Y que serían los trabajadores de menor nivel educativo los que se encontrarían en una posición más vulnerable. Sin olvidar el aspecto de género, puesto que las mujeres asalariadas se enfrentan a un mayor riesgo de automatización que los hombres con independencia de su nivel educativo.

La revolución digital va a necesitar pues de una revisión en profundidad de nuesto modelo de mercado laboral, de formación y de protección de los trabajadores. Va a ser necesario un mayor esfuerzo de las políticas activas de empleo y una mayor y mejor formación, tanto en los sistemas reglados como en el propio puesto de trabajo. Esto, que se denomina formación continua o formación a lo largo de la vida, debe dejar de ser un objetivo difuso para convertirse en una realidad. En el mundo digital, la formación será el mejor seguro de desempleo.

Pero también tendremos que preguntarnos si los mecanismos de redistribución y los programas de protección social continuarán siendo efectivos en un modelo laboral en el que el mundo del trabajo va a cambiar radicalmente. La formación continua cuesta dinero y será necesario que gobiernos y empresas se pongan manos a la obra. Será preciso igualmente mejorar la eficacia de los servicios de ayuda a la búsqueda de empleo. Pero además es posible que exista una reducción neta de empleos y que, en un futuro no muy distante, la inteligencia artificial y otras tecnologías puedan reemplazarnos a muchos de nosotros en nuestro trabajo. Y que lo que hoy concebimos como la relación laboral más habitual (esto es, una relación estable con un único empleador) se convierta en la excepción en lugar de la regla. Es aquí donde se plantean diversas propuestas de renta universal, ingreso mínimo garantizado u otras que merecen ser estudiadas con atención.

Una digitalización incluyente necesitará igualmente un marco regulatorio claro y que proteja a los consumidores. La aparición de las plataformas digitales plantea importantes desafíos regulatorios y las autoridades deberán asegurarse de que prima el interés de los consumidores y que los distintos actores en el mercado desarrollan su actividad en un marco de competencia leal. La política de competencia va a tener que estar igualmente vigilante para evitar la formación de monopolios y de prácticas excluyentes. Amazon, por ejemplo, tiene una cuota de mercado en el comercio minorista por internet de casi el 40% en Estados Unidos, creciendo a un gran ritmo cada año, y poco a poco va desplazando a las cadenas de distribución comercial “analógicas”. Quizás menos conocido sea el hecho de que la filial que se dedica al almacenamiento de datos en la nube (cloud), Amazon Web Services, controla nada menos que el 47% del mercado mundial. En sí mismas estas cifras no tienen por qué suponer un abuso a la competencia, pero dan una idea del inmenso poder de mercado (y no sólo de mercado) que muchas de estas empresas están acumulando. La cooperación internacional va a ser indispensable para resolver los desafíos que se plantean en materia de fiscalidad, la protección de datos y la privacidad, o de seguridad ante ciberataques.

En suma, en lo que respecta a la revolución digital, el futuro es ahora. Los poderes públicos deben sentar desde ya las bases de una economía 4.0 innovadora, competitiva pero también generadora de bienestar para todos y todas.

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[i] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market.

[ii] OCDE, Estudio Económico: España, 2017.

[iii] Fundación Telefónica, 50 Estrategias para 2050: El trabajo y la revolución digital en España.

[iv] Informe COTEC 2018, disponible en: http://informecotec.es/.

[v] FECYT, Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017, disponible en: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Indicadores_2017.pdf.

[vi] Domenec, R. y otros, ¿Cuán vulnerable es el empleo en España a la revolución digital?, BBVA Research, disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/Cuan-vulnerable-es-el-empleo-en-Espana-a-la-revolucion-digital.pdf.