EL PROGRAMA ECONÓMICO DEL PSOE Y “CIUDADANOS” QUE RECHAZA “PODEMOS”

EL PROGRAMA ECONÓMICO DEL PSOE Y “CIUDADANOS” QUE RECHAZA “PODEMOS”

domenec290216

Desde que apareció en la escena política el señor Iglesias, por mor del capricho de determinadas televisiones y grupos empresariales, fue evidente que el principal objetivo de Podemos no era mejorar la vida de los ciudadanos a través de un cambio en las políticas públicas en favor de la clase trabajadora, sino eliminar a una fuerza histórica en España de corte socialdemócrata como es el PSOE. Todo esto acompañado de una supuesta superioridad moral que hacía (y hace) recordar el viejo dicho castellano: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

En efecto, mientras los eurodiputados de Podemos se permiten votar por segunda vez en el Parlamento, de la mano de Marine Le Pen y Beppe Grillo, a favor de un mecanismo de salida del euro y de un plan de “desmantelamiento ordenado” de la Eurozona (el jueves 25 de febrero de 2016), demostrando así su adhesión y apoyo a la construcción europea, su cúpula en España ha anunciado que votará en contra de la elección de un presidente socialista, alegando que ha pactado con la derecha (en alusión Ciudadanos) y que el programa de gobierno acordado es incompatible con aquel que defiende Podemos. Así, se prima una vez más el interés electoral a corto plazo del partido controlado por el triunvirato de Iglesias, Errejón y Bescansa, con el señor Monedero en la sombra, sobre el interés general, por lo menos si examinamos con un mínimo de objetividad el bloque económico y social del pacto entre los socialistas y la fuerza política que lidera el señor Rivera.

Si en efecto Iglesias Turrión cumple su amenaza de votar en contra de la investidura del secretario general del PSOE como presidente del gobierno, en respuesta a no ver colmada su ambición personal de ser nombrado supervicepresidente en un quimérico gobierno de coalición respaldado por 161 diputados, sus adláteres de Podemos y otros grupos estarán votando en contra de las siguientes medidas en materia económica, social y fiscal:

  1. Aumentar la inversión pública en Investigación, Desarrollo e Innovación (p. 6).
  2. Crear una agencia de apoyo a las Pymes (p. 6).
  3. Transformar el Instituto de Crédito Oficial en verdadero banco público de inversiones, incluyendo el aumento del crédito directo a empresas (p.7).
  4. Introducción de una cotización de 45 euros mensuales para autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (p. 9).
  5. Inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades (p. 10).
  6. Reducir la concentración empresarial en sectores estratégicos como el energético, las telecomunicaciones o las infraestructuras (p.10).
  7. Creación de la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero (p. 10).
  8. Tratamiento fiscal favorable de las cooperativas y empresas de economía social (p. 11).
  9. Combatir la obsolescencia programada (p. 11).
  10. Reducir el desperdicio de productos comestibles (p. 11).
  11. Eliminar completamente las clausulas suelo en las hipotecas (p. 11).
  12. Obligación de votar por los accionistas las remuneraciones de los altos directivos y consejeros, y publicación de la dispersión salarial en las cuentas anuales (p. 12).
  13. Reserva de gasto público para contratación de Pymes (p. 12).
  14. Apoyar la interconexión eléctrica con el resto de Europa a través de Francia (p. 13).
  15. Impulsar el ferrocarril de mercancías (p. 13).
  16. Rehabilitar 200.000 viviendas y edificios por año, generando 200.000 empleos (p. 14)
  17. No introducir ningún recorte al gasto social (p. 15 y 16).
  18. Blindar los derechos sociales en la Constitución, elevándolos a Derechos Fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente (p. 16).
  19. Negociar un nuevo objetivo de déficit público con la Unión Europea (p. 16).
  20. Mejora de la progresividad y eficiencia del sistema tributario, en particular de la tributación de la riqueza (p. 17).
  21. Acercar el tipo efectivo al tipo nominal en el impuesto de sociedades (p. 17).
  22. Armonizar impuesto de sucesiones y patrimonio para evitar la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas (p. 17).
  23. Reducir el IVA cultural al 10 por ciento (p. 17).
  24. Sustituir el impuesto de matriculación por un impuesto al C02 y al dióxido de nitrógeno (p. 17).
  25. Aumentar las penas y el plazo de prescripción de delito fiscal (p. 18).
  26. Recuperar los 2.800 millones de euros perdonados en la amnistía fiscal del Partido Popular (p. 18).

Y en materia laboral, se estaría votando en contra de:

  1. Un contrato temporal de dos años como máximo con indemnizaciones por despido crecientes (p. 19 y 20).
  2. Bonificaciones en las cotizaciones sociales a las empresas que suscriban contratos indefinidos y penalizaciones en el caso contrario. (p. 19 y 21).
  3. Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa (p. 20).
  4. Mantenimiento de la ultra-actividad de los convenios (p. 20).

Juzgue ahora el lector, y sobre todo el votante de Podemos si un partido verdaderamente progresista, que aspira a mejorar la vida de la “gente” votaría en contra de estas medidas en una sesión de investidura.