EL PRIMER MENSAJE EXTRAORDINARIO DEL REY

El mensaje que el Rey dirigió a los españoles la noche del 3 de octubre es un acontecimiento político y constitucional que merece glosarse con detenimiento. En este artículo veremos: a) las posibles razones que movieron a hablar al Monarca; b) su contenido; c) su encaje constitucional; y d) sus eventuales efectos políticos.

a) Las posibles razones que movieron a llevaron al Monarca a dirigir el mensaje. En un sistema político parlamentario corresponde al Presidente del Gobierno informar a los ciudadanos de las situaciones de crisis que sobrevienen y las medidas que se van a adoptar para hacerles frente. El mensaje que pronunció el Rey, con toda su claridad y contundencia, hubiera debido darlo el Presidente Rajoy. Pero Rajoy y su Gobierno están paralizados, desorientados e incapaces de dar a los ciudadanos la información y los planes que éstos piden. Ha tenido que ser el Rey, ante la parálisis de Rajoy, quien dijera a los españoles unas ideas muy simples: que los gobernantes catalanes están quebrantando los principios democráticos del Estado; que tienen una conducta irresponsable; que se están apropiando de las instituciones autonómicas; y que es necesario que los “legítimos poderes del Estado” aseguren el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y hasta el autogobierno de Cataluña.

La segunda razón que ha podido mover al Rey a dirigir su mensaje es la dificultad de los partidos nacionales por ofrecer una imagen de unidad. El Partido Popular y su Gobierno no son capaces de ofrecer un plan político de emergencia que sea aceptado por los demás. El PSOE se encuentra en una situación de cierto impasse pues algunos ciudadanos españoles tienen la percepción, seguramente incierta, de que está prisionero de Podemos y de la dirección catalanista del PSC. Ante esta situación es lógico que el Rey haya llegado a la conclusión de que es difícil un acuerdo entre PSOE y Partido Popular para defender adecuadamente la unidad de España y que él se tiene que poner en un primer plano para esa defensa.

Además de las diferencias entre los dos principales partidos nacionales, la crisis de Cataluña se agrava por la complicidad que Podemos y sus aliados tienen con los golpistas secesionistas, de modo que trabajan conscientemente para conseguir la independencia creyendo que así sobrevendrá una revolución de España.

En definitiva, la aptitud del Gobierno y de los principales partidos nacionales ha llevado al Rey a hablar a los españoles para mostrar que el Estado no está vencido y también para indicar un camino que hubiera debido salir de un acuerdo político. Quizá no sea exagerado pensar que el Rey haya llegado a la conclusión de que ante un Gobierno presidido por un inútil que se ha convertido en estatua de sal (hasta evitó ir a Tallin para no tener que hablar con otros gobernantes europeos) y una pelea entre galgos y podencos, alguien tenía que enderezar el rumbo.

b) Contenido del mensaje. En España llevamos varios años mirando a un lado cada vez que los secesionistas dan un paso hacia la ruptura, sin atrevernos a llamar las cosas por su nombre: en Cataluña se estaba fraguando un golpe de Estado más peligroso, si cabe, que el Companys pues éste al menos se sublevó para mantenerse en España (véase Javier García Fernández: “El autogolpe independentista”, El País, 31 de agosto de 2017). Pues bien, frente a ese sonrojante juego de medias palabras y de sobreentendidos habrá habido muchos ciudadanos que hayan agradecido que el Rey haya llamado al pan, pan y al vino, vino. El Rey ha utilizado el lenguaje de la calle, ha llamado a las cosas por su nombre y esa claridad contribuye a entender el problema, sin las brumas y las falacias que venden los golpistas y compran Podemos y unos pocos votantes despistados de la izquierda.

La intervención del Rey no se limitó a describir la situación. También, como acabamos de indicar, instó a los “legítimos poderes del Estado” a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Y acabó con un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y muy especialmente a los ciudadanos de Cataluña que está sufriendo “con la conducta de las autoridades autonómicas”.

Fue un mensaje de triple contenido, pues describió la situación sin los habituales eufemismos, instó a actuar a los poderes públicos y tranquilizó a los ciudadanos, sobre la base de que la tranquilidad va unida a la acción de los poderes públicos.

c) Encaje constitucional del mensaje. ¿Está habilitado el Rey para este tipo de intervenciones? Antes de responder conviene avanzar dos pequeñas precisiones.

La primera, cuestión contiene un interrogante, a saber, ¿el mensaje tenía refrendo del Gobierno? En Derecho constitucional se habla del refrendo presunto que sería aquel que se supone tiene el Rey en actos donde no hay formalización y ni siquiera posibilidad de la presencia física de un miembro del Gobierno. Hay constitucionalistas que consideran que se trata de una figura equívoca y peligrosa (por ejemplo, Oscar Alzaga Villaamil et alii: Derecho Político español según la Constitución de 1978, 5ª ed., t. II, Madrid, 2012, pág. 295), pero también es cierto que se trataría de una presunción iuris tantum. Por eso sería útil que se supiera si el Gobierno había leído previamente el discurso del Monarca.

La segunda cuestión previa, debatida también en Derecho constitucional, es la propia legitimidad de los mensajes del Rey. En las Cortes Constituyentes el tema sobrevoló y hasta dio lugar a una interesante (y discutible) monografía de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (“Los mensajes regios”, en Libro Homenaje a Jaime Guasp, Granada, 1984), de modo que la Constitución no permite, por ejemplo, que el Rey dirija mensajes a las Cortes. Pero este mensaje se aproxima más al que dirigió su padre, el Rey Juan Carlos, cuando ocurrió el Golpe de Estado armado de 1981.

Vistas estas dos cuestiones previas, la cuestión clave es la legitimidad constitucional de una intervención regia que comportaba dos elementos políticos relevantes, a saber, una valoración política de la situación de España y una sugerencia a los “podes públicos” para que actúen en una determinada dirección.

¿Es legítimo que el Jefe del Estado se dirija a los ciudadanos para formular juicios de valor sobre la situación política? La duda es tanto más importante cuanto que hay autores que consideran que el Rey no tiene libertad de expresión (Marc Carrillo: “La libertad de expresión de los Reyes”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 2, febrero 2009, pp. 16-25). Pero en este supuesto el Rey ha actuado para fijar la posición de quien tiene la condición de símbolo del Estado que es, según el artículo 57.1 de la Constitución. Esto parece legítimo dada la magnitud de la crisis que estamos padeciendo y yo creo que esa función simbólica legitima el mensaje del Rey pero es más dudoso que, como ha escrito un constitucionalista, conecte con la discutible función arbitral y moderadora (David Ortega: “Ante una declaración unilateral”, El Mundo, 3 de octubre de 2017).

En cuanto a lo que afirmó el Monarca sobre la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado de “asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, debemos distinguir dos planos. El plano del discurso expreso es impecable pues nada se puede reprochar a un Jefe del Estado que recuerda que es misión de los poderes públicos asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Si pasamos al plano del discurso latente podemos pensar que el Rey estaba haciendo un llamamiento público a poner en marcha los instrumentos extraordinarios de defensa del Estado (artículo 155 de la Constitución pero también, si fuera necesario, Estados de Excepción y de Sitio, Ley de Seguridad Nacional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, etc.). Ese llamamiento latente a todos los poderes públicos, a todos los órganos constitucionales, no parece criticable tanto por la especial gravedad de la situación como por el deber que el Rey tiene de hacer guardar la Constitución como juró al ser proclamado ante las Cortes Generales (artículo 61.1 de la Constitución). Entiendo que jurídicamente hablando el Rey estaba amparado por el juramento previsto en el artículo 61.1 de la Constitución al dirigirse a los poderes públicos e instarles a asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.

El artículo 61.1 de la Constitución nos permite además alejarnos de doctrinas y expresiones dudosas. Por ejemplo, hay que rechazar que el discurso del Rey y su llamamiento a los poderes públicos se residencie en la vaporosa función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56.1), a pesar de la similitud de la expresión utilizada por el Rey. Hay que rechazar esa inserción en la Constitución, en primer lugar, porque es una expresión vacía de contenido, que inventaron los juristas liberales de finales del siglo XIX, a imitación de Constant con el fin de reforzar los poderes autónomos del Monarca (véase Javier García Fernández: “‘Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…’. Reflexiones sobre la función arbitral y moderadora del Monarca ante una eventual reforma constitucional”, en Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al Profesor Santiago Muñoz Machado, Madrid, 2016, t. I, págs. 517-531). Y en segundo lugar porque, aun aceptando su pertinencia, la defensa de Cataluña frente al autogolpe no puede calificarse como función arbitral ni moderadora.

d) Eventuales efectos políticos. A la hora de escribir este texto el Gobierno rebelde catalán aún no ha reaccionado ante el mensaje del Rey. Lo han apoyado el Partido Popular (le saca las castañas del fuego) y Ciudadanos, lo ha aceptado con tibieza el PSOE (ya que el Rey no podía hablar de diálogo con el Gobierno catalán, como propugna este partido) y ha criticado agresivamente Podemos (cómplice de los golpistas en el resto de España). Pero más allá de las reacciones de los partidos, cabe entender que el Gobierno se vea compelido a actuar por sí mismo, sin esconderse detrás de ningún órgano o poder. ¿Le dará tiempo o volverá a cogerle el toro?

Como conclusión, hay que aplaudir la intervención del Rey y lamentar que se ha visto obligado a salir a escena cuando hubiera debido hacerlo Rajoy.