¿ES POSIBLE EVITAR EL DESPOBLAMIENTO DEL MUNDO RURAL?

El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento (www.atlasau.fomento.es) considera 86 Grandes Áreas Urbanas (GAU) mayores de 50.000 habitantes (que incluyen 753 municipios y el 9,6% de la superficie de España) donde reside el 69% de la población española, se concentra del orden del 75% del empleo, y la mayoría -66 GAU- tienen carácter supramunicipal/metropolitano. Denomina Pequeñas Áreas Urbanas (PAU) a otras ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes que incorporan 119 municipios, concentran el 7% de la población y ocupan un 5,6% de la superficie de España, a las que añaden 202 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, muchos de los cuales son costeros y tienen una incidencia clara de la actividad turística, con una gran relevancia en las viviendas ligadas a la edificación dispersa, a la segunda residencia y a ese sector de actividad, que consideran urbano por motivos funcionales. Como resultado, definen 407 ámbitos urbanos (GAU o PAU) mayores de 5.000 habitantes, que integran un total de 1.074 municipios (del orden del 13% del total) que concentra más del 82% de la población. El 18% restante de la población puede considerarse mayoritariamente rural y dispersa en el 87% de los restantes municipios españoles.

En el 84% de los municipios con menos de 5.000 habitantes, existen cada vez más municipios con menos de 100 habitantes. Y en la inmensa mayoría de estos municipios rurales de menos de 5.000 habitantes el proceso de envejecimiento demográfico es manifiesto: el 19% de la población en España tenía más de 65 años a 1/1/2018, con una edad media de 43,1 años; en los de menos de 101 habitantes esa edad media era de 57,8 años, y en todos los menores de 5.000 habitantes la edad media superaba la media nacional. A lo que se superpone su baja natalidad (a 1 de enero de 2017 en 1.027 municipios no había empadronado ningún menor de cinco años) lo que provoca que su futuro sea inviable, a menos que cambien radicalmente las políticas territoriales de desarrollo y se opte por unas políticas de sostenibilidad para el medio rural muy diferentes.

En este marco, el Consejo Asesor para la Transición Energética de la Economía (CAPTE) creado por el PSOE, ha elaborado dos documentos sobre Agenda Urbana 2030-2050 y Política territorial, con los objetivos de contribuir a la lucha contra el cambio climático, y de lograr una transición ecológica ambiciosa y socialmente justa en España. En ellos se pretende establecer una nueva relación entre el entorno rural y urbano, unas nuevas pautas para la construcción y rehabilitación sostenible y energéticamente eficiente, la implantación de una movilidad sostenible, un modelo energético 100% renovable y promover la economía circular que convierta el modelo de desarrollo en ambientalmente sostenible (http://www.transicionecologica.es/index.php/2018/05/03/el-capte-presenta-sus-propuestas-para-una-nueva-agenda-urbana-y-el-futuro-del-territorio/).

Pero un Modelo territorial de desarrollo sostenible implica cambios radicales en las pautas de organización, gestión, producción y consumo. Y, en particular, se considera imprescindible para un desarrollo rural sostenible superar su especialización productiva con el sector primario (las políticas públicas rurales no pueden quedar circunscritas a la producción y a la subvención agrarias, esto es, a satisfacer la expectativa individual de los productores), así como promover una mayor integración entre lo rural y lo urbano en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, a una mejor accesibilidad a los servicios, una mayor movilidad pública garantizada para los habitantes rurales, un incremento de la capacidad tecnológica para los residentes en el medio rural, y lograr unas dotaciones adecuadas a las necesidades de la población residente en el mismo, para garantizarles una calidad de vida y de desarrollo personal acordes con las posibilidades de la sociedad actual. Lo que implica, a su vez, unos servicios sanitarios, escolares, de comunicación y transporte, tecnológicos, de acceso a internet y a empleos dignos, y adecuados a las características específicas de cada ámbito territorial, donde también es factible que las renovables y la energía distribuida se conviertan en un vector activo de cambio.

En el marco de una recuperación económica que está lejos de beneficiar a la mayoría de la sociedad española, una planificación rural comarcal integrada y centrada en las perspectivas de un desarrollo ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado, con servicios públicos garantes del bienestar de los ciudadanos, y una dinámica de puesta en valor de los elementos del patrimonio (recursos naturales y culturales) de este medio rural no es ya una alternativa sino una necesidad.

Las propuestas del CAPTE son un primer marco de reflexión para las políticas que necesita este país en ese proceso de transformación de nuestro Modelo territorial que corrija un modelo de crecimiento que no tiene en cuenta las externalidades que genera ni el largo plazo; y que está llevando a situaciones tan graves como los procesos de calentamiento global y cambio climático asociado, y generando desigualdades socioeconómicas tan significativas , junto a procesos irreversibles sobre la biodiversidad (sexta gran extinción de especies) y los servicios de los ecosistemas, cuyas consecuencias sobre la salud y el bienestar de la población a largo plazo son tan graves que no las podemos aceptar.

Es imprescindible una Estrategia de Estado a medio y largo plazo para un posible y necesario nuevo pacto territorial, que integre los procesos de renaturalización que se extienden a millones de hectáreas en España, que recupere la vinculación indisoluble entre medio ambiente, territorio y ciudad, y que garantice la igualdad de oportunidades y el bienestar de toda la población, independientemente de donde resida.