EL PSOE EN LA ENCRUCIJADA

EL PSOE EN LA ENCRUCIJADA

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A pesar de haber comenzado hace sólo unos días la campaña electoral, ya hay varios pronósticos fiables basados en las encuestas publicadas, los diversos debates televisivos y el olfato político que se respira en la calle. El PP, si nadie lo remedia, es muy probable que vuelva a ganar las elecciones montado en el caballo de la elevada abstención, a pesar de los graves casos de corrupción, la escandalosa financiación ilegal del partido, la deplorable gestión de la crisis y la renuncia a la investidura. En el bloque de derechas queda pendiente si el PP es capaz de mejorar los resultados del 20-D y si con los votos de Ciudadanos (no parece que este partido vaya a mejorar sus resultados) alcanza la suma de 176 diputados para poder gobernar sin problemas.

En el bloque de izquierdas cabe la posibilidad de que el PSOE repita los resultados del 20-D y supere en votos a Unidos Podemos (UP), así como que pierda en votos y gane en escaños, lo que abriría, en los dos supuestos, una nueva fase de conversaciones por iniciativa del PSOE: primero con UP, y si es necesario con Ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión, y por primera vez, no hay que descartar que UP supere al PSOE en votos, e incluso en escaños, al rentabilizar la Coalición la ley D´Hondt. En este supuesto, el PSOE quedaría supeditado a UP para formar parte del futuro gobierno si son capaces de sumar ambos partidos los escaños necesarios. En estas circunstancias, si analizamos con rigor lo ocurrido en los últimos cinco meses y la apuesta decidida del PSOE por Ciudadanos -en detrimento de Podemos- esto resulta muy poco probable. Por eso, lo más posible es que el PSOE (si es el tercer partido) renuncie a formar parte de un gobierno de UP (encabezado por Pablo Iglesias) y se abstenga para facilitar el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos. Sin duda, esto tendría un fuerte costo político para el PSOE y, sin embargo, una ventaja pírrica para todos: evitaría la celebración de unas terceras elecciones. En todo caso, esta opción condenaría sin paliativos a Pedro Sánchez a abandonar la secretaría general y a convocar a la vez el congreso ordinario del partido para los próximos meses. En resumen, todo indica que la única posibilidad real de formar un gobierno de coalición de izquierdas pasa porque éste lo encabece el PSOE. A UP le correspondería, en este supuesto, participar activamente en el gobierno y ser exigente en la aplicación de un programa de marcado carácter progresista.

Ante esta realidad, no es extraño que los medios de comunicación y la opinión pública estén pendientes de la pugna (polarización) que se intenta impulsar entre el PP y UP (sobre todo después de la encuesta del CIS), a pesar del esfuerzo que está desplegando el PSOE para confrontar ideas y propuestas con el PP y también con UP. En todo caso, tanto el PP como el PSOE y, sobre todo, la caverna mediática y los poderes fácticos, están desarrollando una campaña denigratoria y muy poco eficaz contra UP, basada en la descalificación de sus dirigentes y cuyo denominador común es el miedo, como ya ocurrió en octubre de 1982 con Felipe González. Sin lugar a dudas, se trata de una campaña en negativo (perdedora) que ya no asusta a nadie y es rechazada por los más conscientes, sin que ello signifique olvidar las apelaciones inasumibles a la transición política y a la “casta política”, además de las carencias y errores de Podemos, sus diferencias internas o, si se quiere, su reciente tacticismo político. Por eso, en esta campaña electoral, el PSOE debe dedicarse a exponer sus propuestas (en positivo, con cabeza y corazón) para resolver los problemas de los más débiles. En este sentido se inscriben sus preocupaciones sobre las pensiones, así como las declaraciones sobre la explotación añadida de los trabajadores en los últimos años de crisis, agravada por las últimas reformas laborales, sobre todo por la del PP del año 2012 (calificada por el propio ministro de economía de “extremadamente agresiva”). En todo caso, no podemos olvidar que la posición del PSOE en relación a la reforma laboral ha sido cuando menos contradictoria en los últimos meses: ha pasado de derogar la reforma a convivir con ella -dado su compromiso con Ciudadanos- para volver nuevamente a derogarla en plena campaña electoral. Todo ello resta credibilidad al PSOE, lo que le obliga a pronunciarse con mayor rotundidad si cabe en esta materia, aprovechando el gran debate abierto en Francia sobre la reforma (impuesta) de su Código Laboral. No debemos olvidar que la reforma laboral de Hollande se ha inspirado en la reforma laboral de Rajoy y que eso ha significado no sólo una fuerte contestación sindical en Francia, sino también una fuerte división interna dentro del partido y particularmente dentro del grupo parlamentario socialista.

Es una lástima que no se sigan en España, con el interés que merecen, estos acontecimientos. Las medidas que se contemplan en el proyecto de Ley del Código Laboral El Khomri (apellido de la ministra de trabajo) son muy conocidas por los sindicatos y por los trabajadores en España. De entrada pretenden reforzar el poder del capital y de las empresas y para ello no dudan en poner en entredicho el derecho del trabajo, precarizar aún más la contratación, debilitar a los sindicatos, devaluar los salarios, golpear la negociación colectiva (lo que prima es el convenio de empresa sobre el convenio sectorial e, incluso, sobre la propia ley), transferir rentas del trabajo al capital (abaratar el despido entre otras medidas) y consolidar el desequilibrio histórico entre los empresarios y los trabajadores (la patronal francesa no esperaba tanto de Hollande, sobre todo si tenemos en cuenta que la derecha nunca se atrevió a llevar estas medidas al parlamento en su etapa de gobierno). Todo ello a sabiendas de que no se mejorarán las cifras de empleo y de que, en cambio, se consolidará el dumping social (y las desigualdades) como el único procedimiento para mejorar la competitividad de las empresas francesas en el exterior, a pesar de que una competitividad sin límites está condenada al fracaso. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo, porque no se puede competir con el trabajo de esclavos.

En todo caso, esto no es nada nuevo. Ya, a comienzos de 1992, THE TIMES, de Rupert Murdoch, se manifestaba contra las grandes coaliciones de trabajadores y proclamó la definición conservadora de las exitosas organizaciones sindicales del mañana: “serán esencialmente asociaciones de personal con base particularmente en el lugar de trabajo. No serán ideológicas, excepto en lo que se refiere a entender que la prosperidad de sus miembros está ligada a la de sus empleadores. Sostendrán y defenderán contratos individuales y los derechos legales de los trabajadores y jugarán un papel importante en la modernización de la gestión en la empresa”. Como se puede comprobar en esta cita, la nueva derecha neoliberal viene apostando desde hace muchos años por asociaciones de personal de base exclusivamente empresarial, divididas, impotentes y autorizadas solamente a manejar quejas particulares y a promover los intereses del empleador.

Todo ello se está llevando a cabo por el Gobierno socialista francés con suficiente conocimiento de causa y sabiendo los riesgos que asume. Sin lugar a dudas, estas medidas perjudicarán las opciones electorales del Partido Socialista Francés y enquistarán el enfrentamiento con el movimiento sindical (al margen de la CFDT -bien relacionada con el partido socialista francés- que, finalmente, ha aceptado negociar el actual proyecto de ley). A pesar de las dificultades por las que están pasando los sindicatos en Francia (el responsable de la patronal -Medef- ha llamado “terroristas” a los militantes de la CGT), el movimiento sindical europeo está siguiendo la convocatoria de las movilizaciones con inusitado interés. Las huelgas y movilizaciones de carácter estratégico son más bien sectoriales, escalonadas y descentralizadas en el tiempo, utilizando como ariete las medidas que más perjudican a empresas concretas y sectores, lo que pone de manifiesto la prudencia de los sindicatos franceses a la hora de analizar la eficacia de las huelgas generales. Sin duda, el ejemplo francés ha abierto una puerta a la esperanza de los trabajadores europeos, ha acrecentado la autonomía sindical (no es aceptable que se vuelva a manifestar por el Gobierno francés que la CGT y FO están favoreciendo a la derecha por defender los intereses de los trabajadores) y ha recuperado el agotado y silenciado discurso sindical: más ofensivo, más de combate y más creíble (“no son tiempos para practicar un sindicalismo reformista”), ante los atropellos producidos por una política de austeridad de marcado carácter socio liberal.

En España, además del PP, han defendido recientemente estas ideas el gobernador del Banco de España y el presidente de la CEOE. Resulta obsceno que Luis María Linde reclame en la presentación de su Informe Anual que se reduzca la “excesiva protección de los trabajadores con contrato indefinido”, con el inconcebible argumento de que se quiere evitar que los empresarios acaben abusando de la contratación temporal y de la reducción de salarios. La fórmula no es nada original y es de sobra conocida: igualar a todos los trabajadores por abajo con la pretensión de resolver el problema de la temporalidad como defiende Ciudadanos con el contrato único. También Juan Rosell acaba de afirmar que el trabajo “fijo y seguro” es un concepto del siglo XIX, ya que de cara al futuro habrá que “ganárselo todos los días”. Ambos personajes no dicen nada de la irresponsabilidad social de muchas empresas, de su activa participación en la corrupción, del fraude fiscal en el impuesto de sociedades, de la economía sumergida y de los altísimos y provocadores ingresos de algunos empresarios y banqueros. En todo caso, Rosell debería ser mucho más prudente en sus declaraciones, porque debe negociar con los sindicatos acuerdos de interés general, así como múltiples asuntos que están en la mente de todos, lo que exigirá reforzar la autonomía de las partes (respeto mutuo) y mejorar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales.

Las consideraciones arriba esbozadas no deberían pasar desapercibidas en la campaña electoral, sobre todo si tenemos en cuenta las “20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social” que han presentado UGT y CCOO, ante las elecciones generales del 26-J. El PSOE está obligado a hacer un gran esfuerzo en este sentido, sabiendo, como sabe, que UP no necesita esforzarse tanto ante su electorado (plenamente entregado al diagnóstico que hace UP de la situación), al fiarlo todo a la comunicación y a su influencia en las redes sociales, al margen de la bondad y rigor de sus propuestas. Los votantes de UP sólo exigen trabajar a fondo para echar a la derecha del poder, convencidos de que no puede empeorar más la situación de pobreza, desigualdad y exclusión social. En cambio, al PSOE todos le exigen que concrete y diferencie sus propuestas y demuestre con hechos -desde la honradez más absoluta y la profundización de la democracia- que está dispuesto a defender el empleo y el Estado de Bienestar Social (redistribución), además de reforzar, más si cabe, su compromiso político en defensa de las personas más vulnerables. Desde luego, este camino no se puede recorrer sin los sindicatos… y tampoco sin acudir a votar el 26-J.