¿ES POSIBLE Y CREÍBLE UN PACTO DE ESPAÑA PARA Y CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA?

muños150216 (400x283) (250x177)

El viernes 12 de febrero de 2016 ha sido un día grande para la ciencia. Muy frecuentemente se ha dicho, hemos dicho, que la ciencia es mundial, que pertenece al patrimonio de la humanidad. Ese día todos los medios y sistemas de comunicación del mundo se hacían eco del experimento con el que la colaboración LIGO (de sus siglas en inglés) confirmaba la “última gran predicción de Einstein” (por ejemplo, El País, 12 de febrero de 2016, portada y págs. 24-25) acerca de la existencia de ondas gravitacionales. Una propuesta de Einstein de la que él mismo llegó a dudar, actuando según el código de (gran) científico que fue.

Tal día, el aspirante a la investidura a la presidencia del Gobierno de España, designado por el Rey Felipe VI y el partido que lo sustenta, el PSOE, representado por María González Veracruz y Félix García Lausín, habían convocado a una muestra de la comunidad científica con el objetivo de intercambiar opiniones sobre lo que podría ser un programa de gobierno para y con la ciencia y la tecnología, un ámbito sacudido en nuestro país durante la crisis económica que se inició en 2009-2010 y en la que seguimos, mal que nos pese.

Ese importante evento para quienes laboramos en este campo del saber y de sus aplicaciones ha sido posible gracias a la generosidad institucional y al compromiso personal del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. El Profesor Carlos Conde acogió y presidió la reunión durante una intensa y profunda hora, lo que es muy de agradecer.

A pesar, quiero insistir en ello, de las constricciones espacio-temporales, la representación (y hasta la ilusión) de los asistentes fue razonable. Lo que voy a reseñar a continuación es un recuerdo personal, sin haber tomado nota alguna, y por ello está tamizado por mi sistema neuronal con lo positivo y negativo que esa visión puede suponer. Hubo participación de, al menos, cuatro Comunidades Autonómicas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, obviamente sobrerrepresentada; la presencia de los que no trabajan en instituciones madrileñas es muy de agradecer; eché en falta integrantes de las autonomías del Cantábrico, aunque -en aras a la objetividad científica- hay que reconocer que las facilidades de transporte hacia Madrid no son iguales en todo el territorio.

Asistieron investigadoras e investigadores de todas las generaciones (si bien con un predominio de los pertenecientes a los que se encuentran entre los 50 y los 70 años). La distribución por sexos estuvo claramente decantada hacia los hombres, aunque entresaco, entre las mujeres, los nombres de  Pilar Carbonero (UPM), Josefina Gómez Mendoza (UAM), María Blasco (CNIO) y María Jesús Martínez (CIB, CSIC) a las que reconozco por haber trabajado con ellas en diferentes coordenadas de espacio y tiempo. Pido perdón por cualquier olvido.

Concurrieron asociaciones y colectivos como COSCE, Carta por la Ciencia y la Federación de Jóvenes investigadores, representados por sus presidentes o líderes; por cierto, debo mi presencia en la reunión a Carta por la Ciencia. Instituciones y organizaciones científicas como el CSIC, el CIEMAT, y las universidades de Madrid: Autónoma, Complutense y Politécnica contaron con significativos representantes. Es justo hacer notar la notable representación de los centros de excelencia Severo Ochoa como el CNIO, el Institut de Recerca Biomédica, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto de Neurociencias de Alicante, el Centro de Supercomputación de Barcelona y el Instituto de Física Corpuscular IFIC (Centro mixto Universidad de Valencia-CSIC).

Los temas en los que se alcanzó un notable consenso fueron los que se desglosan a continuación, siempre desde mi percepción e interpretación personal.

– Los recursos económicos son importantes pero no suficientes. Es necesaria una inversión de choque pero debe ser medida y aplicada con serenidad. Las inversiones ulteriores habría que hacerlas pautada y reflexivamente, en lo posible de acuerdo a una estrategia. No parece razonable ni posible llegar al 2% del PIB en I+D en una legislatura, ni al 3% en I+D+innovación en idéntico plazo.

– Lo fundamental es llevar a cabo cambios estructurales y funcionales para corregir la excesiva burocracia, la pérdida de flexibilidad en la comprensión de lo que se hace en ciencia y en el control del gasto, en suma la desconfianza y el desencanto generados en la comunidad investigadora y académica por un Ministerio simbionte, Hacienda y Administraciones Públicas unidos por primera vez bajo un solo titular.

– Con el fin de superar la situación de descontento con la gestión de la política científica española, que ha producido dificultades para mantener los compromisos internacionales y las pérdidas de valioso capital humano, se propusieron soluciones variadas pero todas confluyentes en un objetivo común: recuperar la ilusión por el cultivo de la ciencia y la tecnología en entornos internacionales orientados a la competitividad y la colaboración. Entre estas soluciones cabe mencionar:

  1. Un estatuto especial para el personal que trabaja en el sector público en ciencia y tecnología: ser servidores públicos, pero no bajo el régimen funcionarial, que no se ajusta a las características de un personal que apuesta por la competitividad y la colaboración, aunque esto pueda sonar a un oxímoron. Esta propuesta es la que algunos venimos defendiendo desde hace tiempo para la carrera del personal investigador, recordando que esta situación se da en la judicatura y en la medicina. Se apuesta por una carrera profesional independiente del funcionariado clásico; lo ideal sería de hecho una doble carrera con pasarelas entre ellas: una para los científicos y otra para los técnicos y el personal de apoyo (incluso como desiderata hasta del grupo administrativo).
  2. Un programa de choque para recuperar y fomentar la reincorporación de investigadores e investigadoras que se han marchado a instituciones de reputación internacional, en las que además generalmente triunfan, así como para la incorporación de nuevos talentos, incluidos aquellos novísimos que se puedan sentir atraídos por una atmósfera social favorable a la profesión de investigadores y técnicos que trabajan en I+D+i , tanto en el sector público como en el privado.
  3. Un pacto social que facilite lo que se acaba de exponer, es decir conseguir la complicidad de la sociedad española, que esa sociedad sea capaz de integrarse en el reconocimiento a la importancia social de la ciencia y la tecnología, a su aceptación como bien social, bien común. Es decir para alcanzar una situación similar a la que afortunadamente ya han conseguido la educación y la salud.
  4. Un pacto de Estado que amortigüe, idealmente que elimine, los contrastes y veleidades en el apoyo y la gestión de la política científica española. La necesidad de un Ministerio específico, un Ministerio de Ciencia y Tecnología (Innovación) fue la opción citada por varios intervinientes. Personalmente prefiero un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
  5. La conveniencia de que quienes gestionen las agencias e instituciones científicas respondan a criterios de meritocracia en lugar de otros criterios menos acordes con la propia esencia del cultivo de la ciencia y la tecnología, como pueden ser los de la partitocracia, el paisanaje o la cercanía de quien sea la autoridad ministerial.

– Se reivindicó la innovación como instrumento esencial para conseguir que la ciencia y la tecnología se conviertan en motores de una transformación del modelo económico. El objetivo es conseguir que la ciencia, que por agentes sociales diversos y no siempre cultos científicamente se pueda considerar inútil, se transforme en útil, para pensamientos economicistas dominantes en las esferas del poder económico público y privado.

– Se recordó asimismo que ya existe un experimento reciente de política científica en España (iniciado en 2010-2011 y, desde entonces, vigente) que ha supuesto el establecimiento de los Centros de Excelencia Severo Ochoa. Se debe tener en cuenta como ejemplo de que acciones innovadoras y no excesivamente costosas llegan a producir importantes transformaciones en la gestión de los centros públicos de investigación y cambios en las actitudes del personal que trabaja en ellos.

–  Alguien evocó con buen sentido que no solo hay excelencia por la que apostar, sino también hay que apoyar el buen hacer de unidades o grupos intermedios que lo merezcan sobre criterios de calidad y responsabilidad. A veces, y esto es un añadido puramente personal, “Small is beautiful”, o en castellano libre “lo pequeño también puede ser valioso”.

Para concluir continúo con el apartado de las apreciaciones personales. Aproveché el final de la reunión para evocar el número 253 de Temas para el Debate de diciembre de 2015 que planteó como cuestión central la pregunta: ¿Qué proyecto para España?, a la par que mostraba un ejemplar del mismo y anunciaba que lo encabezaba un artículo de Pedro Sánchez, mientras que lamenté que los políticos o los comentaristas políticos no lo hubieran leído.

Finalmente, estimo que puede ser útil transcribir la parte final de un artículo firmado por mí en un número online especial de El País el 20 de noviembre de 2015, publicado con motivo de la conmemoración de la muerte de Franco:

Texto extraído del artículo: http://elpais.com/elpais/2015/10/29/ciencia/1446138539_995869.html?flow=20n_progreso

“Entre los activos (de la política científica desde la Transición ) cabe citar: la adopción de las políticas para y por la ciencia en la agenda política con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de la Ciencia de 1986; la adaptación de la gestión de la investigación científica según el modelo norteamericano basado en la estrategia de “La ciencia como frontera sin límites” (Vannevar Bush, Roosevelt y Truman) y las prácticas de la National Science Foundation; esta adaptación que puso en marcha la evaluación de proyectos y actividades científicas por expertos (“peer review“) se completó con la aplicación de principios de planificación estratégica (Planes Nacionales y programas temáticos de I+D) ; la decidida apuesta de las universidades, en especial de su personal más cualificado, al  reto del desarrollo científico y tecnológico español; la internacionalización de la producción de los conocimientos de las instituciones científicas y técnicas españolas; la creación de grandes infraestructuras ( por ejemplo, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el CIEMAT), iniciativa que se vio acompañada por la mejora de las instalaciones y equipos de muchos laboratorios y grupos de investigación españoles; la creación del Instituto de Salud Carlos III como base para el desarrollo exponencial de la investigación biomédica , proceso en el que sobresale la brillante incorporación de los hospitales a esta tarea; la progresiva participación con éxito en proyectos europeos.

Logros efímeros fueron: el incremento pautado de los presupuestos para la financiación de la I+D y la innovación (apenas dos legislaturas, después se ha recurrido a actuar por impulsos y a aplicar trucos de ingeniería financiera); también fue de corta duración la disposición de la Intervención General del Estado y de las burocracias controladoras a aceptar que el control en investigación fuera de rendición de cuentas y no previo (expost y no exante).

En todo caso, el dato más importante ha sido el redescubrimiento de la existencia de un capital humano de gran calidad y enorme potencial. 

El fracaso más significativo se cifra en no haber conseguido la institucionalización de la investigación científica y técnica en el seno de la Administración española, así como en nuestra sociedad. La ausencia de este reconocimiento y de un estatuto especial supone que este ámbito esté sujeto al albur de los cambios de gobierno y de fluctuaciones económicas y políticas. En suma, todo este contexto dirige a que la función que sigue el desarrollo de la ciencia y la tecnología en España sea sinusoidal y no alcance la sigmoidea. Tampoco ha logrado este objetivo la ley aprobada en junio de 2011 (Ley 14/2011) sobre Ciencia, tecnología e innovación.

Ante esta situación que evoca el mito de Sísifo, los científicos invocan siempre la necesidad de un Pacto de Estado. Mi experiencia de 50 años dedicado a la práctica y el análisis de la actividad investigadora me indica que eso es imposible en nuestro país y los hechos lo prueban tozudamente. La única remota posibilidad, que no me satisface, de esta solución propuesta sería la de colocar estas actividades bajo el amparo del Jefe del Estado.  

La solución que propugno es democrática y ajustada al ejercicio de la gobernanza, es decir, legitimada social y éticamente. Reclamo un pacto social, un nuevo contrato social, en el que deben participar todos los agentes sociales. Con estas premisas, quizás deban liderar los científicos la vertebración de los agentes: empresarios, representantes sindicales y políticos interesados que quieran sumarse al proceso, que idealmente podría ser objeto de discusión y decisión en el Parlamento”.