EN BUSCA DE UN GOBIERNO POR LA IGUALDAD

EN BUSCA DE UN GOBIERNO POR LA IGUALDAD

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Los primeros días del mes de abril están resultando frenéticos en términos políticos, económicos, sociales y mediáticos. A la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hay que añadir el inesperado cese de César Alierta (presidente de Telefónica), los primeros encuentros entre Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, las reuniones de los máximos órganos de dirección del PSOE y Podemos, el incumplimiento de los porcentajes de deuda y de déficit público comprometidos con la UE y, finalmente, algunas noticias escandalosas relativas a la desigualdad creciente que se vienen produciendo desde que comenzó la crisis económica en nuestro país.

En relación a este último punto destacan las noticias recientes relacionadas con César Alierta y su “derecho” a percibir 35,5 millones de euros de su plan de pensiones por su cese como Presidente. En el mismo sentido, y según Jesús Arango ([email protected]HOY), que recoge una noticia del periódico La Nueva España, del pasado 13 de febrero, “Ana Botín (Presidenta del Banco Santander) cobró 7,49 millones de euros en 2015 (más 2,3 millones como aportación al plan de pensiones), un 11,6% más”. Esto determina que la retribución diaria de Ana Botín (hay muchos más ejemplos) alcanza 20.520 euros, más del doble de lo que gana un trabajador en un año que perciba el SMI. También el incremento de su retribución del 11,6% (778.530 euros) representa un aumento desorbitado en relación al incremento del SMI, que tan sólo creció en 2015 el 0,5% (3 euros) y el 1% en 2016. En resumen: un trabajador dependiente del SMI en 2015 tendría que trabajar más de 1.000 años para acumular las ganancias que Ana Botín obtiene en un año, algo a todas luces absurdo e inconcebible.

En este mismo sentido, Oxfam Intermón recoge, en un amplio y documentado informe, que los 62 mayores multimillonarios del mundo acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del planeta (3.600 millones de personas). Por su parte, el diario digital Público se hace eco de la desigualdad e informa de que un total de 119 banqueros españoles cobraron, en el año 2014, 2,39 millones de euros de media, lo que supera la media europea que se sitúa en 1,9 millones de euros (según la Autoridad Bancaria Europea) y eleva el monto total a 284 millones de euros (134 fijos y 150 variables). En la senda histórica aparecen también otras indemnizaciones desorbitadas y obscenas por cese de ejecutivos bancarios: Ángel Corcóstegui (SCH), 110 millones de euros (2002); Alfredo Sáenz (SCH), 88 millones (2013);  Francisco Luzón (SCH), 56 millones (2012); José Ignacio Goirigolzarri (BBVA), 53 millones (2009); José María Amusátegui (SCH), 44 millones (2003)…

Semejante desigualdad es extrapolable a la Seguridad Social y a la fiscalidad. En relación a las cotizaciones sociales, debemos manifestar que, en 2015, un trabajador perceptor del SMI ingresó un total de 3.290 euros en concepto de cuota patronal y obrera a la Seguridad Social, lo que representa algo más del 36% de su nómina. Sin embargo, continúa Jesús Arango, al existir un tope máximo de 43.272 euros en la base de cotización, Ana Botín y César Alierta, por ejemplo, aportaron solamente 15.686 euros, lo que demuestra que su tipo efectivo de cotización no superó el 0,20% y que además nos alejamos de acercar las bases de cotización a los salarios percibidos.

En cuanto a la fiscalidad podemos manifestar algo muy similar. El tipo máximo del impuesto sobre la renta (IRPF), que el PP ha reducido recientemente del 45% al 43%, se aplica a todas las rentas superiores a los 60.000 euros anuales. Por lo tanto, el tipo máximo se aplica tanto a los que tienen un ingreso de 60.001 euros como a los que, por ejemplo, ingresan 7,5 millones de euros. Todo ello al margen de la evasión y del escandaloso fraude fiscal (no combatido: amnistía fiscal, insuficientes inspectores, paraísos fiscales…) y de la falta de progresividad generalizada que ha situado los ingresos fiscales en el 38,6% del PIB, lo que nos sitúa en los últimos lugares de la UE-15. Efectivamente, según Eurostat, la presión fiscal en España se sitúa 8 puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona (46,8%) y 20 puntos por debajo de Dinamarca (58,4%). A esto hay que añadir que en los últimos años se ha reducido el tipo del impuesto sobre la renta (impuesto directo) y, por el contrario, se ha incrementado en los últimos años 5 puntos el IVA- del 16% al 21%- (impuesto indirecto); o lo que es lo mismo, Botín paga por el IVA de la cesta de la compra o de su factura eléctrica lo mismo que un perceptor del SMI: los tipos impositivos son iguales para ambos. Con la Seguridad Social ocurre algo parecido; el desplome de los ingresos (10.000 millones de euros menos de lo previsto) explica su creciente déficit ante la disminución de sus cotizaciones, producido por una lamentable política laboral y social del gobierno: tarifas planas, bonificaciones a la contratación, desplome de los salarios y precariedad (temporalidad, tiempo parcial, falsos autónomos, becarios…).

Estos datos explican fehacientemente el incumplimiento de nuestros compromisos con el déficit y la deuda pública, así como el desplome del gasto en protección social y ponen además en entredicho la tan cacareada eficiencia del PP en las cuentas públicas y pronostican que la desigualdad seguirá creciendo en los próximos años si nadie lo remedia. El déficit público ha terminado en el pasado año en el 5,16% del PIB, muy por encima del 4,2% comprometido (10.400 millones de euros más), en buena medida debido a la reducción de impuesto del PP por motivos claramente electorales, así como por el déficit de la Seguridad Social, como se ha señalado anteriormente. Esto se produce a pesar de que el gasto social se sitúa en el 25,9% del PIB (sanidad, pensiones, desempleo y otras prestaciones, salvo el gasto en educación), casi 5 puntos por debajo de la media de la eurozona (30,4%) y casi 9 puntos por debajo de Francia y Dinamarca (34,6%).

Estos datos son intolerables y ponen en evidencia el grado de desigualdad, pobreza y exclusión social que se produce en estos momentos en nuestro país. Lo lamentable de esta situación es que estos datos tienen muy poca relevancia en los medios de comunicación y, lo que resulta más grave, la ciudadanía se está acostumbrando a convivir con esta desastrosa realidad social. No es extraño que vaya creciendo la contestación contra esta lacerante realidad y que los indignados y sindicatos vuelvan a alzar su voz y se movilicen en contra de esta situación que se ve agravada por la incapacidad manifiesta de los partidos políticos para alcanzar un acuerdo de investidura y de gobierno.

En este sentido, UGT y CCOO, en la primera reunión celebrada después del congreso de UGT, han denunciado esta situación y han pedido formalizar un gobierno de izquierdas, con el apoyo de otras fuerzas políticas, que modifique la política económica, flexibilice los plazos de cumplimiento del déficit, apueste por una reforma fiscal en profundidad, derogue la reforma laboral, recupere el diálogo social y el equilibrio en la negociación colectiva y luche decididamente contra las desigualdades, así como contra la pobreza y la exclusión social. Otros aspectos no menos importantes se refieren a la recuperación del Pacto de Toledo para garantizar el futuro de las pensiones públicas, al aumento de la prestación por desempleo (sólo el 55% de los parados registrados tienen cobertura) y, desde luego, a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, ya que -a pesar de la absolución de los 8 trabajadores de la empresa Airbús- todavía siguen imputadas cerca de 300 personas por ejercer el derecho de huelga. Finalmente, los sindicatos proponen que el nuevo gobierno lleve a cabo- de acuerdo con la UE- un Plan de Choque contra el desempleo, ante las escandalosas cifras que se vienen produciendo en España (por encima del 20%) y que nos sitúan a la cabeza de la UE.

Estas razones y el tiempo transcurrido desde las últimas elecciones generales justifican el malestar creciente de la ciudadanía por la falta de eficacia de los partidos políticos en la formación del nuevo gobierno. En este marco político, el Acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no ha servido para la investidura; lo más preocupante es que tampoco ha generado ilusión y mucho menos entusiasmo. Por eso, lo más razonable, a pesar de las múltiples dificultades existentes, sería seguir intentando firmar un deseado Acuerdo de izquierdas (el PSOE, Podemos e IU aportan 161 diputados) que cuente con el apoyo de Ciudadanos y de otras formaciones de carácter nacionalista, a cambio de aceptar algunas de sus medidas y el compromiso de negociar con estas formaciones políticas los proyectos de ley en el Parlamento, sobre todo los relacionados con las CCAA. Este Acuerdo generaría entusiasmo y serias expectativas de cambio real, además de ser coherente con el encuentro entre Sánchez e Iglesias, que ha demostrado que es posible un Acuerdo entre Podemos y el PSOE basado en formalizar un compromiso de carácter económico y social que aborde sobre todo el desempleo, la reforma laboral, la fiscalidad, la protección social, el SMI y que, particularmente, luche contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, además de aplicar las políticas encaminadas a regenerar la democracia y a reformar la Constitución.

La alternativa a esta propuesta es mantener el Acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos (suman sólo 131 diputados) e intentar conseguir el voto a favor o la abstención de Podemos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez; el problema de este Acuerdo es que no cumple las expectativas esperadas por Podemos en términos económicos y sociales, por lo que es muy difícil que vote a favor. Por otra parte, la abstención de Podemos garantizaría la investidura pero no un gobierno estable, puesto que se enfrentaría a una fuerte oposición a su derecha (PP) y previsiblemente a su izquierda (Podemos). La tercera y última alternativa a este enredo es conocida y rechazada por la mayoría de los ciudadanos: volver a celebrar nuevamente elecciones sabiendo que lo más probable es que se repitan los resultados del 20-D. En manos de las fuerzas progresistas está el evitarlo…