EL TRIUNFO DE TRUMP AGRAVA EL PROBLEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

Hace aproximadamente un mes me refería en estas páginas a la ratificación del Acuerdo de París por la Unión Europea (del orden del 10% de las emisiones globales) tras haberlo hecho en una reunión simultánea el Presidente de China (27%) y el de EEUU (18%). Estas ratificaciones, junto a la de la India (10% de las emisiones) permitían que, tras ratificarlo más de 55 países (primera condición) se cumpliera la segunda de las dos condiciones (que se ratifique por países que sumen más del 55% de las emisiones globales) necesarias para la entrada en vigor de los Acuerdos de París (21COP de Cambio Climático).

Tras esta entrada en vigor el 4 de noviembre, en estas semanas, en Marrakech, los países signatarios del Acuerdo de París están reunidos para establecer los procesos y reglamentos que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos (22COP de Cambio Climático); y muy particularmente en el de colaborar con los costes de adaptación y mitigación en los países menos desarrollados, que sufren las consecuencias de las emisiones de los países que han desarrollado su revolución industrial a lo largo de los dos últimos siglos.

La victoria de Donald Trump en EEUU, en cuya campaña ha señalado su intención de incumplir los Acuerdos de París, haciendo referencia a que el Calentamiento global/cambio climático “es una patraña”, ha sido un golpe inesperado y desastroso para la marcha prevista de estas negociaciones. El apoyo explícito de Trump a los sectores de las multinacionales del petróleo/fracking (que se han volcado en su elección, contra un partido demócrata/Obama impulsor de la mitigación de emisiones) y al sector de la construcción (él mismo es un empresario de este sector) hacen temer una vuelta atrás en el apoyo al sector de las energías renovables, o al desarrollo de sectores de la economía verde que pudieran actuar como freno relativo al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que se siguen produciendo en la actualidad en EEUU.

Porque no hay que olvidar que en el borrador inicial del Acuerdo de París el objetivo inicial era la descarbonización total: las emisiones de GEI desaparecerían para el periodo 2060-2080. Objetivo que se sustituyó por “alcanzar un equilibrio entre las emisiones y la absorción por los sumideros en la segunda mitad del siglo” ante las presiones de las multinacionales del petróleo y del carbón, y de los países asociados a las mayores reservas en estos recursos energéticos. De hecho, estos “extractores de materiales fósiles” se evitaron los costes asociados a dejar sin explotar del orden de dos terceras partes de las reservas de combustibles fósiles registradas, que se podrán consumir si se encuentran medios de “secuestrar” o “compensar” las correspondientes emisiones. Aunque con Donald Trump parece que ni siquiera este compromiso de “secuestrar” o “compensar” las correspondientes emisiones va a ser de necesario cumplimiento en EEUU.

Naciones Unidas ha presentado el Informe “2016 Adaptation Finance Gap Report” (http://web.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adaptationgapreport/files/documents/agr2016.pdf) en el que se muestran los costes de adaptación al calentamiento global/cambio climático, la financiación disponible para cubrir esos costes y el gap entre unos y otros, tanto desde el punto de vista del conocimiento, como del tecnológico o de la señalada financiación, poniendo el acento en los países en desarrollo, donde estos gaps son más intensos y preocupantes. Como no podía ser de otro modo, los costes de adaptación varían tremendamente en función de la intensidad del calentamiento que se registre, de manera que un ahorro en costes de mitigación, con el consiguiente incremento de emisiones de GEI, da lugar a un incremento exponencialmente superior a dicho ahorro en los costes de adaptación, o en los costes de las catástrofes previsibles si esta adaptación no se llevan a cabo.

En todo caso, en este trabajo se estima que, bajo los supuestos asumidos en el Acuerdo de París, los costes de adaptación necesarios se mueven en un rango de 140.000 a 300.000 millones de dólares americanos al año, para 2030, y de entre 280.000 y 500.000 millones de dólares/año para 2050. La insuficiencia del Fondo Verde del Clima establecido (100.000 millones de dólares/año entre 2020 y 2025) es evidente, estimándose en este informe que los costes de adaptación se duplican o triplican los recursos previstos para este fin en la actualidad; pero se destaca que en 2030 los costes necesarios se situarían entre 6 a 13 veces las aportaciones internacionales actualmente previstas. Además, la probabilidad de corregir el lento e insuficiente desarrollo de las aportaciones reales al Fondo Verde del Clima hasta la actualidad, se ha transformado ahora en un riesgo que se ha incrementado muy sustancialmente con la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU.

Riesgo que no deja de tener graves consecuencias también para los países desarrollados, debido a las previsibles tensiones, conflictos y guerras que el calentamiento global puede generar en territorios de población creciente y recursos alimenticios decrecientes; o por la desesperación de la población residente en áreas afectadas por inundaciones o temporales marítimos en los que, por falta de recursos suficientes, no se hayan llevado a cabo las necesarias medidas de adaptación. Procesos potencialmente generadores, todos ellos, de fuertes movimientos migratorios hacia los países desarrollados. Tendencias migratorias que vuelven a incidir en la importancia de las medidas de mitigación como forma más eficiente de reducir los niveles de calentamiento y, por ende, el incremento exponencial de los costes de adaptación que se volverían imprescindibles para evitar dichas tendencias.

Hemos mostrado reiteradamente en estas páginas los datos, informes y reflexiones que desde distintos ámbitos (científicos, económicos o políticos) muestran que el calentamiento global (y el cambio climático asociado al mismo) es el principal riesgo con el que se enfrenta la sociedad en los próximos años, haciendo referencia a que era muy probable que los Gobiernos y empresas no desarrollaran las medidas adecuadas para proteger y adaptar su evolución económica y social a las consecuencias derivadas del proceso de calentamiento global/cambio climático. Los impactos de este calentamiento global ya son visibles en todos los continentes y en la mayor parte de los océanos.2015 ha sido el año más caluroso desde que comenzaron los registros históricos de temperatura, en 1880, y se espera que 2016 no le ande a la zaga; y que en años sucesivos se produzcan nuevos records en ese sentido con consecuencias crecientemente agravadas.

La victoria de Donald Trump en EEUU y la aplicación de las políticas e intereses que defiende van a incidir muy significativamente (EEUU es el segundo emisor de GEI del mundo) en el aumento del calentamiento global, dando lugar a que previsiblemente nos situemos en la gama más alta de las previsiones del 5º Informe del IPCC, y de las estimaciones derivadas del cumplimiento (ahora puesto en cuestión, además, con la victoria de Trump) de los Acuerdos de París. Previsiones que nos llevarán a un incremento de temperatura superior a los 4ºC frente a los 2ºC definidos como Objetivo máximo.

Ya señalábamos hace un mes que los últimos estudios e informes recogen que ya se han superado los 1,5ºC de incremento medio global sobre la temperatura de mediados del siglo XIX, asegurando que para 2030 dicho incrementose encontrará, como mínimo, entre 2º y 3ºC; y que en 2050 se habrá superado con mucho los Objetivos del Acuerdo de París, si no se produce un fuerte incremento en los esfuerzos de mitigación (reducción de emisiones) en la revisión de las compromisos que los países deben presentar en 2018. Revisión que ahora es más bien improbable con la posición previsible para EEUU tras la victoria de Trump.

Hay que asumir, por lo tanto, que se van a producir progresivos incrementos de temperatura en el Planeta, que incrementarán fuertementelos riesgos físicos y socioeconómicos locales y globales. Estos riesgos eran básicamente locales y de afección individualizada a sistemas concretos amenazados (costas, espacios áridos, etc.) si la temperatura no superaba los 2ºC; pero quedaban asociados a sucesos catastróficos de gran escala local y global, si la temperatura supera los 4ºC que, hoy por hoy, es el escenario más probable.

Como conclusión, hay que estar preparados para incrementos de temperatura crecientes que, en el caso de España, las estimaciones de los cambios registrados en los últimos años ya los sitúan por encima de la cota de los 1,5ºC, definida como máximo recomendable para finales de siglo en el Acuerdo de la COP21 de París.Y España, en este inquietante escenario, debería estar trabajando de forma urgente en políticas de mitigación para cumplir los compromisos asumidos pero, sobre todo, en políticas de adaptación que eviten situaciones de gravedad creciente en los sectores más amenazados:

  1. Las áreas costeras españolas con riesgo de afección por el aumento del tamaño del oleaje durante temporales que se prevén más frecuentes y de mayor intensidad, agravados adicionalmente por el incremento del nivel del mar.
  2. El turismo de sol y playa, que es una de las principales actividades económicas actuales de España.
  3. Los problemas asociados a los recursos hídricos. El agua puede convertirse en el origen de graves conflictos político-territoriales en España, por las previsibles mayores sequías esperables como consecuencia del calentamiento global y cambio climático asociado. Tendrán una incidencia creciente en ámbitos ya en la actualidad fuertemente conflictivos, con acuíferos sobreexplotados y contaminados, y de previsible incremento en su conflictividad: Cuenca del Segura y Almería; ámbito de Doñana, con incidencia sobre las cuencas del Guadiana y Guadalquivir; Cuenca del Júcar, en el ámbito de Albacete-Valencia; cuenca alta del Guadiana (parque nacional de las lagunas de Daimiel); Madrid y su incidencia en el trasvase del Tajo; y Delta del Ebro.
  4. Los riesgos de incremento de la insostenibilidad del medio rural español y del mantenimiento de los servicios de los ecosistemas naturales, con grave afección a nuestro Patrimonio natural y cultural por sequías, inundaciones, incendios forestales y abandono del medio rural.
  5. Los crecientes costes en salud y en vidas humanas por los problemas del incremento de la temperatura y contaminación urbana, por la expansión en España de enfermedades tropicales y de afecciones respiratorias, por la pérdida de confort ciudadano, sobre todo en áreas urbanas, e incremento de los costes asociados al confort térmico (calefacción y refrigeración) y a la pobreza energética de aquellos ciudadanos que no pueden afrontar dichos costes.
  6. El sector pesquero, cuya trascendencia en el empleo y la producción de ciertas regiones de España, y en el consumo del conjunto del país es muy significativa.
  7. Las tensiones migratorias en las fronteras asociadas a la disminución de la producción agroalimentaria, incremento de precios y hambrunas en África, por fenómenos climatológicos extremos.

Las medidas específicas necesarias y las vías de actuación prioritarias son claras y se vienen reiterando desde distintos foros científicos nacionales e internacionales. Implican la definición de una Estrategia y una planificación (Hoja de ruta) ligada a la adaptación y resiliencia que, entre otros aspectos, signifiquen una ordenación del territorio que aumente la resiliencia del medio rural y de los ecosistemas naturales, potencie la producción y mercados locales frente a lo global, y un modelo territorial de ciudades medias resilientes, con un urbanismo que potencie ciudades de mínimo metabolismo, compactas, diversificadas y complejas, eficientes energéticamente, de movilidad obligada minimizada, sin uso de combustibles fósiles, con transporte público eficiente, y con dotaciones y condiciones ambientales y paisajistas que posibiliten el bienestar/buen vivir de los ciudadanos; lo que exige adecuar la expansión urbanística a las necesidades, potencialidades y biocapacidad/sostenibilidad ambiental local.

El compromiso de la Unión Europea es recortar sus emisiones un 40% en 2030 respecto al nivel de 1990. El Gobierno de Rajoy, hasta ahora, en sus cinco años de mandato, ha actuado en sentido absolutamente contrario al necesario en aspectos fundamentales como las energías renovables, las costas, los montes o la biodiversidad. Y ha seguido una política de medidas puntuales publicitarias, descoordinadas y desintegradas, que poco, por no decir que ningún efecto relevante han tenido ni sobre la mitigación ni sobre la adaptación.

La pregunta es: ¿podemos esperar que este Gobierno de Rajoy cambie de rumbo y atienda a las necesidades de los españoles en esta materia? Difícilmente, cuando su valoración del medio ambiente no dista mucho de la de Donald Trump, y ni siquiera es consciente de que es imprescindible una nueva política que prevenga los efectos más negativos de estos riesgos sobre las costas –y por lo tanto el turismo- sobre el balance hídrico, el sector primario y los ecosistemas, aprovechando al máximo la puesta en valor e internalización de sus servicios. O que, desde el punto de vista socioeconómico, va a ser imposible mantenerse al margen de los problemas asociados a la presión migratoria derivada de conflictos militares o de las consecuencias económicas y ambientales del conjunto de riesgos previstos sobre África.

La dimensión predominante economicista de las propuestas del Partido Popular, tanto en el campo energético como en el climático, con una consideración ambiental y una preocupación por las consecuencias del calentamiento básicamente secundarias y derivadas, sólo nos permite esperar que, por exigencias de la Unión Europea no tenga más remedio que realizar una Hoja de Ruta 2030, con la Estrategia para cumplir con nuestras obligaciones en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la Unión Europea en 2021-2030. Aunque ha prometido una Ley del Cambio Climático, su nueva estructura del Gobierno bis creado no nos hace ser optimistas. Y, previsiblemente, sin la presión de la oposición en el Parlamento y sin la presión ciudadana en la calle y en los “media”, el cumplimiento de sus compromisos en estas materias quede relegado al tradicional cumplimiento de sus intereses economicistas con sus amigos y lobbies empresariales.