ELECCIONES INCIERTAS EN CATALUNYA

ELECCIONES INCIERTAS EN CATALUNYA

Los días previos y posteriores al debate en el Senado relacionado con la aplicación del artículo 155 (27 de octubre), clarificaron varios asuntos. En primer lugar, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán fue manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto práctico, al margen de resultar muy contraproducente para la causa secesionista. En todo caso, fue una decisión sumamente equivocada que se produjo después de que Carles Puigdemont descartara convocar elecciones al parlamento catalán. Esta circunstancia facilitó a Mariano Rajoy retomar la iniciativa política en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, convocar las elecciones en Catalunya (21-D) y recurrir de oficio a la fiscalía, con el propósito de garantizar el respeto a la Constitución y al Estatut. Especialmente incomprensible ha sido el posterior viaje de Puigdemont y de varios ex consejeros a Bruselas con el propósito de internacionalizar el conflicto, buscar una mayor capacidad de maniobra política (victimismo) y obtener mayores garantías jurídicas en su defensa. Lo que más llama la atención del rocambolesco viaje del ex presidente es que le aleja de la realidad social y, lo que es más importante, de los ciudadanos más adictos e incondicionales, que han quedado en evidencia y huérfanos de una referencia política cercana y creíble.

En segundo lugar, si bien Mariano Rajoy ha actuado a lo largo de la crisis sin haber tomado ninguna decisión política de relevancia encaminada a resolver el conflicto por la vía pacífica y negociada, es justo reconocer que en la aplicación del artículo 155 ha actuado de manera proporcionada, prudente y acertada. Lo mismo ha sucedido con la convocatoria de las próximas elecciones al parlamento catalán, al margen de la sorpresa que ello ha significado para todos y de lo que pueda suceder finalmente en unas elecciones inciertas y, además, convocadas en una fecha tan cercana.

En tercer lugar, los ciudadanos y las empresas han sufrido las graves consecuencias del conflicto: por una parte, la división, la intolerancia, el miedo, la desilusión de algunos y la fuerte confrontación con la legalidad y el Estado y, por otra, el boicot a los productos catalanes, los brotes de catalanofobia y el rechazo (por el momento minoritario) a todo lo que representa Catalunya en el Estado español, con la incertidumbre y la inestabilidad que ello significa en términos políticos, económicos y sociales.

En cuarto lugar, el cambio de la sede social de más de 2.000 empresas importantes, desde el pasado 1 de octubre, así como el desplome y la posterior recuperación bursátil de muchas empresas cotizadas han sido hechos decisivos y determinantes en la rápida aceleración de la crisis y en la apertura de un nuevo escenario electoral que, seguramente, pondrá de nuevo a prueba a nuestra democracia y a nuestro Estado Social y de Derecho. Un hecho que los independentistas no habían previsto, como tampoco fueron capaces de valorar, en sus justos términos, el costo económico que pudiera tener la transición hacia una hipotética secesión.

En quinto lugar, la UE ha dado pruebas suficientes de que no está dispuesta en absoluto a facilitar intentos secesionistas no negociados en el marco europeo, lo que se ha traducido en un apoyo diplomático claro y rotundo hacia las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de su torpe actuación a nivel internacional, tanto en términos políticos como mediáticos.

En sexto lugar, la crisis ha golpeado de manera desigual a los partidos de izquierda. El PSOE ha salvado los muebles y sorteado la crisis con muy pocos desperfectos y su estrategia ha sido acordada sin grandes dificultades con el PSC y, en particular, con su secretario general Miquel Iceta y lo que éste representa en defensa de la centralidad política en el conflicto. Podemos, en cambio, ha sufrido en sus propias carnes la división interna y el enfrentamiento de la dirección estatal con los responsables de Catalunya, ante una política presidida por la ambigüedad calculada que no ha sido en absoluto comprendida ni en Catalunya ni en el conjunto del Estado.

En definitiva, los secesionistas, sin una relación de fuerzas favorable y sin ningún poder coercitivo, no han alcanzado ninguno de sus objetivos y, por el contrario, la Unidad del Estado se ha visto fortalecida y apoyada por decenas de miles de personas en la calle, sin que ello signifique que esté resuelto el conflicto, sobre todo cuando sabemos que lo más conveniente para todos es llegar a un Acuerdo que evite enfrentamientos futuros y garantice que Catalunya se encuentre cómoda en el Estado. Sin duda, la rápida, sorprendente y desproporcionada orden de detención del presidente y de los ex consejeros de la Generalitat -que se debe respetar en un Estado de derecho- no facilitará las cosas; sobre todo porque puede influir considerablemente en las propias elecciones, si continúan los ex consejeros en la cárcel.

¿Qué hacer en este sentido, cuando ya estamos de hecho inmersos en plena campaña electoral? El Gobierno debe seguir aplicando con mesura el artículo 155 y obrar en coherencia con la Constitución. Por su parte, los partidos estatales deberán esforzarse en mejorar su presencia en el parlamento catalán e intentar formalizar un gobierno de la Generalitat respetuoso con el Estatut y, por lo tanto, lejos de las ansias re centralizadoras de muchos nostálgicos de épocas periclitadas. El PP, paralelamente, debe asumir que la resolución del problema no ha hecho más que empezar y que, por lo tanto, debe participar activamente y mostrar su voluntad política de alcanzar acuerdos en la Comisión del parlamento encaminada a explorar la futura reforma de la Constitución en la perspectiva de  establecer un Estado federal. Por otra parte, es un hecho relevante que los partidos independentistas hayan decidido participar en las próximas elecciones al parlamento catalán, a pesar de que ello representa una fuerte contradicción en sí misma: respetar el marco legal (y también la decisión de la justicia y la separación de poderes) y reconocer que la proclamación de la República catalana es más una aspiración maximalista que un hecho posible en la actualidad. En todo caso, los resultados de las elecciones serán determinantes para el futuro de los partidos independentistas y ello, en buena medida, dependerá de su capacidad para presentar una lista única (finalmente fallida) y de convertir dichas elecciones en un plebiscito. Para ello, si nadie lo remedia, contarán además con la estimable ayuda de los ex consejeros en la cárcel, lo que facilitará la campaña de los independentistas y su apelación a las emociones del electorado catalán (libertad para los presos).

Después del 21-D., y al margen de los resultados que obtengan los partidos políticos que se presenten, el Gobierno debe reafirmar su voluntad de llegar a acuerdos con los nuevos interlocutores del Gobierno de la Generalitat -desde el respeto a la unidad del Estado- en base a las diversas propuestas consensuadas con los partidos constitucionalistas. Los puntos concretos que pueden ser susceptibles de ser abordados se refieren, de entrada, a dos competencias de máxima importancia: la educación y la cultura. En segundo lugar la lengua catalana y su cohabitación con la lengua española. En tercer lugar se debe estudiar el blindaje de algunas competencias, tal como vienen reivindicando, desde hace años, la Generalitat, dejando al margen las competencias exclusivas del Estado (art. 150.2. CE). En cuarto lugar se deben analizar a fondo las inversiones públicas en infraestructuras del Estado (viarias y ferroviarias) y, por supuesto, acelerar el corredor del Mediterráneo reivindicado con suficientes argumentos por varias CCAA, además de Catalunya. Finalmente, hay que estudiar la financiación territorial y los ingresos fiscales de todas las CCAA (por lo tanto también de Catalunya). En este importante punto estará presente, cuando menos en términos dialécticos, el Concierto Económico Vasco y, desde luego, la potencial asimetría entre CCAA que, debemos recordar, sólo se podrá corregir o aminorar si se dota de más medios económicos al Fondo de Compensación Territorial, que tiene como fundamento el mantener el principio de solidaridad con las CCAA más desfavorecidas.

Otros asuntos de capital importancia -que deben ser impulsados con audacia por las fuerzas progresistas en la campaña electoral- tienen relación con las políticas económicas y sociales (redistribución de la riqueza). Los partidos progresistas deben de esforzarse también en ofrecer alternativas (a todos los niveles) a la creación de empleo indefinido, estable y con derechos y, en particular, ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes y a los mayores de 55 años: políticas activas de empleo, cambio de modelo productivo, política industrial y energética, investigación e innovación tecnológica, tamaño de las empresas (superar la atomización)…resolver el gravísimo problema de la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Apostar por el Incremento de salarios (también del SMI) y superar la brecha salarial de género. Mejorar sustancialmente la protección social (desempleo, pensiones, prestación por desempleo y renta mínima de inserción). Recomponer la financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). Presentar alternativas a la necesaria reforma fiscal para que aumenten los ingresos y mejore el reparto de la riqueza: que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; además de trabajar por erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y establecer un impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas. Por último, aportar soluciones a un problema mayúsculo: el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación y la sequía.

En todo caso, la culminación de este renovado proceso hacia la normalidad debe conducirnos, como venimos manifestando, a reformar la Constitución (incluido el blindaje de los servicios públicos básicos y de las políticas sociales) y el actual Estatut. Este hipotético Acuerdo de Estado deberá ser sometido a la decisión de todos los ciudadanos españoles y, en particular, de los catalanes. Por eso, sólo nos cabe esperar al veredicto de las urnas el 21-D y a que posteriormente se imponga la política y el sentido común de todos.