EL PROBLEMA CATALÁN ARRUINA LA CAMPAÑA

EL PROBLEMA CATALÁN ARRUINA LA CAMPAÑA

La sentencia del Procés (delitos de sedición y malversación de fondos) sigue condicionando la campaña electoral y centrando el debate sobre el camino a seguir en el laberinto catalán. Dejando al margen la dureza de la sentencia para unos y la benevolencia excesiva para otros, debemos recordar que es firme la inhabilitación de los condenados para ejercer cargo público y también la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios (por decisión, en primera instancia, de la administración penitenciaria dependiente del Gobierno de Cataluña); lo que, no lo olvidemos, suaviza considerablemente los términos de la resolución judicial. Dos medidas que están llamadas a ser, en términos políticos, muy relevantes y controvertidas en los próximos años, junto a la apuesta (mayoritaria) por una política encaminada a superar la división de la sociedad catalana- respetando el Estatuto y la Constitución-, erradicar estrategias unilaterales (autodeterminación) y a que Cataluña  se encuentre cómoda en el Estado.

A corto plazo quedaría también pendiente por determinar los efectos sobre los resultados del 10-N a partir de cuatro hechos constatables: la violencia radical está sirviendo de munición a las derechas (sobre todo a Vox), el comportamiento (mezquino) del PP y Ciudadanos carece de sentido de Estado, la economía y el tejido empresarial sufren y se debilitan y, por último, el diálogo político ha sido abortado y será muy difícil recuperarlo mientras la Generalitat no condene de manera expresa y clara la violencia, se conozcan los resultados del 10-N y, finalmente, se celebren elecciones en Cataluña, a pesar de la actitud, aparentemente menos visceral, de Esquerra Republicana (ER).

En todo caso, los efectos movilizadores de la sentencia en plena campaña electoral eran muy previsibles; sin embargo, lo ocurrido ha superado todo lo esperado, lo que  merece una explicación y pone en entredicho a los servicios de información del Estado. En todo caso, lo que no se puede tolerar en absoluto es la crispación y la violencia extrema al amparo de una huelga convocada por seudo sindicatos absolutamente minoritarios y nada representativos, así como la actitud sumamente irresponsable del president de una Generalitat dividida y en profunda  crisis de funcionamiento. En estas circunstancias, lo más lamentable de todo es que no se debaten los problemas sociales que más preocupan a los ciudadanos y menos las propuestas para resolverlos. Entre ellos destacan el desempleo, las últimas reformas laborales, los salarios, las pensiones, la fortísima temporalidad, la reducción de jornada, la renta mínima de inserción, los servicios públicos (educación, sanidad y vivienda social) y la fiscalidad. Además de otros asuntos no menos importantes: cambio climático, digitalización y lucha contra las fuertes desigualdades de distinto signo.

Precisamente, en relación a las pensiones, hemos asistido al final de las marchas que se han desplazado desde Euskadi y Andalucía a Madrid en defensa de las pensiones (“gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”) ¿Cómo es posible que se hayan efectuado marchas de miles de pensionistas después de que el PSOE y, más en concreto, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, hayan prometido revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, los copagos sanitarios y blindar las pensiones en la Constitución?  Incluso, el gobierno en funciones se compromete a una revalorización del 0,9%, en el año 2020, en el Plan Presupuestario remitido recientemente a Bruselas. La respuesta es muy simple y desalentadora: al margen de posibles manipulaciones populistas, los pensionistas desconfían de que la izquierda derogue la reforma de pensiones del PP (año 2013). De las derechas ni siquiera se habla en las movilizaciones; sobre todo porque los manifestantes las consideran radicalmente incompatibles con la toma de decisiones progresistas en esta materia.

En cuanto a la derogación de las reformas laborales ocurre exactamente lo mismo. A la mayoría de los trabajadores las promesas electorales no les ofrecen ninguna garantía ni credibilidad. Son recientes las declaraciones dubitativas, confusas e, incluso, contradictorias, de Pedro Sánchez y de la ministra de economía Nadia Calviño, así como las presiones que se reciben de la UE, FMI, empresarios y diversos poderes fácticos para que no se deroguen las reformas laborales, sobre todo la del PP. Dando por hecho que derivar este asunto a la negociación colectiva- entre los interlocutores sociales- no es la solución con la actual relación de fuerzas, claramente favorable a los empresarios  y, por lo tanto, contrarios a negociar sus actuales privilegios. Por la misma razón, tampoco es lógico hacer un llamamiento a sindicatos y empresarios para que negocien un nuevo Estatuto de los Trabajadores sin haber derogado antes las reformas laborales.

Debemos recordar que todas las reformas laborales han fracasado en su objetivo final: la creación de empleo. Por el contrario, han devaluado fuertemente los salarios, abaratado el despido, golpeado la negociación colectiva y precarizado aún más nuestro mercado de trabajo. En concreto, la contratación temporal (a la cabeza de la UE con una tasa, según la última EPA, del 26,7%), la intolerable rotación, la contratación a tiempo parcial no deseada, los falsos autónomos y la subcontratación están causando verdaderos estragos en la estabilidad laboral (contratación indefinida), la salud laboral, la formación y la cualificación profesional y, en definitiva, en la competitividad de las empresas.

Esta lamentable situación de desigualdad social requiere asumir la centralidad del trabajo en una sociedad democrática y aprobar medidas legislativas que equilibren la relación de fuerzas, además de potenciar la negociación colectiva (autonomía de las partes) y fortalecer a los sindicatos que son, hay que recordarlo, instrumentos imprescindibles para resolver estos graves problemas. Ello exige, sobre todo, potenciar el convenio sectorial (articulado a todos los niveles), que ampare y defienda particularmente a los trabajadores de las pequeñas empresas y facilite una mayor presencia de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo en las mismas.

Y, finalmente, en plena campaña electoral se debe abordar la política fiscal: la joya de la corona en cualquier debate electoral. Al margen de la populista declaración de las derechas de que van a bajar los impuestos- lo que resulta imposible en la práctica sin reducir la inversión en políticas públicas y sociales-, la izquierda debe explicar cómo va a ingresar más en términos fiscales (progresividad y nuevos impuestos: verdes, sociales, tecnológicos…) y anunciar las medidas que van a poner en marcha para luchar eficazmente contra el fraude fiscal (sobre todo en el impuesto de sociedades) y la economía sumergida. El objetivo a medio plazo debe pretender alcanzar la media de los ingresos fiscales de la Eurozona. Única manera de mantener el Estado de Bienestar Social, incrementar la inversión pública, mejorar los servicios públicos y sociales (enseñanza, sanidad, dependencia, vivienda…), corregir el déficit y pagar la cuantiosa deuda pública, que se sitúa en el entorno del 100% del PIB.

Esto es lo mínimo exigible en un debate electoral. Los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, tienen derecho a ser informados, como requisito imprescindible para que recuperen la credibilidad y la confianza en los partidos políticos y, en coherencia con ello,  poder acudir a las urnas, aunque sea para votar sin mucho entusiasmo. En cualquier caso, todas las formaciones políticas no son iguales- según manifiestan algunos- como lo están demostrando, sin ir más lejos, las derechas en la Comunidad Autónoma madrileña. Ello pone en valor el necesario debate sobre la política de alianzas que, inevitablemente, ocupará un lugar destacado después de las elecciones.

Por lo tanto, actuemos en coherencia con estas reflexiones para cerrar una etapa lamentable-  particularmente para los más débiles- y poder abrir una nueva vía hacia la modernidad, el progreso y la justicia social encaminada a superar la pobreza y la exclusión social. Todavía estamos a tiempo para ofrecer soluciones a estos importantes asuntos; sin que eso signifique olvidar el debate territorial y el problema catalán y mucho menos a sus trabajadores que sufren los mismos problemas que los del resto del conjunto del Estado.

En este mismo sentido, la reciente exhumación de los restos del Dictador, después de más de 40 años de ignominia, representa un hecho relevante y significativo que nos ayudará a caminar hacia un futuro ilusionante y esperanzador. No se trata de un acto de revancha sino de justicia, de normalidad democrática y reconocimiento de las víctimas del franquismo. Tampoco es un acto al que se le puede calificar- de manera simple e interesada- de electoralista: los tiempos de exhumación los ha fijado la familia de Franco y la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, el aplazamiento exigido por algunos- para después de las elecciones del 10-N- no tiene mucho sentido práctico, sobre todo si barajamos la posibilidad de que pudieran triunfar las derechas; en este supuesto, sacar a Franco del Valle de los Caídos sería mucho más complicado.

En cualquier caso, todavía hay que tomar decisiones de suma importancia: desacralizar y decidir qué hacer con el Valle de los Caídos, recuperar los escandalosos patrimonios y beneficios acumulados por empresas, personas y familiares al amparo del régimen franquista y, a corto plazo, seguir atendiendo las peticiones de los familiares para sacar a las víctimas del franquismo de cunetas, fosas comunes o lugares desconocidos. A pesar de las graves carencias enumeradas, la democracia en España y los demócratas del mundo entero estamos de enhorabuena. Esperar y ver.