EL PSOE Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TUMBAN LA AMNISTÍA FISCAL DEL PP

El postureo político de Podemos, con su moción estéril de censura, ha impedido que muchos españoles hayan podido profundizar en el grave varapalo jurídico que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha dado al Gobierno del PP a raíz de su amnistía fiscal.

Pero, al menos, ha permitido visualizar a la sociedad española la gran diferencia que existe entre Podemos y el PSOE a la hora de defender el bienestar de los españoles. Unos, Podemos, están instalados en una estrategia centrada en protestar y ser profetas de los males, sin dar alternativas a los españoles.

Otros, el PSOE, están en ser útiles a la mayoría de los ciudadanos planteando alternativas, defendiendo el interés general y combatiendo con todas sus armas los abusos del gobierno. En este caso, al favorecer el PP a los defraudadores con su amnistía fiscal.

Parece obvio, pero hay que recordarlo porque a algunos medios de comunicación se les ha olvidado. Ahora hay sentencia porque 105 diputados del grupo socialista presentaron recurso de inconstitucionalidad, al entender que la amnistía del PP favorecía a los defraudadores. Al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes que tributaban legalmente pagaban el 43 por ciento.

Por ese recurso del PSOE, se ha podido leer el siguiente fallo: “El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española ha decidido estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con los efectos señalados en el Fundamento jurídico 6 de esta Sentencia.”

Es decir, la amnistía fiscal del PP es inconstitucional y nula. Pero, además el Tribunal Constitucional confirma, lo que ya sabíamos y el PP negaba, que la amnistía “viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Ante semejante afirmación y sentencia ¿Nadie asume su responsabilidad política y dimite? Parece que no. Pero sería importante que los españoles tomaran nota del tipo de gobernantes que tienen, para sustituirles cuanto antes. Tomaran nota, si el ruido se lo permite, de la respuesta del Ministro Montoro diciendo que “son decisiones que a nadie nos gusta tomar”, pero no dimite ni le cesan. O de la respuesta del Secretario de Estado de Hacienda al asegurar que el Constitucional avala la regularización aunque no la norma. Para concluir diciendo que “el Gobierno ha cumplido con su obligación e hizo lo que tenía que hacer”. Y tampoco dimite o lo cesan.

Y en ese camino de información democrática, los ciudadanos también deberían recordar que gracias a esta amnistía, ahora anulada, muchos de los implicados en los escándalos de corrupción más graves de nuestra democracia han podido regularizar dinero, cuanto menos opaco. Me refiero a Luis Bárcenas; Rodrigo Rato; Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid; dos de los hijos de Pujol; Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y condenado a ocho años y medio de cárcel; Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y en prisión por el caso Lezo; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, y un largo etcétera hasta llegar a los 31.00 contribuyentes que utilizaron la amnistía fiscal.

Llegados a este punto, alguien puede pensar que se exagera un poco y que la sentencia no es para tanto. Pues hay que decirles que no. Y bastan para confirmarlo dos afirmaciones de la sentencia:

  • “Al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas-aunque ocultadas a la Hacienda Pública- por un gravamen único del 10 por 100 , exento de intereses, recargos y sanciones, con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que anuncia el artículo 31.1 de la Constitución española, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el artículo 86.1 de la Constitución.”
  • El fundamento jurídico sexto de la sentencia: “la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así es evidente que no se puede introducir en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el artículo 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional.”

Es indignante lo que hizo el PP para favorecer a los defraudadores. Es indignante que la sentencia no tenga efectos sobre las personas que utilizaron la amnistía fiscal. Pero, al menos, el recurso presentado por el PSOE y la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen que servir para darnos cuenta como ciudadanos que el cambio es posible y está muy cerca.

Un cambio posible, que está liderando el PSOE con acciones como este recurso.