EL PROCESO SOBERANISTA Y EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE ASCENSO SOCIAL

El proceso independentista catalán, y el debate que se ha suscitado entorno a él desde hace ya más de cinco años, han desdibujado una exacta radiografía del devenir de la sociedad catalana. Precisamente por eso, algunos de los procesos sociales que han ocurrido, y siguen ocurriendo, han pasado desapercibidos para la mayoría de los medios de comunicación, para la sociedad en general y para la mayoría de los investigadores sociales. Uno de estos procesos que viene sucediéndose es el de los cambios que se han producido en la dinámica de promoción social de las generaciones, en dos aspectos fundamentales: uno, el de los requisitos para asegurarse un ascenso social respecto de la familia de origen y, dos, el de la composición de las personas que aspiran a cambiar de estatus social. Desde ya hace tiempo vengo manteniendo la hipótesis de que, en parte, las razones del crecimiento del independentismo en Cataluña tienen que ver con los equilibrios entre clases sociales y con el acceso al poder (en un sentido amplio, en diferentes ámbitos) de determinados grupos que pertenecen a determinadas clases profesionales.

Vamos por partes. En el contexto de crisis las condiciones para el ascenso social (formación, ocupar un buen puesto de trabajo y estabilidad económica) que tradicionalmente habían sido un mecanismo efectivo, siguen siendo imprescindibles pero sus efectos (es decir, conseguir el ascenso social) se hacen esperar más en el tiempo. Dicho de otro modo, los jóvenes que pretenden mejorar sus condiciones sociales tienen que esperar más tiempo para conseguirlo que en anteriores generaciones, y además, un porcentaje nada despreciable ni tan siquiera lo consiguen. A este retardo objetivo hay que añadirle que el empleo público, como uno de los destinos laborales que más ha garantizado dicho ascenso social, se ha visto drásticamente disminuido cuando no ha desaparecido del horizonte laboral para estas últimas generaciones, y de forma aún más acusada en Cataluña, territorio donde se acometieron los recortes más severos y en menor tiempo por los gobiernos conservadores de la ya extinta CiU con el apoyo parlamentario del Partido Popular. Y hay otro elemento también a considerar en esta descripción: el empleo público, muy especialmente el que fue generado por y desde la Generalitat, fue destino casi exclusivo durante años para una buena parte de los hijos e hijas de la clase media catalana “autóctona” con credenciales formativas y en mucha menor medida, una vía de ascenso social para los hijos e hijas de aquellos otros catalanes a los que se refería magistralmente Paco Candel. Antes de la crisis ya se pudo constatar la creciente tensión en determinados sectores del mercado de trabajo (incluidos aquí los ámbitos del empleo público) por la competencia entre los jóvenes procedentes de los deciles de renta 5 a 7, deciles que recogen a una buena parte de las familias de clases medias, que aspiran a que sus hijos promocionen por encima de sus progenitores. Entre estas familias hay una buena parte de funcionarios que trabajan en el ámbito de la educación, en las diferentes conserjerías del gobierno autonómico y en las empresas públicas, y que observan con incertidumbre cómo la crisis económica ha ido reduciendo sustancialmente las oportunidades de trabajo (en cierta manera, de reproducción laboral en el empleo público) y que además sus jóvenes tienen que competir de forma más ardua con otros jóvenes que proceden de culturas sociales diferentes. Este hecho también es visible en otro de los ejes estructurantes de la Cataluña de hoy, el de la territorialidad interna: la población de la Cataluña interior, más conservadora identitariamente hablando frente a la población de las áreas metropolitanas de Barcelona y de Tarragona y las poblaciones de la costa tarraconense y de la costa al norte de la ciudad de Barcelona. En estos años de proceso independentista se han visualizado claramente las opciones electorales de estos dos grandes espacios territoriales: el interior, volcado hacia las opciones soberanistas y las metrópolis y la costa, hacia opciones más constitucionalistas.

O sea, que la pulsión independentista a la que hemos asistido puede que tenga también un anclaje en las cuestiones que se refieren al sistema de promoción social. Desde mi punto de vista, una buena parte de la adscripción al soberanismo entre determinadas capas sociales se explica por el temor a que sus jóvenes no alcancen los estándares de vida que han formulado a nivel de expectativas y a la competencia que un mundo globalizado ha impuesto a los mecanismos regulatorios del mercado de trabajo. No es nada nuevo afirmar que hasta hace muy poco el acceso al empleo público generado por el gobierno autonómico había sido mayoritariamente la vía de acceso para los jóvenes de las familias que tradicionalmente apoyaban el catalanismo, independentista o no. Esta vía de acceso es más incierta que nunca en estos momentos. Una buena parte de la sociedad catalana ha preferido creer el relato de una España que esquilma a Cataluña y que constriñe su crecimiento, antes que realizar una verdadera introspección analítica, que hiciera balance de más de dos décadas de gobiernos conservadores y en sus últimos tiempos marcadamente neoliberales, y que diera cuenta de los mecanismos de reproducción social que han persistido en Cataluña gracias a la lógica de dominación de partidos como CiU, hegemónicos en las instituciones centrales de la autonomía. De aquí que el nuevo relato que se construyó (en substitución al eslogan negativo de España nos roba), consistió en la de una Cataluña que sería la Holanda meridional, productiva, eficiente, próspera y con un Estado de bienestar parecido a los nórdicos, todo ello sin el lastre que supone España, según su cosmovisión. El independentismo ha explotado esta visión decimonónica de una España atrasada, incapaz de modernizarse por sí misma, arcaica y paleta, frente a una Cataluña europea, hipermoderna, emprendedora y no subsidiada. Es el terreno de la polarización necesario para lograr identificaciones del tipo nosotros-ellos.

Y aquí aparece un nuevo tema a explorar y que explicaría también la adscripción al soberanismo. La conciencia entre una buena parte de la ciudadanía catalana de la pérdida de peso económico y de vanguardia europeísta de Cataluña en el contexto español. Hay muchos catalanes que ven con desesperación cómo hay regiones españolas que, incluso a pesar de la crisis, tienen un rumbo creciente en lo económico e incluso presentan mejores indicadores en ámbitos como el de la pobreza, la desigualdad social o la prestación de servicios públicos. Y no me estoy refiriendo a autonomías como la vasca y la navarra, ejemplos que inmediatamente son explicados por el nacionalismo catalán como fruto de un acuerdo económico ventajoso, sino en autonomías como La Rioja, Aragón, Castilla-León, Madrid o Cantabria, que presentan indicadores que superan en algunos aspectos a Cataluña. Esta ha dejado de ser el único referente de modernidad para España, esto es, ha perdió peso y ya no es un modelo a imitar o, al menos, no el único modelo. Hay una parte de la población de Cataluña que vive esta nueva situación con una intensa frustración y se achaca, una vez más, a España como modelo de Estado extractivo, que empobrece a una Cataluña que en condiciones de soberanía, sería el faro de Europa.

La combinación de estos dos elementos puede tener su hueco en la explicación del crecimiento del independentismo en tan pocos años. El análisis de estos dos elementos no está presente en el debate público ni en el académico. Solo se hace referencia a la cuestión identitaria y al marco normativo, importantes los dos sin duda, pero insuficientes para una mejor y mayor comprensión del fenómeno.