EL PODER DE LA CUP EN CATALUÑA

La imagen, reproducida en algunos medios de la prensa escrita el 13 de diciembre, en la que unas Diputadas de la CUP en el Parlamento de Cataluña rasgan una foto del Rey, es, por varios motivos, una escena sonrojante para quienes consideran que el Estado democrático es el sustrato de la convivencia política.

Es sonrojante, en primer lugar, ver a representantes de los ciudadanos de una Comunidad Autónoma hacer una política de gestos tan infantil, pues obliga a preguntarse por el grado de madurez política y personal de estas Diputadas y de los dirigentes del partido en que se encuadran. En segundo lugar, es sonrojante (y muy grave) la política de desobediencia que trae causa el gesto infantil, pues los militantes de la CUP conducidos al Juez por los Mozos de Escuadra no han sido objeto de otra medida coercitiva que la de ser puestos a disposición del Poder Judicial, pero como la CUP está en abierta y no disimulada rebeldía contra el Estado democrático, consideran que desobedecer el mandato de un Juez es un acto de liberación nacional, como ya ocurrió hace semanas con la Alcaldesa de Berga, que fue conducida ante un Juez porque había incumplido el mandato de éste, no por defender la libertad de expresión como dijeron los dirigentes independentistas catalanes. En tercer lugar, es sonrojante que este grupo, situado en la rebelión, tenga tanto poder en Cataluña que vete e imponga Presidentes autonómicos y lleve del ronzal a los restantes partidos independentistas (véase Javier García Fernández: “El oasis desecado”, El País, 18 de noviembre de 2016).

Porque la realidad es que la CUP, con diez escaños sobre 135 y con un 8’21 % de los votos (es decir, con un apoyo electoral aproximado de un cinco 5 % de la población catalana), está marcando la política catalana en una situación que podría parecerse a la de una dictadura. Se ha llegado a decir que es la situación propia de todo partido bisagra pero CiU, que fue partido bisagra en las legislaturas de 1993-1996 y 1996-2000 de las Cortes Generales, no condicionó la política española como lo está haciendo la CUP en Cataluña. El problema es que tiene muy difícil arreglo.

Y tiene mal arreglo porque los partidos dominantes en Cataluña, coaligados en Junts pel Si, sólo piensan en política independentista, es decir, no dan un paso que no vaya dirigido a la secesión, por lo que difícilmente pueden tener apoyos parlamentarios del PSC, del PP y de Ciudadanos. Están entregados a la CUP, que actúa como un partido extorsionador, sin otros principios que la rebelión contra el Estado. Es un caso de extorsión política que hace crujir las bases de la democracia en Cataluña.

Llegados a este punto, convendría recordar el artículo 10.2.c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que prevé que el Poder Judicial puede acordar la disolución de un partido cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante conductas como, por ejemplo, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método. ¿El Ministerio Fiscal no debería examinar conductas como los llamamientos a la desobediencia por parte de militantes de la CUP?

Igual que los ciudadanos no pueden sustraerse de liquidar el IBI o una sanción de tráfico, el llamamiento constante a la desobediencia por parte de la CUP (amparada cínicamente por las autoridades independentistas empezando por el Presidente Pugdemont) supone una transgresión del Estado de Derecho que convendría empezar a estudiar. Porque España no puede convertirse en el único país europeo donde se incumple el ordenamiento y todo el mundo mira hacia otro lado.