EL SUPLICATORIO DEL DIPUTADO HOMS

El Pleno del Congreso del pasado 23 de noviembre estuvo precedido de otra operación, mitad de presión y mitad de propaganda, de los políticos independentistas catalanes con el Presidente de la Generalidad Puigdemont a la cabeza. Ahora lo glosaremos. También estuvo precedido de la toma de posición de Podemos y de sus aliados que votaron en contra de la concesión. También merece la pena glosarse este gesto de los populistas.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió en sesión secreta el 23 de noviembre la concesión de un suplicatorio para que el Tribunal Supremo acuse al Diputado Francesc Homs por su participación, en calidad de Consejero de la Presidencia en el Gobierno catalán, en la celebración de un referéndum que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal.

La Constitución, en su artículo 71.2 in fine, ha previsto que los miembros de las Cortes Generales no podrán ser inculpados sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenezcan. El acto de concesión de la autorización es lo que se denomina otorgamiento del suplicatorio, que lo solicita necesariamente el Tribunal Supremo porque la Constitución, en el artículo 71.3, ha establecido la competencia de la Sala de lo Penal de este Tribunal para acusar y juzgar a los Diputados y Senadores.

El procedimiento del suplicatorio se inició en la Constitución de 1837 como garantía que evitar a una persecución judicial infundada o arbitraria contra los Diputados. Es una garantía (el Reglamento del Congreso lo regula dentro de las prerrogativas de los Diputados) pero en la actualidad, sin que la denegación llegara a tener carácter obligatorio, su alcance se ha modulado mucho a causa de una actuación arbitraria del Senado en la década de los ochenta. Sucedió que un escritor se querelló contra el editor Carlos Barral, a la sazón Senador del PSC, por un delito de injurias cometido en una revista antes de acceder a la condición de parlamentario. Cuando el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio el Senado lo denegó y el querellante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, en una Sentencia famosa (la Sentencia 90/1085, de 22 de julio), declaró nulo el otorgamiento, exigió motivación para denegarlo y conectó este procedimiento con la inmunidad parlamentaria, lo que excluye que se deniegue el otorgamiento por conductas de los parlamentarios anteriores al acceso de esta consideración. En el caso del Diputado Homs la conducta por la que se le quiere inculpar es anterior a su acceso a la condición de Diputado por lo que era obligado el otorgamiento del suplicatorio

Con estos antecedentes hay dos circunstancias que deben glosarse. La primera es la coacción de los independentistas (con el Presidente Puigdemont en primer lugar) para condicionar la decisión de la Cámara. Como los independentistas no entienden el respeto al ordenamiento jurídico del Estado democrático han tenido, otra vez, la desfachatez de montar un show en Madrid para presionar al Congreso, como hace algunas semanas lo hicieron para presionar al Tribunal Supremo. Agotan con sus continuos números circenses. Además, esta continua presión denota una cierta cobardía, pues deben estar muy asustados de que los Tribunales del Estado opresor condene a Mas y compañía. Y eso que no comporta en ningún caso la pena de prisión.

En segundo lugar, debemos comentar el alineamiento de Podemos y sus compromisos y mareas con los independentistas. Ya sabemos que en realidad son sus aliados y que el referéndum que propugna Podemos persigue el mismo fin secesionista que Junts pel Si o la CUP pero al menos habría que exigirles que se asesoraran un poco (además de tres equipos de prensa, ¿el Grupo Parlamentario de Podemos tiene algún asesor jurídico?) y que no hagan partidismo barato en beneficio de los secesionistas.

Inculpar a una persona no es condenarla y la inculpación de Homs, que desobedeció al Tribunal Constitucional, no parece irrazonable. En todo caso, hay que respetar la separación de poderes, que es algo que reclaman constantemente los secesionistas.